Alejandro Tirado Zúñiga, Presidente Municipal de Acámbaro, Guanajuato y Otros.

Expediente 887/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
887/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Tirado Zúñiga, Presidente Municipal de Acámbaro, Guanajuato y Otros.
  • Felipe Martínez López, Regidor Municipal de Acámbaro, Guanajuato
  • Lisandro Díaz Corona, Regidor Municipal de Acámbaro, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativo 225/2019, interpuesto por la parte quejosa contra el auto de treinta de septiembre del año en curso, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo número 887/2019-V, mediante el cual desechó la demanda promovida por *************, en su carácter de Presidente Municipal y Síndicos del ***********, ***********; así como por ********, en su calidad de Regidores del citado Ayuntamiento, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción de las copias certificadas emitidas con motivo del recurso de queja, en el plazo a que alude el multicitado acuerdo, por lo que, se ordena mandarlas al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruyan. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de treinta de septiembre del año en curso, el cual se radicó bajo el número 225/2019 de su estadística.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por los quejosos **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en su calidad de Presidente, Síndicos y Regidores, respectivamente, del **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el original del escrito del recurso, copia certificada de la resolución recurrida y las demás que estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, ********* y *********, en su calidad de Presidente, Síndicos y Regidores, respectivamente, del Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria; fórmese expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 887/2019-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". "(...)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 7°. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". De los numerales anteriormente transcritos, se advierte que el objetivo del juicio de amparo es dirimir las controversias que se susciten por leyes o actos que violen los derechos fundamentales, en tanto que tales derechos subjetivos públicos sólo se otorgan a los gobernados y no a las entidades públicas. Sin embargo, la anterior regla general admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, que faculta a las personas morales oficiales a promover demanda de amparo, con la condición de que la afectación que resiente el organismo oficial comprenda, exclusivamente, sus intereses patrimoniales, lo que se actualiza únicamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando la autoridad pretende defender actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, en razón de que en ese supuesto actuó como autoridad de manera unilateral e imperativa. De ahí, que resulte jurídicamente inaceptable que los organismos públicos o dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, invoquen violación de derechos fundamentales cuando los actos que defienden derivan de su actuar como autoridad. Con base en lo anterior, se concluye que la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo no puede promover juicio de amparo, porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en que ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley de Amparo. Es decir, que si en dichas controversias, la intervención de la autoridad es como tal, entonces no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que acuda a la contienda no le da legitimación para promoverlo, al no concretarse la hipótesis del artículo 7° de la Ley de Amparo, ya que el objeto de la acción constitucional es resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, porque no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona de derecho privado, sino como ente público. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para acudir a la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de que la autoridad actúe como parte demandada en el juicio contencioso no le confiere la legitimación necesaria para promover el amparo, porque no lo hace defendiendo los derechos patrimoniales de ésta. Por tanto, tratándose de personas morales oficiales que fueron parte demandada en un procedimiento administrativo, la única posibilidad de que puedan promover el amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, cuenta habida que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen en su peculio. Es decir, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad demandada no les da la facultad para acudir a la vía de amparo, pues lo único que les otorga interés para ello es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior se justifica, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos humanos, creó el juicio de amparo y, como los derechos fundamentales se traducen en restricciones para el poder público, que salvaguardan derechos del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de derechos fundamentales, por lo que no puede promover juicio de amparo. Empero, como se dijo, a esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 7° de la Ley de Amparo, la cual radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede actuar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales, de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran los derechos fundamentales que están protegidas por el juicio constitucional. Por ende, la excepción que prevé el artículo 7° de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales. De manera que, cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales. Situación que en el presente caso no acontece, porque si bien es cierto que *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, *********, ********* y *********, acuden a solicitar la protección constitucional en su carácter de Presidente, Síndicos y Regidores, respectivamente, del Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato, por considerar violatorio de derechos la determinación de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, en los autos del juicio de nulidad 2329/3ªSala/16, mediante el cual les impuso una multa equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización. Lo cierto es que, la sala responsable, al imponer la referida multa, lo hizo a cada una de las personas físicas al omitir cumplir con lo que se les requirió y no a los integrantes del Ayuntamiento, por lo que las personas físicas serán quienes tendrán que cubrirla con su peculio y no con el presupuesto del municipio. De ahí, que se estime que los promoventes del amparo carecen de legitimación para promover juicio de amparo, al no concretarse la hipótesis del artículo 7° de la Ley de Amparo, dado que instan el presente juicio en su carácter de personas de derecho público y no como personas de derecho privado, esto es, por su propio derecho. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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