Alejandro Romero García

Expediente 534/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
534/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Romero García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes... archívese este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.

  2. Principal

    RADICACIÓN DE LA DEMANDA Con la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente de la Comunidad de San Juan Diego Arroyo Arenoso, Santa Cruz Huatulco, Santa María Huatulco, Oaxaca y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 534/2022 y dese de alta en el sistema correspondiente. ESTUDIO DE DEMANDA De la lectura a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados ... CAUSA DE IMPROCEDENCIA En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ...Precisado lo anterior, debe puntualizarse que la ley procesal prevé un medio de defensa a través del cual puede manifestar la inconformidad y agravios que presenta la orden de desalojo en la esfera jurídica del quejoso, asimismo, prevé lo correspondiente a suspender el acto de la autoridad señalada como responsable, bajo los mismos efectos que señala la ley de amparo, es decir, el quejoso no se encuentra en un estado de indefensión. Por tanto, al existir un medio ordinario de impugnación antes de promover el juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. En efecto, los artículos 48, 49 164, 165 y 166 de la Ley Agraria, prevén la procedencia del juicio agrario contra las autoridades administrativas señaladas en el escrito de cuenta. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra la orden de desalojo de la que se duele el quejoso, porque en la legislación procesal se establece un juicio en el cual en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente el Tribunal Agrario resolverá lo procedente a la adquisición de los derechos sobre la tierra ejidal. ... No se soslaya que la actuación de la autoridad puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal. No obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha actuación con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa; máxime que dicho medio de defensa prevé la suspensión del acto combatido, en los mismos términos que la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende contra el mencionado acto reclamado, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 25/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituían presupuestos distintos y autónomos que debían observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; asimismo, que el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implicaba con un derecho sustantivo, la cual no era susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; de igual manera, que la regla de definitividad refería a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que estableciera la ley que regía el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que fueran de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo era necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso señalaba la ley, salvo los casos de excepción que establecía el artículo 61 de la Ley de Amparo. ..En relación con lo anterior, los casos de excepción establecidos en el artículo 61 de la Ley de Amparo son: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevea que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, como lo son las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, no es necesario interponer el recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello es así, pues con el acto reclamado no se impuso alguna de esas sanciones a la parte quejosa, por lo que no se encuentra en los casos de excepción de referencia. ...Cabe destacar que el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla excepciones al principio de definitividad, que consisten en que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; lo que tampoco acontece en el presente asunto, pues el acto reclamado se trata de una orden de desalojo de un predio ejidal, el cual aduce el quejoso se encuentra en su posesión. DESECHAMIENTO En vista de las consideraciones relatadas, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad; por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como lugar para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica en su escrito de demanda, quien una vez que se inscriba en el registro correspondiente su cédula profesional que los faculte para ejercer su profesión, se le reconocerán las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. COMUNICACIONES NO PROCESALES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, a fin de dar celeridad a la integración de este sumario y de salvaguardar la salud e integridad de las partes y el personal de este órgano jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea y, de ser posible, proporcione formas expeditas de contacto como teléfonos, correo electrónico, entre otros, a fin de poder entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. PRECISIONES PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE FÍSICO Hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, SE EXHORTA A LA PARTE QUEJOSA A QUE, DE SER POSIBLE Y NO OBSTANTE LAS PROBABLES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA ELLO, CONTINÚE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrá presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE Se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. En otro aspecto, tomando en consideración que mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contigencias por el virus COVID-19, que precisó que debe priorizarse el trabajo a distancia, así como el uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. Se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese mediante lista a la parte quejosa.

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