Alejandro Sarabia Aispuro

Expediente 671/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
671/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Sarabia Aispuro

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 671/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Trámite en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Material Penal de la Ciudad de México. Previa prevención, el veintidós de octubre de dos mil veinte, su titular admitió la demanda presentada oportunamente por ... y dio trámite al juicio, hasta que por acuerdo de diecisiete de noviembre siguiente ordenó su remisión a este Juzgado Segundo de Distrito por razón de turno. SEGUNDO. Trámite en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Material Penal de la Ciudad de México. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, este juzgador se avocó al conocimiento del referido expediente, formándose el diverso en el que se actúa; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. La parte promovente reclama del Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México: la resolución de diecisiete de septiembre dos mil veinte que declara infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de cinco de marzo de dos mil veinte por el que se desechó por notoriamente improcedente el incidente no especificado que planteó con la finalidad de que se le reindividualice la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 102/2019-B (antes 160/2007 del entonces Juzgado Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México). TERCERO. Acto probado. El juez responsable, al rendir su informe, aceptó la emisión de la resolución reclamada y remitió el duplicado de los tomos IV, V y VI de esa causa penal, que adquiere valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de los que se advierte obran las constancias relativas al acto reclamado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte alguna que merezca su análisis. QUINTO. Estudio. A efecto de contextualizarlo, es menester señalar que los antecedentes que trascienden al presente fallo, son los siguientes: 1. El veintidós de octubre de dos mil ocho, la entonces Juez Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 160/2007 de índice, declaró penalmente a ...de la comisión de los delitos de (1) privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés y (2) privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, en grado de tentativa, imponiéndosele las penas de cuarenta años de prisión y tres mil trescientos treinta y dos días de multa. 2. El doce de agosto de dos mil diez, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del toca penal 477/2008, resolvió que únicamente era responsable del delito de (1) privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 366, fracción I, inciso d) y fracción II, incisos b) y c), del Código Penal Federal, por hechos cometidos el diecisiete de octubre de dos mil siete; motivo por el que impuso las penas de veinte años de prisión y dos mil días de multa. 3. Inconforme con lo anterior, el sentenciado promovió el juicio de amparo directo 414/2010 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que en sesión de trece de enero de dos mil once, se le negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. 4. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, con motivo de la extinción del Juzgado Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y la remisión de la causa penal 160/2007 de su índice, el Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México radicó con las constancias relativas el expediente 102/2019-B de su registro. 5. El tres de marzo de dos mil veinte, por escrito, ... solicitó la reindividualización de la pena de prisión que le fue impuesta, esencialmente porque a su consideración no se acredita el delito por el cual fue condenado: (1) privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, ya que su finalidad -dice- era extorsionar a la víctima, por lo que se actualiza la extorsión y no aquél ilícito; de ahí que, a través de un incidente no especificado, pretende la adecuación de la pena. 6. El cinco de marzo siguiente, el Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México desechó de plano la incidencia propuesta por el sentenciado a efecto de que se reindividualice la pena impuesta, en virtud que respecto a ese tópico ya se hizo pronunciamiento en las sentencias de primera y segunda instancia, de manera que lo solicitado no puede someterse a nuevo estudio y menos variarse, pues constituye una verdad legal al ser definido en una resolución que alcanzó el rango de cosa juzgada. 7. Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revocación. 8. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte se celebró la audiencia relativa; a ella comparecieron, de manera remota el Defensor Público Federal del sentenciado ...y presencialmente este último y la agente del Ministerio Público adscrita. Durante su desahogo, previa asistencia de su defensor, el aquí quejoso ratificó su escrito -se entiende el relativo a su petición-, aclarando que solicita la reclasificación del delito, porque por el cual fue condenado no se actualiza, aunque tampoco el de extorsión, siendo incorrectamente procesado y sentenciado. Por su parte, el Defensor Público Federal solicitó se declarara procedente y fundando el recurso, pues con independencia de lo relativo a la cosa juzgada, el sentenciado hace valer criterios novedosos que no fueron materia de análisis en las instancias correspondientes, por lo que pretende una reclasificación del delito y, como consecuencia, la reindividualización de la pena. La agente del Ministerio Público pidió se declare infundado. 9. En la misma fecha, el juez responsable dictó resolución en el recurso de referencia, declarándolo infundado, básicamente reiterando las razones contenidas en su acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte y porque los argumentos relativos a la reclasificación de los delitos, no fueron parte de la solicitud primigenia, por lo que no fueron parte de la litis. *Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Visto lo anterior, y en concepto de este órgano de control constitucional, el problema jurídico a resolver en el presente asunto, se resume en la siguiente interrogante ¿es procedente la re individualización -o adecuación- de la pena que solicitó Alejandro Sarabia Aispuro, en el entendido que el proceso penal relativo fue resuelto en primera y segunda instancia, incluso materia de un juicio de amparo en el que se le negó la protección constitucional? La respuesta es negativa; se explica: De los antecedentes narrados, se evidencia que lo solicitado por el quejoso a la autoridad responsable, específicamente la reindividualización de la pena con base en una especie de reclasificación del delito, al ser cuestiones relacionadas con la aplicación de la pena, como lo resolvió el juez de la causa, tiene el carácter de cosa juzgada, que radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas a juicio, de modo que es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos, en virtud de la "cosa juzgada" material, se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. En esta tesitura, representa la prerrogativa de seguridad jurídica, porque tiene que llegar el momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables. De tal manera que si los aspectos relacionados con lo planteado por el inconforme quedaron definidos y agotados desde el pronunciamiento de la sentencia (en primera y segunda instancia) que se emitió en su contra, inclusive materia de un juicio de amparo en el que se le negó la protección constitucional, es imposible jurídicamente realizar pronunciamiento al respecto, ya que implicaría desconocer o disminuir (cuando no existe motivo legalmente previsto para ello) una cuestión inalterable. Además, en el caso, no existe motivo legal por el cual puedan nuevamente analizarse dichas circunstancias, como ocurre, por ejemplo, en aquellos casos en que se determina mediante sentencia, la forma en que ha de compurgarse la sanción, conforme a la legislación vigente en ese momento, pero después de que se firme tal resolución, se presenta alguna reforma a la ley que beneficia al sentenciado, en cuyo caso está justificado el análisis de una situación que ya era cosa juzgada conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que aquí -contrario a lo que infiere el Defensor Público Federal en sus alegatos- no acontece. Cierto, el treinta de noviembre de dos mil diez, con motivo de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se derogó el artículo 366 del Código Penal Federal, pero no la punibilidad de la conducta, ya que el mismo tipo penal fue incorporado a esa norma general, incluso agravándose las penas para el delito por el que específicamente fue sentenciado, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Código Penal Federal Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará: I. De quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: . d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten; II. De veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en la fracción anterior concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: . b) Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo; c) Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: . d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: . b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; . II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; Y el hecho de que existan criterios, a consideración de la parte quejosa, novedosos -específicamente lo resuelto en diversas ejecutorias que invoca en su petición inicial-, como lo resolvió el juez responsable, no actualiza una excepción al principio de cosa juzgada, al no constituir una norma nueva, sino en todo caso solo la interpretación de la existente al momento en que se analizó su situación jurídica, por lo que su aplicación no es vinculante. Por lo que, en la resolución que constituye el acto reclamado, se funda y motiva la razón del porqué resulta improcedente el incidente planteado por el quejoso, precisándose con claridad las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración, para construir las consideraciones en que se sustenta, al ser contundente como se señaló, en que se actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que no puede ser superada o inobservada por el diverso axioma de la interpretación más favorable a la persona; en tal virtud, no es posible analizar la sentencia condenatoria de primera instancia (respecto de la cual ya se agotaron los medios de defensa ordinarios e incluso el juicio de amparo, sin que se advierta reforma a la ley que beneficie al sentenciado), pues de lo contrario, se transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica que es de orden público, estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes. Además, en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. También, encuentra fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la prerrogativa de acceso a la justicia ahí prevista, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Apoya lo anterior, las jurisprudencias P./J. 85/2008 y P./J. 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, páginas 589 y 590, de rubros y textos siguientes: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." Inclusive, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia PC.I.P. J/25 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, página 1631, de rubro y texto siguientes: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA. Cuando el quejoso pretende la reindividualización de las sanciones que le fueron impuestas en una sentencia ejecutoria, con sustento en que se deje de considerar el dictamen pericial para conocer su personalidad, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].", el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes -para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona." Además, no debe pasar inadvertido que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la incorporación a nuestro sistema jurídico -con rango constitucional- de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; así como lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario a lo que refiere la parte quejosa en su cuarto concepto de violación y el Defensor Público Federal en sus alegatos, no lleva a sostener que ante este nuevo paradigma, los órganos de amparo puedan revisar y modificar las decisiones sobre legalidad emitidas por otros tribunales, incluso analizadas mediante diverso juicio de amparo, en el que se estudió el tema planteado y que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. En ese sentido, y tomando en consideración lo ya establecido, tales decisiones gozan del imperio de la autoridad de cosa juzgada, lo que las hace inmutables; por tanto, no son susceptibles de analizarse, ni siquiera sobre la base del nuevo paradigma constitucional establecido en nuestro sistema jurídico, aun cuando el derecho humano a la libertad sea de mayor rango axiológico que el de seguridad jurídica, pues lo que se garantiza y protege es que lo juzgado permanezca. Por lo que, el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En ese orden, resultan inoperantes los argumentos que hace valer a título de alegatos el Defensor Público Federal -designado a la parte quejosa- relativos a temas de fondo, como que la autoridad responsable, con su resolución, omite en su perjuicio trasladar el tipo penal reprochado a ..al previsto en el Código Penal para la Ciudad de México, que contemplaba la misma conducta punible y que le resulta más benéfico, pues además de que en ningún momento lo solicitó el sentenciado cuando promovió el incidente del cual deriva la controversia que ahora nos ocupa (la reindividualización de la pena que solicitó la hizo depender en otra cuestión), la traslación del tipo en los términos que pretende -cambio de fuero- no resulta procedente, porque ello constituye una cuestión sobre legalidad (exacta aplicación de la ley, validez temporal y principio de la mas favorable) en cuyo aspecto la sentencia es inmutable de conformidad con lo ya expuesto, a más de que no solo tiende a modificar la pena impuesta, sino también a aspectos formales y de fondo de la conducta reprochable. No se desconoce que la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable. Sin embargo, esto refiere a normas del mismo ordenamiento que regulen la conducta reprochada en distintos momentos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 4/2013 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 413, de rubro y texto siguientes: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. El primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretación a contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio, por lo que si cometió un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y, posteriormente se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito, o el acto considerado por la ley anterior como delito deja de tener tal carácter o se modifican las circunstancias para su persecución, aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. Esto es así, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho ilícito merece sancionarse con una pena menor o que no hay motivos para suponer que, a partir de ese momento, el orden social pueda alterarse con un acto anteriormente considerado como delictivo, es inválido que el poder público insista en exigir la ejecución de la sanción como se había impuesto por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporción. Consecuentemente, la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable." De ahí que, por tal motivo, al caso no resultan aplicables los criterios jurisprudenciales y jurídicos que invoca en su escrito, así como la ejecutoria del juicio de amparo indirecto D.P. 122/2014 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, esta última, porque precisamente determinar, conforme a la mecánica de los hechos, si el delito atribuido es del orden federal o local, no puede ser abordado tratándose del aquí quejoso, ya que en ese aspecto la sentencia que le fue dictada es inmutable de conformidad con lo ya expuesto En ese orden, la resolución reclamada, que resuelve sobre la improcedencia del incidente no especificado que planteó con la finalidad de que se le reindividualice la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 102/2019-B (antes 160/2007 del entonces Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México), contrario a lo que refiere la parte quejosa, cumple con la regularidad constitucional y los derechos al debido proceso (y a las formalidades esenciales del procedimiento), legalidad y seguridad jurídica. Sin que, resolver en ese sentido, signifique un acto de discriminación al aquí quejoso, como lo hace valer en su primer concepto de violación, pues con lo anterior no se le pone en ningún tipo de desventaja, ya que lo contenido en el artículo 1º constitucional, no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca o los tratados internacionales que en la materia existan. Finalmente, por cuanto hace a que se encuentra en estado de indefensión, en razón de que el Defensor Público -se entiende en el proceso de origen- no lo defendido debidamente; de las constancias relativas se advierte que intervino en la audiencia relativa, aportando los argumentos que, a su consideración resultaban viables, por lo que el juez responsable garantizó que se encontrara asistido legalmente durante la misma. Por lo que, al cumplir el acto reclamado con la regularidad constitucional exigida y no existir suplencia que suplir, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no AMPARA ni PROTEGE a la parte promovente respecto del acto reclamado y por las razones y en los términos precisados en esta sentencia. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del defensor público, por el cual solicita que los alegatos que presentó y que obran en autos sean considerados en la presente contienda constitucional; en su atención, dígasele con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sus manifestaciones serán relacionadas al celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que por auto de veintitrés de febrero actual, se tuvo protestando el cargo al defensor de oficio de la parte quejosa, por lo que a efecto de garantizar que ante este juzgado se imponga de los autos, en los términos previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las trece horas con cincuenta minutos del treinta de treinta de marzo dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso de ***; en atención a su contenido, téngasele protestando y aceptando el nombramiento de defensor de oficio del impetrante, para los efectos a que haya lugar. Toda vez que proporciona usuario para imponerse de los autos, esto es, consultar electrónicamente el presente expediente y ser notificado por esa misma vía, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; se acuerda de conformidad, quedando a la vista los autos en el sistema correspondiente, con el usuario que proporciona. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado como medio de comunicación y alternativo para oír y recibir notificaciones.

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