Alejandro Rodas Cobón y Otros.

Expediente 203/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
203/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
28/01/2019

Partes del expediente

  • José Luis Hernández Jaimes y Otros.
  • Alejandro Rodas Cobón y Otros.
  • Alejandro Rodas Cobón
  • Antonio Gallegos Rosario
  • Antonio Gallegos Rosario y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa, sin que hubiese realizado manifestación alguna respecto a la vista otorgada en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. II. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase físicamente el presente expediente, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Estado procesal de autos. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario. Efectos del fallo protector. En sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto siguiente: La autoridad responsable, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la ley aplicable a los promoventes (Código de Justicia Militar si los quejosos están privados de su libertad por causas de índole militar, o bien, Ley Nacional de Ejecución Penal, si se encuentran bajo procesos del orden civil), deberá dar contestación a lo solicitado por éstos, haciéndoles saber las gestiones que realizará, ante qué instituciones y el plazo en que se llevará a cabo éstas, lo anterior, dentro del plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien, con lo establecido por el Código de Justicia Militar, en tanto que este no prevé un término para dicha circunstancia. Deberá hacer del conocimiento de los quejosos la respuesta que emita dentro del mismo plazo." Determinación que causó ejecutoria en proveído de treinta de octubre de los actuales. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de la Prisión Militar adscrito a la III Región Militar, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: Mediante oficio número S.R-10/23683 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se anexa copia, esta Dirección requirió al interno soldado de infantería Alan Omar García Soto, que informara la carrera o estudios nivel superior que desea cursar, ello con el objeto de que esa autoridad penitenciaria esté en condiciones de determinar las gestiones que para tal efecto se deben llevar a cabo, así como las instancias o dependencias de los tres niveles de gobierno que serán involucradas sobre el particular. Mediante escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (se anexa copia), el soldado de infantería Alan Omar García Soto, contestó que él no desea efectuar ningún estudio de nivel profesional y que la solicitud que firmó junto con otros internos, lo hizo por insistencia y presión del mayor de infantería retirado Alejandro Rodas Cobón. La subteniente de pedagogía Guillermina Santiago Ramírez, Jefe de la Subsección de Educación de ese centro penitenciario, mediante oficio sin número de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (se anexa copia), informó a esa dirección que las entrevistas efectuadas a las personas que conforman la actual población penitenciaria, se advierte que ninguna de ellas desea cursar estudios de nivel superior. Con independencia de la solicitud de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete formulada por el mayor Rodas Cobón y otros internos, hasta la fecha no se han presentado en esa prisión militar peticiones de parte de alguna persona privada de su libertad, en el sentido de que deseen cursar estudios de nivel superior que se realicen gestiones sobre el particular. El quejoso teniente de caballería Roberto Armando Garibaldy Valdez, no se encuentra interno en esa prisión militar en razón de que el día treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho fue trasladado al centro federal de readaptación social número 4, (Tepic, Nay.). Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable atendió los efectos de la sentencia de amparo; por tanto, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Esto es, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realiza diversas acciones para acatar el fallo emitido en el presente juicio de amparo. Lo anterior, se considera así, toda vez que de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, Director de la Prisión Militar adscrito a la III Región Militar, con residencia en esta ciudad, se advierte que en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, requirió al quejoso Alan Omar García Soto, para que informara la carrera o estudios de nivel superior que deseaba cursar, ello a fin de llevar a cabo las gestiones pertinentes para llevarlo a cabo, sin embargo, el directo agraviada, señaló que no era su deseo efectuar ningún estudio de nivel profesional, pues la solicitud la realizó por presión de diversas personas. Mientras que respecto al diverso quejoso Roberto Armando Garibaldy Valdez, se considera que al haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 4, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, la autoridad aquí responsable, se encuentra impedida para dar cumplimento al fallo protector respecto al citado quejoso. Ello al considerar que, aun subsistiendo el acto reclamado consistente en la contestación a la solicitud de estudios superiores, de seis de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Director de la Prisión Militar Número Cinco, con sede en esta ciudad; dejó de existir el objeto del mismo, en la medida que éste únicamente se tenía como finalidad que se analizara la legalidad de la actuación de la responsable, por lo que, al haberse trasladado al citado quejoso aun centro penitenciario distinto al cual dirige la responsable, es inconcuso, que ha dejado de tener objeto o materia el acto reclamado a ésta, en tanto que, la solicitud de estudios superiores, en su caso el citado quejoso, deberá realizarla ante la dirección del centro penitenciario en donde ahora se encuentra interno. Bajo ese orden, aun cuando se pudiese considerar que el acto controvertido en el presente juicio subsiste jurídicamente, por no constar que haya sido revocado o nulificado, lo cierto es que ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, pues la litis con la cual se encontraba vinculado dicho acto de autoridad, ha concluido con el traslado del citado quejoso, al Centro Federal de Readaptación Social número 4, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, efectuado el treinta y uno de agosto del presente año. Por lo que se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en su capítulo Quinto, puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. X. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. XI. Vista a la parte quejosa. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida, y con base en el numeral 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en los términos de Ley.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Estado procesal de autos. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario. Efectos del fallo protector. En sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto siguiente: La autoridad responsable, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la ley aplicable a los promoventes (Código de Justicia Militar si los quejosos están privados de su libertad por causas de índole militar, o bien, Ley Nacional de Ejecución Penal, si se encuentran bajo procesos del orden civil), deberá dar contestación a lo solicitado por éstos, haciéndoles saber las gestiones que realizará, ante qué instituciones y el plazo en que se llevará a cabo éstas, lo anterior, dentro del plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien, con lo establecido por el Código de Justicia Militar, en tanto que este no prevé un término para dicha circunstancia. Deberá hacer del conocimiento de los quejosos la respuesta que emita dentro del mismo plazo." Determinación que causó ejecutoria en proveído de treinta de octubre de los actuales. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de la Prisión Militar adscrito a la III Región Militar, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: Mediante oficio número S.R-10/23683 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se anexa copia, esta Dirección requirió al interno soldado de infantería Alan Omar García Soto, que informara la carrera o estudios nivel superior que desea cursar, ello con el objeto de que esa autoridad penitenciaria esté en condiciones de determinar las gestiones que para tal efecto se deben llevar a cabo, así como las instancias o dependencias de los tres niveles de gobierno que serán involucradas sobre el particular. Mediante escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (se anexa copia), el soldado de infantería Alan Omar García Soto, contestó que él no desea efectuar ningún estudio de nivel profesional y que la solicitud que firmó junto con otros internos, lo hizo por insistencia y presión del mayor de infantería retirado Alejandro Rodas Cobón. La subteniente de pedagogía Guillermina Santiago Ramírez, Jefe de la Subsección de Educación de ese centro penitenciario, mediante oficio sin número de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (se anexa copia), informó a esa dirección que las entrevistas efectuadas a las personas que conforman la actual población penitenciaria, se advierte que ninguna de ellas desea cursar estudios de nivel superior. Con independencia de la solicitud de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete formulada por el mayor Rodas Cobón y otros internos, hasta la fecha no se han presentado en esa prisión militar peticiones de parte de alguna persona privada de su libertad, en el sentido de que deseen cursar estudios de nivel superior que se realicen gestiones sobre el particular. El quejoso teniente de caballería Roberto Armando Garibaldy Valdez, no se encuentra interno en esa prisión militar en razón de que el día treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho fue trasladado al centro federal de readaptación social número 4, (Tepic, Nay.). Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable atendió los efectos de la sentencia de amparo; por tanto, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Esto es, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realiza diversas acciones para acatar el fallo emitido en el presente juicio de amparo. Lo anterior, se considera así, toda vez que de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, Director de la Prisión Militar adscrito a la III Región Militar, con residencia en esta ciudad, se advierte que en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, requirió al quejoso Alan Omar García Soto, para que informara la carrera o estudios de nivel superior que deseaba cursar, ello a fin de llevar a cabo las gestiones pertinentes para llevarlo a cabo, sin embargo, el directo agraviada, señaló que no era su deseo efectuar ningún estudio de nivel profesional, pues la solicitud la realizó por presión de diversas personas. Mientras que respecto al diverso quejoso Roberto Armando Garibaldy Valdez, se considera que al haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 4, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, la autoridad aquí responsable, se encuentra impedida para dar cumplimento al fallo protector respecto al citado quejoso. Ello al considerar que, aun subsistiendo el acto reclamado consistente en la contestación a la solicitud de estudios superiores, de seis de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Director de la Prisión Militar Número Cinco, con sede en esta ciudad; dejó de existir el objeto del mismo, en la medida que éste únicamente se tenía como finalidad que se analizara la legalidad de la actuación de la responsable, por lo que, al haberse trasladado al citado quejoso aun centro penitenciario distinto al cual dirige la responsable, es inconcuso, que ha dejado de tener objeto o materia el acto reclamado a ésta, en tanto que, la solicitud de estudios superiores, en su caso el citado quejoso, deberá realizarla ante la dirección del centro penitenciario en donde ahora se encuentra interno. Bajo ese orden, aun cuando se pudiese considerar que el acto controvertido en el presente juicio subsiste jurídicamente, por no constar que haya sido revocado o nulificado, lo cierto es que ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, pues la litis con la cual se encontraba vinculado dicho acto de autoridad, ha concluido con el traslado del citado quejoso, al Centro Federal de Readaptación Social número 4, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, efectuado el treinta y uno de agosto del presente año. Por lo que se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en su capítulo Quinto, puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. X. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. XI. Vista a la parte quejosa. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida, y con base en el numeral 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en los términos de Ley.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Informa cumplimiento. Se tienen por recibidos el oficio S.J.-467/2373 9 y anexos enviado por el Director de la Prisión Militar adscrito a la III Región Militar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia del oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de Ley.

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