Alejandro Urbán Nácar

Expediente 2698/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2698/2014
Año
2014
Actuaciones
5
Última actuación
21/04/2015

Partes del expediente

  • Alejandro Urbán Nácar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ALEJANDRO URBÁN NÁCAR, respecto de los actos consistentes en los artículos, 94 Bis a 94 Bis 12, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; que se reclamaron a las autoridades, Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Gobierno del Estado de Morelos, con residencia en ésta ciudad, así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así como de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Impuesto Adicional, reclamados al Presidente, Tesorero y Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Por auto dictado el treinta de enero de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por oficio acordado el veintitrés de marzo de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0001332, el cual fue entregado a la parte quejosa el diecisiete de marzo de dos mil quince, por la cantidad que hace un total de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Blanca Fuentes Sánchez quien autoriza y da fe

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil quince. Visto el escrito signado por PEDRO RODRÍGUEZ SOLÍS, autorizado del quejoso en el presente juicio de garantías, por medio del cual entre otras cosas manifiesta desde el mes de NOVIEMBRE de dos mil catorce, hizo del conocimiento que la menor NO se encontraba bajo su guarda y custodia y que mediante escrito de treinta de enero de dos mil catorce, lo hizo del conocimiento de la AUTORIDAD RESPONSABLE, por haber sido entregada a su progenitor ADRIÁN BÁRCENAS RODRÍGUEZ, por lo que se encuentra imposibilitado para presentar a la menor para la entrevista; el cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Por lo tanto, mediante oficio y con copia simple del escrito de cuenta, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, a efecto de que tome las medidas pertinentes y ordene la presentación de la menor por conducto del señor ADRIÁN BÁRCENAS RODRÍGUEZ, quien manifiesta el quejoso es ahora el que tiene la guarda y custodia de la menor ZAYEXI VALERIA BÁRCENAS CAMARGO, a la diligencia señalada para el veintisiete de abril de dos mil quince. En esas condiciones, es procedente requerir al Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Secesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que en el término de TRES DÍAS, que será computado legalmente, proceda a realizar los trámites correspondientes, y remita las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mediante el cual en atención al requerimiento de dieciocho de febrero de dos mil quince, informan que el cheque a favor de la parte quejosa se encuentra a disposición de la misma en las oficinas de la Tesorería Municipal; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere al CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS y TESORERO MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, remita copia certificada del recurso a nombre de la parte quejosa. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Delegado de las autoridades Municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones, solicitando de nueva cuenta una prórroga para dar cumplimiento de la sentencia de amparo, sin que diera cumplimiento al requerimiento de tres de febrero del año en curso. Ahora bien, de constancias que obran en autos se advierte que la Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, ha solicitado diversas prórrogas desde el once de marzo del dos mil catorce, y este juzgado ha concedido diversos términos, para que informara el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin que a la fecha actual lo haya realizado; aunado a lo anterior, se aprecia que sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, se advierte que por auto de tres de febrero del año en curso, se requirió a su superior jerárquico Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que le solicitara el cumplimiento, sin que se aprecie a la fecha que haya acatado lo indicado por dicho superior. En esas condiciones, tomando en consideración que a la fecha actual la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, por tanto, este juzgador procede en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán en este acuerdo. Por sentencia de treinta de enero de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ANDREIA ANDOLFATO, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como lo relativo al impuesto adicional sobre ese impuesto municipal que se aplicó al quejoso, y que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Ayuntamiento de Emiliano Zapata y Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Luego, por auto de veintisiete de febrero de dos mil catorce causó ejecutoria la sentencia, y se requirió a las responsables el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituye en cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, debe decirse que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 85/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168959 32 de 66 PLENO Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Pág. 589 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 589. COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sentado lo anterior, tenemos que la ejecutoria de amparo es una cosa juzgada cuya ejecución es ineludible por mandato constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé en su artículo 77, que los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber: I.- Notificará a las partes la ejecutoria de la sentencia. II.- Otorgará a la autoridad responsable un plazo de tres días para que cumpla con la ejecutoria, sin perjuicio de que ese plazo se amplíe tomando en cuenta la complejidad o dificultad, pero debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. III.- Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo determinado, hará el pronunciamiento respecto e impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. IV.- Con independencia de la multa, requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con aquélla, bajo el apercibimiento al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de hacerle saber que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. V.- Con independencia de lo anterior, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 144. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo también prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar del juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el suscrito provee: En el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificada del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no ha demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acredita estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, este juzgador impone a Liliana García Ortega en su carácter de Tesorera del Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $6,729.00 (seis mil setecientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $67.29, (sesenta y siete pesos 29/100, moneda nacional). Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de la multa impuesta en el párrafo que antecede, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en el Plaza 10 de abril sin número, Colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos. Ahora, por disposición expresa del artículo 193 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes Agréguese copia al cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse el expediente original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a LILIANA GARCÍA ORTEGA EN SU CARÁCTER DE TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, para que dentro del término de veinticuatro horas computados legalmente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, o bien, no acreditar las circunstancias que justifiquen su retraso, con fundamento en los artículos 193, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa que puede ir de los ciento uno a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto atendiendo a que ya se le impuso una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en esa zona geográfica. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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