Alejandro Tamayo Mendoza

Expediente 1209/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1209/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Tamayo Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 20175 y el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción que remite vía electrónica el Actuario Judicial del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo 1209/2022 del índice de este Juzgado. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    9117 dos de mayo de dos mil veintidós El veinte de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 18459. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1528/2022 de su índice, del cual se advierte que no acepta la competencia planteada por razón de materia; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes; y en consecuencia este Juzgado no insiste en plantear competencia a su favor. COMPETENCIA. Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, POR RAZÓN DE TERRITORIO, determina carecer de legal competencia para conocer de la demanda de mérito, en atención a las razones que enseguida se expresan. En efecto, al analizar la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su primer acto de ejecución en la Ciudad de México, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: El ataque indirecto a nuestra libertad personal fuera de procedimiento consiste en la orden administrativa de traslado y la ejecución del mismo dictada por autoridades penitenciarias de carácter administrativo en mi contra, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla a otro centro federal y de la readaptación social a cargo del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social del Gobierno de México. La inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley nacional de ejecución penal ya que viola mi derecho a la seguridad jurídica, así como ml derecho a una tutela judicial efectiva. Ahora bien la parte quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó: ".En fecha 25 de septiembre del presente año aproximadamente a las once horas, a través del personal de seguridad y custodia del Centro de reclusión en el que me encuentro, se me informó que una autoridad aparentemente de la secretaría de seguridad y protección ciudadana del gobierno de México, comento que existía una orden administrativa para trasladarme a mí y a mi esposa a otro Centro Penitenciario, en dicho acto se tomaron mis Datos personales, sin que se me haya especificado que autoridad administrativa lo había acordado, la fecha en la que se ejecutara el acto y los motivos contundentes por lo que sería trasladada. Cabe señalar que, no se me proporcionó documento alguno respecto tal hecho." Por otra parte, los accionantes indicaron bajo protesta de decir verdad que se encuentran privados de su libertad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México Así pues, los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." "Artículo 145. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. En cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado." Del contenido sistemático de los numerales transcritos, se advierte que para que un Juzgado de Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esos factores que delimitan la competencia de los Jueces de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. Al respecto, es dable precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial; y, en ese tenor, es el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado, vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien previno primero. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo sesenta y cinco, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Así mismo, tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página setenta y tres, tercera parte, volumen 217-228, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." Así pues, el presente juicio de amparo encuadra en la primera hipótesis mencionada, toda vez que la parte quejosa refiere que actualmente se encuentran recluidos en la Ciudad de México, es decir donde comenzó a ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que, se reitera, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiestó estar privados de su libertad en los Centros Penitenciarios ubicados en la Ciudad de México, y por ello, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ello en razón de que se trata de acto que inicialmente tuvo su ejecución, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación, por analogía la jurisprudencia 9/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y dos, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que al rubro dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE.". Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª/J. 25/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página ciento cuarenta y cinco, libro XI, tomo I, Décima Época, que al rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL." Por tal motivo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: Registro digital: 2001982 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: P./J. 18/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, página 17 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. Por lo anteriormente expuesto, remítase la demanda de amparo, anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad De México; para que, por su conducto, se turne al Juzgado, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  3. Principal

    El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 17285. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso, a través del que comparece a desistirse del juicio de amparo que originó este expediente. Por tanto; y toda vez, que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, como el mismo lo refiere, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a fin de que se constituya en el citado Centro de Reclusión y requiera la presencia de Jorge Dávalos Jaime (quejoso), y una vez ante él, le requiera para que manifieste si ratifica el contenido y firma del escrito que se agrega; en el entendido de que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su promoción, continuándose con el trámite legal de este expediente. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Por otra parte, indíquese al quejoso que en el procedimiento de este juicio de amparo ha sido impedimento legal para dejarlo en estado de resolución, la imposibilidad anotada en autos para emplazar al tercero interesado; quien como parte del juicio debe estar emplazado para dictar la resolución respectiva, a fin de no incurrir en violación procesal que trascienda al dictado de la misma. Notifíquese personalmente al quejoso. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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