Alejandro Teniente Diaz de León
Expediente 1233/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Teniente Diaz de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de León, Guanajuato, AUTORIDAD ORDENADORA QUE ACEPTA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexó a su oficio de cuenta, así como la diversa consistente en un disco versátil digital; sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Se forman tomos de pruebas. Con dicha documental, fórmense tres cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como tomo I a III.
- Principal
León, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Representante especial acepta y protesta cargo conferido. Agréguese el escrito signado por Alexandra Delgado Arias en su carácter de representante especial de las personas menores de edad de iniciales ****** y ****, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido. Como lo solicita, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gregorio Miguel Acevedo Flores, Daniel Cruz Cano, Reyes Carlos León Cordero, Daniel Alberto Mireles Medel, en razón de que acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogado al tener registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que refiere por así solicitarlo. La referida profesionista expresamente autoriza las formas de comunicación y consulta del expediente que se precisarán enseguida; en el entendido que de señalar simultáneamente domicilio físico y usuario electrónico para recibir notificaciones personales, se le dará preferencia a la segunda modalidad, por considerarse la forma de comunicación más ágil entre el órgano jurisdiccional y el justiciable: DOMICILIO FÍSICO (Artículos 26, fracción I, y 27, fracción I, de la Ley de Amparo). DOMICILIO ELECTRÓNICO (Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo). USUARIO ELECTRÓNICO Solo para consulta del expediente electrónico. No señala ******** Como lo solicita, se autoriza la utilización de medios electrónicos de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que se levante con motivo de las constancias capturadas. Se requiere participación activa de representante especial. Ahora, para garantizar la intervención activa de la representante, requiérasele para que una vez que se cuente con la totalidad de los informes justificados y constancias correspondientes se imponga de ellas y alegue lo que en derecho convenga a los intereses de sus representados. En el entendido de que los alegatos genéricos no serán tomados en consideración como cumplimiento de esa obligación. Al respecto, cobra aplicación, la tesis (I Región) 4o.7 K (10a.), de la Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, cuyo contenido es: "REPRESENTANTE ESPECIAL DE UN MENOR. CUANDO PROCEDA SU DESIGNACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DEBE GARANTIZAR SU INTERVENCIÓN ACTIVA EN EL PROCESO, DE LO CONTRARIO, SE DEJARÍA A AQUÉL EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, LO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. De los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva el derecho de los menores a participar en procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, atento a dos elementos, que: 1) los niños sean escuchados; y, 2) sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. De ese modo, la naturaleza jurídica de este derecho se traduce en brindar a los menores una protección adicional que permita que su actuación, dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, no implique desventajas inherentes a su condición especial. Así, para garantizar el derecho fundamental de los menores a ser escuchados y tomados en consideración en el juicio de amparo, en los casos en que proceda la designación del representante especial conforme al artículo 8o. de la Ley de Amparo, el Juez debe procurar la asistencia del representante especial para protestar el cargo conferido, con el objeto de tener certidumbre del pleno conocimiento del cargo que se le confirió; asimismo, para garantizar su intervención activa en el proceso debe proveer la entrega de las constancias necesarias como la copia de la demanda de amparo y sus anexos, del auto en que ésta se admitió y del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, todo ello con la anticipación de ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional; en caso contrario, se dejaría en estado de indefensión al menor, lo que constituye una violación a las reglas del procedimiento del juicio de amparo indirecto que origina su reposición, con base en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia."
- Incidental
VISTOS los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1233/2023; y, A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENAUTORIDADES RESPONSABLESSENTIDO DEL INFORMENÚMERO DE REGISTRO DE PROMOCIÓN1 JUEZA DE PARTIDO ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR DE ESTA CIUDAD (DENOMINACIÓN CORRECTA)CIERTO200102 ACTUARIO ADSCRITO A LA OFICINA CENTRAL DE ACTUARIOS EN MATERIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO (DENOMINACIÓN CORRECTA) CIERTO 19965 Carácter de la parte quejosa en el juicio de origen. La parte quejosa es demandada en la contienda de origen y acude a esta instancia constitucional como tercera extraña por equiparación. Acto reclamado. La parte quejosa señala como tal: La medida provisional de alimentos decretada en el expediente ************* del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de León, Guanajuato; en favor de los hijos menores de edad del quejoso. SEGUNDO. Mediante auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó abrir este incidente de suspensión; seguido por todos sus trámites, se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Verificación de existencia del acto reclamado. Acto cierto. Las autoridades responsables así lo reconocieron. SEGUNDA. Se niega la suspensión definitiva. Para justificar esta decisión, es preciso tener en cuenta que la suspensión en el juicio de amparo es una providencia cautelar que tiene por objeto fundamental mantener viva la materia del amparo a través del mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran (artículo 139 de la Ley de Amparo) o en algunos casos, bajo determinadas condiciones, a través de la restitución temporal del gobernado en el derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo (artículo 147 de la Ley de Amparo). El artículo 107 de la Constitución Federal, establece los principios rectores del juicio de amparo; en su fracción X prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En cuanto a los requisitos que deben colmarse, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los siguientes: "I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público." Lo anterior se relaciona con el numeral 131 de la Ley de Amparo, el cual establece que el otorgamiento de la suspensión no podrá tener por efecto modificar, restringir o constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, de lo que se colige el requisito relativo a la existencia de un derecho acreditado al menos en forma presuntiva o indiciaria para efecto de proveer acerca de la medida cautelar, lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado "interés suspensional". Por su parte, el artículo 138 del mismo ordenamiento prevé que promovida la suspensión del acto reclamado se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, lo que nuevamente da cuenta de la exigencia de un interés suspensional preexistente, inmerso en la referida apariencia del buen derecho. Finalmente se atiende al 139 en la parte conducente en que prevé que la medida será otorgada si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso. Con base en lo anterior, conforme con un orden lógico de prelación de elementos que se desprenden de los preceptos citados, se examina si en el caso se satisfacen todas y cada una de las condicionantes pertinentes para otorgar la medida suspensiva. 1. Solicitud expresa. Este primer requisito está satisfecho con la petición de suspensión que formula la parte quejosa, máxime que en el caso no se está en el supuesto de la obligación oficiosa de la persona juzgadora de amparo de proveer al respecto. 2. Interés suspensional. El interés presunto del promovente quedó acreditado con las manifestaciones en las que, bajo protesta de decir verdad, el promovente señala que le asiste el carácter de parte demandada en el contienda de origen y que la medida de alimentos impuesta se dictó en su contra, donde las personas menores de edad son sus acreedoras alimentistas. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia I.2o.A. J/36 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas." 3. Naturaleza del acto reclamado. Para examinar este elemento en que ha de atenderse a una visión concreta y particularizada del acto sujeto a control constitucional, se toma en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya que la naturaleza de los actos, sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere tanto la Constitución como el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Con ese propósito, para dimensionar las consecuencias que produce el acto reclamado, es necesario verificar, de inicio, si en el caso existe peligro en la demora, o el elemento "urgencia" de la medida suspensiva solicitada. En este tópico se tiene presente que como presupuestos de las medidas cautelares se encuentran, de un lado, la apariencia del buen derecho, y de otro, el peligro en la demora; el primero se sustenta en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar al fondo del asunto (fumus boni iuris); mientras que el segundo tiende a prevenir la amenaza de que por el tiempo que dure el proceso, aquel derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P. /J. 15/96 y P. /J. 16/96, definió la figura del peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida cautelar que puede presentarse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Este requisito constituye uno de los fundamentos esenciales de las medidas cautelares pues se basa en el peligro de que sobrevenga un daño derivado de la lentitud, inevitable, del procedimiento ordinario necesario para el dictado y cumplimiento de la providencia definitiva. En ese contexto, ante la inminencia del peligro que haga infructuosa y tardía la sentencia favorable y frustre la eficacia de los derechos del solicitante, es que la medida provisoria trata de hacer inocua la dilación procesal preservando las cosas, de manera urgente, para evitar que el daño temido devenga en efectivo e irreversible. La advertencia de que ocurra un daño irreparable con la demora tiene dos vertientes: el peligro de la infructuosidad y el peligro de la tardanza. Daño que podrá acarrear no sólo el que la sentencia sea imposible de ejecutar, sino que, siendo posible su ejecución, no resulte efectiva porque la tardanza en el reconocimiento del derecho ocasionó un daño irreversible, lo que se tratará de evitar a través de la medida cautelar. En el caso se observa colmado este requisito pues se toma en cuenta que de no proveerse sobre la medida suspensiva solicitada en este juicio de amparo, se ejecutará la medida cautelar otorgada relativa a la ejecución de embargo por concepto de pago de alimentos, cuyas consecuencias, a decir del progenitor de las personas menores de edad, redundarían en su perjuicio y que además, según se observa del acto reclamado, son inmediatas, de donde se avizora posible una suspensión con efectos meramente conservativos, a fin de dotar a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar; lo que está sujeto, claro está, a que se cumplan los demás requisitos para la suspensión cuyo examen se realiza enseguida. 4. Ponderación del orden público e interés social. Precisado lo anterior enseguida se atiende al grado de interés social y orden público que subyacen en el acto reclamado, para determinar si con el otorgamiento de la medida aquellos pudiesen resultar vulnerados. Sobre el particular, conviene traer a cuenta, por ilustrador, el siguiente criterio en que se explica qué ha de entenderse por orden público e interés social (Tesis I.4o.A.11 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Sobre esa base, y no obstante lo precisado anteriormente en cuanto al peligro en la demora, en el caso se considera improcedente conceder la suspensión, pues de hacerlo y para el efecto de que no se ejecute en los términos en que fue decretada la medida decretada contra el quejoso se vulneraría el orden público y afectaría el interés social. En ese sentido, se tiene presente que el artículo 129 de la Ley de Amparo, cataloga cierto tipo de casos como aquéllos en que, de otorgar la medida suspensiva, se afectaría al interés social y al orden público. Dentro de esas hipótesis destaca la prevista por la fracción IX, que hace referencia a los casos en que la concesión de la suspensión impida el pago de alimentos, pues a la sociedad interesa que los acreedores satisfagan sus necesidades de esa naturaleza. Al respecto, conviene traer a cuenta que en materia de alimentos, los artículos 355, 358, 362, 363, 365, 365-A, 365-B y 366 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, establecen: i) Que los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, los adultos mayores y el cónyuge o concubinario que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos; ii) Que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. En la inteligencia de que tratándose de menores, comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria de los alimentistas y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. iii) Que el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión adecuada al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. iv) Que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; v) Que si fueren varios los que deban dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad de hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes; y vi) Que los adultos mayores gozan de la presunción legal de necesitar alimentos. De donde se desprende que si el acto reclamado por una parte versa sobre la obligación de proporcionar alimentos no podría ser suspendido por el orden público e interés social que subyacen en su cumplimiento. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el peticionario reclama la medida provisional de alimentos semestral decretada en favor de sus hijos menores de edad, por la cantidad de ****** (************/100 moneda nacional). Sin embargo, como se dijo, el acto reclamado tiende a la protección de los miembros de la familia que permanecen en convivencia cotidiana, entre ellos, sus hijos menores de edad. Por tanto, conceder la medida para que no se exija la garantía como medida de alimentos conllevaría un perjuicio al interés superior de sus hijos menores de edad, pues preexiste una determinación judicial en la que se consideró que dicha medida es el medio idóneo para garantizar su derecho a una vida digna y, por ende, en atención a la prohibición establecida en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, no podría ser suspendido por tratarse aquélla de una cuestión de orden público e interés social que subyacen al cumplimiento de dicho mandato judicial. Máxime que, no debe perderse de vista que la resolución reclamada derivó de un procedimiento jurisdiccional ante un juzgado especializado en materia familiar donde, una vez analizados los argumentos y el material probatorio presentado por la parte tercera interesada, se emitió la medida hoy combatida. Por tanto, en el caso es improcedente conceder la medida cautelar, debido a que se surte el impedimento legal para ello, toda vez que se incumple el requisito previsto en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, porque de otorgar la suspensión se afectaría el orden público e interés social. De ahí que, si no se colma este requisito esencial para la suspensión con efectos de tutela anticipada (que no exista impedimento jurídico), deviene innecesario analizar el resto de los requisitos, como lo son la naturaleza del acto y la ponderación del buen derecho contra el interés social. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." Sin embargo, en el presente supuesto cabe negar la suspensión porque el acto materia de reclamo está estrechamente vinculado con el pago de alimentos; y, en este criterio desde el inicio se plasma la prohibición legal para negar la medida al actualizarse el supuesto de la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo. En esa condición, al incumplirse el requisito establecido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, se impone negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva en términos de la última consideración.
- Principal
Se designa representante especial y se requiere la aceptación del cargo Agréguese el oficio signado por la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos; esto es, designa a la licenciada ******************** para que asuma la representación de las personas menores de edad que señala Atento a su contenido, requiérase a la citada profesionista para que en el plazo de tres días contado a partir de la presente notificación, mediante escrito, acepte y proteste el cargo conferido, y manifieste si le asiste o no algún impedimento legal para tal fin Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación.
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