Alejandro Solis Vargas
Expediente 1250/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alejandro Solis Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se tuvo por consentida la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. En tal virtud, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de amparo, queda si efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso a), se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado en su aspecto definitivo; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Asimismo, se establece que el duplicado es destruible al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 20 del referido acuerdo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese. (CUADERNO INCIDENTAL)
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós. Por ende, con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose conservar la demanda y la sentencia. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
1. SENTIDO DE LA SENTENCIA. Vistos los autos, se advierte que el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se dictó la sentencia en el presente juicio de derechos por medio de la cual negó el amparo a *** y debido que interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, tocándo conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, sede en esta ciudad, radicándolo con el número 157/200, en el que mediante resolución de catorce de abril de dos mil veintiuno, se revocó la sentencia recurrida, por lo que sobreseyó y concedió el amparo al quejoso. Sin que la parte quejosa hiciera manifestación respecto a la vista que se le dio por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no obstante que qedó legalmente notificado como se advierte de la certificación que antecede. 2. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La concesión del fallo protector consistió a efecto de que la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial del Estado: " . 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada, únicamente por lo que hace al aquí quejoso. 2. Emita una nueva resolución en la que, reitere la actualización del hecho concreto con apariencia de delito, así como sobre la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió; y, con plenitud de jurisdicción, atendiendo al planteamiento realizado por la representación social, justifique de manera fundada y motivada, la necesidad de cautela para el libramiento de una orden de tal naturaleza. .". Para comprender el efecto de la concesión del amparo es conveniente transcribir parte considerativa de la misma, a saber: ". Sin embargo, . las razones expuestas no son suficientes para considerar que se justificó la necesidad de cautela de la persona. Esto es así, porque como se establece en la jurisprudencia la./J. 20/2020 (10a.) trascrita anteriormente, tal necesidad no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa; sino que se requieren necesariamente una serie de circunstancias que lleven al juez de control a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, y no por alguna forma diversa. Circunstancias que tampoco podrían considerarse acreditadas con el hecho que el delito de violación equiparada agravada se encuentre sancionado con una pena privativa de libertad máxima de veintisiete años de prisión, porque el quantum de la penalidad aplicable no solamente atañe a una etapa distinta del proceso penal, como es la fase de juicio oral, sino también a un supuesto de condena cuya actualización evidentemente aún es incierta. Lo que tampoco se satisface con la mención en el sentido que el imputado no comparecería ante el juez de control, por no verse privado de su libertad o por no ver amenazado tal derecho; porque se refiere a situaciones que son hipotéticas, ya que realmente se desconoce si al comparecer sería o no vinculado a proceso y, por ende, si será necesaria o no la imposición de aquella medida cautelar oficiosa. De ahí que en el caso no se expuso de forma fundada y motivada que exista necesidad de cautela de la persona, como forma de justificar que la orden de aprehensión seria el único medio que garantizaría la presencia del inculpado a la audiencia inicial. Obligación que, como se mencionó, se encuentra establecida en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la jurisprudencia la./J. 20/2020 (1 oa.). Es por ello que la sentencia reclamada resulta violatoria del derecho fundamental de legalidad de la parte quejosa. Se destaca que la presente determinación, no implica el no tener por acreditada la necesidad de la cautela, sino el respeto a la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar sus determinaciones, máxime cuando existe jurisprudencia en el sentido que no basta la necesidad de esa cautela, por el hecho de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa. .". 3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sentado lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como en los diversos 77 y 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En ese orden, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial en el Estado, mediante oficio de catorce de mayo de dos mil veintiuno, informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de *** y en su lugar emitió una nueva en la que se negó dicha orden de aprehensión y para corroborar su información remitió la resolución escrita de la negativa de la orden de captura, así un disco versátil digital. En efecto, el Juez responsable dio cumplimiento al cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en virtud que siguiendo los lineamientos del fallo protector, determinó que no se encuentra colmado la necesidad de cautela que exige el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que ello se debe, porque lo que atañe al argumento del Agente del Ministerio Público, que de ser citado el aquí quejoso ***, éste no acuda siendo un indicativo que puede sustraerse de la acción de la justicia, en razón de la pena que pudiese ser impuesta, atendiendo a la pena del delito por el que es acusado podría ser de veintisiete años, más su agravante, no obstante dicha circunstancia no puede ser tomada en cuenta, porque la pena a que se hace referencia es incierta al estar no solo condicionada a que se lleve a cabo en la fase de juicio oral, sino que primeramente se requiere que el imputado sea vinculado por tal delito, para que en su caso se esté en posibilidades de imponer régimen cautelar de carácter oficioso, trastocando con ello el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, establecida en la fracción I, apartado b, del artículo 20 constitucional, por tanto, es inatendible ese argumento ministerial. Sigue diciendo el Juez responsable que no pasa por alto decir, que el delito que se imputa sea del que amerite prisión preventiva oficiosa, pero atendiendo al criterio jurisprudencial con número de registro digital 2021956, que es de observancia obligatoria, se advierte que ello no es justificación suficiente para emitir una orden de aprehensión, que cuente con régimen cautelar oficioso, sino que debe atender primeramente los fines distintos, es decir, que primero se busca que el acusado se presente para que le sea formulada imputación y formalizar la investigación, en tanto que el segundo es para asegurar que el imputado responda del procedimiento penal. Que ese tenor, refiere el Juez responsable, que el Ministerio Público debe de justificar la necesidad de cautela es atendiendo a una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, y no por una forma diversa, para tal efecto debe fundar y motivar la necesidad de cautela con los siguientes riesgos: a) Exista riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia; b) Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de os testigos, y/o la comunidad, o bien, y; c) Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Que al respecto, la Ministerio Público no motiva ni fundamenta alguna de esos supuestos; y si bien, en su solicitud hizo mención que existe la entrevista de ***, hermano de la víctima, emitida el dos de octubre de dos mil diecinueve, rendida ante el agente de investigación ***, al referir que los familiares de los hoy imputados lo han buscado a fin de llegar a un acuerdo y no se inicie carpeta de investigación; dicho dato de prueba se advierte aislado, además de que la autoridad ministerial no hizo una razonabilidad de porqué con dicho medio de prueba se encuentra justificado que el acusado de mérito se va a sustraer de la acción de la justicia o se ponga en riesgo la integridad de la víctima, ofendido, testigos y/o comunidad, o bien, se ponga en peligro el desarrollo de la investigación, pues aun y cuando dicho dato de prueba pudiese estar encaminado en el primer supuesto, regulado en el artículo 170 del Código Nacional, el mismo establece que debe ser fundado, cuestión que en el presente no acontece, siendo una simple manifestación aislada sin corroboración de otros datos de prueba. Además, que tampoco se advierte que se ponga en evidente peligro la vida la integridad, la seguridad jurídica, tanto de la víctima como de sus familiares, porque de su dicho solo se advierte de las manifestaciones del deponente que es una referencia a llegar a un acuerdo, sin que medie violencia, amenazas, intimidaciones o cualquier otra conducta lesiva que ponga en peligro a la pasivo o a sus familiares. Que por ese motivo, dejó insubsistente la orden de aprehensión de nueve de octubre de dos mil diecinueve y dictó una nueva en la que negó la orden de aprehensión por los motivos que expuso. De lo expuesto, se advierte que la citada autoridad responsable ha dado cumplimiento a la protección constitucional, contenida en la ejecutoria de amparo, como ya se dijo, porque acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues en principio dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada, únicamente por lo que hace al aquí quejoso y emitió una nueva en la que, reiterando la actualización del hecho concreto con apariencia de delito, así como sobre la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió, con plenitud de jurisdicción, atendiendo al planteamiento realizado por la Representación social, no justificó la necesidad de cautela, como ya quedó expuesto y por ese motivo negó la orden de aprehensión que consistió el acto reclamado. 4. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO. Así las cosas al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a la concesión del juicio de derechos, es de concluirse que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito y en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna, 192, 196 segundo párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial en el Estado; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual anexa constancias y remite un disco versátil digital, con las que pretende acreditar dicho extremo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en los términos apuntados en el párrafo segundo del precepto legal en cita, con base en los elementos que obren en el expediente y los demás datos aportados por las responsables. Asimismo, se les tiene acusando de recibo de las copias certificadas de la causa penal y de un disco versátil digital, que remitió al juicio en que se actúa, circunstancia de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Alejandro Sánchez Cortes897/2020
- Alejandro Sánchez Piña595/2021
- Alejandro Sanchez Zavala302/2017
- Alejandro Sierra Tello1861/2022
- Alejandro Silverio Lopez1349/2016
- Alejandro Solís Vargas1820/2022
- Alejandro Spindola Arteaga515/2019
- Alejandro Spindola Artega1022/2020
- Alejandro Spinola Arteaga1196/2017
- Alejandro Spinola Arteaga873/2017
- Alejandro Tellez Ocadiz338/2017
- Alejandro Tellez Sanchez1501/2019