Alejandro Serrano Ramírez
Expediente 470/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Alejandro Serrano Ramírez
Actuaciones
- Principal
Cúmplase
- Principal
El auto que puso fin al juicio ha causado estado, archívese el expediente como asunto concluido, se considera al mismo susceptible de destrucción
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por ****, en su carácter de apoderada legal del directamente quejoso *******, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintiocho de octubre del año en curso. Sin que sea el caso ordenar se registre en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal, en virtud de haberse realizado mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, cabe destacar que la impetrante de garantías reclamó los siguientes actos: a) La ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN ********, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO."; b) La EJECUCIÓN de la ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN *********, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO."; c) La EJECUCIÓN de cualquier MEDIDA DE APERCIBIMIENTO y/o APREMIO que sea ejecutada en la persona del hoy QUEJOSO, en razón de la ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN ********, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO."; d) EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL, QUE PRETENDAN DAR las autoridades señaladas como RESPONSABLES, A LOS ACTOS RECLAMADOS en contra del hoy Quejoso, por las razones que se exponen en el presente, sin que exista causa justa, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento."; e) Como consecuencia de lo anterior y de los antecedentes que se detallan en el cuerpo del presente, la PUBLICACIÓN DE LA ALERTA AMBER EN EL ESTADO, por la supuesta desaparición de mi menor hijo." Por tanto, debe decirse que si bien la Ley de Amparo no regula la figura de separación de juicios de manera específica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido su procedencia para el caso de que se advierta que los actos reclamados en un juicio de amparo emanan de juicios o procesos diversos, así como de los que se encuentren desvinculados entre sí, en los términos que plasmó al sentar la jurisprudencia P./J. 76/97, emanada de la contradicción de tesis 6/96, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, que se localiza para consulta en la página 118, del Tomo VI, correspondiente al mes de Septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido citan: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así también en el caso concreto es aplicable el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 18, Tomo III, que a la letra reza: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. Bajo esa tesitura y, atendiendo primordialmente a que la naturaleza de los actos reclamados señalados en el inciso "b)", citado en párrafos precedentes, que pretende ventilar el aquí quejoso es diverso a la penal, es de decretarse la separación de juicios, en los siguientes términos: Este juzgado de distrito, continuará conociendo de los actos reclamados a todas las autoridades responsables, con excepción del Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Nuevo León, consistentes en: "a) La ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN ******, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO.; c) La EJECUCIÓN de cualquier MEDIDA DE APERCIBIMIENTO y/o APREMIO que sea ejecutada en la persona del hoy QUEJOSO, en razón de la ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN ******, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO.; d) EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL, QUE PRETENDAN DAR las autoridades señaladas como RESPONSABLES, A LOS ACTOS RECLAMADOS en contra del hoy Quejoso, por las razones que se exponen en el presente, sin que exista causa justa, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento; e) Como consecuencia de lo anterior y de los antecedentes que se detallan en el cuerpo del presente, la PUBLICACIÓN DE LA ALERTA AMBER EN EL ESTADO, por la supuesta desaparición de mi menor hijo." Mientras un juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo, debe ser quien resuelva lo relativo a lo que se advierte se reclama del Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Nuevo León, consistentes en el acto: "b) La EJECUCIÓN de la ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN *****, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO.." Sin que sea el caso abordar de momento el tema relacionado a la incompetencia por materia, respecto de estos actos reclamados señalados en el párrafo que antecede, en razón de que ello será motivo de su estudio, en el nuevo juicio de amparo que al efecto se forme por la separación de juicios. Cobra especial relevancia en este tópico, lo establecido por el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 78/97, emanada de la contradicción de tesis citada con antelación, y con los mismos datos de localización, con excepción de la página, pues se ubica en la número 117, de la literalidad siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Por tanto, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Cuarto Circuito, con copia certificada de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, y del presente proveído, para que proceda al registro de dicho juicio separado, se le asigne número que corresponda y se envíe a éste órgano jurisdiccional para su conocimiento y trámite de Ley. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa en su demanda de garantías señala como acto reclamado el siguiente: "c) La EJECUCIÓN de cualquier MEDIDA DE APERCIBIMIENTO y/o APREMIO que sea ejecutada en la persona del hoy QUEJOSO, en razón de la ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre C.S., EN EL DOMICILIO UBICADO EN ******, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO.". De lo anterior, así como del análisis integral de la demanda de garantías, se tiene que dicho acto reclamado se hace consistir, en la ejecución de cualquier medida de apercibimiento y/o apremio, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; sin embargo, no se advierte aplicación de medida alguna; por lo que, se estima que en relación al mencionado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al efecto el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Del numeral de trato, señala que los actos que señala como reclamados, no se pueden estimar de realización inminente, sino futuros e inciertos, que no actualizan un agravio personal y directo en torno a los intereses jurídicos del hoy quejoso; puesto que tales actos, son aquellos cuya ejecución sea remota, es decir, improbable, incierta, inverosímil o muy distante de llegar a suceder, caso contrario de los inminentes, que son los que aún y cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos y que de tal modo, el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente, no así cuando son futuros e inciertos. Al caso particular, resulta aplicable, la jurisprudencia emanada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, cuyo rubro y texto refiere lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se condiciona la promoción del juicio constitucional a la circunstancia de que el acto reclamado produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo que acontecería, si se encuentra dictada una medida de apercibimiento y/o apremio, por parte de las autoridades señaladas como responsables, lo que en el presente caso no se advierte. Medida de apercibimiento y/o apremio que es la que reclama propiamente y hace derivar la afectación hacia el directamente quejoso; además, que solamente refiere es en razón de la orden de realizar visitas domiciliarias y colaterales, investigación de campo con equipo interdisciplinario, realizar el resguardo y aseguramiento del menor hijo del hoy quejoso de nombre C. S., en el domicilio ubicado en ******, a efecto de verificar la situación en la vive y él trato que recibe el menor hijo del quejoso; sin embargo, como fue asentado en párrafos que anteceden, de la demanda de amparo no se advierte aplicación de medida alguna. Sirve para ilustrar lo anterior la jurisprudencia número 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Parte, SCJN del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, que a la letra dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que las autoridades señaladas como responsables, causen daño al quejoso, sin que la producción de ésta sea inminente, pronta o posible de suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que no existe la certeza o inminencia en que el acto reclamado consistente en la ejecución de cualquier medida de apercibimiento y/o apremio, se realicen o ejecuten, sino que, en los términos que refiere, dichos actos resultan futuros e inciertos. Por tanto, al no tener la certeza de que los actos inminentes se ejecutarán, es inconcuso que los mismos deben estimarse futuros e inciertos y por ende, suficientes para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 5°, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la propia ley, en cuanto a que, no se puede concluir que el directamente quejoso, actualmente resienta afectación a su interés jurídico, por lo que hace al acto de la ejecución de cualquier medida de apercibimiento y/o apremio. Asimismo, la parte quejosa en su libelo de garantías señala como actos reclamados los que a continuación se transcriben: "a) La ORDEN DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y COLATERALES, INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, REALIZAR EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO del menor hijo del hoy QUEJOSO de nombre *******, A EFECTO DE VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA VIVE Y ÉL TRATO QUE RECIBE EL MENOR HIJO DEL QUEJOSO.; d) EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL, QUE PRETENDAN DAR las autoridades señaladas como RESPONSABLES, A LOS ACTOS RECLAMADOS en contra del hoy Quejoso, por las razones que se exponen en el presente, sin que exista causa justa, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento; e) Como consecuencia de lo anterior y de los antecedentes que se detallan en el cuerpo del presente, la PUBLICACIÓN DE LA ALERTA AMBER EN EL ESTADO, por la supuesta desaparición de mi menor hijo." En cuanto a dichos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que es del tenor literal siguiente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De las disposiciones legales trascritas, se desprende que la improcedencia del juicio de amparo, podrá resultar de alguna disposición de la constitución, Ley o criterio jurisprudencial, sin que para ello sea necesario que exista una causa concreta de improcedencia, sino que, operará cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del artículo 61, de la ley de la materia o de algún criterio jurisprudencial emanado del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, para la aplicación de la fracción XXIII, debe relacionársele con otro precepto legal o constitucional, que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto, o con la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En la especie, los actos que reclama la parte quejosa, en la demanda de amparo, señalados bajo los incisos a), d) y e), son considerados como procedimentales, que no causan daño irreparable, pues la integración de una carpeta de investigación, con independencia de la forma en que ésta se realice, no implica algún pronunciamiento en torno a derechos sustantivos, ni hace nugatorio a quienes en ella intervienen o deben intervenir, derechos de ninguna índole. Además, la parte quejosa no señala alguna actuación que de forma directa afecte sus intereses, dado que las actuaciones a las que hace alusión y señala como actos reclamados, se observa que consisten en la integración de una carpeta de investigación, la que no es combatible por la vía del amparo indirecto. Por tanto, en el supuesto de que se esté incurriendo en violaciones de orden procesal en el trámite de la indagatoria, dicha circunstancia no le impide ni hace nugatorio en perjuicio del quejoso su derecho de hacer valer esas cuestiones ante la propia autoridad, por lo que dicho actos, no se ubican en la hipótesis que prevé la fracción III, del artículo 107 de la ley de la materia para que puedan combatirse en esta instancia extraordinaria. Sin pasar inadvertido que el artículo 21 constitucional ha conferido a la institución del Ministerio Público la facultad exclusiva de iniciar la preparación de la acción penal, con la obligación de acreditar dentro de la fase de averiguación previa los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado; consecuentemente, a dicha institución, por mandato constitucional, se le constriñe a realizar la investigación y persecución de los delitos, debiendo para ello, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad del inculpado, es decir, debe aportar elementos demostrativos que acrediten la existencia del delito. Resulta oportuno puntualizar que, el inculpado goza del derecho de defensa a fin de acreditar la inexistencia del ilícito, destruyendo las pruebas aportadas por el agente de indagación, pero a diferencia de la obligación de éste, para el indiciado representa una simple facultad potestativa, ya que, en todo momento subsiste la carga de aquél, de probar la actualización de los antisociales, por lo que es evidente la integración de la averiguación, sólo pudiere afectar en forma irreparable su esfera jurídica, en el supuesto de que, consignada la averiguación previa ante la autoridad judicial, ésta obsequiara orden de aprehensión en su contra. Así las cosas, los actos que aquí reclaman la parte quejosa, son un acto contra los cuales es improcedente el juicio de garantías, ya que en dicha fase procedimental no se irroga al quejoso perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia por reiteración número I.2o.P. J/11, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 689, Tomo: V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Igualmente, sirve de fundamento a lo anterior, la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, Materia Penal, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX Diciembre de 2004, página 351, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia XII y XXIII invocadas, en relación con el artículo 1º, fracción I, 107, fracción III, y 113 de la Ley de Amparo, así como el 21 de la Constitución Federal, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que hace a los actos reclamados en mención.
- Principal
Vista la cuenta antecedente, con la demanda de amparo signada vía electrónica por *****************, en su carácter de apoderada legal del directamente quejoso ***********************, personalidad que acredita en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, con copia certificada de la escritura pública número ****************, de cinco de junio de dos mil veinte, pasada ante la fe del licenciado *************************, Notario Público número 7 (siete) de la Ciudad de México, contra actos del Agente del Ministerio Publico Investigador en Apoyo a las Funciones de la Unidad de Tramitación Masiva Número 01-Uno Especializada en Justicia Familiar y Delitos Sexuales Guadalupe, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y copias que se acompañan; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 470/2020-I y fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de dicha ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 114, fracción I, del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito mandará prevenir al quejoso que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 112, 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo, antes de resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda, esta autoridad estima prevenir a la accionante constitucional, para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad: ? Señale si dentro de la carpeta de investigación ¨**********************, del índice de la autoridad que denomina como Agente del Ministerio Publico Investigador en Apoyo a las Funciones de la Unidad de Tramitación Masiva Número 01-Uno Especializada en Justicia Familiar y Delitos Sexuales Guadalupe, y de la que refiere deriva el acto reclamado, existe persona alguna que funja con el carácter de Asesor Jurídico de Víctimas, y de ser afirmativo, proporcione el nombre completo y correcto, así como el domicilio donde pueda ser localizado; toda vez que al asesor en cita le correspondería el carácter de tercero interesado en el presente asunto. ? De igual manera, para una debida apreciación del acto que reclama, adjunte el oficio 3257/2020, de fecha treinta y uno de agosto del presente año, que refiere en su demanda, haber sido publicado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la????????????? carpeta electrónica 0517/2020-UTMGPE-VFS01. En la inteligencia de que de no cumplir con lo anterior, transcurrido el lapso concedido, se procederá en términos del artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tendrá por no interpuesta. Con el apercibimiento que en caso de omitir información o manifestar hechos falsos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que se menciona en la demanda; asimismo, autorizando a las personas que refiere, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; y, proporcionando como datos de contacto los números telefónicos ********** y **************, así como el correo electrónico ***********+. De igual manera, como lo solicita la promovente, con fundamento en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), se le autoriza para tener acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el usuario "************"; por tanto, se instruye a la analista jurídico de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización, en el sistema mencionado. De igual modo, acorde a lo previsto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se exhorta a las partes, a fin de que gestionen lo conducente para continuar el trámite del presente asunto, en la modalidad de "juicio en línea", por lo que de optar por tal tramitación, deberán proporcionar nombre de usuario y manifestar expresamente que solicitan que las notificaciones personales se hagan de forma electrónica; en la inteligencia de que tal petición, en su caso, deberá realizarse en cada cuaderno. Además de lo anterior, se requiere a las partes para que proporcionen sus "datos de contacto", como lo es, correo electrónico y un número de teléfono móvil; lo anterior, con la finalidad de integrar con celeridad el presente asunto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la carta magna. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede a la promovente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario????????? judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
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