Alejandro Sergio Cruz Torres

Expediente 1201/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1201/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2015

Partes del expediente

  • Alejandro Sergio Cruz Torres

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA "3" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE COMO SE ADVIERTE QUE EL DÍA DE HOY, EN EL JUICIO DE AMPARO 1201/2014-3, DEL CUAL DERIVA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PROMOVIDO POR EL QUEJOSO ALEJANDRO SERGIO CRUZ TORRES, CAUSÓ EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. EN ESE TENOR, COMO LA MEDIDA SUSPENSIONAL FUE CONCEDIDA, RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO CONJUNTO QUE NOS OCUPA, EL ORIGINAL DEL INCIDENTE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  2. Principal

    MESA "3" VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SIN QUE EL IMPETRANTE DE GARANTÍAS ALEJANDRO SERGIO CRUZ TORRES HUBIERA RECURRIDO LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. EN TALES CONDICIONES Y EN VISTA DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL O DE TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  3. Principal

    MESA "3" VISTA LA RAZÓN ASENTADA LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LICENCIADA ADRIANA RAMÍREZ BRAVO, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR AL QUEJOSO, EL ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, PROCEDIÓ A TOCAR VARIAS VECES LA PUERTA DEL DOMICILIO, SIN QUE NADIE ATENDIERA A SU LLAMADO; POR LO QUE PROCEDIÓ A FIJAR EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR ELLO AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS QUE SE LE DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y NOTIFICARSE PERSONALMENTE DICHO ACUERDO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO, DICHO ACUERDO, POR MEDIO DE LISTA. POR OTRA PARTE, AGRÉGUESE LA RAZÓN ASENTADA POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LICENCIADA LUCILA ALARCÓN GALVÁN, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO CRISTIAN BUSTAMANTE MEDINA O CHRISTIAN BUSTAMANTE MEDINA, LOS ACUERDOS DE VEINTIDÓS Y VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN LAS INSTALACIONES DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, FUE ATENDIDA POR LA LICENCIADA EVA ALFARO, RESPONSABLE DEL ÁREA, QUIEN ENTERADA DEL MOTIVO DE LA PRESENCIA DE LA ACTUARIA LE INFORMA QUE EL QUEJOSO SALIÓ LIBRE EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; CONSECUENTEMENTE, NOTIFÍQUESE AL TERCERO INTERESADO, DICHOS ACUERDOS, POR MEDIO DE LISTA; ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, HASTA EN TANTO SEÑALE NUEVO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. Agréguese a los presentes autos, el oficio número 5786, signado por la Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal mediante el cual informa que en fecha dieciocho de diciembre del año en curso, se declaró extinguida la pretensión punitiva a favor del quejoso, por el delito de ROBO SIMPLE, cometido en agravio del ofendido ALEJANDRO CRUZ TORRES O ALEJANDRO SERGIO CRUZ TORRES, lo anterior al haberle otorgado el perdón por lo que se dejó sin efectos el apercibimiento impuesto al quejoso consistente en un arresto por veinticuatro horas, el cual se ordenó cancelar al haberse extinguido la pretensión punitiva dentro de la causa penal 256/2014. En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se entiende que han cesado los efectos del acto que por esta vía se reclama, consistente en la orden de arresto. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese tenor, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, todo ello, en atención al principio de potencialidad restitutiva, consagrado en el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias que acompañó el Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, a su informe, se desprende, que el ofendido ALEJANDRO CRUZ TORRES O ALEJANDRO SERGIO CRUZ TORRES, otorgó el perdón a favor del quejoso CRISTIAN BUSTAMANTE MEDINA O CHRISTIAN BUSTAMANTE MEDINA O CHRISTIAN BUSTAMANTE MOLINA, y consecuentemente en auto de fecha dieciocho de diciembre del año en curso, el Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, dejo sin efectos el apercibimiento impuesto a dicho quejoso consistente en un arresto por veinticuatro horas, el cual se ordenó cancelar al haberse extinguido la pretensión punitiva dentro de la causa penal 256/2014; en consecuencia, es evidente que la fecha en que se dicta este acuerdo los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma total, de tal manera que las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional pues el acto reclamado ya no está surtiendo sus efectos, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por ALEJANDRO SERGIO CRUZ TORRES, en contra de la orden de arresto que reclama por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ante tales circunstancias y por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.... Y ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. Agréguense a los autos, para que surtan sus efectos legales, los informes justificados rendidos por el Director del Centro de Sanciones Administrativas y Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, anexo y CD, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes por el plazo de OCHO DÍAS; para que, en su caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda...."

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