Alejandro Santillán Bravo
Expediente 809/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alejandro Santillán Bravo
Actuaciones
- Principal
ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, se declara que ha causado estado.... archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
SINTESIS: Acapulco, Guerrero; quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Santillán Bravo, contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar de Tabares en Acapulco, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 809/2016, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El quejoso en esta instancia constitucional reclama: El auto de quince de julio de este año, emitido en el expediente 1124-1/2015, por la Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar de Tabares, en Acapulco, Guerrero, mediante el cual se decretó el descuento del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones percibidas por el quejoso como pago de pensión alimenticia provisional decretada en favor del menor Erick Santillán Ramírez, así como su cumplimiento. Ahora, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que respecto de ese acto el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, por derivar el acto reclamado de un procedimiento judicial, el auto de quince de julio de este año, emitido en el expediente 1124-1/2015, por la Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar de Tabares, en Acapulco, Guerrero, mediante el cual se decretó el descuento del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones percibidas por el quejoso como pago de pensión alimenticia provisional decretada en favor del menor Erick Santillán Ramírez, así como su cumplimiento, debe impugnarse a través del recurso de reconsideración, por los siguientes motivos: Los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero establecen: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382. Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible". De lo dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Ahora bien, en dicha codificación adjetiva no se advierte que contra el auto recurrido, es decir, aquel que no admita las cuestiones accesorias que surjan con ocasión de un proceso principal, proceda el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la citada legislación procesal, que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados". "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo". De lo anteriormente se concluye que el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Juez responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto mediante el cual se decretó el descuento del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones percibidas por el quejoso como pago de pensión alimenticia provisional decretada en favor del menor Erick Santillán Ramírez, así como su cumplimiento: y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues la parte quejosa es parte (demandado) en el expediente 124-1/2015, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Aunado a que el quejoso conoce la legislación aplicable al juicio de alimentos, como se advierte del escrito de cuenta, pues manifestó que es el Código Procesal Civil en el Estado de Guerrero. De ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Bajo este contexto, de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita, la resolución que reclama no es apelable, sin embargo, la ley adjetiva citada tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, el quejoso previamente a promover el juicio de amparo, debió interponer el recurso de reconsideración ante el mismo Juez responsable, pues como se precisó en líneas que anteceden, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquellos que la propia Ley expresamente disponga que no son recurribles. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Ilustra lo expuesto el criterio jurisprudencial 44/2012 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Se precisa, que si bien los citados criterios fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada y de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen al texto vigente. Bajo ese contexto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio; las cuales son manifiestas porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudables ya que se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aSergio Calderón Fernández, Darío Larrondo Díaz, Iván Arturo Fernández Becerril, Armando Arellano Chávez y Karina Fernández Alemán, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a no así de Horacio Ignacio Calderón Serralde, Miriam Roció Rojas Cortes, Jessica Jazmín Casas del Villar, Juan Carlos Solano Fabela, Ana Janett Naranjo Sánchez, María Luisa Flores Delgado, Alejandra Mondragón Bautista y Ayrton Alfonso Villeda Schlebach, por no contar con el requisito anterior. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la invocada ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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