Alejandro Salar Barboza
Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Alejandro Salar Barboza
- Liliana Frayre Canales
- Liliana Frayre Canales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ***, por propio derecho y en representación de su menor hijo ****, reclamaron de la Jueza Cuarta de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: - La orden emitida el veintisiete de abril de dos mil veinte por la Jueza Cuarta de lo Familiar de fijar la pensión alimenticia en favor del menor A.S.F. y la orden de girar oficio al Departamento de Recursos Humanos de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de realizar el descuento correspondiente. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: Deje insubsistente la determinación reclamada únicamente por lo que ve a la falta de pronunciamiento respecto de las convivencias del menor con su padre y; De manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de ellas, determinando lo que en derecho proceda para que las mismas puedan llevarse a cabo. Mediante el escrito ingresado en este Juzgado el doce de abril de la presente anualidad, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en autos. En mérito de lo anterior, le correspondió conocer a Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito radicando el expediente bajo el número 54/2022, el cual fue resuelto en sesión del diecisiete de junio de la presente anualidad quedando en lo conducente, como sigue: "PRIMERO. Queda firme, por falta de impugnación, la parte final del considerando séptimo de la sentencia recurrida, en que se concedió el amparo para efecto de que el Juez de origen se pronuncie sobre la convivencia del menor con su padre, aquí recurrente. SEGUNDO. En la materia del recurso de revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Salazar Barbosa, contra el acto que reclamó del Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Ejecutoria que en el último considerando señala: "OCTAVO. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se establece que la protección constitucional tiene como efectos, que el Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad: 1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado, dictado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en la controversia del orden familiar 320/2020. 2. Dicte una nueva resolución en la cual: a) Acate los efectos para los que se concedió el amparo en la sentencia recurrida, visibles de la foja catorce a la dieciocho de ese fallo, b) Con libertad de jurisdicción resuelva los temas que no son materia de reiteración, es decir, la prestación atinente a la pensión alimenticia provisional reclamada, pero subsanando los vicios formales que se precisaron en esta sentencia. Pues sólo de esa manera podrá restituir al quejoso en el pleno goce del derecho humano vulnerado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo previene el citado numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En auto de seis de julio de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 54/2022 y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma, en las que en esencia, se indicó que el juez de instancia debe atender lo estipulado en el precepto 306 del Código Civil del Estado de Durango, que prevé los principios de proporcionalidad y equidad, que se deben tomar en consideración al fijar el monto de una pensión alimentaria. Además, la Superioridad destacó lo siguiente: ". la responsable no estableció si de la cantidad o porcentaje que fijó para tal efecto, esto es, la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias de deudor alimentario, se deben disminuir, o no, las deducciones de carácter legal - no derivadas de obligaciones personales- impuestas al deudor alimentario. Además, el juez responsable omitió justipreciar las pruebas aportadas por la accionante en el procedimiento de origen, para efecto de establecer el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplir con la pensión alimenticia solicitada, pues, como se anticipó, los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, per suficiente para desenvolverse en su entorno social; de ahí que si no se atendieron esos aspectos, se violentó el derecho de debida fundamentación y motivación reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" La responsable Jueza Cuarta de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, mediante oficio JCF/2776/2022 de trece de julio del año en curso, remitió el diverso acuerdo de esa misma data por el que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil veinte, pronunciada en los autos de la controversia del orden familiar 320/2020, proveyó sobre la prestación atinente a la pensión alimenticia provisional reclamada; requirió a la parte actora para que propusiera los días y horarios en los que se pudiera llevar a cabo la convivencia del aquí quejoso con su hijo menor de edad ****. y la apercibió que de no hacerlo en el plazo que le otorgó, se autorizarían las mismas por conducto del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; y ordenó las medidas tendientes a garantizar el bienestar físico y emocional del menor. En cuanto a la pensión alimenticia, atendió lo estipulado en la ejecutoria del tribunal de alzada, toda vez que fundó su determinación, entre otros, en el numeral 306 del Código Civil vigente en el Estado; aunado a eso, para fijar el monto por dicho concepto, tomó en consideración las documentales que le presentó la parte actora, entre ellas, los comprobantes de pagos educativos, diagnósticos médicos y recetas de tratamientos médicos del menor, estados de cuenta y tickets de pago sobre gastos realizados hacia el mismo, así como el informe rendido por la fuente laboral del demandado; cuestiones que lo llevaron a determinar el estado de necesidad del menor como acreedor alimentario. Además, señaló que se demostró la posibilidad real y eficaz del deudor alimentario de contribuir, según lo aprecio de los ingresos económicos que percibe por su empleo como subjefe de departamento en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que consideró que cuenta con fuente fija para cumplir con la obligación alimentaria; por ello, determinó fija el importe del 20% de todas y cada una de las percepciones ordinarias (sueldo fijo) y extraordinarias (gratificaciones, percepciones, habitación, ayuda de renta, despensa, transporte, primas, comisiones, prestaciones en especie, compensación, por antigüedad, aguinaldo) que percibe el demandado con el empleo en la dependencia mencionada. Indicó que el monto debe ser obtenido después de la deducción de las obligaciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales adquiridas por el deudor, es decir, impuestos. Con dicho oficio se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que dejará insubsistente la resolución que se combate, es decir, la resolución de veintisiete de abril de dos mil veinte y, con plenitud de jurisdicción, se pronunciara a efecto de establecer las convivencias del menor con el impetrante, ordenando las medidas tendientes a garantizar el bienestar físico y emocional del menor así como resolviera sobre la prestación relativa la pensión alimenticia provisional reclamada, fundando y motivando su determinación, como en la especie ocurrió; es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE TERCEROS INTERESADOS ACUERDO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ***, por propio derecho y en representación de su menor hijo ****, reclamaron de la Jueza Cuarta de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: - La orden emitida el veintisiete de abril de dos mil veinte por la Jueza Cuarta de lo Familiar de fijar la pensión alimenticia en favor del menor A.S.F. y la orden de girar oficio al Departamento de Recursos Humanos de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de realizar el descuento correspondiente. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: Deje insubsistente la determinación reclamada únicamente por lo que ve a la falta de pronunciamiento respecto de las convivencias del menor con su padre y; De manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de ellas, determinando lo que en derecho proceda para que las mismas puedan llevarse a cabo. Mediante el escrito ingresado en este Juzgado el doce de abril de la presente anualidad, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en autos. En mérito de lo anterior, le correspondió conocer a Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito radicando el expediente bajo el número 54/2022, el cual fue resuelto en sesión del diecisiete de junio de la presente anualidad quedando en lo conducente, como sigue: "PRIMERO. Queda firme, por falta de impugnación, la parte final del considerando séptimo de la sentencia recurrida, en que se concedió el amparo para efecto de que el Juez de origen se pronuncie sobre la convivencia del menor con su padre, aquí recurrente. SEGUNDO. En la materia del recurso de revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Salazar Barbosa, contra el acto que reclamó del Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Ejecutoria que en el último considerando señala: "OCTAVO. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se establece que la protección constitucional tiene como efectos, que el Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad: 1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado, dictado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en la controversia del orden familiar 320/2020. 2. Dicte una nueva resolución en la cual: a) Acate los efectos para los que se concedió el amparo en la sentencia recurrida, visibles de la foja catorce a la dieciocho de ese fallo, b) Con libertad de jurisdicción resuelva los temas que no son materia de reiteración, es decir, la prestación atinente a la pensión alimenticia provisional reclamada, pero subsanando los vicios formales que se precisaron en esta sentencia. Pues sólo de esa manera podrá restituir al quejoso en el pleno goce del derecho humano vulnerado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo previene el citado numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En auto de seis de julio de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 54/2022 y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma, en las que en esencia, se indicó que el juez de instancia debe atender lo estipulado en el precepto 306 del Código Civil del Estado de Durango, que prevé los principios de proporcionalidad y equidad, que se deben tomar en consideración al fijar el monto de una pensión alimentaria. Además, la Superioridad destacó lo siguiente: ". la responsable no estableció si de la cantidad o porcentaje que fijó para tal efecto, esto es, la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias de deudor alimentario, se deben disminuir, o no, las deducciones de carácter legal - no derivadas de obligaciones personales- impuestas al deudor alimentario. Además, el juez responsable omitió justipreciar las pruebas aportadas por la accionante en el procedimiento de origen, para efecto de establecer el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplir con la pensión alimenticia solicitada, pues, como se anticipó, los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, per suficiente para desenvolverse en su entorno social; de ahí que si no se atendieron esos aspectos, se violentó el derecho de debida fundamentación y motivación reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" La responsable Jueza Cuarta de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, mediante oficio JCF/2776/2022 de trece de julio del año en curso, remitió el diverso acuerdo de esa misma data por el que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil veinte, pronunciada en los autos de la controversia del orden familiar 320/2020, proveyó sobre la prestación atinente a la pensión alimenticia provisional reclamada; requirió a la parte actora para que propusiera los días y horarios en los que se pudiera llevar a cabo la convivencia del aquí quejoso con su hijo menor de edad ****. y la apercibió que de no hacerlo en el plazo que le otorgó, se autorizarían las mismas por conducto del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; y ordenó las medidas tendientes a garantizar el bienestar físico y emocional del menor. En cuanto a la pensión alimenticia, atendió lo estipulado en la ejecutoria del tribunal de alzada, toda vez que fundó su determinación, entre otros, en el numeral 306 del Código Civil vigente en el Estado; aunado a eso, para fijar el monto por dicho concepto, tomó en consideración las documentales que le presentó la parte actora, entre ellas, los comprobantes de pagos educativos, diagnósticos médicos y recetas de tratamientos médicos del menor, estados de cuenta y tickets de pago sobre gastos realizados hacia el mismo, así como el informe rendido por la fuente laboral del demandado; cuestiones que lo llevaron a determinar el estado de necesidad del menor como acreedor alimentario. Además, señaló que se demostró la posibilidad real y eficaz del deudor alimentario de contribuir, según lo aprecio de los ingresos económicos que percibe por su empleo como subjefe de departamento en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que consideró que cuenta con fuente fija para cumplir con la obligación alimentaria; por ello, determinó fija el importe del 20% de todas y cada una de las percepciones ordinarias (sueldo fijo) y extraordinarias (gratificaciones, percepciones, habitación, ayuda de renta, despensa, transporte, primas, comisiones, prestaciones en especie, compensación, por antigüedad, aguinaldo) que percibe el demandado con el empleo en la dependencia mencionada. Indicó que el monto debe ser obtenido después de la deducción de las obligaciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales adquiridas por el deudor, es decir, impuestos. Con dicho oficio se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que dejará insubsistente la resolución que se combate, es decir, la resolución de veintisiete de abril de dos mil veinte y, con plenitud de jurisdicción, se pronunciara a efecto de establecer las convivencias del menor con el impetrante, ordenando las medidas tendientes a garantizar el bienestar físico y emocional del menor así como resolviera sobre la prestación relativa la pensión alimenticia provisional reclamada, fundando y motivando su determinación, como en la especie ocurrió; es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDIO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ***, por propio derecho y en representación de su menor hijo ****, reclamaron de la Jueza Cuarta de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: - La orden emitida el veintisiete de abril de dos mil veinte por la Jueza Cuarta de lo Familiar de fijar la pensión alimenticia en favor del menor A.S.F. y la orden de girar oficio al Departamento de Recursos Humanos de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de realizar el descuento correspondiente. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: Deje insubsistente la determinación reclamada únicamente por lo que ve a la falta de pronunciamiento respecto de las convivencias del menor con su padre y; De manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de ellas, determinando lo que en derecho proceda para que las mismas puedan llevarse a cabo. Mediante el escrito ingresado en este Juzgado el doce de abril de la presente anualidad, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en autos. En mérito de lo anterior, le correspondió conocer a Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito radicando el expediente bajo el número 54/2022, el cual fue resuelto en sesión del diecisiete de junio de la presente anualidad quedando en lo conducente, como sigue: "PRIMERO. Queda firme, por falta de impugnación, la parte final del considerando séptimo de la sentencia recurrida, en que se concedió el amparo para efecto de que el Juez de origen se pronuncie sobre la convivencia del menor con su padre, aquí recurrente. SEGUNDO. En la materia del recurso de revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Salazar Barbosa, contra el acto que reclamó del Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Ejecutoria que en el último considerando señala: "OCTAVO. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se establece que la protección constitucional tiene como efectos, que el Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad: 1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado, dictado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en la controversia del orden familiar 320/2020. 2. Dicte una nueva resolución en la cual: a) Acate los efectos para los que se concedió el amparo en la sentencia recurrida, visibles de la foja catorce a la dieciocho de ese fallo, b) Con libertad de jurisdicción resuelva los temas que no son materia de reiteración, es decir, la prestación atinente a la pensión alimenticia provisional reclamada, pero subsanando los vicios formales que se precisaron en esta sentencia. Pues sólo de esa manera podrá restituir al quejoso en el pleno goce del derecho humano vulnerado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo previene el citado numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En auto de seis de julio de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 54/2022 y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma, en las que en esencia, se indicó que el juez de instancia debe atender lo estipulado en el precepto 306 del Código Civil del Estado de Durango, que prevé los principios de proporcionalidad y equidad, que se deben tomar en consideración al fijar el monto de una pensión alimentaria. Además, la Superioridad destacó lo siguiente: ". la responsable no estableció si de la cantidad o porcentaje que fijó para tal efecto, esto es, la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias de deudor alimentario, se deben disminuir, o no, las deducciones de carácter legal - no derivadas de obligaciones personales- impuestas al deudor alimentario. Además, el juez responsable omitió justipreciar las pruebas aportadas por la accionante en el procedimiento de origen, para efecto de establecer el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplir con la pensión alimenticia solicitada, pues, como se anticipó, los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, per suficiente para desenvolverse en su entorno social; de ahí que si no se atendieron esos aspectos, se violentó el derecho de debida fundamentación y motivación reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" La responsable Jueza Cuarta de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, mediante oficio JCF/2776/2022 de trece de julio del año en curso, remitió el diverso acuerdo de esa misma data por el que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil veinte, pronunciada en los autos de la controversia del orden familiar 320/2020, proveyó sobre la prestación atinente a la pensión alimenticia provisional reclamada; requirió a la parte actora para que propusiera los días y horarios en los que se pudiera llevar a cabo la convivencia del aquí quejoso con su hijo menor de edad ****. y la apercibió que de no hacerlo en el plazo que le otorgó, se autorizarían las mismas por conducto del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; y ordenó las medidas tendientes a garantizar el bienestar físico y emocional del menor. En cuanto a la pensión alimenticia, atendió lo estipulado en la ejecutoria del tribunal de alzada, toda vez que fundó su determinación, entre otros, en el numeral 306 del Código Civil vigente en el Estado; aunado a eso, para fijar el monto por dicho concepto, tomó en consideración las documentales que le presentó la parte actora, entre ellas, los comprobantes de pagos educativos, diagnósticos médicos y recetas de tratamientos médicos del menor, estados de cuenta y tickets de pago sobre gastos realizados hacia el mismo, así como el informe rendido por la fuente laboral del demandado; cuestiones que lo llevaron a determinar el estado de necesidad del menor como acreedor alimentario. Además, señaló que se demostró la posibilidad real y eficaz del deudor alimentario de contribuir, según lo aprecio de los ingresos económicos que percibe por su empleo como subjefe de departamento en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que consideró que cuenta con fuente fija para cumplir con la obligación alimentaria; por ello, determinó fija el importe del 20% de todas y cada una de las percepciones ordinarias (sueldo fijo) y extraordinarias (gratificaciones, percepciones, habitación, ayuda de renta, despensa, transporte, primas, comisiones, prestaciones en especie, compensación, por antigüedad, aguinaldo) que percibe el demandado con el empleo en la dependencia mencionada. Indicó que el monto debe ser obtenido después de la deducción de las obligaciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales adquiridas por el deudor, es decir, impuestos. Con dicho oficio se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que dejará insubsistente la resolución que se combate, es decir, la resolución de veintisiete de abril de dos mil veinte y, con plenitud de jurisdicción, se pronunciara a efecto de establecer las convivencias del menor con el impetrante, ordenando las medidas tendientes a garantizar el bienestar físico y emocional del menor así como resolviera sobre la prestación relativa la pensión alimenticia provisional reclamada, fundando y motivando su determinación, como en la especie ocurrió; es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita copia simple del expediente en que se actúa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Amparo, expídase a su costa las copias, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, está en aptitud de generar para efecto de recoger su documento, una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa; esto, a fin de ingresar al edificio seda para finalizar su trámite. Notifíquese.
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