Alejandro Urquiza Septien

Expediente 351/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
351/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
18/05/2017

Partes del expediente

  • Alejandro Urquiza Septien

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese al sumario para que obre como corresponda, el alegato ministerial número 099/2017, firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la sección de amparos de este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, no es el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintiuno de abril del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiuno de abril actual, que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, el oficio BOO.910.00.1.0921 signado por la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por el que, en alcance a su diverso oficio BOO.910.00.1.0892, por el que rindió su informe de ley, adjunta copia certificada del acta de notificación de once de abril de dos mil diecisiete, a través de la cual hizo del conocimiento del quejoso ***, la resolución favorable a su solicitud de seis de junio de dos mil dieciséis, registrada con el folio 001322, entregándosele el original del Título de Concesión 08GUA103783/12AMDL17, de once de enero de dos mil diecisiete, debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal en esa propia fecha, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que reclamó de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en esencia, como sigue: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, señalo como acto reclamado la omisión en la emisión de la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de prórroga y modificación administrativa del Título de concesión 08GUA103783/12AMGE98 debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, así como su correspondiente notificación personal y entrega material y jurídica a nombre de Alejandro Urquiza Septien, que sería la respuesta definitiva a la solicitud de prórroga y modificación administrativa de título de concesión radicada con el número GUA-L-1322-06-06-16, ingresada a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua el día 06 de junio de 2016." Omisión que consideró violatoria de los derechos establecidos por los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 351/2017, que consecutivamente le correspondió, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Ahora bien, en el oficio BOO.910.00.1.0892, a través del cual la autoridad señalada como responsable rindió su informe de ley, como se precisó ya, adujo haber dado respuesta favorable a la solicitud de que se trata, incluso, haber emitido Título de concesión debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua, mismo que se encontraba pendiente de notificar al ahí solicitante; Título Concesión que fue debidamente entregado el once de abril de dos mil diecisiete, según se desprende de la actuación agregada al oficio que se acuerda; constancias que obran en copias certificadas, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza y, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a su numeral 2º. Para el caso, conviene precisar que, de las constancia agregadas al oficio que se acuerda, se obtiene que en la constancia de inscripción emitida por el Registro Público de Derechos del Agua, alude expresamente al Título de concesión 08GUA103783/12AMGE98, mientras que, de la impresión del "NUEVO Título de Concesión" emitido por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, se lee también que dicho documento se emitió derivado de la prórroga de vigencia de diez años otorgada al peticionario del amparo, a partir del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Precisada que fue la omisión materia del reclamo Constitucional en el presente asunto, se destaca que, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, se advierte que la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dio respuesta favorable a la solicitud formulada por la quejosa, tan es así que incluso, emitió Título de Concesión derivado de esa respuesta que fue positiva al sentido en que se enderezó; agregándose copia certificada del referido documento como de su notificación y entrega al solicitante de la protección Constitucional. Precisado lo anterior, se advierte que respecto de la omisión reclamada en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con cuatro minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre la omisión que reclama el quejoso Alejandro Urquiza Septién, destacada en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en el oficio a través del cual rindió su informe con justificación, precisa y acredita que dio respuesta favorable a la solicitud de que se trata, incluso, haber emitido Título de concesión debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua, mismo que se encontraba pendiente de notificar al ahí solicitante; entregándosele el once de abril del actual; esto último que se constata de la constancia que se adjuntó al oficio que se acuerda. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos el acto reclamado, en el caso, la omisión de dictar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso Alejandro Urquiza Septien, de prórroga y modificación administrativa de título de concesión radicada con el número de expediete GUA-L-1322-06-06-16, ingresada a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua el día 06 de junio de 2016; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con cuatro minutos del veintisiete de abril del actual. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclama del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua y otra autoridad, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por la Titular de la unidad Jurídica de la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia.

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