Alejandro Ríos Rivera

Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
323/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Ríos Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: 1. Acuse de recibo. Agréguese el oficio enviado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y atento a su contenido, acusa recibo del diverso comunicado a través del cual, se le hizo del conocimiento que el dieciséis de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo definitivo, por encontrarse totalmente concluido; así como de las constancias que integran el toca I-23/2022, que le fue devuelto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintisiete de junio del dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACION. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, de materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad; se ordena su devolución en un tomo; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Sin mayor acuerdo. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán; a través del cual devuelve diligenciado el despacho 135/2022 orden 270/2022, en el que se solicitó emplazar a la tercera interesada Yolanda Gutiérrez Garibay; lo anterior, sin que haya lugar a mayor acuerdo, toda vez que el mismo, se tuvo por recibido mediante resolución del veintisiete de junio del presente año, y se acordó lo conducente. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 323/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de las partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto seguido, el secretario da cuenta a la Juez con un oficio y anexos, registrado con el folio 10253. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; a través del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 135/2022 (número de orden 270/2022), del que se advierte que el seis de junio del presente año, fue emplazada al presente juicio de amparo, la tercera interesada Yolanda Gutiérrez Garibay; lo que acredita con las constancias que para tal efecto anexa. Háganse las anotaciones que corresponden y dese de baja la comunicación de que se trata. Asimismo, del emplazamiento de mérito se advierte que la citada tercera interesada, señala como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Victoria de Agua, número setenta y cinco, fraccionamiento El Carmen, con residencia en esta ciudad. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda de amparo promovida por el apoderado jurídico de la quejosa Alejandro Ríos Rivera; 2. Auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió a trámite la demanda de amparo; 3. Notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; 4. Pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; 5. Informes justificados; y, 6. Emplazamiento de la tercera interesada Yolanda Gutiérrez Garibay. A lo anterior, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos; por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; por emplazada la tercera interesada Yolanda Gutiérrez Garibay; y, por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Abierto el periodo probatorio: el secretario da cuenta con las ofertadas por la parte quejosa, por las autoridades responsables. Acto seguido, la Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar que únicamente la Fiscal de la Federación adscrita hizo manifestaciones en esta vía. Al efecto, la Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las demás partes de formular alegatos y a la representante social de la Federación adscrita por formulados sus alegatos. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 323/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Alejandro Ríos Rivera presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 323/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y quedó el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 23/2022, que confirmó la interlocutoria emitida el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de ampliación o actualización de liquidación de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil 605/1993. En tanto que, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, le atribuye lo siguiente: La ejecución que se dé a la referida resolución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, ya que, al rendir informe justificado así lo manifestaron. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con las constancias originales del toca 23/2022, mismo que adjuntó la Magistrada responsable y que obra en un tomo de pruebas por separado. Documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, esta juzgadora inadvierte, de oficio, que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. QUINTO. Estudio de fondo. Cuadro fáctico. Previo a estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, es pertinente establecer los principales antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: En ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil 605/1993, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró fundada la planilla de liquidación formulada por la incidentista Yolanda Gutiérrez Garibay, aprobando a su favor la suma de $38,400.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios que le adeuda Alejandro Ríos Rivera. Inconforme con esto, mediante escrito presentado el uno diciembre del año pasado, el apoderado del quejoso Alejandro Ríos Rivera interpuso recurso de apelación; por lo que, para sustanciar la alzada, señaló como constancias para integrar el testimonio correspondiente las siguientes: Sentencia definitiva, escrito poder y auto en el que se reconoció la personalidad del apoderado, la resolución recurrida, el aludido ocurso y el acuerdo que recayera a esta promoción. Por ello, el tres de diciembre siguiente, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, requirió al quejoso para que aportara a su costa las aludidas documentales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el medio de impugnación. El siete de diciembre posterior, la hoy parte quejosa cumplió con el citado requerimiento y aportó las mencionadas constancias; de ahí que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable ordenara la remisión del testimonio con las constancias aportadas, las diversas que señalare la parte apelada y las que estimara conducentes dicho órgano jurisdiccional. Por razón de turno, correspondió conocer del aludido recurso a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien lo registró bajo el número 23/2022 y, por resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, confirmó la interlocutoria combatida. Síntesis de los conceptos de violación. Los argumentos de inconformidad exteriorizados por la parte quejosa pueden sintetizarse de la siguiente forma: El acto reclamado vulnera lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, ya que se trastocan los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las resoluciones judiciales; esto, porque si la Magistrada responsable advirtió que en el testimonio que le fue remitido para sustanciar la apelación, no obraban los documentos con los cuales se justificaba el interés jurídico y legitimación de la tercera interesada, debió haber solicitado al juez del proceso que remitiera las constancias necesarias para resolver dicho medio de impugnación. En relación con lo anterior, al ser uno de los argumentos torales de la resolución reclamada el hecho de que el quejoso no haya comparecido a dar contestación al incidente de liquidación, es evidente que, para constatar tal situación, la autoridad responsable debió recabar las constancias suficientes para resolver. Finalmente, es ilegal que la Magistrada haya determinado que no se actualizaban la excepción de prescripción y de intereses leoninos, debido a que, para dictar tal resolución, era necesario que se recabaran las constancias necesarias para integrar el testimonio de apelación. Calificación de los conceptos de violación. Bajo las premisas anteriores, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, analizados los motivos de disenso en su conjunto, resultan infundados. Formalidades de las resoluciones judiciales El artículo 16 constitucional prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica en favor de los gobernados, al exigir que, para la emisión de cualquier acto de autoridad ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; cuestiones que se traduce en los tópicos de fundamentación y motivación. Además, deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese tenor, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, aspecto imperativo que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. A su vez, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuáles la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, cuando se trate de autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, la intensidad en el escrutinio de la fundamentación y motivación debe ser a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, que además de que se citen los preceptos legales en que se apoya una determinación, deben de realizarse los argumentos lógicos que se encaminen a justificar la emisión del acto. Lo que implica que deben tener congruencia interna y externa. Así, la primera hace alusión a que no deben contener afirmaciones antagónicas, ni adoptar posiciones contrapuestas, deben ser simétricas y sistemáticas; en tanto que, por virtud de la congruencia externa, toda resolución jurisdiccional debe resolver la totalidad de las cuestiones propuestas, y sólo las propuestas, esto es, sin añadir u omitir temas que no se hayan hecho valer oportunamente. Los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener todas las resoluciones judiciales, se encuentran contenidos en el artículo 1325 del Código de Comercio, esto es, por exigencia legal las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), también deben de serlo en cuanto a resolver la litis tal y como quedó formulada (congruencia externa). El marco legal descrito es útil para demostrar la obligación que pesa sobre la autoridad responsable de ocuparse de la totalidad de las cuestiones materia de la litis, tal como le fueron planteados, así como de las pruebas rendidas en el juicio. Marco normativo aplicable al caso concreto Hechas estas precisiones, resulta un hecho notorio para esta juzgadora que el Código de Comercio ha sufrido una serie de reformas que ha modificado sustancialmente tanto la tramitación de los juicios ya radicados y los recursos que se hagan valer. Tratándose de las reglas o leyes procesales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que con la iniciación de un juicio bajo cierta norma, no se adquiere el derecho a que tal procedimiento continúe rigiéndose en todas sus etapas conforme a las reglas de esa misma ley. Esto se explica porque las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas; de tal suerte que, mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta, debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa, tiene lugar el supuesto y por tanto, también su consecuencia. Así, si antes de llegar a cierta etapa entra en vigor una nueva ley por la cual se modifica un plazo, se suprime alguna carga procesal, se confiere una nueva facultad, etcétera, llegado el momento debe aplicarse esta nueva norma porque hasta entonces se adquiere el derecho o se actualiza el supuesto respectivo. Pero, no debe perderse de vista que lo anterior constituye la regla general y, por ende, admite excepciones. Una de ellas tiene lugar cuando se puedan afectar derechos que ya se tenían, o previamente se habían adquirido, y otra es cuando exista ultractividad de las normas procesales, que es cuando el legislador ha dispuesto norma expresa de aplicación en otro sentido, como cuando en los preceptos transitorios ordena que las nuevas normas procesales no se apliquen a juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. Así, el artículo Único transitorio del decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual se reformaron los diversos numerales del Código de Comercio, señala lo siguiente: "Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores a la misma". De ahí que, si la demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil 605/1993, se presentó el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, y la sentencia definitiva se emitió el treinta de agosto de ese año, es claro dicho juicio y su ejecución deben sustanciarse conforme al Código de Comercio vigente previo a la entrada en vigor de dichas normas. Objeto de la apelación y cargas procesales para su tramitación En concordancia con lo anterior, el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. Ahora, para resolver la segunda instancia, el legislador federal fijó ciertas cargas procesales para la parte recurrente. Por cargas procesales se entiende la conducta procesal, cuya realización ubica a las partes en una situación jurídica favorable para sus intereses dentro del proceso y cuya omisión, por el contrario, las pone en una situación de desventaja. Así, como se aprecia de la lectura del artículo 1345 del Código de Comercio aplicable, es carga del apelante señalar las constancias para integrar el testimonio correspondiente; en caso contrario, se tendrá por no interpuesto el recurso. Caso concreto Bajo estas consideraciones, la parte quejosa sustancialmente adujo que la autoridad responsable fundó y motivó incorrectamente la resolución reclamada, ya que las constancias que integran el testimonio remitido para resolver el toca 23/2022 resultan insuficientes para resolver el recurso de apelación interpuesto; por lo que era obligación de la Magistrada responsable recabar el resto de las constancias necesarias para la debida sustanciación de la alzada. Así, resultan infundados los conceptos de violación, como se evidenciará enseguida. El artículo 1345 del Código de Comercio aplicable prevé como requisito para la procedencia del recurso de apelación en el efecto devolutivo que el apelante señale las constancias para integrar el testimonio correspondiente; mismo que podrá ser adicionado por la contraparte y las que el juez estime necesarias. En caso de que el recurrente sea omiso en señalar las constancias, no se admitirá la apelación. Sin que la facultad de que el juzgador señale las constancias implique que el tribunal de alzada también esté en aptitud de indicarlas para mejor proveer, puesto que ese hecho no implica que se sustituya en la carga procesal del apelante, quien debe cumplir con los requisitos de procedencia del recurso que intenta, puesto que la litis en esa materia es cerrada. Así, de autos se aprecia que el quejoso, al momento de interponer la apelación, señaló como constancias para integrar el testimonio las siguientes: Sentencia definitiva, escrito, poder y auto en el que se reconoció la personalidad del apoderado, la resolución recurrida, el ocurso por el cual se señalaban estas constancias y el acuerdo que recayera a esta promoción. Por lo que de la lectura de las constancias que conforman el testimonio de apelación, se aprecia que el mismo fue remitido con la totalidad de constancias que señaló la parte quejosa. De ahí que, sea infundado el planteamiento formulado por el impetrante, en el sentido de que era deber de la autoridad responsable requerir al Juez de origen para recabar el resto de las constancias en las que se apreciara la legitimación de la tercera interesada, la falta de comparecencia al incidente de liquidación y donde se demostrara las excepciones opuestas; ya que, el testimonio de apelación fue remitido con las constancias que se señalaron expresamente al momento de interponerse la apelación. Esto, ya que sistema recursal del Código de Comercio aplicable, prevé una carga procesal para el apelante, no una obligación probatoria, ya que consiste en un imperativo del propio interés; pues, a diferencia de la obligación, su cumplimiento produce ventajas directas a la parte interesada, y su falta de realización configura una situación jurídica desfavorable. Esta carga procesal que recae en el recurrente y no en el juzgador, es lógica, pues, con independencia de que respeta la igualdad y el equilibrio procesal que debe haber entre los contendientes en términos del principio de justicia imparcial que se deriva del derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, deja al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de señalar y aportar las constancias necesarias para resolver la alzada. Lo cual redunda en su propio beneficio, pues al formar parte de la contienda, se presume que nadie sabe mejor que los litigantes qué constancias deben señalar y aportar, así como cuándo deben abstenerse de hacerlo; esto, dado que saben cuáles son las más idóneas para demostrar sus pretensiones o defensas. Es aplicable la tesis aislada 1a. CLVIII/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el incumplimiento de una carga procesalproduce como consecuencia propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito procesal; es decir, si el cumplimiento de una cargaprocesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines". Habida cuenta que, en atención al principio dispositivo que rige la materia mercantil, el cual cobra relevancia en materia recursal, el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes, ya que se trata de un principio procesal por virtud del cual se considera que la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no en el juzgador. Esto, pues se considera que es en ellos en quienes recae no sólo la obligación de iniciar el procedimiento, sino también la determinación de su contenido e impulso para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia. En consecuencia, el juzgador no puede sustituirse al actor y ejercer de manera oficiosa una acción, ni tampoco puede hacerlo con relación al demandado. Por ello, para la sustanciación del recurso de apelación, el Juez de Primera Instancia integrará el testimonio con las constancias señaladas por el apelante y lo remitirá al tribunal de alzada. Recibidas las constancias, en términos del último párrafo del artículo 1345 del Código de Comercio aplicable, el Magistrado formará un expediente que se inicie con la primera apelación. Ahora, dicho precepto legal cobra especial relevancia en la forma en cómo opera la carga procesal para las partes durante la tramitación de la apelación, ya que si bien pudieron señalar las constancias para integrar el testimonio y que la alzada esté en condiciones de analizar los agravios propuestos, lo cierto es que no puede llegar al extremo de que sea el juzgador de segunda instancia el que deba verificar la debida integración del testimonio. Esto es así, dado que, en atención al principio dispositivo que rige la materia del acto reclamado, el juez no puede tomar la iniciativa de recabar las constancias que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en las partes en quienes recae esa carga, en tanto que ello redunda en su propio beneficio. Por tanto no puede recabar ninguna constancia que las partes no hayan señalado o aportado adecuadamente para la integración del testimonio de apelación. Cuestión que se encuentra armonizada con el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el numeral 17 constitucional, pues las constancias señaladas fueron con base en las cuales la Magistrada responsable resolvió el recurso de apelación. Sin que de los autos que integran el toca 23/2022 se advierta que, en la integración del testimonio, haya existido algún trámite administrativo propio del órgano jurisdiccional de primera instancia que haya dejado sin defensa al quejoso, puesto que se remitieron las constancias expresamente señaladas. De esta manera, ya que el juzgador, como director del proceso, no sólo tiene el deber de vigilar que se cumplan a cabalidad las reglas del contradictorio; sino que tiene a su cargo diversas obligaciones, como lo son el seguir el orden previamente establecido en la legislación para el desarrollo del proceso, y el estar al pendiente de las peticiones formuladas por las partes, a fin de que éstas tengan una respuesta oportuna y congruente, no sólo con el estadio procesal en que se encuentre el proceso, sino con lo solicitado. Así, si bien las partes tienen a su cargo, por ejemplo, el señalar las constancias suficientes para integrar el testimonio de apelación, también lo es que el mismo debe remitirse debidamente integrado con las mismas, a fin de que no se vulnere el derecho fundamental de acceso a la justicia; lo que, en el caso concreto, así aconteció. Orienta lo anterior la tesis aislada 1a. CCVII/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO. La circunstancia de que el principio dispositivo impida la actuación oficiosa del juzgador en asuntos en los que la controversia sólo atañe a los particulares, no implica que el juez sea un ente totalmente pasivo, carente de obligaciones que incidan en el impulso del procedimiento, pues si bien la iniciación de éste y su impulso está en manos de los contendientes y no de aquél, no debe soslayarse que él es el director del proceso y como tal, no sólo debe vigilar que se cumplan a cabalidad las reglas del contradictorio, sino que tiene a su cargo diversas obligaciones, tales como seguir el orden previamente establecido en la legislación para el desarrollo del proceso y estar al pendiente de las peticiones formuladas por las partes, a fin de que tengan una respuesta oportuna y congruente, no sólo con el estado procesal en que se encuentre el proceso, sino con lo solicitado, pues ello forma parte de las obligaciones que le incumben. Así, si bien las partes deben ofrecer las pruebas que estimen convenientes, preparándolas para su desahogo, es el juzgador quien debe decidir si su preparación es o no adecuada, si deben o no admitirse, pronunciarse sobre el correspondiente desahogo y, una vez que las partes cumplen con esa carga, debe acatar la obligación que de ella se derive; de ahí que, por regla general, resulta innecesario que las partes insistan en peticiones que a pesar de haberse formulado oportunamente sean omitidas, pues esa omisión representa una traba innecesaria, carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia, en tanto deriva del incumplimiento injustificado de una obligación a cargo del juzgador". Por estas razones, como se expuso y contrario a lo sustentado por el quejoso, no era necesario que la Magistrada responsable recabara de oficio el resto de las constancias a que alude, dado que, al ser una carga procesal que le correspondía satisfacer, corría a su cargo la exhibición de las mismas. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 46/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "APELACIÓN. CUANDO ESE RECURSO PROCEDA EN UN SOLO EFECTO Y EL RECURRENTE NO SEÑALE LAS CONSTANCIAS PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RESPECTIVO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1345 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ES LEGAL SU DESECHAMIENTO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, AUN CUANDO EL JUEZ NATURAL REMITA LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1345 del Código de Comercio, cuando la apelación proceda en un solo efecto no se suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, caso en el que el recurrente, al interponerla, deberá señalar las constancias para integrar el testimonio respectivo, que podrán ser adicionadas por la contraria y las que el Juez estime necesarias, para remitirse al tribunal de alzada, pero, de no señalarlas dicho recurrente, se tendrá por no interpuesta la apelación. Ahora bien, en atención al sentido literal del citado precepto, se concluye que el hecho de que prevea la posibilidad de que el Juez natural pueda adicionar constancias para que el tribunal de alzada esté en aptitud de mejor proveer, no implica que aquél se sustituya en la obligación procesal del apelante, quien debe cumplir con los requisitos de procedencia del recurso que intenta, pues la litis en materia mercantil es cerrada y, por ende, es legal que el tribunal de segunda instancia ante quien se tramita ese recurso decrete su desechamiento". Incluso, los motivos de disenso plasmados en los incisos b) y c) en todo caso también son inatendibles para los fines pretendidos; ello, puesto que la Magistrada responsable, al momento de atender los agravios en la apelación relativos a la falta de comparecencia a contestar el incidente y la no actualización de las excepciones propuestas, los calificó de inoperantes debido a que tales consideraciones eran inexistentes al no obrar plasmadas en la interlocutoria impugnada. De ahí que surja la inoperancia de estos argumentos, en virtud de que no atacan las consideraciones por las cuales la Magistrada los estimó de esa manera; sino únicamente se limitan a indicar que era deber de la responsable recabar las constancias necesarias para integrar el testimonio de apelación. Por lo que, al margen de lo infundado de los motivos de disenso, los mismos no atacan la totalidad de las consideraciones en las que se sustentó el acto reclamado; lo que robustece la constitucionalidad del mismo. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo". En conclusión, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, la resolución reclamada no vulnera lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, pues se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se expresaron las razones correspondientes y se citaron los artículos que se estimaron aplicables; además, fue congruente, pues la misma se emitió con base en las constancias que conformaron el testimonio de apelación. De ahí que, si el reclamo del impetrante radicó esencialmente en la falta de requerimiento de oficio de diversas constancias para integrar el testimonio, al ser esto una carga procesal que correspondía al apelante aquí quejoso, es evidente que no se vulnera el derecho de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional. Decisión. En ese contexto, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alejandro Ríos Rivera. Cuestión que se hace extensiva a los actos al Juez responsable, debido a que los mismos no se reclaman de manera autónoma, sino como consecuencia del acto atribuido a la Magistrada responsable. Es aplicable la tesis aislada XXI.1o. 96 K del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Ríos Rivera, por los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando sexto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante Osmar Iván Esparza Piñón, secretario con quien actúa y da fe.

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