Alejandro Rubio Villagómez
Expediente 130/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro Rubio Villagómez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, de ahí que este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 130/2020-I promovido por Miguel Enrique de Jesús Hernández España, a favor de Alejandro Rubio Villagómez, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y los agentes de seguridad a su cargo, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por demanda de amparo presentada ante la Secretaria de guardia de este Juzgado el veinticinco de enero de dos mil veinte, Miguel Enrique de Jesús Hernández España, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Alejandro Rubio Villagómez, contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y los agentes de seguridad a su cargo, que hizo consistir en la incomunicación, golpes, posible privación de la vida y la detención ilegal, que se adujo sufrió el directo quejoso. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, golpes, posible privación de la vida y la detención ilegal atribuidos a la autoridad responsable; por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez, este manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, este Juzgado advirtió la participación de una diversa autoridad responsable, siendo ésta el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto que motivó la detención (acto reclamado); por tanto, se requirió al directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez, por quien se emitió dicha sanción, para que en términos de los artículos 111 en relación al 17 de la Ley de Amparo, manifestaran si era su deseo ampliar su demanda de amparo por el citado Director, apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna el presente asunto se resolvería únicamente por lo que hace a los actos reclamados y autoridades precisados de manera primigenia. Quinto. Efectivo apercibimiento. El directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez, no amplió su demanda de amparo respecto del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el término que se le concedió de conformidad con el artículo 111, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo, por lo que mediante proveído de nueve de octubre del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte y, en consecuencia, no se tuvo por ampliada la demanda respecto a la autoridad antes mencionada. Sexto. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que en este asunto se reclama lo siguiente: La incomunicación, golpes, posible privación de la vida y la detención ilegal que se adujo sufrió el directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos. Al rendir su correspondiente informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario y de los agentes de seguridad de dicha corporación, autoridad señalada como responsable, negó expresamente el acto que se le atribuye consistente en la incomunicación, golpes y posible privación de la vida que se adujo sufrió el directo quejoso, sin prueba en contrario de la parte quejosa. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto del mencionado acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Acto existente. Por lo que se refiere a la detención que se adujo sufrió el directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario y de los agente de seguridad de esa dependencia, al rendir su informe justificado aceptó la certeza de ese acto reclamado, al manifestar que dicha detención fue con motivo de la sanción de arresto, por lo que se tiene por cierto el mismo, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación (fojas 17 a 22), las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Sirve de apoyo, el contenido de la jurisprudencia 305, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página doscientos seis, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Actualización de causal de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la detención que se adujo sufrió el directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez, que se relaciona con la sanción de arresto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que el referido quejoso fue omiso en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió dicho acto. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado por el directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez, consistente en la detención derivada del arresto como sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En efecto, de las constancias que en copias certificadas obran en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario del amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que ordenó la detención a propósito de la imposición de un arresto administrativo por veinticuatro horas al quejoso Alejandro Rubio Villagómez; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, le dio vista al citado quejoso para que ampliara la demanda de amparo por dicha autoridad, mismo que se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo en acuerdo de nueve de octubre del citado año. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como sanción administrativa al directo quejoso Alejandro Rubio Villagómez; también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que emitió esa sanción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Enrique de Jesús Hernández España, a favor de Alejandro Rubio Villagómez, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otro, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se advierte que el quejoso Alejandro Rubio Villagómez no se presentó a las ocho horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veinte ante este Juzgado Federal, a fin de ratificar el contenido de su escrito de desistimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte y se prosigue con el trámite del presente juicio de amparo. Asimismo, vista la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin que hiciera manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto del acto reclamado relativo a la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas y, por tanto, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable y actos reclamados señalados de manera primigenia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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