Alejandro Soto Castro
Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alejandro Soto Castro
- Hector Javier Lozano González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo auxiliar 19/2022, promovido por ***************; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y turnado el dieciséis del mismo mes y año al Juzgado Primero, ************************* promovió juicio de amparo contra actos del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que hizo consistir en: "La emisión de la resolución de fecha 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós, dictada por el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León dentro del recurso de revisión número ***************". II. En auto del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el referido órgano de control registró la demanda como el juicio de amparo ************, y la admitió a trámite; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el ocho de julio de dos mil veintidós y, III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. IV. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 8/2022 al que vinculó el juicio de amparo 1766/2021 del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". Segundo. Cabe precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, así como de la revisión a las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado consiste en la emisión del auto del seis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se impuso una multa al aquí quejoso, en su carácter de Tesorero Municipal de China, Nuevo León, que asciende a la cantidad de $69,504.00 (sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), dentro del recurso de revisión ***************, promovido por una tercera persona. Una vez que se ha establecido la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. Tercero. Es cierto el acto reclamado al Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, pues así lo manifestó la Directora de Asuntos Jurídicos de dicha comisión, actuando en su representación al rendir informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias remitidas del expediente ************, a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, entre las que destaca el auto combatido. Cobra aplicación, lo señalado en la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 831, del tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-Suprema Corte de Justicia de la Nación Sexta Sección-Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice 1917-septiembre 2011, Quinta Época, con registro digital 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Al no advertirse oficiosamente que se actualice alguna causa de improcedencia, y las partes tampoco lo hacen valer, se analiza la cuestión planteada. No se trascriben los conceptos de violación, sin que con ello pueda considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia y sin que tampoco implique violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rigen el actuar del suscrito. Al caso, resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Pues bien, el quejoso refiere en esencia en sus conceptos de violación que se vulneran en su perjuicio las prerrogativas fundamentales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en el auto reclamado la autoridad responsable no fundó ni motivó su competencia y existe ausencia de las formalidades esenciales del procedimiento; tales conceptos de violación expresados por la parte quejosa, resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, acorde a los argumentos siguientes: El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Conforme al precepto constitucional en cita, el derecho de audiencia y debido proceso, implica que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. En relación con las garantías del debido proceso, el máximo tribunal del país ha sostenido la existencia de un "núcleo duro", a observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto al denominado "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan plenamente su derecho a la defensa antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. En relación con la garantía de audiencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en I) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III) la oportunidad de alegar; y, IV) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 47/955, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 200234, de título y contenido siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En el proceso jurisdiccional, la primera formalidad esencial se denomina generalmente "emplazamiento", la cual consiste en una notificación mediante la cual, de manera cierta, se hace saber a la parte demandada: a) La existencia de un juicio promovido en su contra; b) La información que se desprende de la demanda y documentos que se anexan a ella a fin de que esté en aptitud de ejercer plenamente su derecho a la defensa, a través de la contestación de la demanda; y, c) El plazo que tiene para ello. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende, la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias, sólo así tendrá oportunidad de defenderse. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la ejecutoria de la contradicción de tesis 107/2020, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), aplicable en lo conducente y de contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado". Luego, la parte conducente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León prevé: "Capítulo I Del Recurso de Revisión ante la Comisión Artículo 167. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante la Comisión o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. La Unidad de Transparencia al dar respuesta a una solicitud de acceso, deberá orientar al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión, así como el modo y plazo para hacerlo. En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión a la Comisión a más tardar al día siguiente de haberlo recibido." "Artículo 168. El recurso de revisión procederá en contra de: (.) VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley, siempre y cuando se inconforme con el contenido de la respuesta; XIV. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información. (.)" "Artículo 176. Las resoluciones de la Comisión podrán: I. Desechar o sobreseer el recurso; II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; 'u' IV. Ordenar la emisión de una respuesta. Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, la Comisión, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera." "Artículo 177. En las resoluciones, la Comisión podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado De las obligaciones de transparencia comunes en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones." "Artículo 179. Cuando la Comisión determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo." "Capítulo II De las Sanciones Artículo 197. Se consideran como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley: I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en esta Ley; (.)". "Artículo 198. Las conductas establecidas en el artículo anterior, cometidas por sujetos obligados que tengan el carácter de servidores públicos, o quien fungía con el carácter de servidor público al momento de cometer la infracción, se sancionarán de la siguiente manera: I. Multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta cuotas, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V y VI del artículo 197 de esta Ley; (.)". "Artículo 200. En la imposición de las sanciones se deberán considerar los siguientes criterios: I. La capacidad económica del sujeto obligado infractor; II. La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas que atenten contra la transparencia, el acceso a la información pública o a la protección de datos; III. Las circunstancias y condiciones del incumplimiento a la determinación de la Comisión; IV. La reincidencia por parte del sujeto obligado en el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos. Se considerará reincidente el sujeto obligado que incurra más de una vez en alguna o algunas de las conductas que se señalan en el Artículo anterior; V. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la falta cometida por el sujeto obligado; y VI. El daño causado." "Artículo 201. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 197 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente. Para tales efectos, la Comisión podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables." "Artículo 202. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, la Comisión deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa, debiendo tramitarse el procedimiento de acuerdo con las normas en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción a la Comisión." "Artículo 203. Cuando los presuntos infractores sean sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, la Comisión será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a las disposiciones de esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. El procedimiento dará comienzo con la notificación que efectúe la Comisión al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, la Comisión resolverá de inmediato con los elementos de convicción que disponga. La Comisión admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, la Comisión resolverá en definitiva dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente en la Plataforma de Transparencia de la Comisión. Cuando haya causa justificada, por acuerdo indelegable del Pleno de la Comisión se podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución." "Artículo 206. Las multas se harán efectivas ante la autoridad estatal competente en materia de recaudación fiscal, para lo cual se le deberá informar de las que hubieren sido impuestas. Dichas multas tendrán el carácter de créditos fiscales, debiendo dicha autoridad fiscal presentar informes mensuales a la Comisión sobre el estado que guarda la ejecución de las multas. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos". *Lo resaltado es propio. De las disposiciones normativas transcritas, se desprende que ante la omisión de respuesta a una solicitud de acceso a la información por parte de un sujeto obligado, el solicitante podrá interponer recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Seguido el trámite correspondiente y decretado el cierre de instrucción, en términos del artículo 176 de la Ley en cita, la Comisión emitirá resolución del recurso de revisión, en la que podrá: 1) Desechar o sobreseer el recurso; 2) Confirmar la respuesta del sujeto obligado; 3) Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; o 4) Ordenar la emisión de una respuesta. Y, que si durante la sustanciación del procedimiento la Comisión determina que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Ley y demás disposiciones aplicables de la materia, debe hacerlo del conocimiento del órgano de control interno o de la instancia competente para que esta inicie, de ser el caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. Luego, la referida ley prevé las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones reguladas en el citado ordenamiento, entre ellas, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos respectivos (fracción I); conducta que es sancionable con multa de ciento cincuenta cuotas, cuando sea cometida por sujetos obligados que tengan el carácter de servidores públicos o que fungían con ese carácter al momento de cometerse la infracción, de conformidad con lo previsto por el artículo 198, fracción I de la Ley en comento. Asimismo, se desprende que la imposición de sanciones, deberá sujetarse a los criterios tales como: la capacidad económica del sujeto obligado infractor; gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas que atenten contra la transparencia, el acceso a la información pública o a la protección de datos; circunstancias y condiciones del incumplimiento a la determinación de la Comisión; reincidencia por parte del sujeto obligado en el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos; carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la falta cometida por el sujeto obligado; y, el daño causado. De la misma forma, se obtiene que las responsabilidades que pudieran resultar de la violación a las disposiciones establecidas en el artículo 197 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nuevo León (entre ellas, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos respectivos, por estar prevista en la fracción I del citado precepto), deben ser determinadas de forma autónoma, a través de los procedimientos previstos por las leyes aplicables y sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, las cuales también deberán ser ejecutadas de forma independiente, para lo cual, la Comisión podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de la ley y aportar las pruebas que considere pertinentes, esto, de conformidad con lo estipulado por el artículo 200 del multicitado ordenamiento legal. En el entendido de que tratándose de un presunto infractor con la calidad de servidor público, la Comisión deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente que contenga la totalidad de los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa, debiendo tramitarse el procedimiento de acuerdo con las normas en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en el entendido de que la autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento, y en su caso, de la ejecución de las sanciones a la Comisión, en términos del artículo 202 de la ley en comento. Ahora bien, tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa, la parte conducente de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, prevé: "Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: I. Los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León pertenecientes a los entes públicos; II. Aquellas personas que, habiendo fungido como Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley; y (.)" "Capítulo I De las faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos Artículo 49. Incurrirá en falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; (.)". "Capítulo II Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante la Contraloría y Órganos internos de control Artículo 208. En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días hábiles siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente; Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; y XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al superior jerárquico o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles". *lo resaltado es nuestro. En la parte atinente de la transcripción anterior se establece que los servidores públicos incurrirán en falta administrativa no grave cuando sus actos u omisiones, entre otros supuestos, transgredan la obligación de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto. Así, tratándose de asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, la autoridad competente deberá proceder conforme a lo establecido por el artículo 208 del citado ordenamiento legal, esencialmente bajo lo siguiente: La autoridad investigadora presentará ante la autoridad sustanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días hábiles siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la investigadora para subsanar omisiones advertidas, o aclarar hechos narrados en el informe; Admitido el mencionado informe se ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo, puntualizando que tiene derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor justificadas, o en los casos en que se nombre; Previo a la celebración de la audiencia inicial, la substanciadora citará a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; El día y hora señalados para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente y ofrecerá las pruebas que estime necesarias para su defensa; Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales correspondientes; Agotada la etapa de audiencia inicial, en la que se manifestará lo que en derecho corresponda y se ofrecerán las respectivas pruebas, la substanciadora declarará cerrada tal audiencia, sin que posterior a ella puedan ofrecerse más pruebas, salvo supervenientes. En los quince días hábiles siguientes al cierre, se emitirá acuerdo de admisión de pruebas, debiendo ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas, sin diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, se declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Transcurrido el referido plazo, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución correspondiente, la cual se dictará en un plazo no mayor a treinta días hábiles, plazo que podrá ampliarse cuando la complejidad del asunto lo amerite; y La resolución deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al superior jerárquico o al titular de la dependencia o entidad para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Destacadas las premisas que anteceden, para mejor comprensión del asunto, es oportuna la narrativa de los hechos más relevantes del caso concreto, los cuales se advierten de las constancias que obran en autos, exhibidas al presente juicio por la autoridad responsable, documentales públicas a la que se brinda valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 87, 90, 93, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo 2º, de este último ordenamiento: 1. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, un particular presentó una solicitud de información al Presidente, Secretario de Ayuntamiento, Tesorero, Síndico y Director de Desarrollo Urbano, todos del Municipio de China, Nuevo León. 2. En contra de la respuesta de los sujetos obligados, el particular interpuso recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León; recurso admitido por auto del quince de marzo de dos mil diecinueve, asignando el número de expediente ****************. 3. Seguida la secuela procesal, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se dictó resolución definitiva del expediente ****************, en la que, entre otras cuestiones, se modificó la respuesta rendida por los sujetos obligados y se les ordenó emitir una respuesta a la solicitud de información requerida por el particular y ponerla a su disposición, así como se impuso multa entre otros al aquí quejoso, en su actuar como Tesorero del Municipio de China, Nuevo León. 4. A efecto de dar cumplimiento a dicha resolución, por acuerdo del seis de enero de dos mil veintidós, nuevamente se impuso una multa al aquí quejoso, en su carácter de Tesorero Municipal de China, Nuevo León, que asciende a la cantidad de $69,504.00 (sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. Ahora bien, *********************************, quien en ese momento fungía como Tesorero Municipal de China, Nuevo León, por su propio derecho, demandó la protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado la imposición de una multa, doliéndose básicamente de que la autoridad responsable violenta los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, como se precisó con antelación, lo argumentado en los conceptos de violación es fundado y suficiente para otorgar la protección de la justicia federal, pues como se corrobora de la relatoría de antecedentes en relación con las constancias que obran en autos, al partir de una interpretación inexacta, la autoridad responsable omitió considerar los numerales aplicables al caso concreto, lo que se tradujo en una violación a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal. Lo anterior, pues la autoridad responsable pretendió justificar su atribución de aplicar sanciones en el contenido de los artículos 54, fracción III, 197, fracción IV, y 198, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en los cuales, si bien, se prevé como causa de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el citado ordenamiento, ocultar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión (acto en que incurrió el aquí quejoso, al declarar la inexistencia de la información solicitada en su carácter de tesorero municipal), cuya conducta cometida por el sujeto obligado con carácter de servidor público o quien fungía con ese carácter al momento de cometer la infracción, es sancionable con multa de ochocientos a mil quinientas cuotas; lo cierto es que por tratarse de un presunto infractor con calidad de servidor público, la Comisión debió atender la tramitación contenida en los artículos 201 y 202 de la multicitada ley. Esto es, conforme a tales preceptos, en relación con el diverso 179, la Comisión debió hacer del conocimiento del órgano de control interno o instancia competente, la probable responsabilidad derivada de la violación a lo dispuesto en el artículo 197 y remitirle los elementos de prueba que sustentaran dicha responsabilidad, para que fuera ésta quien tramitara un procedimiento de forma independiente, y en caso de estimar conveniente la aplicación de sanciones, lo hiciera mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa regulado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, como expresamente se establece en el numeral 202 de la Ley de Transparencia y Acceso al Información Pública del Estado de Nuevo León. Robustece la interpretación normativa anterior, el contenido del diverso artículo 176 de la citada Ley de Transparencia, en el cual se establece que las resoluciones emitidas por la Comisión al resolver el recurso de revisión podrán: I. Desechar o sobreseer el recurso; II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; u, IV. Ordenar la emisión de una respuesta; sin que de su contenido se desprenda que en ese procedimiento puedan imponerse a los sujetos obligados, sanciones para reprimir conductas violatorias a las obligaciones establecidas a la referida ley, pues con independencia de que el bien jurídico que se pretende tutelar, sea el de garantizar a los particulares el respeto al derecho de acceso a la información pública y los procedimientos establecidos para dicha premisa; ello, no implica que la autoridad pueda pasar por alto el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, reguladas por el artículo 14 de la Constitución Federal, en perjuicio del sujeto obligado, cuando pretenda emitir un acto privativo, con el objeto de desincorporar de su esfera jurídica parte de su patrimonio como el caso de la multa impuesta. Esto, pues se reitera, la autoridad debió proceder en los términos expuestos con antelación, con el fin de que la autoridad competente, en forma previa a imponer una sanción al sujeto obligado, con motivo del incumplimiento de las disposiciones de la ley de la materia, observara las formalidades esenciales del procedimiento que garantizaran al aquí quejoso, una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Luego, al no proceder en tales términos, la autoridad responsable transgredió en perjuicio del quejoso, las garantías de audiencia y debido proceso previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 179, 201 y 202 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, al incurrir en una violación a las formalidades del procedimiento que impidió ejercer una adecuada defensa, en forma previa a la modificación de su esfera jurídica en forma definitiva, entre las cuales está la de dar a conocer, no sólo el inicio del procedimiento y los hechos que se le imputan y sus consecuencias, sino además, previo al acto privativo, la autoridad se encuentra obligada a otorgar al gobernado, tanto la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, como la de formular los alegatos que estime pertinentes con el fin de confrontar los posibles elementos que se aducen en su contra; esto, pues únicamente en esos términos, el demandado estará en aptitud de formular una adecuada defensa. Luego, dado que de las constancias que fueron puestas a disposición electrónicamente por el juzgado auxiliado, no se advierte que previo al acto privativo, la autoridad hubiera respetado las formalidades esenciales del procedimiento protegidas por el artículo 14 constitucional, pues no le fue notificado al aquí quejoso el inicio de procedimiento, ni le fue concedido plazo alguno con el fin de que estuviera en aptitud de ofrecer y desahogar las pruebas pertinentes, así como alegar lo que a su derecho conviniera; por tanto, resulta evidente que la autoridad vulneró en su perjuicio, el citado precepto constitucional. En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado consistente en la emisión del auto del seis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se impuso una multa al quejoso, en su carácter de Tesorero Municipal de China, Nuevo León, que asciende a la cantidad de $69,504.00 (sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), dentro del recurso de revisión relativo del expediente **************, promovido por una tercera persona, es violatorio de la garantía de audiencia previa establecida por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a *******************, para que conforme a los preceptos 73 y 77 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deje sin efectos el auto en comento, únicamente, en la parte que aquí fue controvertida (la imposición de multa) y perjudicó al quejoso, restituyéndolo de esa manera en el pleno goce del derecho humano trastocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************************* contra el acto reclamado alPleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, consistente en el auto del seis de enero de dos mil veintidós, específicamente en la parte que aquí fue controvertida (la imposición de multa) y perjudicó al quejoso, emitido dentro del recurso de revisión **************** de su índice, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Edgar Valdés Castillo, Secretario quien da fe. Doy fe.
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Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del proveído del veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, glósese el original del incidente de suspensión relativo, y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo; en ese sentido, notifíquese este acuerdo a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo, comparezca a este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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Iguala de la Independencia, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintidós. Glósense a los autos únicamente para que obren como corresponda los informes justificados y de suspensión de plano de cuenta, en virtud de que en proveído del veintiocho de enero de dos mil veintidós este asunto se sobreseyó fuera de audiencia. Por otra parte, se toma conocimiento de la aclaración en su denominación que realiza el Agente de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona, con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe
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Iguala de la Independencia, Guerrero, uno de febrero de dos mil veintidós. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Alarcón, con residencia en Taxco, Guerrero, toda vez que en proveído del veintiocho de enero de dos mil veintidós este asunto se sobreseyó fuera de audiencia. Misma consideración debe hacerse respecto a las copias certificadas de la carpeta de investigación número *****, que allega el oficiante. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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