Alejandro Téllez Mendoza
Expediente 353/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2022
Partes del expediente
- Alejandro Téllez Mendoza
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por .........., contra actos del ****. II. Expediente y registro. ****, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". IV. Acto reclamado. La parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. La negativa a realizar el pago del finiquito al que tengo derecho como consecuencia de la concesión de jubilación a favor de la que escribe, que emitió mediante decreto la Legislatura del Estado de Querétaro que fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el día 6 de octubre del año 2021. V. Desechamiento. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5°, fracción II, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a los numerales transcritos, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros extremos, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, es parte en el juicio de garantías, entre otras, la autoridad responsable y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas; además, para los efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En dichas condiciones, el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, ya que así lo dispone el artículo 1º de la ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por ésta, la que "dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas", como lo prevé la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados. También ha establecido que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Como ya se dijo, el acto reclamado consiste en: ".La negativa a realizar el pago del finiquito al que tengo derecho como consecuencia de la concesión de jubilación a favor de la que escribe, que emitió mediante decreto la Legislatura del Estado de Querétaro que fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el día 6 de octubre del año 2021." Lo que evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación. Ese tipo de relación, difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la Ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad, por ello, la Constitución establece una serie de garantías y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso concreto, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la negativa de la dependencia del Municipio en que laboraba el quejoso, de pagarle el "finiquito", que a su parecer le corresponde con motivo del decreto de jubilación que le fue otorgada, y publicado el seis de octubre de dos mil veintiuno; es indudable que se trata de un conflicto individual suscitado entre esa dependencia, en su carácter de patrón, y el trabajador jubilado (quejoso), cuyo conocimiento corresponde a la autoridad laboral competente, por tratarse de un acto de tal naturaleza, es decir, por ser consecuencia de la relación laboral; de ahí que el conflicto suscitado entre éstos debe conocerlo y resolverlo el tribunal laboral. Lo anterior es así, en la medida en que el finiquito, en las legislaciones burocráticas estatales, responde a una ampliación de los beneficios y prerrogativas de los que gozan los trabajadores, cuyo otorgamiento únicamente está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el convenio colectivo, en tanto que será otorgada a los trabajadores que terminen por cualquier causa o motivo su relación laboral con el Municipio; lo que a la postre hace improcedente el juicio de amparo, en la medida que el Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Querétaro, no actúa con potestad pública en lo concerniente al otorgamiento y entrega de dicho finiquito; es decir, como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como patrón. En efecto, según el convenio referido por la parte quejosa en su demanda, el finiquito, contenido en el convenio laboral respectivo, es una prestación laboral que se otorga al trabajador, por parte de la patronal, previa publicación en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" del decreto que autorice la jubilación o pensión. Como se ve, la prestación del finiquito es diferente, autónoma e independiente al derecho a la jubilación o pensión por vejez; pues para exigir su pago, es necesario que se lleve a cabo la publicación de la resolución que autorice su jubilación o pensión, ya que dicho pago corre a cargo de la patronal, en este caso del Municipio de Corregidora. Además, el otorgamiento o falta de pago del finiquito, en nada incide sobre la concesión de la jubilación o pensión por vejez, lo cual evidencia que aquélla prestación es diferente y está desvinculada al otorgamiento del derecho a la pensión o jubilación; tal como sucedió en el caso de la parte quejosa, a quien se le otorgó una pensión por jubilación, con independencia de la supuesta falta de pago del finiquito que reclama. En tales condiciones, al tratarse de una prestación laboral que corresponde cubrir a la parte patronal, en caso de controversia sobre su otorgamiento, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, conocer y resolver dicha controversia individual (trabajador-patrón), de conformidad con el artículo 167, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. Soporta el tema, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro 2011298: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Por lo expuesto, es dable sostener que el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Corregidora, en el caso concreto, no actúa como autoridad para efectos de este juicio, sino en todo momento actúa como patrón dentro de la relación laboral particular con el trabajador jubilado, ahora quejoso, lo cual escapa de la hipótesis contemplada en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya invocado. En conclusión, al no estar en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, opera la causal de improcedencia analizada, de manera manifiesta e indudable, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Similares consideraciones adoptó el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja............., de su índice, lo cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que se trata de una resolución judicial que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cuyas consideraciones se transcriben: ".En el agravio único, el recurrente sostiene que, contrario a lo resuelto por el juez de distrito, el acto reclamado sí reúne los requisitos para ser analizado a través del juicio constitucional. Lo anterior, porque ha sido criterio de ese tribunal colegiado que el trámite para obtener la jubilación, sí es un acto de autoridad y si el pago de la prima de antigüedad y del finiquito, forman parte de aquélla, entonces, son susceptibles de reclamarse a través del juicio de amparo. Que, sería contradictorio establecer que sí procediera el juicio de amparo para una parte del trámite (la jubilación), y no para la otra parte (el pago de la prima de antigüedad y del finiquito), pues el trámite se realizaba para ejercer en sí, el derecho de obtener la jubilación, el cual no podía dividirse, porque el otorgamiento de ese beneficio traía aparejadas diversas consecuencias: el pago de una pensión, así como su liquidación, que derivaban de la actuación de la autoridad responsable, pero en un plano de supra a subordinación. Que, en consecuencia, el a quo omitió aplicar el artículo 1° de la Ley de Amparo, que prevé como regla de competencia que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias originadas por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos reconocidos por la constitución nacional y los tratados internacionales de los que el estado mexicano fuera parte. Que, en suma, adverso a lo que el juez de distrito sostenía, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del municipio de Querétaro, sí tenía la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque su decisión de no entregare la prima de antigüedad y el finiquito, lo hizo en unilateral, porque, además, era una dependencia administrativa, no así el patrón del quejoso, de manera que la omisión que se le reclamaba, la hizo en ejercicio de un poder que la ley le confirió. Los argumentos del inconforme son infundados, pues como bien el juez de distrito lo justificó, el reclamo de la prima de antigüedad y del finiquito, contenidos en las cláusulas 19 y 28, último párrafo, del Convenio Laboral 2018-2019, signado entre el municipio de Querétaro y el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del municipio de Querétaro, se trata de prestaciones laborales que se otorgan al momento de ejercer su derecho a obtener la pre jubilación o pre pensión, o a elección del trabajador, al momento que sea publicado en decreto de jubilación o pensión por vejez en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga". Ciertamente, este tribunal colegiado, al resolver el recurso de queja 196/2019, sostuvo el criterio de que la omisión en el pago de la prima de antigüedad, no era un acto de autoridad susceptible de ser analizado en el juicio de amparo. Los argumentos en los que este tribunal se basó para justificar ese criterio y que el juez de distrito retomó, son suficientes para dar respuesta a los agravios que el recurrente expone en sus agravios, referentes a la omisión del pago de la prima de antigüedad y del finiquito. Así es, porque la prima de antigüedad y el finiquito son diferentes, autónomas e independientes del derecho a la jubilación o pensión por vejez, pues el otorgamiento de la jubilación y/o pensión, solamente se toma como referencia para exigir el pago de esas prestaciones. El pago de la prima de antigüedad y del convenio-finiquito corren a cargo de la patronal, en este caso el municipio; por su parte, el otorgamiento, en definitiva, de la pensión o jubilación, corre a cargo de la Legislatura del Estado. La prima de antigüedad, expresamente se dispone en el convenio laboral, que la parte quejosa invoca como fuente de esa prestación, en la cláusula 19, lo siguiente: "Cláusula 19. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. El Municipio se obliga a otorgar una prima de antigüedad a los trabajadores que terminen por cualquier causa o motivo su relación laboral con el Municipio a razón de 12 doce días por año, en términos de lo dispuesto por el artículo 52, fracción XI de la Ley Estatal y de 14 días de salario por cada año de servicio, a partir de una antigüedad de 5 años de servicio." A su vez, el pago del finiquito se realiza una vez que se ha publicado el decreto que autorice la jubilación o pensión, como se puede advertir del artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 150.- Una vez que la Legislatura del Estado, en Pleno, haya resuelto de manera favorable el otorgamiento de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, se publicará el decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", para que surta sus efectos de notificación al trabajador, beneficiarios y del área encargada de realizar el pago de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, según el caso, así como de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven," Luego entonces, contrario a lo que afirma el recurrente, es incorrecto que entre la jubilación y el pago de la prima de antigüedad y del finiquito, exista una relación que lleve a considerarse que todas deban considerarse como actos de autoridad. Además, el otorgamiento o falta de pago de la prima de antigüedad y del finiquito, en nada incide sobre el otorgamiento de la jubilación o pensión por vejez, pues los supuestos para su procedencia y el cumplimiento de los requisitos para su obtención son diferentes. Lo anterior es evidencia de que las prestaciones que fueron materia de la omisión reclamada por el son diferentes y están desvinculadas con el otorgamiento del derecho a la pensión o jubilación. Ante esas circunstancias, como la prima de antigüedad y el pago del finiquito se tratan de prestaciones laborales que corresponde cubrir a la parte patronal, como bien lo aseveró la juez de distrito, en caso de controversia sobre su otorgamiento, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, conocer y resolver dicha controversia individual (trabajador-patrón), de conformidad con el artículo 167, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. En consecuencia, la decisión de la juez de distrito de desechar la demanda de amparo, no se advierte transgresora en omitir aplicar el artículo 1° de la Ley de Amparo o de instrumento convencional, signado por el estado mexicano, dado que sí es manifiesta e indudable la improcedencia sobre la base de la cual el juez de distrito desechó la demanda, dado que el acto reclamado no es de autoridad, de ahí que no se cumplió con uno de los presupuestos jurídicos para que se analizara la controversia por medio del juicio de amparo. No es obstáculo para lo anterior que el quejoso invoque precedentes en los que este tribunal colegiado ha resuelto que la omisión en el trámite de la jubilación sí es un acto de autoridad, dado que, como se explicó, existe independencia entre esos actos, de ahí que los precedentes sean inaplicables al caso en estudio. De lo transcrito se pone de manifesto que, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, arribó a la conclusión de que como el pago del finiquito se trata de una prestación laboral que corresponde cubrir a la parte patronal, en caso de controversia sobre su otorgamiento, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, conocer y resolver dicha controversia individual (trabajador-patrón), de conformidad con el artículo 167, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y que en consecuencia, entre la jubilación, y el pago de finiquito no existe una relación que pueda llevar a considerar que la negativa del pago de este último se trata de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. VI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VII. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VIII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. IX. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. X. Domicilio y Autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en .............., asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ............, por así haberlo solicitado expresamente el solicitante del amparo Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XI. Se autoriza consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta y notificaciones del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. XII. Medio de contacto. Ahora, se tiene a la parte quejosa señalando un correo electrónico como medio de contacto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. XIII. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XIV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XV. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. XVI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XVII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para rendir informe justificado respecto a la ampliación de demanda; en tal virtud se ordena agregar a los autos solo como constancia, toda vez que en auto dieciséis de marzo del año en curso, se le giró oficio a la autoridad en cita únicamente para conocimiento; y solamente se requirió el informe justificado a la Coordinación de Comercialización de Bienes Inmuebles del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Alejandro Ruiz de la Vara899/2017
- Alejandro Ruiz de la Vara546/2022
- Alejandro Ruiz de la Vara1507/2018
- Alejandro Salgado de la Paz1059/2020
- Alejandro Sanchez Molina646/2014
- Alejandro Tamayo Ibarra342/2023
- Alejandro Tenorio Barrientos1466/2015
- Alejandro Tenorio Barrientos1514/2015
- Alejandro Tirado Almazan1492/2017
- Alejandro Toledo Flores63/2016
- Alejandro Trejo Crispin392/2017
- Alejandro Trejo Olvera672/2015