Alejandro Valdez Guitierrez
Expediente 799/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Valdez Guitierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY MESA VII ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se reservó acordar el oficio proveniente del Centro de Justicia Penal Federal, hasta en tanto hiciera disponible el expediente electrónico de la controversia judicial (.), lo cual ya aconteció; por lo tanto, se provee lo siguiente: QUEJOSO (.), sentenciado en la controversia judicial (.). AUTORIDADES RESPONSABLES 1. JUEZ DE DISTRITO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE EJECUCION. 2. ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 Constitucional. ACTOS RECLAMADOS 1. DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA. La omisión de substanciar el procedimiento de controversia planteada el once de mayo de dos mil veintitrés. 2. DEL JUEZ DE DISTRITO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE EJECUCION y ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA La omisión de resolver la controversia judicial planteada el once de mayo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO En el caso, respecto de los actos reclamados, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se encuentre en trámite ante los tribunales, administrativos o del trabajo distintos a los ordinarios algún recurso o medio de defensa legal interpuesto por la parte quejosa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. El numeral citado en último término establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficios, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Acorde con esa disposición, el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales, administrativos o del trabajo, distintos a los ordinarios, algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar, nulificar o como en el caso en concreto, satisfacer el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que se pusieron a disposición en el expediente electrónico relativo a la controversia judicial (.), derivada de la petición administrativa (.), se advierte en resumen que corresponden a un estudio de viabilidad para un traslado, plan de actividades y diversos estudios administrativos dentro de ese centro de internamiento para el traslado a diverso centro penitenciario. Siendo así que por resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, remitió el ocurso del promovente (.), al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", para que inmediatamente de el trámite previsto en los artículos 107 y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir que ese centro penitenciario respondiera la petición formulada e informe la respuesta recaída a aquella, debiendo incluir la constancia de notificación en que conste. Lo anterior, toda vez que resulta como requisito indispensable que primero se haya agotado la petición administrativa ante el centro de reinserción social, la cual se debe formular por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro penitenciario; hecho lo anterior, en su caso, se estará en posibilidad de plantear la controversia respectiva ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Certeza que se corrobora con la documental que ofreció como apoyo a su informe, la que adquiere valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. En ese sentido, se advierte de las constancias que se pusieron a disposición en el expediente electrónico de la controversia judicial (.), que se encuentra pendiente que se agote en su totalidad la petición administrativa que se remitió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", de conformidad con los artículos 107, 109, 110, párrafo primero, 112, 114, 116, fracciones I y 117, fracción I, Ley Nacional de Ejecución Penal, al ser el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto a las condiciones de internamiento en un centro de reclusión. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el directo quejoso, previo a promover demanda de amparo, debió presentar la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición o bien contestada la misma, podrán acudir ante el Juez de Control o Ejecución en vía de controversia judicial. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero deben ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no les satisfaga y consideren que se afecten sus derechos, acudir ante el Juez de Control o Ejecución, como lo marca la ley de materia respectiva. Y en el caso en concreto, la petición administrativa que se remitió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", continúa en trámite y hasta que se dé la respuesta respectiva, la parte quejosa estará en aptitud de hacer valer la controversia judicial, en términos de los numerales 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Bajo ese contexto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Es importante señalar que los actos reclamados constituyen una omisión inherente a las condiciones de internamiento del quejoso en el centro de internamiento y, por tanto, el acto omisivo recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de esos centros de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Por lo antes expuesto, una vez que se tiene la certeza que el quejoso previo a la presentación de su escrito de demanda de amparo (ocho de agosto de dos mil veintitrés), debe agotar el mecanismo denominado petición administrativa ante el Centro de Internamiento en que se encuentra recluido y posteriormente, si no se encuentra satisfecho con la respuesta otorgada, la controversia judicial ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución. En consecuencia, SE CONCLUYE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA, al existir un recurso ordinario o medio de defensa legal en trámite ante la autoridad administrativa del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", por medio del cual se puede obtener la respuesta favorable y no a través del juicio de amparo. Aunado a que también, previo a acudir a la instancia de control constitucional, la parte quejosa deberá acudir en vía de controversia judicial ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, registro 2017822, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.(...)". Así como la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, correspondiente a diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. (.) " NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
- Principal
MESA VII ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se reservó acordar el oficio proveniente del Centro de Justicia Penal Federal, hasta en tanto hiciera disponible el expediente electrónico de la controversia judicial (.), lo cual ya aconteció; por lo tanto, se provee lo siguiente: QUEJOSO (.), sentenciado en la controversia judicial (.). AUTORIDADES RESPONSABLES 1. JUEZ DE DISTRITO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE EJECUCION. 2. ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 Constitucional. ACTOS RECLAMADOS 1. DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA. La omisión de substanciar el procedimiento de controversia planteada el once de mayo de dos mil veintitrés. 2. DEL JUEZ DE DISTRITO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE EJECUCION y ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA La omisión de resolver la controversia judicial planteada el once de mayo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO En el caso, respecto de los actos reclamados, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se encuentre en trámite ante los tribunales, administrativos o del trabajo distintos a los ordinarios algún recurso o medio de defensa legal interpuesto por la parte quejosa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. El numeral citado en último término establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficios, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Acorde con esa disposición, el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales, administrativos o del trabajo, distintos a los ordinarios, algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar, nulificar o como en el caso en concreto, satisfacer el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que se pusieron a disposición en el expediente electrónico relativo a la controversia judicial (.), derivada de la petición administrativa (.), se advierte en resumen que corresponden a un estudio de viabilidad para un traslado, plan de actividades y diversos estudios administrativos dentro de ese centro de internamiento para el traslado a diverso centro penitenciario. Siendo así que por resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, remitió el ocurso del promovente (.), al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", para que inmediatamente de el trámite previsto en los artículos 107 y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir que ese centro penitenciario respondiera la petición formulada e informe la respuesta recaída a aquella, debiendo incluir la constancia de notificación en que conste. Lo anterior, toda vez que resulta como requisito indispensable que primero se haya agotado la petición administrativa ante el centro de reinserción social, la cual se debe formular por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro penitenciario; hecho lo anterior, en su caso, se estará en posibilidad de plantear la controversia respectiva ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Certeza que se corrobora con la documental que ofreció como apoyo a su informe, la que adquiere valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. En ese sentido, se advierte de las constancias que se pusieron a disposición en el expediente electrónico de la controversia judicial (.), que se encuentra pendiente que se agote en su totalidad la petición administrativa que se remitió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", de conformidad con los artículos 107, 109, 110, párrafo primero, 112, 114, 116, fracciones I y 117, fracción I, Ley Nacional de Ejecución Penal, al ser el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto a las condiciones de internamiento en un centro de reclusión. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el directo quejoso, previo a promover demanda de amparo, debió presentar la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición o bien contestada la misma, podrán acudir ante el Juez de Control o Ejecución en vía de controversia judicial. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero deben ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no les satisfaga y consideren que se afecten sus derechos, acudir ante el Juez de Control o Ejecución, como lo marca la ley de materia respectiva. Y en el caso en concreto, la petición administrativa que se remitió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", continúa en trámite y hasta que se dé la respuesta respectiva, la parte quejosa estará en aptitud de hacer valer la controversia judicial, en términos de los numerales 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Bajo ese contexto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Es importante señalar que los actos reclamados constituyen una omisión inherente a las condiciones de internamiento del quejoso en el centro de internamiento y, por tanto, el acto omisivo recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de esos centros de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Por lo antes expuesto, una vez que se tiene la certeza que el quejoso previo a la presentación de su escrito de demanda de amparo (ocho de agosto de dos mil veintitrés), debe agotar el mecanismo denominado petición administrativa ante el Centro de Internamiento en que se encuentra recluido y posteriormente, si no se encuentra satisfecho con la respuesta otorgada, la controversia judicial ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución. En consecuencia, SE CONCLUYE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA, al existir un recurso ordinario o medio de defensa legal en trámite ante la autoridad administrativa del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", por medio del cual se puede obtener la respuesta favorable y no a través del juicio de amparo. Aunado a que también, previo a acudir a la instancia de control constitucional, la parte quejosa deberá acudir en vía de controversia judicial ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, registro 2017822, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.(...)". Así como la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, correspondiente a diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. (.) " NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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MESA VII-...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, proveniente del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; visto su contenido, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la oficiante haga disponible el expediente electrónico de la controversia judicial ******* de su índice. NOTIFÍQUESE......
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