Alejandro Sahagún González

Expediente 4/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Sahagún González

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación del secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, residente en Zapopan, Jalisco, por medio del cual, comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo, radicándolo bajo el número 74/2019-2B de su estadística. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO DE VEINTIUNO DE ENERO DEL ACTUAL: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de enero del año que transcurre (fojas 11-15), para que manifestara si el acto reclamado pudiere ejecutarse dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, o bien si vive o habita en el estado de Chiapas, que señalara la autoridad ejecutora, si así lo deseaba; y que exhibiera cinco copias de dicha aclaración, (fojas 11-15). En consecuencia, y toda vez que no dio cumplimiento a la citada prevención, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por ende se provee respecto a la competencia de la demanda de amparo, teniendo únicamente como autoridad responsable a la que señala en su escrito inicial de demanda. INCOMPETENCIA Ahora, de un análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el quejoso, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo la orden de ilegal detención y/o orden de localización o presentación dictada en su contra, acto que atribuye a una autoridad ejecutora de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y de los hechos relatados en su escrito inicial de demanda se advierte que bajo protesta de decir verdad el suscrito me dedico al comercio y por ahora me encuentro en diferentes estado de este sureste del país, desde hace varios meses siendo que con fecha 24 de diciembre llegue a mi domicilio en Guadalajara, Jalisco y me encontré debajo de la puerta de mi casa una hoja dirigida hacia el suscrito en donde me invitaban a presentarme el día 30 de noviembre del año en curso a las 12:00 horas ante la Lic. ***********, facilitadora de métodos alternos de solución de conflictos no. de empleado 19805, de la Dirección de Mecanismos Alternativos y Controversias de La Fiscalía De Jalisco, siendo que días después de me presente ante dicha dependencia para que me informaran y para hacerles la aclaración que ignoraba de dichas citas ya que estaba fuera de la ciudad, y por eso no me había presentado, entregándole el citatorio y la persona que me atendió lo agarro y únicamente me dijo que ese era mi problema que ya la policía se encargaría de mi búsqueda y aprehensión y ahí respondería de mis actos. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional atento que el quejoso no señaló autoridad ejecutora alguna residente en el Estado de Chiapas; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. Sin que sea obstáculo que la parte quejosa haya indicado como domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en virtud de que conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el juez de Distrito para conocer de la demanda de amparo, aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que debiere dictar o ejecutar el acto reclamado, pues no obste el requerimiento que se realizó por parte de este juzgado federal en acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 11-15), a fin de que el quejoso manifestara sí vive y habita en el Estado de Chiapas a efecto de determinar si la orden de captura pudiera ser ejecutada en este circuito o bien si era su deseo señalara autoridades que pudieran ejecutar el acto reclamado con residencia en esta ciudad, fue omiso en desahogar tal prevención, de ahí que con base en lo narrado en su escrito de demanda se determina que este órgano es incompetente para conocer de la demanda de amparo de trato. Es aplicable al caso en lo concerniente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo II, septiembre de 1995, página 97, con registro electrónico 200455, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Igualmente, se cita la ejecutoria sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, residente en la ciudad de Zapopan, jurisdicción territorial a la cual pertenece Guadalajara, Jalisco, que es el lugar en que la autoridad responsable en su doble carácter de ordenadora y ejecutora, tiene su residencia, igual que el aquí quejoso y será en donde se ejecute o deba ejecutarse el acto reclamado. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en la Ciudad de Guadalajara, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, en turno, residente en la ciudad de Zapopan, por conducto de su Oficina de Correspondencia, a quien se estima competente, pues se reitera, el lugar en donde se van a ejecutar los actos que se reclaman (Guadalajara, Jalisco) pertenece a su jurisdicción territorial; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, sin proveer sobre la suspensión del acto reclamado, dado que el mismo se hace consistir en lo que el quejoso refiere como una ilegal detención y/o orden de localización o presentación en su contra; derivado de una citación dictada dentro de la carpeta de investigación ********* por la licenciada ******** Facilitador de Métodos Alternos de Solución de Conflictos número de empleado *********, de la Fiscalía Central de la Dirección de Mecanismos Alternativos y Controversias, residente en Guadalajara, Jalisco; motivo por el cual, no se ajusta a las hipótesis establecidas en el numeral 48 de la Ley de Amparo para resolver en este momento sobre la concesión de la medida cautelar, atento a que, por su naturaleza, la orden de detención constituye un acto dictado dentro procedimiento que afecta la libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada clave VI.2o.P.14 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DICTADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. Cualquier acto dictado fuera o dentro de un procedimiento, en relación con la restricción o privación de la libertad, implica una lesión cierta e inmediata a ese derecho sustantivo y, por ende, se ubica dentro de los considerados como de imposible reparación, lo que es suficiente para considerar que el amparo indirecto interpuesto en su contra puede promoverse sin limitación temporal alguna. Por otro lado, de conformidad con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales y en las leyes, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, traduciéndose este último en la prohibición de cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de los derechos humanos. Así, atento a dicho principio, si con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la abrogada ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, establecía como requisito para que operara la excepción al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo, que los actos importaran ataques a la libertad personal, sin acotarlos a que hubieran sido dictados fuera de procedimiento, no puede adoptarse una postura restrictiva respecto del término para la interposición de la demanda tratándose de ese tipo de actos, pues ello implicaría un retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de ese derecho sustantivo. Consecuentemente, si la orden de aprehensión constituye un acto dictado dentro de un procedimiento que afecta la libertad personal, es innegable que debe ubicársele en la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y, por ende, la demanda en su contra puede promoverse en cualquier tiempo." (Época: Décima Época. Registro: 2004269. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.P.14 P (10a.). Pag. 1688)". Igualmente, se cita la jurisprudencia 109/2011 sustentada por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro I, octubre de 2011, tomo II, en la página 1059, con registro electrónico 160811, del epígrafe siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". Finalmente, con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Facilitador de Métodos Alternos de Solución de Conflictos Número de Empleado 19805, adscrita a Dirección de Mecanismos Alternativos y Controversias de la Fiscalía Central de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, residente en Guadalajara. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 4-2019-IV. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracciones III y V de la Ley de Amparo; por lo que resulta necesaria la prevención en términos del numeral 114, fracciones I y II, de la citada ley. Dichos numerales establecen:: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado u que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: . Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada Ello es así, pues del análisis del escrito de demanda se observa que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "LA ILEGAL DETENCIÓN Y-O ORDEN DE LOCALIZACIÓN O PRESENTACIÓN, en contra del quejoso, por parte de la RESPONSABLE DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ********** Sin embargo, en el capítulo de antecedentes el aquí quejoso expresó que se presentó a la Fiscalía de Jalisco, ubicada en calle ****** edificio de ****** en Guadalajara, Jalisco, porque al arribar a su domicilio ubicado en esa ciudad, encontró el comunicado de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en los autos de la carpeta de investigación ******* firmado por la Facilitadora de Métodos Alternos de Solución de Conflictos Número de Empleado 19805, adscrita a Dirección de Mecanismos Alternativos y Controversias de la Fiscalía Central de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con domicilio en Guadalajara, mediante el cual se le invitó a participar en una sesión de mecanismos alternativos. De igual forma, al llegar al lugar, una persona que lo atendió le dijo que como no había llegado en la fecha y hora indicada, la policía se encargaría de su búsqueda y aprehensión; sin precisar, dónde tendría ejecución la orden que refiere, así como si alguna autoridad responsable que se encuentre dentro de la jurisdicción que ejerce este juzgado federal pueda ejecutar la orden reclamada. Lo anterior toma vital importancia ya que para determinar la competencia en el conocimiento de los juicios de amparo, por razón de territorio, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se establecen tres reglas fundamentales y específicas para dirimir un conflicto competencial por razón de territorio; a saber: La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que, el acto reclamado después de su emisión, requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; en tanto la segunda, constituye un variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material, y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; finalmente, la tercera, establece que, cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, a fin de determinar la competencia para el conocimiento de la demanda en cuestión, determina que es necesario mandar a prevenir la misma. Por tanto, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: I. Manifieste si la orden de búsqueda, detención, localización o presentación que reclama en este juicio constitucional, pudiera llegar a ejecutarse dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, es decir, sí el quejoso vive y habita en el Estado de Chiapas y de ser así indique la ciudad, municipio y-o poblado en el que radica. II. De igual manera, de declarar que la orden de detención, localización o presentación tendrá ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, manifieste si es su deseo señalar la s autoridad es que pudieran ejecutar la orden reclamada. III. Exhiba cinco copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, las que serán distribuidas entre las partes de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, dos más para los cuadernos incidentales, en el entendido que deberá allegar una copia más de dicho escrito por cada autoridad que señale como responsable si así fuera su deseo. Es aplicable al particular, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XIII, página 325, abril de 2001, con registro 189978, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 383 del rubro siguiente "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se proveerá lo que en derecho corresponda respecto a la competencia de la demandada de amparo, atendiendo únicamente como autoridad a la indicada en su escrito inicial de demanda. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionalesDOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y téngase por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a ******** y en términos restringidos a que alude el citado artículo a las diversas personas que indica, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp:--consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes FESE cuya liga es htlp:--www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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