Alejandro Saldaña Zepeda

Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
32/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Saldaña Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara firme el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    NO HABIÉNDOSE PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS TABLEROS DEL JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL ACUERDO QUE DICE: "...Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos (foja 44), sin que el impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Devolución documentos originales Infórmese al quejoso que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese..."

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ".IV.- Acto Reclamado: El artículo Transitorio Décimo fracción 11 inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y de los artículos 5, 20 fracción 11, 55 Y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numerales que se impugnan de inconstitucionales. Los antecedentes y los conceptos de violación, se mencionan y hacen valer por separado.". Ahora del capítulo de hechos del escrito de la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó lo siguiente: ".:1) Que en fecha 16 de Marzo del año 1990, fui contratado para laborar dentro de la institución denominada "CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS", tiempo desde el cual, por parte de dicha institución fui debidamente registrado y afiliando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo desde la fecha anteriormente mencionada, hasta la presente que he venido cotizado para el Instituto antes mencionado, tal y como se acredita con el historial laboral de cotización a dicha dependencia y mismo que se anexa al presente, siendo de esta manera hasta el día 01 de Mayo del año 2017, ya que a partir de esta fecha el hoy quejoso realicé la continuación voluntaria a dichas cotizaciones del régimen obligatorio. 2) Debido a lo anterior es que en fecha 07 de Septiembre del año 2018, es que solicito ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se lleve a cabo el trámite correspondiente a la pensión del suscrito, mediante escrito de estilo, toda vez que del historial laboral de fecha 27 de Agosto del año 2018, se desprende que el quejoso llevo un tiempo de cotización de 26 años con 8 meses y 11días, el cual me fue proporcionado por el mismo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Morelos, sin embargo, es hasta el día 11 de Diciembre del año 2018, que es contestada mi petición por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Morelos. Arquitecta Georgina Meade Ocaranza, mediante oficio número SP/DPSHT/5683/2018 en la que refiere entre otras cosas, el "artículo 44 y el apartado DECIMO", sin referir qué ordenamiento legal se encuentra invocando, sin embargo, de manera textual externa "Por lo anterior, por el momento no es posible el otorgamiento de pensión que solicita en virtud de que aún no reúne el requisito de la edad establecido en la Ley del ISSSTE", documento del cual también se adjunta al presente escrito y es enunciado como prueba para que se realice la valoración del mismo. 3) Debido a la respuesta mencionada con antelación es que el suscrito, me veo violentado en mis garantías y derechos a una seguridad social, entendiéndose está como una medida que el Estado establece para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección para salud, a la seguridad social deben contribuir patrones, obreros y el Estado y en el caso del que suscribe es el Estado quien se niega a contribuir a salvaguardar mi derecho, motivo por el que acudo ante esta Representación.(.) 5) Es importante resaltar, que la respuesta me fue notificada el día once de diciembre del año 2018, es decir mucho tiempo después del plazo establecido en el Reglamento del Instituto (ISSSTE) que como bien lo establece en su numeral 55." Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que por una parte se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte del escrito de demanda de amparo, así como de las documentales adjuntas al mismo, que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en esta instancia constitucional el día once de diciembre de dos mil dieciocho, cuando la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le dio contestación al trámite correspondiente a la pensión del quejoso, tal y como lo manifestó en el capítulo de hechos en su demanda de amparo. Por tanto, el promovente del amparo tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo del doce de diciembre de dos mil dieciocho al tres de enero del presente año, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre del año pasado, así como uno de enero del año actual, por ser inhábiles. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda fue presentada hasta el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se pone de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Por otra parte, se estima necesario precisar que, en el asunto que nos ocupa, los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, no se tratan de una norma de carácter general, razón por la cual no cabe aplicar la regla prevista en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; de ahí que el término para su impugnación, mediante la promoción del juicio de garantías, tal y como se estableció en los párrafos que antecede, debe ser de quince días, acorde a lo previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en el caso que se analiza, se desprende que si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama desde el día once de diciembre de dos mil dieciocho, como lo manifestó, es claro que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente, esto es a partir del doce de diciembre de la citada anualidad. En este orden de ideas, el plazo legal de quince días para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió tal y como se estableció en los párrafos que antecede. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 163172, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII enero 2011, página 5, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De ahí que se concluya, que los actos reclamados en esta instancia constitucional no tienen la naturaleza jurídica de una norma general, la cual pueda combatirse ya sea con motivo de su entrada en vigor o con motivo de su primer acto concreto de aplicación. En otro orden de ideas, se deprende que en términos de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. En el caso, el acto reclamado se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; esto es, el acto tildado de inconstitucional proviene de autoridades distintas a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, o deban ser revisados de oficio. En la especie, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, prevé un procedimiento para el caso en concreto: ".Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta Ley y la costumbre. Artículo 14.- El nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la Ley. Artículo 15.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aún cuando las admitieren expresamente: I.- Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por esta Ley; II.- Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y menores de18 años o que establezcan para unos u otros el trabajo nocturno; III.- Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la vida del trabajador, para la salud de la trabajadora embarazada o para el producto de la concepción; IV.- Las que fijen un salario inferior al mínimo; V.- Las que estipulen un plazo mayor de 15 días para el pago de los salarios; y VI.- La renuncia del trabajador a cualquier derecho o prerrogativa derivada de los ordenamientos legales aplicables." De la anterior transcripción de los preceptos invocados, se advierte con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el peticionario de amparo, procede el juicio laboral, que debiera promoverse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1, 2, 3, 8, 14 y 15 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, procedimiento en el cual la parte quejosa puede hacer valer lo que en esta instancia reclama; motivo por el cual se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XX, del ordinal 61, de la Ley de la materia. Esto es así, en atención a que si una persona impugna en la vía constitucional un acto de autoridad como el que aquí se analiza, sin acudir previamente al juicio ordinario laboral, opera la causal de improcedencia aplicada en el caso, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Debe mencionarse además, que para que el gobernado esté obligado a agotarlo, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así las cosas, la negativa de otorgarle la pensión solicitada mediante el escrito presentado el siete de septiembre de dos mil ocho, por el cual realiza los trámites correspondientes relativos a su pensión, no implica un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en los términos expresados, sino una determinación de carácter laboral derivada del patrón de la parte quejosa, por lo que, cualquier cuestión que surja en relación a los conflictos individuales que se relacionen con la falta de tiempo laborable necesario para la jubilación del quejoso, debe ser ventilada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del juicio laboral ordinario, como así se colige del artículo 114 de la Ley de Servicio Civil del Estado, ello porque dicha omisión de realizar el referido pago, es un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral que tiene con el Estado y sus Municipios. Por ello, si el quejoso se inconforma con la omisión de las autoridades que señala como responsable de otorgarle la pensión, lo procedente es que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a promover demanda laboral ordinaria, por ser esta la autoridad legalmente competente para resolver la controversia que plantea ante este Órgano de Control Constitucional. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos, es improcedente la demanda de amparo que se intenta, ello en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley reglamentaria del juicio de amparo en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la legislación antes invocada, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alejandro Saldaña Zepeda. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizada a Monserrat Castañeda Delgado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización de días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese."

  4. Principal

    Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ".IV.- Acto Reclamado: El artículo Transitorio Décimo fracción 11 inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y de los artículos 5, 20 fracción 11, 55 Y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numerales que se impugnan de inconstitucionales. Los antecedentes y los conceptos de violación, se mencionan y hacen valer por separado.". Ahora del capítulo de hechos del escrito de la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó lo siguiente: ".:1) Que en fecha 16 de Marzo del año 1990, fui contratado para laborar dentro de la institución denominada "CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS", tiempo desde el cual, por parte de dicha institución fui debidamente registrado y afiliando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo desde la fecha anteriormente mencionada, hasta la presente que he venido cotizado para el Instituto antes mencionado, tal y como se acredita con el historial laboral de cotización a dicha dependencia y mismo que se anexa al presente, siendo de esta manera hasta el día 01 de Mayo del año 2017, ya que a partir de esta fecha el hoy quejoso realicé la continuación voluntaria a dichas cotizaciones del régimen obligatorio. 2) Debido a lo anterior es que en fecha 07 de Septiembre del año 2018, es que solicito ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se lleve a cabo el trámite correspondiente a la pensión del suscrito, mediante escrito de estilo, toda vez que del historial laboral de fecha 27 de Agosto del año 2018, se desprende que el quejoso llevo un tiempo de cotización de 26 años con 8 meses y 11días, el cual me fue proporcionado por el mismo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Morelos, sin embargo, es hasta el día 11 de Diciembre del año 2018, que es contestada mi petición por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Morelos. Arquitecta Georgina Meade Ocaranza, mediante oficio número SP/DPSHT/5683/2018 en la que refiere entre otras cosas, el "artículo 44 y el apartado DECIMO", sin referir qué ordenamiento legal se encuentra invocando, sin embargo, de manera textual externa "Por lo anterior, por el momento no es posible el otorgamiento de pensión que solicita en virtud de que aún no reúne el requisito de la edad establecido en la Ley del ISSSTE", documento del cual también se adjunta al presente escrito y es enunciado como prueba para que se realice la valoración del mismo. 3) Debido a la respuesta mencionada con antelación es que el suscrito, me veo violentado en mis garantías y derechos a una seguridad social, entendiéndose está como una medida que el Estado establece para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección para salud, a la seguridad social deben contribuir patrones, obreros y el Estado y en el caso del que suscribe es el Estado quien se niega a contribuir a salvaguardar mi derecho, motivo por el que acudo ante esta Representación.(.) 5) Es importante resaltar, que la respuesta me fue notificada el día once de diciembre del año 2018, es decir mucho tiempo después del plazo establecido en el Reglamento del Instituto (ISSSTE) que como bien lo establece en su numeral 55." Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que por una parte se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte del escrito de demanda de amparo, así como de las documentales adjuntas al mismo, que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en esta instancia constitucional el día once de diciembre de dos mil dieciocho, cuando la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le dio contestación al trámite correspondiente a la pensión del quejoso, tal y como lo manifestó en el capítulo de hechos en su demanda de amparo. Por tanto, el promovente del amparo tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo del doce de diciembre de dos mil dieciocho al tres de enero del presente año, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre del año pasado, así como uno de enero del año actual, por ser inhábiles. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda fue presentada hasta el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se pone de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Por otra parte, se estima necesario precisar que, en el asunto que nos ocupa, los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, no se tratan de una norma de carácter general, razón por la cual no cabe aplicar la regla prevista en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; de ahí que el término para su impugnación, mediante la promoción del juicio de garantías, tal y como se estableció en los párrafos que antecede, debe ser de quince días, acorde a lo previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en el caso que se analiza, se desprende que si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama desde el día once de diciembre de dos mil dieciocho, como lo manifestó, es claro que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente, esto es a partir del doce de diciembre de la citada anualidad. En este orden de ideas, el plazo legal de quince días para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió tal y como se estableció en los párrafos que antecede. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 163172, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII enero 2011, página 5, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De ahí que se concluya, que los actos reclamados en esta instancia constitucional no tienen la naturaleza jurídica de una norma general, la cual pueda combatirse ya sea con motivo de su entrada en vigor o con motivo de su primer acto concreto de aplicación. En otro orden de ideas, se deprende que en términos de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. En el caso, el acto reclamado se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; esto es, el acto tildado de inconstitucional proviene de autoridades distintas a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, o deban ser revisados de oficio. En la especie, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, prevé un procedimiento para el caso en concreto: ".Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta Ley y la costumbre. Artículo 14.- El nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la Ley. Artículo 15.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aún cuando las admitieren expresamente: I.- Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por esta Ley; II.- Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y menores de18 años o que establezcan para unos u otros el trabajo nocturno; III.- Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la vida del trabajador, para la salud de la trabajadora embarazada o para el producto de la concepción; IV.- Las que fijen un salario inferior al mínimo; V.- Las que estipulen un plazo mayor de 15 días para el pago de los salarios; y VI.- La renuncia del trabajador a cualquier derecho o prerrogativa derivada de los ordenamientos legales aplicables." De la anterior transcripción de los preceptos invocados, se advierte con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el peticionario de amparo, procede el juicio laboral, que debiera promoverse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1, 2, 3, 8, 14 y 15 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, procedimiento en el cual la parte quejosa puede hacer valer lo que en esta instancia reclama; motivo por el cual se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XX, del ordinal 61, de la Ley de la materia. Esto es así, en atención a que si una persona impugna en la vía constitucional un acto de autoridad como el que aquí se analiza, sin acudir previamente al juicio ordinario laboral, opera la causal de improcedencia aplicada en el caso, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Debe mencionarse además, que para que el gobernado esté obligado a agotarlo, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así las cosas, la negativa de otorgarle la pensión solicitada mediante el escrito presentado el siete de septiembre de dos mil ocho, por el cual realiza los trámites correspondientes relativos a su pensión, no implica un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en los términos expresados, sino una determinación de carácter laboral derivada del patrón de la parte quejosa, por lo que, cualquier cuestión que surja en relación a los conflictos individuales que se relacionen con la falta de tiempo laborable necesario para la jubilación del quejoso, debe ser ventilada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del juicio laboral ordinario, como así se colige del artículo 114 de la Ley de Servicio Civil del Estado, ello porque dicha omisión de realizar el referido pago, es un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral que tiene con el Estado y sus Municipios. Por ello, si el quejoso se inconforma con la omisión de las autoridades que señala como responsable de otorgarle la pensión, lo procedente es que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a promover demanda laboral ordinaria, por ser esta la autoridad legalmente competente para resolver la controversia que plantea ante este Órgano de Control Constitucional. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos, es improcedente la demanda de amparo que se intenta, ello en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley reglamentaria del juicio de amparo en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la legislación antes invocada, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alejandro Saldaña Zepeda. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizada a Monserrat Castañeda Delgado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización de días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 7,063 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano