Alejandro Salvador Cruz Pimentel
Expediente 1217/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Salvador Cruz Pimentel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERA INTERESADA LISETTE *******. - P 1217/2021, mesa 8 Visto para resolver el juicio de amparo 1217/2021; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, remitido el dieciséis de noviembre siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto siguiente: ? El proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Atribuido a la siguiente autoridad: ? Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención formulada inicialmente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó el informe justificado respectivo. TERCERO. Tercero interesado. En proveído de trece de enero de dos mil veintidós se ordenó emplazar a juicio a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en su carácter de terceros interesados. El diez de febrero de la pasada anualidad se tuvo al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ***, por apersonado a este juicio en su carácter de tercero interesado; en tanto que el dieciocho de febrero siguiente se efectuó el emplazamiento de ***, como integrante del aludido Consejo. CUARTO. Recurso de revisión. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós se dictó resolución en este sumario, en la cual se determinó su sobreseimiento. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Dicho medio de impugnación le correspondió corresponder, por turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez; tribunal que el dos de febrero de este año determinó revocar la sentencia aludida y ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. b) Recabe la totalidad de las constancias relativas al proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, convocado el quince de julio de dos mil veintiuno, en el que participó el aquí quejoso. c) Ordene realizar el emplazamiento de las terceras interesadas *** y ***. d) En su momento, dicte la sentencia que en derecho corresponda." En acatamiento a dicha ejecutoria, en proveído de ocho de febrero de este año se: I) Dejó insubsistente la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. II) Requirió a la autoridad responsable Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca: Las constancias relativas al proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, convocado el quince de julio de dos mil veintiuno, en el participó el aquí quejoso. El domicilio de las terceras interesadas *** y ***. QUINTO. Emplazamiento. Mediante proveído dictado el nueve de marzo de este año se ordenó el emplazamiento de las citadas terceras interesadas en los domicilios proporcionados por la autoridad responsable, lográndose únicamente emplazar a *** el quince de marzo siguiente. En tanto que la diversa tercera interesada *** fue emplazada el veintiuno de junio de esta anualidad; apersonándose a este sumario, mediante ocurso registrado con el folio de recepción 7911. SEXTO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y de las constancias de autos se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por la parte quejosa son: ? El proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. ? Omisión de notificar el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Atribuido a la siguiente autoridad: ? Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de notificar al quejoso el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Ello es así, no obstante que la responsable al rendir su informe justificado omitiera pronunciarse expresamente sobre la certeza o inexistencia de dicho acto. Pues, por una parte, de la constancia que acompañó la responsable a su informe justificado consistente en copia certificada del acta de sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que, al encontrarse los integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca constituidos, en sesión pública en las instalaciones que ocupa la sala de sesiones del Congreso del Estado de Oaxaca designaron a los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana; ordenando realizar la notificación correspondiente a los integrantes electos a fin de que se presentaran para la entrega del nombramiento correspondiente y toma de protesta respectiva. Posterior a ello, establecieron, previa votación, la temporalidad de cada uno de los integrantes en el cargo para el cual fueron designados; ordenándose, finalmente, informar de manera inmediata al Congreso del Estado el resultado de la sesión. Y, por otra, de las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, consistentes en a) la convocatoria de quince de julio de la referida anualidad y b) la Metodología de Evaluación, Criterios de Valoración y Transparencia del Proceso de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (2021); se advierte que, en términos de lo establecido, por una parte, en la base sexta, punto tercero de la convocatoria de referencia y, por otra, en el punto D. denominado TERCERA ETAPA: DELIBERACIÓN de la aludida metodología; el resultado de la sesión en la que se designara a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se comunicará al Congreso del Estado de Oaxaca. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno e indiciario, respectivamente, en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que, la primera, se trata de una actuación realizada por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede; y la segunda hace prueba de la existencia de su original, en tanto que en el juicio no se cuestionó su validez. De lo anterior se sigue que, contrario a lo pretendido por el quejoso, si bien de las constancias que integran al sumario no se desprende notificación practicada a los participantes que no fueron seleccionados, entre ellos el quejoso; tal pasividad no puede considerase como un acto omisivo de la responsable, puesto que dicha violación se configura cuando las autoridades, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar en determinado sentido, y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de realizar las actuaciones que les compete, con base en sus atribuciones; situación que en la especie no acontece. En tanto que, en el caso, no existe fundamento jurídico que prevea la obligación de practicar notificación alguna a los aspirantes que no fueron seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, sino que, únicamente, debía comunicarse al Congreso del Estado la designación de aspirantes que integrarían dicho Consejo, así como enterarse a los candidatos que resultaron electos para proceder a la entrega de su nombramiento y toma de protesta correspondiente. Consecuentemente, al no existir disposición o lineamiento alguno que constriñera a la responsable a notificar a los aspirantes que no fueron seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, entre ellos, el quejoso, tal situación de ningún modo revela la existencia de la conducta omisiva combatida en esta vía constitucional por parte de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. " Máxime que ni los señalamientos invocados por la responsable en su informe justificado, ni los documentos allegados al sumario fueron objetados en cuanto a su autenticidad por el quejoso, no obstante haber conocido su contenido completo; siendo que, en aras de acreditar la existencia del acto de reclamo, pudo combatirlo a través de la objeción de documento, prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Y es que, conforme a criterio de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ante el reclamo de actos omisivos, la simple inactividad no equivale a una omisión, sino que para que ésta se configure es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación, situación que, se reitera, en la especie no acontece, pues en el sumario no quedó acreditada la obligación de practicar notificación alguna a los aspirantes que no fueron seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, por parte de la responsable. Apoya lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido siguiente: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones ." Bajo ese contexto, al resultar inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de notificar al quejoso el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana; con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto reclamado. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la responsable negó la existencia del diverso acto que se le atribuye, consistente en el proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. No obstante, su negativa se desvirtúa, porque realiza manifestaciones que demuestran la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Además, la existencia del acto reclamado se acredita con la constancia que, en copia certificada, exhibió la propia responsable anexa a su informe justificado, consistente en el acta de sesión de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de ocho de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que en dicha data se designaron a los nuevos cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del aludido Sistema; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca Respecto del acto reclamado en estudio, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones VII y XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos numerales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- ..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; --- ." Causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer término, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. De conformidad con la convocatoria publicada el quince de julio de dos mil veintiuno, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción debía elegir, previa satisfacción de los requisitos contemplados en aquélla y seguido el procedimiento estipulado en las etapas correspondientes (tres), a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, acorde con los antecedentes siguientes: 1. Mediante Acuerdo 002 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado de Oaxaca, emitió convocatoria a fin de que fueran propuestas las candidatas y candidatos a integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. 2. Con base en el Acuerdo 1232 de catorce de abril de dos mil veintiuno, aprobado por el Congreso del Estado de Oaxaca, quedó integrada la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. 3. Conforme al Acuerdo 2495 de uno de junio de dos mil veintiuno, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en el transitorio tercero, fracción I, ordenó retomar, en el estado en que se encontrara, el proceso iniciado mediante la Convocatoria pública para la designación de las y los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. 4. El cinco de julio de dos mil veintiuno la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana emitió las Reglas de Operación que establecen las bases y procedimientos internos de dicha Comisión. 5. Con fundamento en el numeral 18 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad oaxaqueña para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. 6. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Comisión de Selección, emitió la Convocatoria para la Selección de los Ciudadanos o Ciudadanas que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana (CPS) del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (SECCO), conforme a las bases establecidas en aquélla. 7. El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, el quejoso presentó su solicitud como aspirante a integrar el Consejo de Participación; por ello fue incluido en el listado de nombres de candidatos que cumplen con los requisitos de la convocatoria de quince de julio siguiente (primera etapa de la convocatoria). 8. El quince de agosto siguiente le fue notificado, vía correo electrónico, que había sido señalado el dieciséis de agosto siguiente para el desahogo de la entrevista personal (segunda etapa de convocatoria). 9. El ocho de octubre de dos mil veintiuno resultaron electos, por la Comisión de Selección, los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes les fueron otorgados sus respectivos nombramientos y se les protestó el cargo. 10. La Comisión de Selección ordenó comunicar, de manera inmediata, el resultado de la elección al Congreso del Estado. De los antecedentes narrados se advierte, en primer término, que la Comisión de Selección se integró como resultado de la convocatoria emitida por la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado de Oaxaca; en segundo término, que los integrantes de dicha Comisión fueron designados por la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; y, finalmente, que la facultad conferida a la Comisión de Selección, para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana es de naturaleza discrecional. Respecto de este último particular, discrecionalidad, se realizan las siguientes precisiones. La discrecionalidad es la facultad de libre apreciación que el derecho otorga a las autoridades para que actúen o no, se dirijan en un sentido o en otro; mientras que el acto reglado comprende que una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta que el administrador debe seguir. En ese sentido, la actividad administrativa puede obrar de dos maneras: a) Por facultad reglada, donde la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé; y, b) Por facultad discrecional, en la que la ley le otorga a la autoridad, dentro de un marco legal un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso. De modo que se está en presencia de facultades regladas, cuando la autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia o con motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse al respecto, esto es, existe obligación de hacer; mientras que las del inciso b) parten de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de aplicación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la norma concede a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley señala, y su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, o de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello represente arbitrariedad. En el caso en estudio, se advierte que a) las Reglas de Operación previstas en el numeral 6, fracción IV, establecen que la Comisión de Selección aprobará la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana; en tanto que b) el punto D. TERCERA ETAPA: DELIBERACIÓN de la Metodología refiere, por una parte, que previo a la selección de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión de Selección llevará a cabo una sesión privada bajo las reglas Chatam House para identificar los criterios que utilizarán para efectuar dicha selección; y por otra, indica insumos para orientar su deliberación, así como enlista elementos que se consideraran para ello; y c) la base SÉPTIMA de la convocatoria establece que los casos y circunstancias no previstas en aquélla serán resueltos por la Comisión de Selección; lo que evidencia que los aludidos instrumentos establecen una facultad discrecional otorgada a la Comisión de Selección para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, esto es, no establecen procedimiento alguno de selección que deba ser atendido por dicha Comisión. Como se ve, la normatividad no establece los parámetros que la autoridad debe exigir de los aspirantes, ni los presupuestos a que deba ceñirse para hacer la designación de los integrantes de la Comisión de Selección, situación que revela la facultad de elección, conforme a su libre apreciación discrecional. Así, de dichos instrumentos normativos no se advierte que haya sido intención del legislador establecer una facultad reglada para la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, sino discrecional, en donde la autoridad -Comisión de Selección- podrá elegir libremente a los integrantes del Consejo de Participación, sin tener que exigir mayores presupuestos ni procedimiento alguno para su designación; como tampoco que la elección efectuada deba ser aprobada por diversa autoridad o esté sujeta a condición alguna para que sea válida. En ese sentido, si bien el quejoso reclama que la Comisión de Selección no justificó los parámetros que tomó en consideración para seleccionar a los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, lo cierto es que la normatividad de referencia faculta a la responsable para hacer la selección respectiva, esto es, no impone de modo alguno la obligación de actuar en ese sentido, pues, como se indicó, la facultad conferida a la responsable de hacer la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana es bajo un espectro de discrecionalidad, sin la previa verificación de presupuestos o parámetros a cumplir por parte de los aspirantes, o posterior aprobación o validación por diversa autoridad. Por ende, en modo alguno puede establecerse como obligación el que la responsable actúe en determinado sentido, pues, precisamente, esa facultad discrecional le permite elegir a los integrantes del Consejo de Participación al cargo respectivo, considerando a aquellos candidatos que estime más adecuados para el cargo. De lo antes referido se obtiene, en primer término, que la Comisión de Selección se integró de conformidad con el Acuerdo 1232 de catorce de abril de dos mil veintiuno, aprobado por la mesa directiva de la Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; en segundo término, que la facultad que le fue conferida para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana es de naturaleza discrecional; y, finalmente, que dicha elección se trata de un acto soberano, en tanto que no requirió de injerencia externa para adoptar su decisión, puesto que no está sometida a aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso para aprobar los nombramientos correspondientes. Por ende, el acto reclamado en estudio actualiza el supuesto de acto discrecional y soberano, al ser emitido en uso de las facultades discrecionales y soberanas que la Constitución Federal otorga a la Comisión de Selección; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2a./J. 25/2020 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 del mencionado cuerpo normativo, que es del contenido siguiente: "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos. " En dicho sentido resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, la queja 232/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En segundo término, también se advierte actualizada la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece, entre otras cuestiones, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la Justicia Federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero, la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. " Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. " En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso y por los motivos que enseguida se expondrán, se estima que los medios probatorios ofrecidos en el juicio en que se actúa resultan ineficaces para tener demostrada la afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, para solicitar la protección constitucional. Como ya se indicó, el quejoso instauró este juicio de amparo reclamando, esencialmente, la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, decretada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. El agravio lo hace consistir, básicamente, en que se vedó su derecho a participación, al no haber sido considerado en la tercera etapa de la aludida convocatoria; situación que le impidió aspirar al cargo de integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. No obstante, la impugnación realizada únicamente se encuentra sustentada con base en que, a su decir, cumple con todos los requisitos previstos en la convocatoria publicada el quince de julio de dos mil veintiuno, para ocupar dicho cargo. Sin embargo, para que naciera su interés legítimo o jurídico a impugnar dicha sesión y, por ende, la designación en ella efectuada, era necesario que hubiera figurado en la etapa de deliberación prevista en la convocatoria de referencia -tercera etapa-, puesto que la elección decretada el ocho de octubre de dos mil veintiuno por los integrantes de la Comisión de Selección se circunscribió a elegir, con los criterios previamente establecidos en sesión privada, bajo las reglas Chatam House, a las personas que consideraran idóneas para dicho cargo. Luego, a fin de que el quejoso tuviera interés legítimo, requeriría que una disposición legal estableciera un derecho a su favor, lo que no ocurre, puesto que la convocatoria y la metodología establecen que la Comisión utilizará como insumos para orientar su deliberación la valoración del desempeño de las y los candidatos durante la entrevista; como otros elementos que considerarían para arribar a dicha decisión la diversidad de género, juventud, geográfica, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias. También considerarán con especial cuidado las trayectorias de vida, la aptitud de trabajar en un órgano colegiado, la independencia, la capacidad de vinculación con la sociedad y la calidad de juicio, así como las necesidades específicas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana (punto D. denominado TERCERA ETAPA: DELIBERACIÓN de Metodología). Es decir, basa su reclamo en una expectativa o situación hipotética, que no genera ninguna situación distinta, a la pretensión genérica del resto de las ciudadanas o ciudadanos oaxaqueños; de ahí que carezca de interés legítimo para impugnar dicho acto en esta sede constitucional. En efecto, el hecho de estimar reunir los requisitos para ocupar el cargo de integrante del Consejo de Participación Ciudadana en cita, o bien, que cuenta con un mejor perfil curricular, en relación con el resto de los aspirantes, deviene insuficiente para considerar que, por esa razón, le asiste interés de impugnar dicho acto. Lo anterior es así, en la medida que, aun y cuando reúna los presupuestos previstos en la convocatoria para acceder al puesto en cuestión, resulta condición necesaria que la Comisión de Selección inicialmente lo contemple como candidato en la etapa deliberativa (tercera) y, posteriormente, resulte electo de entre los aspirantes a dicho cargo. Situación que, además, de ningún modo garantiza que el eventual otorgamiento de amparo conlleve a que sea tomado en cuenta, para formar parte de la tercera etapa de la convocatoria, o bien para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada. " De ahí que si en autos no quedó demostrado que la sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se designaron a los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, resulta innecesario emprender el análisis de la procedencia de este juicio de amparo a la luz del interés jurídico que pudiera asistirle al quejoso, cuenta habida que, como se indicó antes, el quejoso no formó parte de la etapa deliberativa seleccionada por la Comisión de Selección, es decir, no contendió como aspirante al cargo, en el proceso de selección, a que se hace referencia la base SEXTA de la Convocatoria. Decisión. En ese tenor, a) atento a que la designación de los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de ocho de octubre de dos mil veintiuno se trata de un acto discrecional y soberano y b) que si en autos no quedó demostrado que dicha designación produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, se impone sobreseer en el juicio, con relación al acto reclamado consistente en la designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción VII; fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Tomo 24, tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que en el caso se estime necesario analizar las diversas causas de improcedencia que hicieron valer la responsable y la tercera interesada *** (inherentes a la cesación de los efectos y actos consumados); toda vez que, de actualizarse o no, de manera alguna cambiaría el sentido de la sentencia, debido a que basta la actualización de una causal de improcedencia para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. SEXTO Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por ***, contra a) la omisión de notificar el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de sección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y b) el proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del aludido Consejo, atribuidos a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA SANDRA *****.- Visto para resolver el juicio de amparo 1217/2021; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, remitido el dieciséis de noviembre siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto siguiente: ? El proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Atribuido a la siguiente autoridad: ? Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención formulada inicialmente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó el informe justificado respectivo. TERCERO. Tercero interesado. En proveído de trece de enero de dos mil veintidós se ordenó emplazar a juicio a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en su carácter de terceros interesados. El diez de febrero de la pasada anualidad se tuvo al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ***, por apersonado a este juicio en su carácter de tercero interesado; en tanto que el dieciocho de febrero siguiente se efectuó el emplazamiento de ***, como integrante del aludido Consejo. CUARTO. Recurso de revisión. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós se dictó resolución en este sumario, en la cual se determinó su sobreseimiento. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Dicho medio de impugnación le correspondió corresponder, por turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez; tribunal que el dos de febrero de este año determinó revocar la sentencia aludida y ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. b) Recabe la totalidad de las constancias relativas al proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, convocado el quince de julio de dos mil veintiuno, en el que participó el aquí quejoso. c) Ordene realizar el emplazamiento de las terceras interesadas *** y ***. d) En su momento, dicte la sentencia que en derecho corresponda." En acatamiento a dicha ejecutoria, en proveído de ocho de febrero de este año se: I) Dejó insubsistente la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. II) Requirió a la autoridad responsable Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca: Las constancias relativas al proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, convocado el quince de julio de dos mil veintiuno, en el participó el aquí quejoso. El domicilio de las terceras interesadas *** y ***. QUINTO. Emplazamiento. Mediante proveído dictado el nueve de marzo de este año se ordenó el emplazamiento de las citadas terceras interesadas en los domicilios proporcionados por la autoridad responsable, lográndose únicamente emplazar a *** el quince de marzo siguiente. En tanto que la diversa tercera interesada *** fue emplazada el veintiuno de junio de esta anualidad; apersonándose a este sumario, mediante ocurso registrado con el folio de recepción 7911. SEXTO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y de las constancias de autos se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por la parte quejosa son: ? El proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. ? Omisión de notificar el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Atribuido a la siguiente autoridad: ? Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de notificar al quejoso el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Ello es así, no obstante que la responsable al rendir su informe justificado omitiera pronunciarse expresamente sobre la certeza o inexistencia de dicho acto. Pues, por una parte, de la constancia que acompañó la responsable a su informe justificado consistente en copia certificada del acta de sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que, al encontrarse los integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca constituidos, en sesión pública en las instalaciones que ocupa la sala de sesiones del Congreso del Estado de Oaxaca designaron a los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana; ordenando realizar la notificación correspondiente a los integrantes electos a fin de que se presentaran para la entrega del nombramiento correspondiente y toma de protesta respectiva. Posterior a ello, establecieron, previa votación, la temporalidad de cada uno de los integrantes en el cargo para el cual fueron designados; ordenándose, finalmente, informar de manera inmediata al Congreso del Estado el resultado de la sesión. Y, por otra, de las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, consistentes en a) la convocatoria de quince de julio de la referida anualidad y b) la Metodología de Evaluación, Criterios de Valoración y Transparencia del Proceso de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (2021); se advierte que, en términos de lo establecido, por una parte, en la base sexta, punto tercero de la convocatoria de referencia y, por otra, en el punto D. denominado TERCERA ETAPA: DELIBERACIÓN de la aludida metodología; el resultado de la sesión en la que se designara a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se comunicará al Congreso del Estado de Oaxaca. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno e indiciario, respectivamente, en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que, la primera, se trata de una actuación realizada por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede; y la segunda hace prueba de la existencia de su original, en tanto que en el juicio no se cuestionó su validez. De lo anterior se sigue que, contrario a lo pretendido por el quejoso, si bien de las constancias que integran al sumario no se desprende notificación practicada a los participantes que no fueron seleccionados, entre ellos el quejoso; tal pasividad no puede considerase como un acto omisivo de la responsable, puesto que dicha violación se configura cuando las autoridades, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar en determinado sentido, y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de realizar las actuaciones que les compete, con base en sus atribuciones; situación que en la especie no acontece. En tanto que, en el caso, no existe fundamento jurídico que prevea la obligación de practicar notificación alguna a los aspirantes que no fueron seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, sino que, únicamente, debía comunicarse al Congreso del Estado la designación de aspirantes que integrarían dicho Consejo, así como enterarse a los candidatos que resultaron electos para proceder a la entrega de su nombramiento y toma de protesta correspondiente. Consecuentemente, al no existir disposición o lineamiento alguno que constriñera a la responsable a notificar a los aspirantes que no fueron seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, entre ellos, el quejoso, tal situación de ningún modo revela la existencia de la conducta omisiva combatida en esta vía constitucional por parte de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. " Máxime que ni los señalamientos invocados por la responsable en su informe justificado, ni los documentos allegados al sumario fueron objetados en cuanto a su autenticidad por el quejoso, no obstante haber conocido su contenido completo; siendo que, en aras de acreditar la existencia del acto de reclamo, pudo combatirlo a través de la objeción de documento, prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Y es que, conforme a criterio de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ante el reclamo de actos omisivos, la simple inactividad no equivale a una omisión, sino que para que ésta se configure es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación, situación que, se reitera, en la especie no acontece, pues en el sumario no quedó acreditada la obligación de practicar notificación alguna a los aspirantes que no fueron seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, por parte de la responsable. Apoya lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido siguiente: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones ." Bajo ese contexto, al resultar inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de notificar al quejoso el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana; con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto reclamado. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la responsable negó la existencia del diverso acto que se le atribuye, consistente en el proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. No obstante, su negativa se desvirtúa, porque realiza manifestaciones que demuestran la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Además, la existencia del acto reclamado se acredita con la constancia que, en copia certificada, exhibió la propia responsable anexa a su informe justificado, consistente en el acta de sesión de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de ocho de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que en dicha data se designaron a los nuevos cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del aludido Sistema; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca Respecto del acto reclamado en estudio, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones VII y XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos numerales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- ..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; --- ." Causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer término, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. De conformidad con la convocatoria publicada el quince de julio de dos mil veintiuno, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción debía elegir, previa satisfacción de los requisitos contemplados en aquélla y seguido el procedimiento estipulado en las etapas correspondientes (tres), a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, acorde con los antecedentes siguientes: 1. Mediante Acuerdo 002 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado de Oaxaca, emitió convocatoria a fin de que fueran propuestas las candidatas y candidatos a integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. 2. Con base en el Acuerdo 1232 de catorce de abril de dos mil veintiuno, aprobado por el Congreso del Estado de Oaxaca, quedó integrada la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. 3. Conforme al Acuerdo 2495 de uno de junio de dos mil veintiuno, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en el transitorio tercero, fracción I, ordenó retomar, en el estado en que se encontrara, el proceso iniciado mediante la Convocatoria pública para la designación de las y los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. 4. El cinco de julio de dos mil veintiuno la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana emitió las Reglas de Operación que establecen las bases y procedimientos internos de dicha Comisión. 5. Con fundamento en el numeral 18 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad oaxaqueña para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. 6. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Comisión de Selección, emitió la Convocatoria para la Selección de los Ciudadanos o Ciudadanas que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana (CPS) del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (SECCO), conforme a las bases establecidas en aquélla. 7. El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, el quejoso presentó su solicitud como aspirante a integrar el Consejo de Participación; por ello fue incluido en el listado de nombres de candidatos que cumplen con los requisitos de la convocatoria de quince de julio siguiente (primera etapa de la convocatoria). 8. El quince de agosto siguiente le fue notificado, vía correo electrónico, que había sido señalado el dieciséis de agosto siguiente para el desahogo de la entrevista personal (segunda etapa de convocatoria). 9. El ocho de octubre de dos mil veintiuno resultaron electos, por la Comisión de Selección, los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes les fueron otorgados sus respectivos nombramientos y se les protestó el cargo. 10. La Comisión de Selección ordenó comunicar, de manera inmediata, el resultado de la elección al Congreso del Estado. De los antecedentes narrados se advierte, en primer término, que la Comisión de Selección se integró como resultado de la convocatoria emitida por la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado de Oaxaca; en segundo término, que los integrantes de dicha Comisión fueron designados por la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; y, finalmente, que la facultad conferida a la Comisión de Selección, para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana es de naturaleza discrecional. Respecto de este último particular, discrecionalidad, se realizan las siguientes precisiones. La discrecionalidad es la facultad de libre apreciación que el derecho otorga a las autoridades para que actúen o no, se dirijan en un sentido o en otro; mientras que el acto reglado comprende que una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta que el administrador debe seguir. En ese sentido, la actividad administrativa puede obrar de dos maneras: a) Por facultad reglada, donde la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé; y, b) Por facultad discrecional, en la que la ley le otorga a la autoridad, dentro de un marco legal un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso. De modo que se está en presencia de facultades regladas, cuando la autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia o con motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse al respecto, esto es, existe obligación de hacer; mientras que las del inciso b) parten de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de aplicación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la norma concede a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley señala, y su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, o de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello represente arbitrariedad. En el caso en estudio, se advierte que a) las Reglas de Operación previstas en el numeral 6, fracción IV, establecen que la Comisión de Selección aprobará la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana; en tanto que b) el punto D. TERCERA ETAPA: DELIBERACIÓN de la Metodología refiere, por una parte, que previo a la selección de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión de Selección llevará a cabo una sesión privada bajo las reglas Chatam House para identificar los criterios que utilizarán para efectuar dicha selección; y por otra, indica insumos para orientar su deliberación, así como enlista elementos que se consideraran para ello; y c) la base SÉPTIMA de la convocatoria establece que los casos y circunstancias no previstas en aquélla serán resueltos por la Comisión de Selección; lo que evidencia que los aludidos instrumentos establecen una facultad discrecional otorgada a la Comisión de Selección para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, esto es, no establecen procedimiento alguno de selección que deba ser atendido por dicha Comisión. Como se ve, la normatividad no establece los parámetros que la autoridad debe exigir de los aspirantes, ni los presupuestos a que deba ceñirse para hacer la designación de los integrantes de la Comisión de Selección, situación que revela la facultad de elección, conforme a su libre apreciación discrecional. Así, de dichos instrumentos normativos no se advierte que haya sido intención del legislador establecer una facultad reglada para la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, sino discrecional, en donde la autoridad -Comisión de Selección- podrá elegir libremente a los integrantes del Consejo de Participación, sin tener que exigir mayores presupuestos ni procedimiento alguno para su designación; como tampoco que la elección efectuada deba ser aprobada por diversa autoridad o esté sujeta a condición alguna para que sea válida. En ese sentido, si bien el quejoso reclama que la Comisión de Selección no justificó los parámetros que tomó en consideración para seleccionar a los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, lo cierto es que la normatividad de referencia faculta a la responsable para hacer la selección respectiva, esto es, no impone de modo alguno la obligación de actuar en ese sentido, pues, como se indicó, la facultad conferida a la responsable de hacer la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana es bajo un espectro de discrecionalidad, sin la previa verificación de presupuestos o parámetros a cumplir por parte de los aspirantes, o posterior aprobación o validación por diversa autoridad. Por ende, en modo alguno puede establecerse como obligación el que la responsable actúe en determinado sentido, pues, precisamente, esa facultad discrecional le permite elegir a los integrantes del Consejo de Participación al cargo respectivo, considerando a aquellos candidatos que estime más adecuados para el cargo. De lo antes referido se obtiene, en primer término, que la Comisión de Selección se integró de conformidad con el Acuerdo 1232 de catorce de abril de dos mil veintiuno, aprobado por la mesa directiva de la Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; en segundo término, que la facultad que le fue conferida para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana es de naturaleza discrecional; y, finalmente, que dicha elección se trata de un acto soberano, en tanto que no requirió de injerencia externa para adoptar su decisión, puesto que no está sometida a aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso para aprobar los nombramientos correspondientes. Por ende, el acto reclamado en estudio actualiza el supuesto de acto discrecional y soberano, al ser emitido en uso de las facultades discrecionales y soberanas que la Constitución Federal otorga a la Comisión de Selección; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2a./J. 25/2020 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 del mencionado cuerpo normativo, que es del contenido siguiente: "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos. " En dicho sentido resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, la queja 232/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En segundo término, también se advierte actualizada la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece, entre otras cuestiones, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la Justicia Federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero, la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. " Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. " En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso y por los motivos que enseguida se expondrán, se estima que los medios probatorios ofrecidos en el juicio en que se actúa resultan ineficaces para tener demostrada la afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, para solicitar la protección constitucional. Como ya se indicó, el quejoso instauró este juicio de amparo reclamando, esencialmente, la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, decretada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. El agravio lo hace consistir, básicamente, en que se vedó su derecho a participación, al no haber sido considerado en la tercera etapa de la aludida convocatoria; situación que le impidió aspirar al cargo de integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. No obstante, la impugnación realizada únicamente se encuentra sustentada con base en que, a su decir, cumple con todos los requisitos previstos en la convocatoria publicada el quince de julio de dos mil veintiuno, para ocupar dicho cargo. Sin embargo, para que naciera su interés legítimo o jurídico a impugnar dicha sesión y, por ende, la designación en ella efectuada, era necesario que hubiera figurado en la etapa de deliberación prevista en la convocatoria de referencia -tercera etapa-, puesto que la elección decretada el ocho de octubre de dos mil veintiuno por los integrantes de la Comisión de Selección se circunscribió a elegir, con los criterios previamente establecidos en sesión privada, bajo las reglas Chatam House, a las personas que consideraran idóneas para dicho cargo. Luego, a fin de que el quejoso tuviera interés legítimo, requeriría que una disposición legal estableciera un derecho a su favor, lo que no ocurre, puesto que la convocatoria y la metodología establecen que la Comisión utilizará como insumos para orientar su deliberación la valoración del desempeño de las y los candidatos durante la entrevista; como otros elementos que considerarían para arribar a dicha decisión la diversidad de género, juventud, geográfica, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias. También considerarán con especial cuidado las trayectorias de vida, la aptitud de trabajar en un órgano colegiado, la independencia, la capacidad de vinculación con la sociedad y la calidad de juicio, así como las necesidades específicas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana (punto D. denominado TERCERA ETAPA: DELIBERACIÓN de Metodología). Es decir, basa su reclamo en una expectativa o situación hipotética, que no genera ninguna situación distinta, a la pretensión genérica del resto de las ciudadanas o ciudadanos oaxaqueños; de ahí que carezca de interés legítimo para impugnar dicho acto en esta sede constitucional. En efecto, el hecho de estimar reunir los requisitos para ocupar el cargo de integrante del Consejo de Participación Ciudadana en cita, o bien, que cuenta con un mejor perfil curricular, en relación con el resto de los aspirantes, deviene insuficiente para considerar que, por esa razón, le asiste interés de impugnar dicho acto. Lo anterior es así, en la medida que, aun y cuando reúna los presupuestos previstos en la convocatoria para acceder al puesto en cuestión, resulta condición necesaria que la Comisión de Selección inicialmente lo contemple como candidato en la etapa deliberativa (tercera) y, posteriormente, resulte electo de entre los aspirantes a dicho cargo. Situación que, además, de ningún modo garantiza que el eventual otorgamiento de amparo conlleve a que sea tomado en cuenta, para formar parte de la tercera etapa de la convocatoria, o bien para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada. " De ahí que si en autos no quedó demostrado que la sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se designaron a los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, resulta innecesario emprender el análisis de la procedencia de este juicio de amparo a la luz del interés jurídico que pudiera asistirle al quejoso, cuenta habida que, como se indicó antes, el quejoso no formó parte de la etapa deliberativa seleccionada por la Comisión de Selección, es decir, no contendió como aspirante al cargo, en el proceso de selección, a que se hace referencia la base SEXTA de la Convocatoria. Decisión. En ese tenor, a) atento a que la designación de los cinco nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de ocho de octubre de dos mil veintiuno se trata de un acto discrecional y soberano y b) que si en autos no quedó demostrado que dicha designación produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, se impone sobreseer en el juicio, con relación al acto reclamado consistente en la designación o nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción VII; fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Tomo 24, tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que en el caso se estime necesario analizar las diversas causas de improcedencia que hicieron valer la responsable y la tercera interesada *** (inherentes a la cesación de los efectos y actos consumados); toda vez que, de actualizarse o no, de manera alguna cambiaría el sentido de la sentencia, debido a que basta la actualización de una causal de improcedencia para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. SEXTO Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por ***, contra a) la omisión de notificar el motivo por el cual no calificó a la tercera etapa del proceso de sección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y b) el proceso de selección y designación o nombramiento de los integrantes del aludido Consejo, atribuidos a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
P 1217/2021, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguense los oficios de cuenta, signados por la jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez; mediante los cuales informa que no existe información respecto de la tercera interesada ***. De lo anterior se toma conocimiento; no obstante, no se emite mayor pronunciamiento, dado que el veintidós de junio de este año, dicha tercera se apersonó a este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1217/2021 mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del informe justificado rendido por la responsable coordinador y representante de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, con el cual se les dio vista el cinco de este mes y año, y que les fue notificado el seis de julio siguiente. 2° Se difiere audiencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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