Alejandro Valadez Loya

Expediente 151/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
151/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Valadez Loya

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Son las que se toman a continuación: 1.1. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Alejandro Valadez Loya, por propio derecho solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número 151/2022. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de veinte de enero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente de justas causas promovido en el juicio ejecutivo mercantil 838/2021, al no tener acreditado el motivo de la incomparecencia del incidentita para dejar de acudir a la confesional a su cargo; por tanto, se le declaró confeso de todas las posiciones que previamente sean calificadas de legales. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción III, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Con lo anterior se excluye de la posibilidad de reclamar en el juicio constitucional la violación a derechos adjetivos, así como las violaciones intraprocesales, las cuales son de carácter puramente adjetivo, por ende, no pueden ser estimadas como de imposible reparación, porque se trata de actos de autoridad que afectan derechos adjetivos dentro de un juicio o procedimiento que habrá de llegar a ser resuelto en sentencia. Entonces, si la parte contra la cual se cometieron dichas violaciones procesales en juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar desaparecería, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, respecto a sus derechos sustantivos, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza serían reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. En tanto que si la sentencia le resultara desfavorable, entonces la alegada violación intraprocesal y de naturaleza adjetiva, sería susceptible de ser reclamada en amparo directo, previo el agotamiento de los medios de impugnación ordinarios si los hubiere. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la resolución reclamada declaró improcedente el incidente de justas causas promovido por el quejoso en el juicio ejecutivo mercantil 838/2021, para justificar su inasistencia a la cita fijada para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora y, con ello, se determinó a llevar a cabo su declaración de confeso respecto de todas aquellas posiciones que previamente sean calificadas de legales, en la especie, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, toda vez que con dicha determinación no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del peticionario de amparo como pueden ser la vida, propiedades y posesiones, entre otros, y tampoco se produce afectación material de los mismos. Lo que revela que el tipo de incidente del que deriva el acto reclamado no se traduce en un acto de ejecución irreparable, lo cual imposibilita la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues la resolución reclamada constituye la improcedencia de las justas causas que intentó el quejoso para justificar su inasistencia al desahogo de la prueba confesional ofrecida en el juicio subyacente. Esto es, la materia del incidente no implicó un acto intraprocesal que sea de imposible reparación. Ello es así, porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas, así como resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso. Por tanto, el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. En ese sentido, se infiere que el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con una determinación vinculada al desahogo de una prueba, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 216186 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de contenido: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 4. Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a tener por señalando domicilio y autorizados, pues sería contradictorio a lo ya argumentado, relativo a que no existe instancia de parte agraviada. 4.1. Notificación personal. Para los efectos que haya lugar, se ordena al actuario relativo, notifique personalmente esta determinación, en el domicilio precisado en la demanda de amparo, toda vez que se encuentra en la ciudad que reside este juzgado. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

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