Alejandro Valdés Arzate

Expediente 813/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
813/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Valdés Arzate
  • Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia Federal... ARCHÍVESE este juicio de garantías como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno... se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés a la parte quejosa para que manifestara que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa por este Tribunal, sin que haya desahogado la referida vista; por tanto, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Javier Cardoso Chávez.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10ª.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. (Se transcribe) Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "QUINTO.- Consideraciones y fundamentos legales en que se apoya la presente para sobreseer en el juicio de amparo. En el caso resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado a partir de los conceptos de violación, debido a que el juicio de amparo es improcedente, y por ende, debe sobreseerse. En efecto, la actualización de una causal de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente, conforme con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia número 814, visible en la foja 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. La primera de las citadas disposiciones legales, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o a su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Acorde con dicho normativo, es imperativo agotar el principio de definitividad, como un presupuesto indispensable de la procedencia de la acción constitucional, salvo en los casos de excepción que expresamente se releva de esa obligación procesal. Ahora, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer del juicio de garantías directo, en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.-La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado". Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 170. El juicio de amparo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometido durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la victima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo al caso en que la ley permita la renuncia de los recursos". De la norma constitucional y reglamentaria citadas, se obtiene que procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometido durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el párrafo segundo de la ley reglamentaria, precisa que se entenderá por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. El diverso párrafo tercero del artículo de la ley en consulta, estatuye: "que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia", por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.Lo anterior, evidencia como requisito para la procedencia del juicio de amparo directo, agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual la sentencia definitiva, pueda ser modificada o revocada, esto es, debe agotarse el principio de "definitividad", salvo el caso en que la ley permita la renuncia del recurso. En el caso que nos ocupa Alejandro Valdés Arzate, quien compareció al juicio constitucional, por conducto de su endosatario en procuración, Alejandro Arzate Moreno, por propio derecho, señala como acto reclamado la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual, resolvió de fondo la tercería excluyente de dominio, deducida del juicio ejecutivo mercantil número 396/2021, promovida por la ahora tercero interesada, esto al resolverse acreditada la exclusión aludida, por quedar evidenciada la propiedad del vehículo cuya exclusión constituía la materia de la pretensión. En esa virtud, para resultar procedente el juicio de amparo en términos del párrafo tercero del artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requería que previo a la promoción de dicha vía constitucional, se agotara el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por razón del cual pudiera modificarse o revocarse la sentencia definitiva, en la especie, el recurso de "apelación" previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio, habida cuenta que este precepto legal no autoriza la renuncia a ese medio de impugnación. En efecto, los artículos 1339 y 1339 Bis del Código de Comercio, señalan: "ARTÍCULO 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sea de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad de manera anual". "ARTÍCULO 1339 BIS. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables". De las disposiciones legales en análisis, se advierte que la cuantía en un juicio mercantil se fija tomando en cuenta como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto no es válido acudir a algún factor ajeno a aquella y que los asuntos de cuantía indeterminada, siempre serán apelables. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es, que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería, pues ésta formal y materialmente constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejerce una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada en la demanda inicial de tercería o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en el que hace valer la tercería. Luego, si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación; pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que, resultaba imperativo que el quejoso previamente a acudir al juicio de amparo directo agotara el recurso de apelación a que se contrae el precepto legal precisado. Cabe precisar que la posición jurídica adoptada en esta resolución, en el sentido de que en los asuntos de cuantía indeterminada deben agostarse el recurso de apelación, encuentra pleno soporte jurídico además en la jurisprudencia obligatoria, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 1a./J. 89/2010, que dice: "APELACIÓN. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS, AUTOS, INTERLOCUTORIAS O RESOLUCIONES DICTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, CUANDO EL MONTO DEL NEGOCIO RESULTE DE CUANTÍA INDETERMINADA. La improcedencia del recurso de apelación en los juicios mercantiles respecto de asuntos de cuantía inferior a los doscientos mil pesos establecida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, constituye una disposición excepcional, puesto que el legislador excluyó de forma limitativa la procedencia de ese medio de defensa cuando la controversia impulsó una cuantía inferior a doscientos mil pesos; esto es, el creador de la norma no hizo extensiva la hipótesis normativa a los demás juicios mercantiles ni a otro tipo de procedimientos judiciales. En esta lógica, el tratamiento que debe darse a asuntos de cuantía indeterminada, al no estar previstos como tales en el Código de Comercio, es el que imponen las reglas generales, es decir, las que regulan los juicios ordinarios, de tal suerte que los autos, interlocutorias y sentencias dictadas durante el procedimiento pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación. Aunado a lo anterior, se estima que debe atenderse la regla establecida en el artículo 238 del Código Federal de Procedimientos Civiles, -misma que señala que "sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de mil pesos, y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero"-, por resultar complementaria al Código de Comercio. Así, se considera que la regla aplicable es la establecida en el artículo 1339, en el sentido de que contra las resoluciones dictadas en el procedimiento y sentencias recaídas en asuntos de cuantía indeterminada procede el recurso de apelación". Asimismo, es aplicable al caso que nos ocupa la jurisprudencia 1ª./J.94/2013(10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, aprobada en su rubro y texto en sesión de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". En tal contexto, si en el caso concreto, de las constancias que conforman el presente juicio de amparo directo, con eficacia demostrativa plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al presente asunto, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, no se advierte que el quejoso hubiera agotado el aludido recurso de apelación previsto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, habida cuenta que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) de dicha norma legal transcrita en párrafos precedentes, que relevara de agotarse el principio de definitividad, y por ende, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Ello, se reitera, debido a que como se ha puntualizado, el juicio de amparo que nos ocupa, se promovió en contra de la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, que decidió de fondo la tercería excluyente de dominio, promovida por la aquí tercero interesada Reyna Gómez González, en el expediente 396/2021, relativo al juico ejecutivo mercantil promovido por el quejoso ejecutante. Cabe precisar, que la definición de sentencia definitiva establecida en el artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, es distinto al que proporcionaba la Ley de la materia abrogada. En efecto, el artículo indicado, señala: "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal". Por otro lado, el artículo 46 de la Ley de Amparo abrogada, en la parte relativa disponía: ".se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Como se ve, la definición de sentencia definitiva que proporcionan los ordenamientos legales en análisis son distintos, pues mientras la Ley de Amparo en vigor define como sentencia definitiva "la que decide el juicio en lo principal", la ley anterior supeditaba esa definición a que no procediera en su contra ningún recurso, por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, premisa esta última que la Ley de Amparo en vigor ya no contiene en la definición de sentencia definitiva, lo que se acota para los efectos legales conducentes. No es óbice a lo expuesto que, por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se haya admitido el presente juicio de amparo directo, ya que dicho auto es de trámite y no causa estado en relación con el Pleno del Tribunal Colegiado; por ello, ese acuerdo de trámite no impide que el Pleno de este órgano colegiado, determine desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada LXXVIII/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. EL AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LA DECLARA, NO CAUSA ESTADO. El auto del Presidente de la Sala en que, entre otras cuestiones, la declara competente para conocer del recurso de revisión, sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la competencia de la Sala corresponde realizarlo a la propia Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad se advierte que la Sala no es legalmente competente, la misma no debe conocer del asunto y deberá, en consecuencia, remitirlo al órgano jurisdiccional competente." En esa tesitura, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, máxime que en el caso no se advierte deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es importante destacar que tal criterio encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Javier Cardoso Chávez, para los efectos que en derecho corresponda.

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