Alejandro Rodríguez Romano
Expediente 688/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Rodríguez Romano
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ..., en su carácter de defensor del quejoso ..., atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo por las razones expuestas en dicho auto.
- Principal
Visto, el escrito presentado por Alfredo Bacilio Navarro, en su calidad de defensor particular del quejoso, por medo del cual desahoga la prevención ordenada en auto de diecisiete de septiembre del año en curso y aclara que el nombre del quejoso es Alejandro Rodríguez Romano; atento a ello, se tiene por desahogada en los términos precisados la prevención ordenada en autos. Ahora, de la certificación de cuenta, resulta necesario invocar como hecho notorio para este juzgador, la diversa demanda de amparo promovido por el propio Alfredo Bacilio Navarro, en su calidad de defensor particular de Alejandro Pérez Sánchez y/o Alejandro Rodríguez Romano, registrada bajo el índice 719/2020-IV, esto, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. En ese sentido, cabe destacar que del contenido de la demanda de amparo registrada con el número 719/2020-IV, se advierte que Alfredo Bacilio Navarro, en su calidad de defensor particular de Alejandro Pérez Sánchez y/o Alejandro Rodríguez Romano, reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, el mismo auto que el quejoso señaló en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, consistente en: «La determinación que resolvió la incidencia hecha valer por esta defensa en el desarrollo de la audiencia intermedia de fecha veintidós de agosto del año dos mil veinte, en donde el Juez de Control negó acordar de conformidad la solicitud de regularizar el procedimiento y reponer el plazo de investigación complementaria al que el hoy quejoso tiene dentro de las actuaciones de la carpeta administrativa 1536/2020.» Así, de las demandas que se analizan, se advierte que el quejoso reclama la resolución de veintidós de agosto de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en la carpeta administrativa 1536/2020, que negó acordar de conformidad la solicitud de regularizar el procedimiento y reponer el plazo de investigación complementaria, es inconcuso que ambos juicios de amparo están estrechamente relacionados, pues existe identidad entre quien promueve el amparo, contra idéntica autoridad responsable y acto reclamado. En ese tenor, con fundamento en el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo en vigor, de oficio se decreta la acumulación del juicio de amparo 719/2020-IV al diverso 688/2020-III, por ser ése el más antiguo en su presentación, las cuales se tramitarán bajo este último número. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que del texto siguiente: «ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE». Bajo ese contexto, vistas las demandas de amparo, este juzgado de Distrito estima que resulta notoriamente improcedentes, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que el promovente en las demandas que se analizan, reclama lo siguiente: «La determinación que resolvió la incidencia hecha valer por esta defensa en el desarrollo de la audiencia intermedia de fecha veintidós de agosto del año dos mil veinte, en donde el Juez de Control negó acordar de conformidad la solicitud de regularizar el procedimiento y reponer el plazo de investigación complementaria al que el hoy quejoso tiene dentro de las actuaciones de la carpeta administrativa 1536/2020.» Acto reclamado que en esencia se hace consistir en la determinación emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en los autos de la carpeta administrativa 1536/2019, en la que declaró improcedente la incidencia y petición de la defensa de regularizar el procedimiento, reponiendo el plazo para el cierre de la investigación complementaria solicitada, motivo por el cual se decretó el cierre de dicha etapa y la realización de la acusación respectiva. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Como puede apreciarse, el arábigo transcrito en primer término, señala que el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el segundo numeral prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Expresión "actos de imposible reparación". Sus alcances. En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. El criterio relativo dio lugar a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Es preciso señalar que es una situación definida por disposición legal y por criterio jurisprudencial, que el desechamiento y/o admisión de pruebas dentro de un juicio no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce efectos intraprocesales, susceptible de ser reparado en la sentencia respectiva, por tanto, la misma razón rige respecto al desechamiento y/o admisión de pruebas que se suscite en el trámite de un incidente. Precisado lo anterior, es de tomarse en cuenta que la parte quejosa, es parte procesal en el procedimiento del cual derivan los actos reclamados, por lo que no tiene el carácter de tercera extraña al mismo y en esa premisa, el acto que aquí reclama el promovente, consistente en las violaciones procesales que dice cometió la responsable al declarar improcedente la incidencia y petición de la defensa de regularizar el procedimiento penal, reponiendo el plazo para el cierre de la investigación complementaria solicitada, motivo por el cual decretó el cierre de dicha etapa y la realización de la acusación respectiva; no son actos que en términos del artículo 107 fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que al momento de su emisión, tengan una consecuencia o efecto de imposible reparación, entendiéndose por tal los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, los actos atribuidos a la autoridad responsable consistentes en las violaciones procesales que dice cometió la responsable al dictar la determinación de veintidós de agosto de dos mil veinte, donde declaró improcedente la incidencia y petición de la defensa de regularizar el procedimiento penal, decretando con ello, el cierre de la investigación complementaria y la realización de la acusación respectiva, solamente produce efectos formales o intraprocesales al momento de su emisión, los cuales no afectan de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, como la libertad (puesto que se encuentra sujeto a un procedimiento), sus derechos, papeles o posesiones, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva el procedimiento del cual derivan los actos reclamados, momento en el cual se podrá verificar si dicha determinación, transcendió al resultado del fallo, caso en el cual y de ser procedente, estará en aptitud de hacer valer los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo directo. Por lo tanto, mientras lo anterior no suceda, el acto aquí reclamado, que se traduce esencialmente en que la autoridad responsable haya dictado la determinación de veintidós de agosto de dos mil veinte, donde declaró improcedente la incidencia y petición de la defensa de regularizar el procedimiento penal, decretando con ello, el cierre de la investigación complementaria y la realización de la acusación respectiva, como ya se dijo sólo produce efectos de carácter procesal, que no tienen una afectación de imposible reparación al momento de su emisión para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). En consecuencia, la resolución con que culmine tal procedimiento, incluso, puede resultarle favorable y aún en el supuesto de serle adverso, puede alegar esta violación mediante la vía correcta que en su caso y oportunidad promueva contra dicha resolución, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. En ese sentido, el acto combatido no constituye para el solicitante de amparo, acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Además, como actos intraprocesales tampoco causan daño predominante o exorbitante, de manera tal que haga procedente el juicio de garantías biinstancial; sino que el perjuicio podrá actualizarse cuando el juez natural dicte la resolución correspondiente y será en ese momento cuando podrá evidenciarse si la violación que aduce el promovente trascendió el resultado del fallo. El acto reclamado, tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, pues se encuentra en condiciones de realizar las manifestaciones y defensas que considere pertinentes, además porque en todo caso podrá constituir una violación dentro del juicio, reclamable en amparo directo, en caso de que la sentencia que llegue a dictarse le sea desfavorable. Luego, dicho acto reclamado ningún perjuicio irreparable irroga al quejoso, ya que sólo puede considerarse como violaciones al procedimiento, al tratarse de pronunciamiento en la investigación complementaria, en forma diferente a la prevista por la ley, en términos del artículo 173, apartado B, fracciones I en su parte final, IV, V y X, de la Ley de Amparo. Sustento de lo anterior, es la tesis IV 1º. P.27 P (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Cuarto Circuito. publicada en el Semanario Judiical de la Federación y su Gaceta, , Décima época, Libro 71, octubre de 2019, Tomo IV, p. 3502 de rubro y texto, siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." De lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V, interpretado a contrario sensu de la citada ley, procede con fundamento en al artículo 113 de la ley de la materia desechar de plano las demandas de amparo promovidas por Alfredo Bacilio Navarro, en su calidad de defensor particular de Alejandro Pérez Sánchez y/o Alejandro Rodríguez Romano.
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