Alejandro Rosas García
Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Rosas García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 117/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas catorce de marzo y dieciocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 109 a 121 y 143 a 155 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas catorce de marzo y dieciocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 109 a 121 y 143 a 155 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
....se notifica a vía electrónica a la parte quejosa la siguiente resolución que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, ********************, en su carácter de persona física con actividad empresarial, promovió juicio de amparo contra actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 31). SEGUNDO. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 75 a 80). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 2. Secretario de Salud, ambos con residencia en Ciudad de México, consultable en el expediente electrónico relativo a este juicio en los archivos relativos al auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés (foja 90) así como el acuse de recibo de la notificación a la autoridad 3. Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en Ciudad de México (foja 97) asimismo, se encuentra agregada la notificación al fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado (foja 85) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la inconstitucionalidad de normas generales en materia de control de tabaco, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo y de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que, se reclamó de las distintas autoridades responsables las siguientes: Del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con sede en Ciudad de México: La expedición del "Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022; en específico los artículos 1, 5, fracción VI, 51, fracción I Bis, 60, 65 Bis y artículo 4, transitorio. Del 2. Secretario de Salud Federal, con sede en ciudad de México: La elaboración de iniciativa y rúbrica del citado "Decreto por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco". Del 3. Director del Diario Oficial de la Federación con residencia en Ciudad de México: La publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Decreto por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco". Numerales impugnados en los que se establece textualmente lo siguiente: "Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social." "Artículo 5.- Sin perjuicio de las facultades que les corresponden a las demás autoridades competentes determinadas en la Ley y este Reglamento, la Secretaría para la correcta aplicación de la Ley y este Reglamento ejercerá las siguientes atribuciones: (.) VI. Establecer las características con que deberán contar los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, así como las zonas exclusivamente para fumar ubicadas en espacios al aire libre, y (.)" Artículo 51.- Este Reglamento tiene, en materia de protección contra la exposición al humo de tabaco y emisiones, las finalidades siguientes: (.) I Bis. Establecer los lineamientos que deberán observar las personas propietarias, administradoras o responsables de los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, así como para establecer zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán estar siempre ubicadas en espacios al aire libre; (.)" "Artículo 60.- Las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, en las cuales está prohibido brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otros, así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento. Estas zonas deberán contar con las características siguientes: I. Estar físicamente separadas e incomunicadas de los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones; no ser paso obligado para las personas o encontrarse en los accesos o salidas de los inmuebles; II. Estar ubicadas en un cerco perimetral de al menos diez metros de las entradas, accesos, salidas o cualquier lugar obligado donde las personas pasen o se congreguen, así como de los sitios donde se encuentren conductos de entrada de aire; III. Los espacios al aire libre no deberán ser mayor al 10 por ciento del área total del inmueble o establecimiento. En su caso, en la medición del espacio total se tomará en cuenta exclusivamente la superficie destinada a la prestación del servicio, sin incluirse en ningún caso las áreas destinadas a la cocina, a la preparación de bebidas, a los equipos de sonido y sus operadores, a los sanitarios o estacionamientos; IV. Contar con la señalización que prohíbe la entrada a menores de edad, la cual debe ser visible y adecuada. Asimismo, emplear señalización que incluya advertencias sanitarias gráficas sobre los efectos y daños en la salud a que se exponen las personas por entrar en zonas exclusivamente para fumar, y V. Está prohibido el acceso y presencia de personas menores de edad. Asimismo, deberá advertirse en especial a las mujeres embarazadas de los riesgos que corre ella y el producto al entrar en zonas exclusivamente para fumar, así como a personas adultas mayores y quienes padecen de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, asma, entre otras." "Artículo 65 Bis.- Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva. Se consideran espacios de concurrencia colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción X Bis, de la Ley, los siguientes: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos o lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes, parques de desarrollo urbano, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas, paraderos de transporte, y demás espacios que establezca la Secretaría en términos de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables." TRANSITORIOS (.) CUARTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto. Normativa que entró en vigor el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en términos del primer artículo transitorio del citado decreto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método, se analizará si conforme a las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y 2. Secretario de Salud ambos con sede en Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir sus respectivos informes justificados (expediente electrónico, archivo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, foja 90). Por otra parte, el acto reclamado a la autoridad 3. Director del Diario Oficial de la Federación con residencia en Ciudad de México, debe tenerse por cierto ya que fue omisa en rendir su informe justificado, esto a pesar de encontrarse notificada como se aprecia del respectivo acuse de recibo (foja 97). Pero además, en el caso de todas autoridades, porque así se desprende del propio decreto publicado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se reformaron los citados dispositivos del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco. Decreto que resulta un hecho notorio para el suscrito, dado que, tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que su certeza no depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad que de las mismas aleguen las partes, sino de su vigencia en el ordenamiento jurídico. Lo anterior, se apoya en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, sirve de apoyo a la tesis 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. De esta forma las autoridades responsables por cuanto hace a los actos reclamados atribuidos al 2. Secretario de Salud Federal con sede en ciudad de México, consistente en el iniciativa y refrendo del decreto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, reclamado y, al 3. Director General del Diario Oficial de la Federación, en la Ciudad de México, consistente en la publicación del referido decreto, invocaron los motivos de improcedencia previstos en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Lo anterior, debido a que la parte quejosa no combatió por vicios propios la publicación de la norma reclamada atribuida a la autoridad identificada con el número 3, pues se advierte que omitió exponer conceptos de violación contra la misma. Asimismo, por lo que hace a los actos reclamados relativos a la iniciativa y refrendo del decreto en cita, atribuidos a la autoridad identificada con el número 2, se observa que la parte quejosa tampoco expresó conceptos de violación contra esos actos. MARCO NORMATIVO En efecto, los aludidos artículos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando la parte quejosa omita impugnar por vicios propios (conceptos de violación o causa de pedir) el refrendo y la publicación de las normas generales, al ser un requisito expreso de la demanda necesario para la integración de la litis procesal. Asimismo, también se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda relativa no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que los motivos de improcedencia señalados tienen sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Estimarlo en forma contraria, implicaría darle procedencia al juicio respecto de dos actos (refrendo y publicación de la norma impugnada) que, aunque fueron señalados como reclamados, no existiera motivo alguno que sustente la pretensión de constitucionalidad, a pesar de ser ello una carga de la parte quejosa, prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ante la ausencia no sólo de concepto de violación, sino de causa de pedir e, inclusive, sin advertir procedencia de la suplencia de la queja en beneficio de la parte quejosa, el Juez del conocimiento deberá decretar la improcedencia del juicio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues no existen los elementos necesarios para dar curso a la pretensión de inconstitucionalidad de los actos reclamados. La necesidad de revisión de la existencia no sólo de conceptos de violación, sino de causa de pedir o suplencia de la queja, es una condición necesaria para la actualización del motivo de inejercitabilidad de la acción, en la medida que solamente de esta forma existirá certeza jurídica de que no hay elemento alguno para acceder a la pretensión de inconstitucionalidad no de la norma general (constitucionalidad material) sino de los actos legislativos (refrendo y publicación) respectivos (constitucionalidad formal). Aquí es oportuno indicar que si bien tanto el refrendo, la orden de publicación y la publicación misma de la norma general son parte del proceso legislativo, esta cuestión no es suficiente para estimar procedente el juicio. Como se expuso, el señalamiento expreso de aquéllos como actos de autoridad y su atribución a las emisoras, implica la necesidad de exposición de conceptos de violación que sustentan la pretensión de inconstitucionalidad formal, es decir, se trata de un análisis propio y exclusivo de esos actos; de modo que la determinación tomada en lo individual por cada uno de ellos, en nada afecta tanto la constitucionalidad formal de los restantes actos legislativos, como la material derivada, en su caso, del contenido de las normas jurídicas que también se destaquen como reclamadas. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se lee: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Hasta aquí dicho marco legal y jurisprudencial. SUBSUNCIÓN Sobre esas bases, se estima que se actualizan los motivos de improcedencia antes aludidos. En primer término, porque la parte quejosa omitió combatir por vicios propios la publicación del decreto reclamado atribuida a la autoridad identificada con el número 3, pues no expuso conceptos de violación contra la misma. Y además, porque tampoco expresó conceptos de violación contra los actos reclamados relativos a la iniciativa y refrendo de la norma general combatida, atribuidos a la autoridad identificada con el número 2. Lo que se sostiene, en la medida que se observa que la parte quejosa se limitó a exponer que el decreto reclamado, es violatorio del artículo 5° constitucional, ya que trasgrede los derechos humanos al trabajo y libre comercio, así como de supremacía de ley, lo anterior debido a que considera que la medida ordenada en el mismo, resulta desproporcionada. De lo anterior, se observa que dicho concepto de violación, está diseñado u orientado a atacar el contenido del decreto reclamado, sin que al efecto se observe que la parte quejosa haya esgrimido motivo de disenso dirigido a combatir por vicios propios los actos reclamados consistentes en la iniciativa, refrendo y publicación del decreto combatida en esta vía y que se atribuye respectivamente a las autoridades identificadas con los números 2 y 3. Dicho en otras palabras, en los referidos conceptos de disenso nada se alega con relación a esos actos reclamados destacados, relativos al proceso legislativo que dio vida jurídica a la norma impugnada, sino que se centran exclusivamente en tratar de demostrar que la emisión de la misma no encuentra respaldo constitucional por los motivos ya expuestos. Por tanto, atendiendo a que en el caso se trata de un asunto de estricto derecho, en el que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que se supla la deficiencia de la queja, el suscrito se encuentra impedido para verificar el estudio oficioso del mismo. Ello es así, porque los actos reclamados antes destacados, no están fundados en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; aunado a ello, en el caso, no están involucrados derechos de menores o incapaces y el auto reclamado no afecta el orden y desarrollo de la familia. Tampoco se advierte que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley y menos aún, se advierten circunstancias que permitan concluir que el peticionario del amparo se encuentra en condición de pobreza o marginación que lo haya dejado en clara desventaja social para su defensa en el juicio de origen. Cobra puntual aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." CONCLUSIÓN En esas condiciones, al concretarse los motivos de improcedencia antes analizados, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63 fracción V, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades 2. Secretario de Salud Federal y 3. Director General del Diario Oficial de la Federación, todos en la Ciudad de México. Sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 28/93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Jurisprudencia que si bien se integró con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la misma resulta vigente y aplicable en tanto que no se opone a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERÉS. Por otra parte y por lo que hace al acto reclamado a la autoridad restante 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades responsables invocaron la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, dado que sostienen que no se acreditó la afectación sufrida por la esfera jurídica de la parte quejosa al momento de presentación de su demanda de garantías. MARCO NORMATIVO. El citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El contenido del transcrito numeral, arroja que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia, el cual en el presente caso, guarda estrecha relación con artículo 107, fracción I Constitucional, ya que los citados dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)" Así, de las disposiciones antes señaladas, se desprende que en primer término para que se acredite el interés jurídico del quejoso en casos como el presente, debe establecerse la afectación real al derecho subjetivo del quejoso (artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo) que le provoca la norma, acto u omisión que ataca por esta vía. Asimismo, en el caso de la impugnación de normas, a efecto de establecer la posibilidad o no de la afectación a dicha esfera, debe establecerse si la disposición que se alega la produjo tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. En ese sentido, las normas autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna; en contraste las normas heteroaplicativas, sí requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." De esta forma, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, cuyos rubro, texto y datos de localización son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. SUBSUNCIÓN. En el presente caso, la parte quejosa reclamó la expedición del Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, con motivo de su entrada en vigor, es decir, como una norma autoaplicativa; pues considera que con su sola entrada en vigor se prohíbe de prestar el servicio de suministro de alimentos y bebidas, entretenimiento ni llevar actividades sociales o de esparcimiento en espacios destinados al consumo de tabaco, incluso la ley limita los espacios para fumar en forma significativa, a un máximo del diez por ciento de la superficie del local, e impone la obligación de establecer señalización gráfica sobre los efectos producidos en la salud por el tabaco destinada, principalmente, a grupos vulnerables como personas gestantes, que padecen de enfermedades relacionadas o menores de edad. En ese sentido, si la parte quejosa reclama las normas generales señaladas con motivo de su sola emisión (autoaplicativas) se estima que resulta esencial que demuestre que se encuentra en el supuesto de la norma impugnada y con ello, la afectación a su esfera jurídica de derechos, esto es, en su caso, que se dedica a brindar servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, en zonas exclusivamente para fumar, y que previamente a la entrada en vigor de éstas, cuenta con la licencia, autorización o permiso para cada una de dichas actividades. El quejoso con el propósito de demostrar que es destinatario de las normas combatidas, ofreció los siguientes documentos exhibidos electrónicamente, cuya valoración y alcance se exponen enseguida: Constancia de Situación Fiscal de ******************** de siete de febrero de dos mil veintitrés, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, relativa al local ubicado en ******************** (fojas 32 y 33). Acuse de movimientos de actualización de Situación Fiscal de ******************** de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, relativa al local ubicado en ********************(foja 34). Aviso de funcionamiento de establecimiento de productos y servicios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de nueve de noviembre de dos mil veinte, relativo al local ubicado en ********************(foja 36). Aviso de funcionamiento de establecimiento de productos y servicios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de nueve de noviembre de dos mil veinte, relativo al local ubicado en ********************(fojas 36 vuelta). Aviso de funcionamiento de establecimiento de productos y servicios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de quince de marzo de dos mil diecisiete, relativo al local ubicado en ********************(foja 44 a 47). Impresión de Guía para el cumplimiento de la Ley General para el Control del Trabajo y su Reglamento (fojas 50 a 68) Plano para habilitación de restaurante de inmueble ubicado en ********************(fojas 69). Plano para habilitación de restaurante de inmueble ubicado en ******************** (fojas 70). Impresiones de las imágenes que se indica corresponden al área de terraza del inmueble ubicado en ********************(foja 71). Impresiones de las imágenes que se indica corresponden al área de terraza del inmueble ubicado en ******************** (fojas 73 y 74). Con independencia de lo anterior, los documentos señalados resultan jurídicamente insuficientes para acreditar el interés jurídico de la solicitante para acudir al amparo. En efecto, las documentales descritas con anterioridad resultan insuficientes para demostrar que el peticionario de amparo cuente con la licencia, autorización o permiso para brindar servicio de consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento con anterioridad a la entrada en vigor del decreto impugnado. Lo anterior, porque los artículos 34, fracción VII y 58, fracción VI, ambos del Reglamento Interior Orgánico del Ayuntamiento y su Administración Pública del Municipio de Boca del Río, Veracruz establece que para el funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios en dicho municipio se debe contar con la Licencia de Funcionamiento Municipal, la cual no fue exhibida por el quejoso. En ese sentido, aun cuando entre los documentos anteriormente enumerados se exhibieron las constancias de situación fiscal y acuse de movimientos de actualización de situación fiscal de ******************** no resultan medios de prueba adecuados a efecto de acreditar la actividad del amparista, puesto que el hecho que se encuentre registrado ante la autoridad fiscal para generar impuestos por determinadas operaciones comerciales no significa necesariamente que esté en aptitud de realizar las mismas como en su caso lo acreditarían los permisos correspondientes de acuerdo a la reglamentación ya señalada. Del mismo modo, las constancias de aviso de funcionamiento de establecimiento ante la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, a nombre del quejoso, tampoco acredita que éste realice actualmente las actividades señaladas, dado que las mismas datan de noviembre de dos mil veinte y marzo de dos mil diecisiete. Por otra parte, la impresión de la Guía para el Cumplimiento de la Ley General para el Control del Trabajo y su Reglamento, se trata de un manual de aplicación general que en modo alguno acredite la situación particular del quejoso. Finalmente, las impresiones de fotografías de los locales que se alega se destinan a las actividades del quejoso, así como planos para habilitación de los citados inmuebles, tampoco constituyen medios de convicción legalmente idóneos para acreditar el interés jurídico del impetrante de garantías, puesto que, como ya se indicó, existe disposición específica para demostrar la vigencia de la autorización para ofrecer servicios de alimentos y bebidas. Todo lo anterior, dado que las documentales exhibidas no tienen el alcance demostrativo para acreditar que el aquí quejoso tiene en su favor una licencia de funcionamiento vigente respecto de los establecimientos al que aplican las normas que pretende impugnar. Por tanto, debido a que la parte quejosa se abstuvo de aportar medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar que las negociaciones antes señaladas en las que manifiesta señala sus actividades comerciales, funcionan con autorización legal y vigente (licencia revalidada) es incuestionable que no acreditó su interés jurídico y por ende, este juzgador se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto De ahí que, al no acreditar que se expidieron a su favor (pues no las exhibe) las licencias de funcionamiento municipal vigentes por la autoridad competente en términos del Reglamento Interior Orgánico del Ayuntamiento y su Administración Pública del Municipio de Boca del Río, Veracruz, que autorice al quejosa la prestación de los servicios antes señalados, entonces, el promovente del amparo no acreditó su interés jurídico para reclamar el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en específico los artículos 1, 5, fracción VI, 51, fracción I Bis, 60, 5 Bis y Cuarto Transitorio de dicho reglamento, con motivo de su sola entrada en vigor. CONCLUSIÓN. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. La causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sustenta lo anterior la tesis 2a./J. 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario el estudio del resto de las causas de improcedencia alegadas por las responsables; dado que basta el estudio de una de ellas para decretar el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** promovido contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución en los términos señalados en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 117/2023, promovido por Alejandro Rosas García, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Y hace constar que no obra el informe previo de la autoridad responsable 3. Director del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio 4251 de veintiuno de febrero pasado, por el que se le requirió su informe, tal como se aprecia del acuse de recibido visible a foja ciento treinta y cuatro del sumario. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Y respecto a la falta de informe del 3. Director del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, se proveerá lo conducente en la presente resolución interlocutoria. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y el secretario hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ni las partes, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 117/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Alejandro Rosas García, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. -- RESUELTO 2. Secretario de Salud. -- RESUELTO 3. Director del Diario Oficial de la Federación. 134 OMISA Ciudad de México SEGUNDO. En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. En interlocutoria de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se reservó de resolver respecto a una autoridad y por las otras se negó la suspensión definitiva. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es: ".Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de diciembre del 2022, específicamente las disposiciones contenidas en los artículos: 1, 5 fracción VI, 51 fracción I Bis, 60, 65 bis y artículo 4º transitorio del reglamento mencionado en el párrafo que antecede, mismas que se transcriben a continuación: "Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 5.- [...] VI. Establecer las características con que deberán contar los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, así como las zonas exclusivamente para fumar ubicadas en espacios al aire libre... Artículo 51.- Este Reglamento tiene, en materia de protección contra la exposición al humo de tabaco y emisiones, las finalidades siguientes [...] 1 Bis. Establecer los lineamientos que deberán observar las personas propietarios, administradoras o responsables de los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, asi como para establecer zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán estar siempre ubicadas en espacios al aire libre: Artículo 60.- Las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, en las cuales está prohibido brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otros, así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento. Estas zonas deberán contar con las características siguientes: I. Estar físicamente separadas e incomunicadas de los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones; no ser paso obligado para las personas o encontrarse en los accesos o salidas de los inmuebles; II. Estar ubicadas en un cerco perimetral de al menos diez metros de las entradas, accesos, solidos o cualquier lugar obligado donde las personas pasen o se congreguen, así como de los sitios donde se encuentren conductos de entrada de aire; III. Los espacios al aire libre no deberán ser mayor al 10 por ciento del área total del inmueble o establecimiento. En su caso, en la medición del espacio total se tomará en cuenta exclusivamente la superficie destinada a la prestación del servicio, sin incluirse en ningún caso las áreas destinadas a la cocina, a la preparación de bebidas, a los equipos de sonido y sus operadores, a los sanitarios o estacionamientos: IV. Contar con la señalización que prohíbe la entrada a menores de edad, la cual debe ser visible y adecuada. Asimismo, emplear señalización que incluya advertencias sanitarias gráficas sobre los efectos y daños en la salud a que se exponen las personas por entrar en zonas exclusivamente para fumar, y V. Está prohibido el acceso y presencia de personas menores de edad. Asimismo, deberá advertirse en especial a las mujeres embarazadas de los riesgos que corre ella y el producto al entrar en zonas exclusivamente para fumar, así como a personas adultas mayores y quienes padecen de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, asma, entre otros. Artículo 65 Bis. - Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva. Se consideran espacios de concurrencia colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción X Bis, de la Ley, los siguientes: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos o lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes, parques de desarrollo urbano, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas. Paraderos de transporte, y demás espacios que establezca la Secretaria en términos de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Transitorios CUARTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto." [sic] TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable 3. Director del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, omitió rendir su informe previo, a pesar de que se le solicitó con la debida oportunidad, tal y como se demuestra con el recibo de notificación que obra en la foja ciento treinta y cuatro; por tanto, con apoyo en el párrafo primero, del artículo 142 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados en el juicio de amparo, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados. En lo que interesa, el artículo 125 de la Ley de Amparo, dispone que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. El artículo 126 del ordenamiento citado, regula lo relativo a la suspensión de oficio, que procede cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal o, cuando se trate de algún acto que tenga relación con la privación total o parcial de la propiedad o posesión de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Esta suspensión se tramita de plano, es decir, sin audiencia de las demás partes y se decreta en el mismo auto en que el Juez admita la demanda. Sus efectos son ordenar que cesen los actos referidos en la primera parte del párrafo que antecede u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, caso este último en el que el Juez deberá tomar las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. Fuera de los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, el artículo 128 del citado ordenamiento, establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran: I. Que la solicite el quejoso. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión a petición de parte se decreta en un incidente de suspensión que se tramita por duplicado y que corre por cuerda separada al juicio principal, según lo dispone el referido precepto legal. Por su parte, el artículo 131 de la Ley de Amparo, estatuye lo relativo a la suspensión cuando se aduce un interés legítimo. Al respecto dispone que el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite: a) El daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y b) El interés social que justifique su otorgamiento Especificando en su último párrafo que dicho otorgamiento en ningún caso, podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. El artículo 139 de la ley de la materia, establece que en los casos en que proceda la suspensión, conforme a los diversos artículos 128 y 131 de esa ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo, pudiendo modificarla o revocarla cuando surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público. El numeral 147 del propio ordenamiento estatuye que al concederse la suspensión, el Juez de Distrito, debe procurar fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y, atendiendo a la naturaleza del acto, ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan y de ser jurídica y materialmente posible, se restablezca al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia en el juicio de amparo, evitando que se defrauden los derechos de los menores o incapaces. En suma, conforme al marco constitucional y legal anteriormente expuesto, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, cuando aquélla se tramita a petición de parte deben verificarse diversos elementos. En principio es necesario constatar si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida. Para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la suspensión provisional, se deberá atender a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, realiza el quejoso; en cambio, tratándose de la suspensión definitiva, deberán tomarse en cuenta los informes previos que rindan las autoridades responsables o, en su caso, la omisión en que incurran, así como las pruebas que ofrezcan las partes. Posteriormente, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que no tendría ningún efecto práctico realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y/o declarativos, entre otros. Finalmente, para conceder la suspensión de los actos reclamados, debe verificarse que se encuentren satisfechos los requisitos que establecen los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; paralelamente, al analizar este último requisito, cuando la naturaleza del acto lo permita, es necesario realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social y, finalmente, cuando se aduzca un interés legítimo, se exige el acreditamiento del daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la suspensión y el interés social que justifique su otorgamiento. En resumen, para conceder la suspensión de los actos reclamados, cuando se tramita a petición de parte el Juez de Distrito debe tomar en cuenta, sucesivamente, los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea cierto. b) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de ser suspendido. c) Que la suspensión la solicite el agraviado. d) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, caso en el cual se podrá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. e) Que exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso; y f) Que se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la suspensión. Lo anterior, a fin de que el juzgador fije la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Apoya lo anterior, por los motivos que la informan la tesis2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1376, registro digital 2011614, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley". En el caso, el quejoso acude a esta instancia para impugnar la constitucionalidad de los artículos 1, 5 fracción VI, 51 fracción I Bis, 60, 65 bis y artículo 4° transitorio de la Ley General para el Control del Tabaco. Lo anterior, en virtud de que, con motivo de su entrada en vigor la parte quejosa manifiesta que existe una violación de los derechos humanos de libertad de comercio, previsto por el artículos 5°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto que se tiene por cierto al tratarse de una norma general que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia en materia común 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro 191452, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por otra parte, la naturaleza jurídica del acto combatido permite su paralización, ya que se trata de un acto de carácter positivo, de ahí que, los efectos que éste produce son susceptibles de ser suspendidos. De igual forma, se cumple con el requisito consistente en que el quejoso solicite la medida cautelar, en razón de que así se desprende de la demanda de amparo, específicamente, del capítulo de suspensión. Empero, debe señalarse que en la especie no se colman los requisitos establecidos por el ordinal 128 de la Ley de Amparo porque de concederse la suspensión se afectaría disposiciones de orden público, como se demostrará enseguida. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender; así, la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador, sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia, como la que enseguida se invoca, ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia en materia común 522, publicada en el Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, séptima época, página 343 y registro 394478, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Asimismo, atiéndase la jurisprudencia en materia administrativa I.3º.A.J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En el caso, los artículos tildados de inconstitucionales y respecto de los cuales se pide la suspensión de sus efectos, disponen lo siguiente: Ley General Para el Control del Tabaco Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 5.- [...] VI. Establecer las características con que deberán contar los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, así como las zonas exclusivamente para fumar ubicadas en espacios al aire libre... Artículo 51.- Este Reglamento tiene, en materia de protección contra la exposición al humo de tabaco y emisiones, las finalidades siguientes [...] 1 Bis. Establecer los lineamientos que deberán observar las personas propietarios, administradoras o responsables de los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, asi como para establecer zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán estar siempre ubicadas en espacios al aire libre: Artículo 60.- Las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, en las cuales está prohibido brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otros, así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento. Estas zonas deberán contar con las características siguientes: I. Estar físicamente separadas e incomunicadas de los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones; no ser paso obligado para las personas o encontrarse en los accesos o salidas de los inmuebles; II. Estar ubicadas en un cerco perimetral de al menos diez metros de las entradas, accesos, solidos o cualquier lugar obligado donde las personas pasen o se congreguen, así como de los sitios donde se encuentren conductos de entrada de aire; III. Los espacios al aire libre no deberán ser mayor al 10 por ciento del área total del inmueble o establecimiento. En su caso, en la medición del espacio total se tomará en cuenta exclusivamente la superficie destinada a la prestación del servicio, sin incluirse en ningún caso las áreas destinadas a la cocina, a la preparación de bebidas, a los equipos de sonido y sus operadores, a los sanitarios o estacionamientos: IV. Contar con la señalización que prohíbe la entrada a menores de edad, la cual debe ser visible y adecuada. Asimismo, emplear señalización que incluya advertencias sanitarias gráficas sobre los efectos y daños en la salud a que se exponen las personas por entrar en zonas exclusivamente para fumar, y V. Está prohibido el acceso y presencia de personas menores de edad. Asimismo, deberá advertirse en especial a las mujeres embarazadas de los riesgos que corre ella y el producto al entrar en zonas exclusivamente para fumar, así como a personas adultas mayores y quienes padecen de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, asma, entre otros. Artículo 65 Bis. - Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva. Se consideran espacios de concurrencia colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción X Bis, de la Ley, los siguientes: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos o lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes, parques de desarrollo urbano, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas. Paraderos de transporte, y demás espacios que establezca la Secretaria en términos de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Transitorios CUARTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto". Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión para efecto de que todas y cada una de las normas reclamadas en la siguiente forma: Pueda seguir, o continúe, prestando el servicio, y venta, de alimentos y bebidas en las zonas destinadas exclusivamente para fumadores; Que pueda llevar a cabo actividades sociales y/o de entretenimiento dentro de esas zonas. No se exijan para dichas zonas las nuevas restricciones, características y condicionamientos previstos en el artículo 60 del Decreto y particularmente las señaladas en su párrafo primero y sus fracciones II y III, así como el artículo 2 fracciones IV y IV Bis. Entonces, y tomando en consideración que los preceptos antes transcritos, se desprende que los artículos 1, 5 fracción VI, 51 Fracción I Bis, 60, 65 y artículo 4° transitorio del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, se desprende que están destinadas a la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco, esto es, establece las características con las que deben contar los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, y aquellas zonas destinadas para fumar, las cuales deben estar ubicadas en espacios al aire libre, así como los lineamientos a los que deben sujetarse las personas responsables de los espacios referidos. Asimismo, se advierte que en dichos lugares podrán existir zonas exclusivamente para fumadores, siempre y cuando dichos lugares se encuentren al aire libre; limitando en dichas zonas, la prestación del servicio relativo a la actividad comercial que según sea el caso, en las zonas destinadas para fumar, así como prohibir el consumo o que tengan encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los lugares destinados al acceso al público para el desarrollo de actividades, entre ellas las de entretenimiento, los cuales deberán ser espacios 100% libres de humo o emisiones. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que no es procedente conceder la suspensión definitiva contra los efectos y consecuencias de los preceptos reclamados, toda vez que con su otorgamiento se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público; porque existe interés general en proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de humo y tabaco y emisiones; y de esa manera, estar en condiciones de satisfacer las necesidades colectivas y lograr el bienestar común. Pues es de interés general que la población cuente con espacios cien por ciento libres de humo tabaco y emisiones en los espacios cerrados, lugares de trabajo, transporte público, espacios de concurrencia colectiva, así como cualquier otro lugar con acceso al público que en forma expresa lo establezca la Secretaria de Salud, con el objeto de salvaguardar la salud de los no fumadores. En ese tenor, de concederse la suspensión para los efectos solicitados por la quejosa, se causaría mayor perjuicio al interés social en comparación con aquel que pudieran resentir los gobernados obligados, porque se evitaría que la población pudiera gozar y convivir en espacios cien por ciento libres de humo y tabaco y emisiones. Por lo que de concederse la suspensión solicitada en los términos referidos por la quejosa, se interfiere con el daño de la salud de la población al no contar con espacios cien por ciento libre de humo. Lo anterior es así, pues el legislador estableció que el lugares con acceso al público en forma libre o restringida, lugares de trabajo con o sin atención al público, públicos o privados, la existencia de zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, de conformidad a las disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, lo anterior de conformidad con los artículos 27 y 29 de la Ley General para el control de Tabaco. En ese orden de ideas, es claro que la suspensión de los efectos y consecuencias derivados del citado artículo y reglas reclamadas tendría un impacto negativo en la salud de la población. Por ello, no es procedente otorgar la suspensión solicitada, en tanto que la colectividad está interesada en que se implementen los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, pues trasciende de forma positiva en la salud de la población general y en particular de los no fumadores; en razón de que el objeto de dicho decreto es la prevención y disminución de las consecuencias derivadas del consumo y de la exposición al humo de tabaco en cualquiera de sus formas, evitando el mayor peligro a la salud. De ahí que no resulte procedente conceder la suspensión definitiva solicitada; pues se estima que se afectaría el orden público y el interés social. Se apoya lo anterior, en la jurisprudencia de rubro y texto que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 4 DE MARZO DE 2008, AL SER DE INTERÉS COLECTIVO SU EXPEDICIÓN. El artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental a la protección de la salud. Por otra parte, el organismo de las naciones unidas especializado en la materia ha reiterado que la salud, entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de la salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo ...". Por su parte, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, se considera al derecho a la salud como: "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, se concluye que ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de la población esté protegida a través de la emisión de reglas de carácter general; de ahí que sea de interés colectivo la expedición de ordenamientos legislativos que tengan como objeto la prevención y disminución de las consecuencias derivadas del consumo y de la exposición al humo de tabaco en cualquiera de sus formas, que eviten la propagación de cualquier peligro en la salud, como es el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 4 de marzo de 2008; por lo que debe negarse la suspensión en el amparo contra sus efectos y consecuencias. Apoya a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis 1a. CCIV/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 500, registro digital 2001606, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO HUMANO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La restricción que prevé el artículo 23, párrafo segundo, de la Ley General para el Control del Tabaco, al establecer que: "La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.", es de interés público y social; además, tiene una finalidad legítima, pues busca proteger la salud de la población y, particularmente, de un grupo vulnerable como son los niños y jóvenes. Así, la protección del derecho humano a la salud prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, opera como justificador de la limitación a la libertad de comercio e industria representada por el citado numeral 23. Asimismo, dicha restricción es racional e idónea porque existe conexión instrumental entre el objetivo indicado y la opción de no permitir que se publiciten en medios que estén al alcance de los menores los productos derivados del tabaco; además de que está muy lejos de recaer sobre el centro o núcleo del derecho a elegir y desempeñar una profesión o una actividad empresarial, pues dicha restricción no condiciona la posibilidad de tener la propiedad o la explotación de un establecimiento mercantil, ni de convertirse en comercializador o distribuidor de productos derivados del tabaco, sino que simplemente regula algunas de sus condiciones de ejercicio, en particular, la publicidad; lo que se traduce en un impacto objetivamente mínimo sobre el ámbito de ejercicio del derecho o libertad en cuestión. Así, el legislador únicamente impone una condición específica de modo y lugar, entre otras, que tienen que ser observadas en la publicidad de productos y servicios, sobre la base de la necesidad de proteger una infinidad de derechos e intereses públicos que esa actividad pone en riesgo; de ahí que el artículo 23 de la Ley General para el Control del Tabaco, no viola el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, soporta lo anterior, la tesis 2a. LX/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 1003, registro digital 2001279, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DEL TABACO. LOS ARTÍCULOS 26, ÚLTIMO PÁRRAFO, 28 Y 29 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VIOLAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y LIBRE CONCURRENCIA. Los citados preceptos, al prever que los propietarios, administradores o responsables de los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como de escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, deben fijar en su interior y exterior los letreros, logotipos y emblemas establecidos por la Secretaría de Salud, y que aquéllos deberán hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco y colocar en lugares visibles, así como en las zonas exclusivas para fumar, letreros que indiquen claramente su naturaleza, incluyendo un número telefónico para la denuncia por incumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, no violan los derechos fundamentales a la libertad de trabajo y libre concurrencia contenidos en los artículos 5o. y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien tales exigencias implican molestia, no impiden que el gobernado continúe llevando a cabo su actividad, sino que únicamente lo someten a diversas modalidades o condiciones de operación que se exigen a todos los establecimientos con áreas interiores destinadas a fumar que deben acatarse en caso de que elijan tener un área para esos efectos, las cuales se justifican en la medida en que se dirigen a salvaguardar el derecho humano a la salud de la población no fumadora, protegido en el artículo 4o. constitucional; máxime que las exigencias son aplicables a quienes potestativamente eligen destinar parte de su establecimiento a la atención de fumadores y no les impiden continuar con las actividades que desempeñaban antes de la entrada en vigor de las indicadas medidas, de manera que no se les coloca en un estado de desventaja". No obsta a lo anterior, que la parte quejosa solicita el análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, en razón de que al negarse la suspensión del acto reclamado no puede invocarse dichos presupuestos, por lo que debe sopesar el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, a los que pueda sufrir el quejoso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Alejandro Rosas García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
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