Alejandro Rubio Ramírez
Expediente 631/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Rubio Ramírez
- Monica Beatriz Caire Gamboa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Se tiene por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 513/2023, de su índice, promovido por Sebastián Ricardo Márquez Alcántara en su carácter de apoderado legal de ********************y ********************, personalidad que acredita en términos de los documentos digitalizados consistentes en el poder para pleitos y cobranzas mediante escritura Pública 309,812 (trescientos nueve mil ochocientos doce) pasada ante la fe del Notario Público número dos de la primera demarcación Notarial del Estado de Morelos, y del Instrumento 69,701 (sesenta y nueve mil setecientos uno), pasado ante la fe del Notario Público número treinta y siete de la Ciudad de México; por haberse declarado incompetente por razón territorio, derivado de los actos reclamados al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalneplanta, con residencia en Naucalpan, Estado de México, dentro del expediente 596/2017. Aceptación competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Sebastián Ricardo Márquez Alcántara en su carácter de apoderado legal de ********************y ********************, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalneplanta, con residencia en Naucalpan, Estado de México; acúsese el recibo de estilo correspondiente al juzgado declinante. Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El citado artículo impone la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es una resolución final en el procedimiento de ejecución, no goza de autonomía con éste, ni afecta derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y, b) actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, los sostuvo la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, con registro digital 162152, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Ahora, el apoderado de los quejosos manifestó, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes que precedieron al acto reclamado, que en la sentencia definitiva de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en el expediente 596/2017, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, en su resolutivo segundo, se estableció: "SEGUNDO.- Lo procedente es DECLARAR JUDICIALMENTE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN A CONTRA DE ARRENDAMIENTO, NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PROMESA DE COMPRAVENTA DE UNO 1 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 2015, respecto de la CASA UBICADA EN PRIVADA DE GILBERTO OWEN 03, NEPANTLA DE SOR JUANA INES, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, CÓDIGO POSTAL 56890, por falta de pago de las rentas correspondientes a los meses de febrero a agosto de dos mil diecisiete 2017, en la forma, el lugar y dentro del tiempo establecido para ello, condenándose a la parte demandada, esto es, a MÓNICA BEATRIZ CAIRE GAMBOA y ALEJANDRO RUBIO RAMÍREZ, a la desocupación y entrega de dicho inmueble a la atora (sic), lo cual deberá hacer de forma voluntaria dentro de un PLAZO IMPRORROGABLE DE OCHO 8 DÍAS." Posteriormente, por sentencia interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de origen determinó en sus puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declara procedente el Incidente de Liquidación deRentas promovido por ALICIA DURAN STRANASKY en su carácter de Albacea de las Sucesiones Intestamentarias a Bienes de ODON DURAN GILI y ALICIA STRANASKY ECHEVERRIA en contra de MÓNICA BEATRIZ CAIRE GAMBOA y ALEJANDRO RUBIO RAMÍREZ, en consecuencia, (sic). SEGUNDO. Se aprueba la planilla presentada por la actora incidentalen la cantidad de $1'952,500.00 (un millón novecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de rentas generadas de febrero de dos mil diecisiete (2017) a diciembre de dos mil veintidós (2022). TERCERO. Se condena a la parte demandada a pagar a favor de laactora la cantidad previamente referida, de forma voluntaria y dentro de un término improrrogable de ocho (8) días contados a partir de que la presente resolución adquiera firmeza procesal con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo se procederá a su cumplimiento en ejecución de sentencia." Seguida la secuela procesal, en atención al escrito presentado por la parte actora con folio 5158/2023 la responsable Juez Cuarto Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México dictó el proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés -acto reclamado-, en el expediente 596/2017, en el que acordó lo siguiente: "Auto. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023). Visto el contenido del escrito de cuenta y el estado procesal de los autos, tomando en consideración que el término de ocho días concedidos a la parte demandada incidentista en los Resolutivos Segundo y Tercero de la sentencia interlocutoria dictada el veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023), para que de forma voluntaria pague a la actora incidentista, la cantidad de ********************por concepto de rentas generadas de febrero de dos mil diecisiete (2017) a diciembre de dos mil veintidós (2022), sin que exista constancia que así lo hiciera; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1.17, 1.124 fracciones, 2.157, 2.158, 2.167, 2.178, 2.186 y 2.217 del Código de Procedimientos Civiles, túrnense los autos al Ejecutor para efecto de requerir la cantidad correspondiente, apercibiéndole que de no hacerlo, se hará uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Ahora bien, toda vez que el domicilio de la enjuiciada incidentista, se encuentra fuera de la competencia territorial de este Órgano Jurisdiccional, con sustento en los diversos 1.141 y 1.142 del Ordenamiento legal en cita, como lo solicita, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al Juez Civil Competente en el municipio de Cuernavaca. Estado de Morelos, a fin de que si lo encuentra ajustado conforme a derecho, ordene a quien corresponda dar cumplimiento al presente proveído, otorgando al Juez exhortado plena jurisdicción para acordar todo tipo de promociones tendientes a su cumplimentación, así como habilitar días y horas inhábiles, concediéndole el plazo de treinta días, para que realice los trámites correspondientes a su diligenciación, contados a partir de que el presente medio de comunicación se encuentre ante la autoridad exhortada, facultándola para el caso de ser necesario, se amplié el mismo, por lo que queda a disposición del promovente el exhorto ordenado para que tramite lo conducente a su diligenciación. Finalmente, se le previene a la ocursante, que una vez que se encuentre debidamente diligenciado, se sirva devolverlo a este Juzgado, dentro del plazo de tres (03) días de practicada la diligencia, apercibido que de no hacerlo en ese lapso se le aplicarán las medidas de apremio. De lo anterior se advierte que el acto reclamado fue emitido en ejecución de la sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de rentas promovido por ******************** en su carácter de albacea de las Sucesiones instestamentarias a bienes de ******************** y ********************, derivada del juicio principal 596/2017, en el que ya se había dictado sentencia definitiva el diecisiete de agosto de dos mil veinte, dónde la parte actora acreditó los elementos para la procedencia de la acción de recisión de convenio de terminación de contrato de arrendamiento, nuevo contrato de arrendamiento y proceso de arrendamiento y promesa de compraventa que ejerció contra de los demandados ********************y ********************, (aquí quejosos) y que por no haberse cumplido voluntariamente se ordenó requerir de pago, por tanto, el proveído reclamado no se trata de la última resolución en dicho procedimiento de ejecución de sentencia; esto es, no se trata de aquéllos que aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordenen el archivo definitivo del expediente. Y tampoco resultan ajenos a la cosa juzgada, ya que conforme al planteamiento de la parte quejosa, la afectación que le atribuye al acto reclamado, es que la autoridad responsable haya dictado el acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés en el que ordenó requerirles de pago con el uso de la fuerza publica y rompimiento de cerraduras por la cantidad de ********************en el domicilio ubicado en********************, el cual señalan ya no es propiedad del quejoso ********************, sino de un tercero extraño derivado de un supuesto juicio hipotecario. Por consiguiente, el acto reclamado en los términos en que está siendo impugnado, se trata de una determinación que deriva directamente de la cosa juzgada, pues lo que pretenden los quejosos es no dar cumplimiento a la sentencia a la cual fueron condenados. Y aunque los quejosos sostienen que tal acto afecta su derecho de acceso a la justicia contenido en los artículos 1, 14, 16 y 17, constitucionales, por las razones precisadas, no se puede sostener que ese proveído afecta algún derecho sustantivo. Por tanto, la queja de la parte quejosa radica en la mecánica de ejecución y/o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós y la sentencia interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de rentas promovido por ******************** en su carácter de albacea de las Sucesiones intestamentarias a bienes de ******************** y ********************; de modo que, dada la materia del acto reclamado, es factible concluir que dicho acto se emitió después de concluido el juicio y que constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que lleva por finalidad el cumplimiento de aludida sentencia, precisamente. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta e indudable porque aún de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la determinación reclamada por los quejosos no constituye la última en el procedimiento de ejecución ni es de aquellos establecidos en alguno de los supuestos que permiten la procedencia de este juicio contra actos de ejecución; de ahí que resulte innecesario sustanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Por tanto, atento a las circunstancias que permean el acto reclamado, es improcedente el juicio de amparo instado por el quejoso. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************y ********************, por conducto de su apoderado legal. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando se realicen con el usuario que menciona en el escrito que se provee y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haberlo solicitado expresamente. Se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, las notificaciones para la parte quejosa, se realicen en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que se tenga como domicilio alternativo para oír y recibir notificaciones el indica en su escrito de cuenta, toda vez que el que señala para tal efecto se encuentra fuera de residencia de este Juzgado En otro aspecto, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, no así a ********************, en virtud de que no acredita que se encuentre legalmente facultada para ejercer la profesión de abogada, al no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo tanto, se le tiene por autorizada únicamente en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro respectivo, así como a ******************** para tal efecto. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente.
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