Alejandro Ríos González
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro Ríos González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no obra acuse de recibo de los oficios 29813/2023 y 29814/2023 con los cuales se notificó la sentencia definitiva a las autoridades responsables; por lo tanto, se ordena la reexpedición de dichos oficios a fin de que se notifique la resolución correspondiente a la parte señalada, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 439/2023-III, promovido por Alejandro Ríos Gonzáles, contra actos de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Alejando Ríos González, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad. Segundo. Admisión de Demanda. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete, se emplazó a la parte tercero interesada y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en este caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del Acto Reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, así del análisis integro del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente de amparo se duele en esencia del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales, con número de expediente 105/2020, promovido por el aquí quejoso en contra de María Graciela Evia Molina, en el que se le impuso una multa de veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a mil novecientos veinticuatro pesos, sin centavos, moneda nacional, ante el incumplimiento de lo ordenado en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, y, apercibiéndolo para el caso de nuevo incumplimiento con un arresto por doce horas, respecto al depósito de la cantidad que le fuera fijada en concepto de diferencias de pensión alimenticia no pagada. Tercero. Actos Existentes. La Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en su informe justificado correspondiente, aceptó la certeza del acto reclamado; de ahí, que el mismo deba considerarse como existente. Por su parte, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su respectivo informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, sin embargo, dado el carácter de ejecutora con el que fue señalada dicha autoridad y la certeza del acto reclamado de la ordenadora, los actos que se le atribuyen se consideran de inminente ejecución y por ende deben tenerse por ciertos. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Se estima pertinente exponer los antecedentes relacionados con el acto reclamado para una mejor compresión de la presente resolución, los cuales se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y son los siguientes: Por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 105/2020, admitió la petición de divorcio incausado en la vía de procedimiento especial, ordenándose notificar a la contraparte. Una vez recabados los informes solicitados por el Juez de origen y las pruebas ofrecidas por las partes, el uno de septiembre de dos mil veintidós, se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo del aquí quejoso y a favor de sus menores hijas, por la cantidad de veinticinco mil pesos sin centavos moneda nacional, mensuales debiendo depositar la primera mensualidad, dentro de los tres días siguientes en que quede debidamente notificado de dicho proveído, cantidad de que debía depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado. Posteriormente, por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dado que del estado de cuenta digital de los retiros y depósitos de ese expediente, que obran en el Sistema Informático para la Recopilación y Control de Expedientes, se advirtió que únicamente se había depositado por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año, la cantidad de OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL, a razón de dos mil once pesos sin centavos moneda nacional, por mes, por lo que de las operaciones aritméticas se observó que existe una diferencia por pagar por la cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, por lo que se ordenó requerir al aquí quejoso deudor alimentario, a fin de que depositara dicha cantidad, en concepto de diferencias de pensión alimenticia no pagada o bien acreditara fehacientemente haber realizado dicho pago, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se le impondría una multa consistente en veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de un mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional. Y por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, advirtiendo que el aquí quejoso no cumplió con lo ordenado en el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, descrito en el párrafo que antecede y llevándose a puro y debido efecto el apercibimiento hecho, con apoyo en el artículo 83, fracción I del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, se le impuso una multa de veinte veces al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de un mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, ordenando girar oficio al Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de que hiciera efectiva la multa; asimismo, comisionó al Actuario correspondiente a fin de que requiriera nuevamente al deudor alimentario aquí quejoso para que en el término de tres días depositara la cantidad adeudada en concepto de diferencia de pensiones alimenticias no pagadas o bien acredite fehacientemente haber realizado dicho pago, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente a cuarenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos con sesenta centavos, moneda nacional; independientemente de que se procedería a su arresto por el término de doce horas, de conformidad con lo establecido en el artículo 83, fracciones I y III del Código de Procedimientos Familiares para el Estado. (Determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto) Quinto. Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado y los antecedentes del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en el caso respecto del acto reclamado consistente en el requerimiento y apercibimiento formulado al quejoso en el auto reclamado de dos de marzo de dos mil veintitrés, relativo a un arresto por doce horas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De los anteriores preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Asimismo, el segundo de los artículos en cita, establece que el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia respecto de la parte conducente del acuerdo reclamado relativa al apercibimiento con un arresto de doce horas formulado al quejoso, toda vez que dicho apercibimiento no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de un arresto no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionado a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Lo anterior tiene sustento por analogía, en la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, visible en la página 2321, de la Décima Época, del rubro y textos siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, respecto del apercibimiento reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, lo que genera que deba sobreseerse el presente juicio de amparo respecto de dicho acto reclamado. En ese sentido, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada con anterioridad, no es posible entrar al estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo respecto del acto reclamado en cita. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Al no advertirse de oficio alguna otra causal de improcedencia, ni haberse hecho valer por las partes, lo procedente es analizar los conceptos de violación hechos valer respecto del diverso acto reclamado consistente en la parte conducente del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, en donde se impuso al aquí quejoso una multa de veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de un mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional. Contra lo considerado en el acto reclamado, el quejoso alega como conceptos de violación, que la autoridad responsable ordenadora viola sus derechos humanos y fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y de no ser sancionado con multas excesivas, así como del derecho pro homine, toda vez que dice de manera incongruente, sin la adecuada exhaustividad y sin la adecuada fundamentación y motivación, le impuso una multa de veinte veces al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de un mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, por haber incumplido con lo ordenado en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, asimismo lo apercibió con proceder a su arresto por el término de doce horas, en caso de no depositar la cantidad adeudada en concepto de diferencia de pensiones alimenticias no pagadas. Que si bien la autoridad responsable llevó a cabo un apercibimiento previo, ello no justifica la legalidad de haberlo hecho efectivo y sancionarlo con la aplicación de una multa, pues la responsable pasó por alto que no se cumplieron las condiciones para ello, ya que se infringe su derecho de proporcionalidad alimentaria, pues le fijó una pensión a todas luces infundada, ya que no es acorde a sus posibilidades económicas actuales, ya que no obstante que demostró que sus ingresos son de aproximadamente ocho mil pesos mensuales, pretende que pague la cantidad de veinticinco mil pesos mensuales, lo cual aduce es un monto exagerado y arbitrario en comparación con sus ingresos reales, además de que se demostró que no contaba con bienes inmuebles y que la madre de sus hijos aportaba también para los gastos, que los ingresos que reportó el Servicio de Administración Tributaria, corresponde a años anteriores incluso que al de la presentación del procedimiento de divorcio, entre otras cuestiones que dejan ver su realidad económica y que no fueron valoradas por la responsable, ya que es materialmente imposible cumplir con la pensión alimenticia que se le fijó, mucho menos pagar la diferencia de los montos de pensión que ha estado en sus posibilidades pagar, por lo que el incumplimiento ante la autoridad no fue causa imputable al quejoso, ya que insiste no posee la capacidad económica para hacer dicho pago y por ello la aplicación de la multa es totalmente infundada y carente de sustento legal. Que la multa con la que se le sancionó es notoriamente excesiva y transgrede la garantía de seguridad que establece el artículo 22 de la Constitución, toda vez que las multas excesivas están prohibidas ya que toda pena debe ser proporcional a la norma infringida; además, aduce no tiene ninguna justificación porque equivale a un veinticinco por ciento de un mes de su sueldo y que para cualquier trabajador sería una cuestión que mermaría considerablemente su patrimonio y calidad de vida, inclusive impagable, ya que transgrede su derecho al mínimo vital; y, que de ahí que dicha multa sea excesiva y no se adecue al caso concreto, vulnerando sus derechos humanos. Que el quantum de la multa que se le aplicó es totalmente injustificado, ya que la responsable fue omisa en exponer las razones y motivos por los cuales consideró que la multa debía ascender a vente unidades de medida y actualización, es decir, no hubo una ponderación de las razones y motivos que la fundamentan, es decir, no hubo un análisis de esa medida, mucho menos tomó en consideración lo que obtiene como salario, ni consideró su derecho al mínimo vital, ni analizó si es empleado o a que se dedica, ni cuánto gana entre otras cuestiones que debió tomar en consideración para poder establecer el quantum de la multa, ya que omitió su análisis y con ello transgredió sus derechos humanos y fundamentales. Así, previo al análisis de los conceptos de violación antes descritos, resulta pertinente señalar que en el caso el acto reclamado por el quejoso no causa perjuicio alguno a sus hijas menores de edad, dado que consiste esencialmente en la multa impuesta al progenitor aquí quejoso por incumplir con la obligación impuesta relativa al pago total de alimentos, no obstante de contar con apercibimientos al respecto. Una vez sentado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en su escrito de demanda, los cuales se analizarán bajo el principio de estricto derecho, pues en el caso quien promovió el amparo, lo es el progenitor de las menores de edad y obligado alimentario, sin que en el caso en concreto se vean afectados los derechos de las menores con la tramitación del presente asunto. Aunado a que en el caso, el quejoso en su calidad de progenitor, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere a su favor la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja en el presente caso. Así, en primer lugar, debe decirse que los argumentos esgrimidos por el quejoso en sus motivos de inconformidad, relativos a que el monto impuesto por concepto de alimentos que debe cubrir a sus acreedores alimentarios, resulta excesivo y no corresponden a sus ingresos, así como que el incumplimiento en que incurrió deriva de la imposibilidad que tiene de realizar el pago a que fue condenado por resultar excesivo el monto fijado, son inoperantes. Lo anterior es así, toda vez que el monto relativo a la pensión alimenticia que debe cubrir a sus acreedores, no fue materia de análisis en el proveído reclamado, es decir, se refiere a cuestiones novedosas no analizadas en la resolución combatida, dado que en el proveído reclamado únicamente se hace referencia al requerimiento de pago de las cantidades adeudadas y no pagadas por el deudor alimentario aquí quejoso, acorde al monto establecido con anterioridad en el juicio de origen y respecto del cual se fijó su obligación de pago. Aunado a lo anterior, debe señalarse que acorde a lo establecido en los artículos 711, 712 y 713 del propio Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el deudor puede controvertir en juicio contradictorio el derecho de su acreedor solicitante, o bien, reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos, si estima que se le afecta sin motivo legal, o como en el caso, que no fue considerado su salario real y los pagos adicionales que hace con motivo de diversos conceptos de pensión alimenticia. Es decir, si en virtud de la naturaleza del procedimiento de divorcio que promovió, no fueron analizados correctamente los elementos aportados para acreditar sus ingresos actuales, estuvo en posibilidad de hacer valer y acreditar sus percepciones reales y que por tanto el monto que le fue fijado fue excesivo, lo que le hace imposible cumplir con los alimentos fijados; tiene expedido su derecho para que en la vía contenciosa y con la posibilidad de ofrecer pruebas, pueda demostrar la falta de proporcionalidad de la pensión decretada, o bien, vía incidental, solicitar su reducción de estimarlo conducente. Resulta ilustrativa, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, con número de registro 196282, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 990, que establece: "ALIMENTOS. VÍA IDÓNEA PARA OBTENER LA REDUCCIÓN O AUMENTO DE LA PENSIÓN FIJADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Conforme a lo dispuesto por el artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, cuando en una de las diligencias de jurisdicción voluntaria se opusiere alguno que tenga personalidad para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el proceso que corresponda. Dicho precepto de ley no es aplicable cuando quien se opone al procedimiento es el deudor alimentista pretendiendo obtener una reducción en la pensión fijada por el Juez del conocimiento, dado que tal hipótesis constituye un caso de excepción a la regla general contenida en el citado dispositivo, ya que el derecho de la acreedora a percibir alimentos y la correlativa obligación del deudor ya se encuentran definidas y, por otra parte, el trámite a seguir en cuestión de aumento o disminución de la pensión alimenticia se encuentra expresamente previsto por el diverso artículo 857 del mencionado código adjetivo de la materia." Por otra parte, debe decirse que resultan infundadas las manifestaciones del quejoso relativas a que la determinación reclamada contiene una falta de motivación y fundamentación, en consecuencia una violación a sus derechos fundamentales, pues la Juez responsable omitió realizar un razonamiento y/o análisis del porqué del apercibimiento y aplicación de la multa por veinte veces al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de un mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional. Lo anterior es así, toda vez que como se advierte de las constancias del juicio de origen remitidas por la autoridad responsable y tal como se describió con antelación en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, la autoridad responsable previo a decretar el auto reclamado e imponer la multa reclamada de veinte veces al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de un mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional, requirió al aquí quejoso, con dicho apercibimiento, lo cual le fue debidamente notificado el nueve de marzo de dos mil veintitrés. Aunado a que dicho apercibimiento refiere al monto mínimo de sanción que prevé el artículo 83 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, dado que dicho precepto señala que para hacer cumplir sus determinaciones, los magistrados o jueces pueden emplear cualquiera de los medios de apremio que describe, entre ellos y como primero, prevé una multa de veinte a doscientas unidades de medida y actualización, que se duplicaría en caso de reincidencia, por lo que, al tratarse de un primer requerimiento respecto de pago de la cantidad referida por pensión alimenticia no pagada, resulta inconcuso que el apercibimiento hecho por la autoridad responsable con base en la mínima establecida por la ley, es ajustado a derecho. Precepto legal antes descrito que incluso fue citado por la autoridad responsable en el proveído reclamado. Por tanto, dado que existió previamente un apercibimiento de ley, el cual se considera ajustado a derecho, dado que se trata de la sanción mínima contemplada por la Ley para el caso y además señaló el fundamento en el cual se basó para hacer efectiva la multa, se considera que contrario a lo argumentado por el quejoso, la determinación reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada. Máxime que en el caso, se considera que el aquí quejoso, estuvo en aptitud de acudir ante la autoridad responsable a manifestar su imposibilidad de dar cumplimiento o bien los motivos que consideró para no cumplir con el requerimiento y al no haber hecho manifestación alguna y simplemente incumplir con el requerimiento que le fuera formulado, se hizo acreedor a la imposición de la multa señalada. Resultando inconcuso que contrario a lo señalado por el quejoso en sus conceptos de violación, en el caso, no se estima que la multa haya resultado excesiva o que la autoridad responsable previamente debió haber tomado en cuenta sus ingresos, dado que se trata de una multa prevista por la ley, que no prevé ese requisito previo e incluso se trata de la mínima contemplada por la ley, por lo que de modo alguno se considera que la misma resulte excesiva. Asimismo, se debe tomar en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado los requisitos que revisten validez legal a las medidas de apremio. La citada resolución explica que las referidas medidas de apremio sólo pueden ser aplicadas, cuando exista un desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso. Asimismo, se indica que si durante la tramitación de un proceso, una de las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por el juzgador, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial respectiva. Por ello, cada medida de apremio de las autorizadas por la legislación adjetiva aplicable, otorga al juzgador la potestad de hacer cumplir sus determinaciones, las veces que considere necesarias y sin un orden específico, pues su objetivo fundamental es dotarlo de los medios necesarios para hacer cumplir sus determinaciones, y darle efectividad al proceso que instruye. Además, se continua explicando, el apercibimiento no deja de ser una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento que se ordena cumplir, donde se especifica la consecuencia por hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse y que se concreta en una advertencia, respecto de una sanción que también se puede aplicar en caso de incumplimiento. Luego, en lo que es materia del concepto de violación que se analiza, la Primera Sala del Alto Tribunal concluyó que para la legal imposición de una medida de apremio, se requiere: 1) La existencia de una determinación justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2) La comunicación oportuna mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3) Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. Como se ve, el juez familiar cuenta con mecanismos represivos para hacer cumplir sus determinaciones, aun en contra de la voluntad de los sujetos obligados, pues las medidas de apremio apelan a vencer su resistencia en caso de incumplimiento. En ese sentido, carece de sustento jurídico lo alegado en el sentido de que el acto reclamado contraviene sus derechos fundamentales, pues consta en autos que se le ha enterado de sus deberes procesales, así como de las consecuencias de incumplir con aquéllos. Aunado a lo anterior, debe considerarse que la materia de la medida de apremio, lo constituye el desacato a un mandato judicial, impuesta para romper la resistencia del sujeto obligado a los deberes contraídos en el proceso, y como se indicó, el quejoso incumplió con el requerimiento realizado a efecto de que hiciera el pago total de la cantidad adeudada en concepto de pensión alimenticia a favor de sus acreedores, y dicha conducta motivó la imposición la medida de apremio. Máxime que la Juez familiar, como rector del proceso, tiene la facultad de imponer las veces que sean necesarias los medios de apremio que considere para hacer cumplir sus determinaciones, incluso prescindiendo de un orden especifico y con independencia de la consignación al Ministerio Público, que en su caso, estime conducente. Lo cual implica que la potestad conferida al Juzgador de imponer las medidas de apremio necesarias, con el objeto de cumplir sus resoluciones, sólo lo sujeta a expresar las circunstancias particulares del caso que tome en consideración, tales como la naturaleza, las consecuencias y la gravedad del asunto; de ahí lo infundado del concepto de violación. Es por ello que se estima carente de razón lo aducido en el sentido de que el apercibimiento hecho efectivo a la parte quejosa en el proveído recurrido, adolece de motivación, pues lo cierto es que impuso el monto mínimo señalado en el precepto legale que fundamenta su determinación, por lo que, no podía establecerse un monto menor y de ahí que no fuere necesario mayor justificación en relación a ese aspecto. En este orden de ideas, al no haberse demostrado que la resolución reclamada sea violatoria de derechos humanos, y al no encontrarse deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso la protección constitucional que impetra. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclama al Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, en virtud de que se trata de autoridad ejecutora, sin que se le reclamen vicios propios de la aludida resolución. Séptimo. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 78 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Ríos González, contra actos de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Alejandro Ríos González, contra actos del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, por los razonamientos y motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, elaborar la versión pública de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy (once de septiembre de dos mil veintitrés) en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos del presente juicio de amparo indirecto 1151/2020-V, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: (...) En la referida circunstancia, es evidente que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, no puede ser cumplida; en tal virtud, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por existir imposibilidad jurídica. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado en línea por Juan Pablo Zavala Zavala, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista efectuada mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso a través del se le informó que la autoridad responsable Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, interpuso recurso de revisión contra de la resolución interlocutoria de diez de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, solicita a este Juzgado de Distrito que una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente con motivo del recurso de revisión antes mencionado, remita el escrito de cuenta y el escrito con número de folio 9850, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a fin de que la mencionada superioridad acuerde lo relativo respecto a la autorización del expediente electrónico. En virtud de lo anterior, se reserva remitir los escritos correspondientes, hasta en tanto el presente incidente se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
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