Alejandro Reynoso Guerrero
Expediente 1707/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1707/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandro Reynoso Guerrero
- Ian Farid Reynoso Arredondo
- Alejandro Reynoso Guerrero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron a la ejecutoria de amparo las autoridades responsables; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que modificó lo dictado en la audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por el Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************y determinó reservar fijar el régimen de visitas y convivencias, pues aún no se encontraba fijada la litis. Mediante sentencia autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto que la sala responsable dejará insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; emitiera otra en la cual prescindiera de considerar que se debe reservar el decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor hasta que fuera fijada la litis y, una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho corresponda. La protección constitucional se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró que las visitas y convivencias de los menores con sus ascendientes son de orden público e interés social, motivo por el cual, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Así, la autoridad responsable al modificar el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, es decir, reservar decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor de iniciales ******************** y su progenitor ******************** hasta en tanto fuera fijada la litis, pues a la fecha en que se celebró la audiencia aún estaba corriendo el término al quejoso para dar contestación a la reconvención planteada en el juicio familiar de origen, con dicha determinación la responsable no tomó como punto de partida el interés superior del menor, pues mediante las visitas y convivencias se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, aspecto que se debió privilegiar sobre el término otorgado al quejoso para dar contestación a la demanda reconvencional planteada por la contraparte en el juicio natural de origen. Se concluyó que no se justifica la determinación de la responsable de reservar el fijar un régimen provisional de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor, al transgredir el derecho fundamental del menor previsto en los artículos 9.3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintitrés. A fin de informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 2823, el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de la Ciudad de México, hizo del conocimiento de este juzgado de distrito que el diez de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; y por oficio sin número, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca de marras por la que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Juez Interina Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************, por el que, entre otras cosas, se decretó un régimen de visitas y convivencias provisional un fin de semana de cada quince días, entre el aquí quejoso con su menor hijo. Así por oficio 2796/2023, la Juez Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, por el que, en su carácter de autoridad ejecutora dijo que acataría en sus términos la resolución dictada por la sala responsable, por lo que requirió mediante notificación personal a las partes para que en el término de tres días, manifiesten la forma en que se está llevando el régimen de visitas y convivencias provisional, decretado en la plática de veinte de junio del año próximo pasado y apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor, con independencia de que se daría vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción por la posible comisión del delito a que hace referencia el artículo 173 del Código Penal Vigente en la Ciudad de México. De los antecedentes descritos se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la sala responsable se limitó a dejar insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en el que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós y el juez responsable, acataría dicha determinación por lo que apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia definitiva autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo al quejoso, la cual causó ejecutoria el treinta de marzo del año en curso, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en el presente asunto y el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y resolución interlocutoria uno de diciembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por el quejoso, por lo anterior, el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a), del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica al quejoso y personalmente a la tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron a la ejecutoria de amparo las autoridades responsables; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que modificó lo dictado en la audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por el Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************y determinó reservar fijar el régimen de visitas y convivencias, pues aún no se encontraba fijada la litis. Mediante sentencia autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto que la sala responsable dejará insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; emitiera otra en la cual prescindiera de considerar que se debe reservar el decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor hasta que fuera fijada la litis y, una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho corresponda. La protección constitucional se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró que las visitas y convivencias de los menores con sus ascendientes son de orden público e interés social, motivo por el cual, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Así, la autoridad responsable al modificar el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, es decir, reservar decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor de iniciales ******************** y su progenitor ******************** hasta en tanto fuera fijada la litis, pues a la fecha en que se celebró la audiencia aún estaba corriendo el término al quejoso para dar contestación a la reconvención planteada en el juicio familiar de origen, con dicha determinación la responsable no tomó como punto de partida el interés superior del menor, pues mediante las visitas y convivencias se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, aspecto que se debió privilegiar sobre el término otorgado al quejoso para dar contestación a la demanda reconvencional planteada por la contraparte en el juicio natural de origen. Se concluyó que no se justifica la determinación de la responsable de reservar el fijar un régimen provisional de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor, al transgredir el derecho fundamental del menor previsto en los artículos 9.3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintitrés. A fin de informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 2823, el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de la Ciudad de México, hizo del conocimiento de este juzgado de distrito que el diez de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; y por oficio sin número, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca de marras por la que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Juez Interina Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************, por el que, entre otras cosas, se decretó un régimen de visitas y convivencias provisional un fin de semana de cada quince días, entre el aquí quejoso con su menor hijo. Así por oficio 2796/2023, la Juez Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, por el que, en su carácter de autoridad ejecutora dijo que acataría en sus términos la resolución dictada por la sala responsable, por lo que requirió mediante notificación personal a las partes para que en el término de tres días, manifiesten la forma en que se está llevando el régimen de visitas y convivencias provisional, decretado en la plática de veinte de junio del año próximo pasado y apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor, con independencia de que se daría vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción por la posible comisión del delito a que hace referencia el artículo 173 del Código Penal Vigente en la Ciudad de México. De los antecedentes descritos se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la sala responsable se limitó a dejar insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en el que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós y el juez responsable, acataría dicha determinación por lo que apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia definitiva autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo al quejoso, la cual causó ejecutoria el treinta de marzo del año en curso, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en el presente asunto y el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y resolución interlocutoria uno de diciembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por el quejoso, por lo anterior, el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a), del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica al quejoso y personalmente a la tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron a la ejecutoria de amparo las autoridades responsables; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que modificó lo dictado en la audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por el Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************y determinó reservar fijar el régimen de visitas y convivencias, pues aún no se encontraba fijada la litis. Mediante sentencia autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto que la sala responsable dejará insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; emitiera otra en la cual prescindiera de considerar que se debe reservar el decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor hasta que fuera fijada la litis y, una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho corresponda. La protección constitucional se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró que las visitas y convivencias de los menores con sus ascendientes son de orden público e interés social, motivo por el cual, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Así, la autoridad responsable al modificar el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, es decir, reservar decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor de iniciales ******************** y su progenitor ******************** hasta en tanto fuera fijada la litis, pues a la fecha en que se celebró la audiencia aún estaba corriendo el término al quejoso para dar contestación a la reconvención planteada en el juicio familiar de origen, con dicha determinación la responsable no tomó como punto de partida el interés superior del menor, pues mediante las visitas y convivencias se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, aspecto que se debió privilegiar sobre el término otorgado al quejoso para dar contestación a la demanda reconvencional planteada por la contraparte en el juicio natural de origen. Se concluyó que no se justifica la determinación de la responsable de reservar el fijar un régimen provisional de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor, al transgredir el derecho fundamental del menor previsto en los artículos 9.3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintitrés. A fin de informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 2823, el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de la Ciudad de México, hizo del conocimiento de este juzgado de distrito que el diez de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; y por oficio sin número, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca de marras por la que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Juez Interina Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************, por el que, entre otras cosas, se decretó un régimen de visitas y convivencias provisional un fin de semana de cada quince días, entre el aquí quejoso con su menor hijo. Así por oficio 2796/2023, la Juez Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, por el que, en su carácter de autoridad ejecutora dijo que acataría en sus términos la resolución dictada por la sala responsable, por lo que requirió mediante notificación personal a las partes para que en el término de tres días, manifiesten la forma en que se está llevando el régimen de visitas y convivencias provisional, decretado en la plática de veinte de junio del año próximo pasado y apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor, con independencia de que se daría vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción por la posible comisión del delito a que hace referencia el artículo 173 del Código Penal Vigente en la Ciudad de México. De los antecedentes descritos se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la sala responsable se limitó a dejar insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en el que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós y el juez responsable, acataría dicha determinación por lo que apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia definitiva autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo al quejoso, la cual causó ejecutoria el treinta de marzo del año en curso, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en el presente asunto y el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y resolución interlocutoria uno de diciembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por el quejoso, por lo anterior, el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a), del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica al quejoso y personalmente a la tercera interesada.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ..., EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron a la ejecutoria de amparo las autoridades responsables; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que modificó lo dictado en la audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por el Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************y determinó reservar fijar el régimen de visitas y convivencias, pues aún no se encontraba fijada la litis. Mediante sentencia autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto que la sala responsable dejará insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; emitiera otra en la cual prescindiera de considerar que se debe reservar el decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor hasta que fuera fijada la litis y, una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho corresponda. La protección constitucional se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró que las visitas y convivencias de los menores con sus ascendientes son de orden público e interés social, motivo por el cual, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Así, la autoridad responsable al modificar el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, es decir, reservar decretar el régimen de visitas y convivencias entre el menor de iniciales ******************** y su progenitor ******************** hasta en tanto fuera fijada la litis, pues a la fecha en que se celebró la audiencia aún estaba corriendo el término al quejoso para dar contestación a la reconvención planteada en el juicio familiar de origen, con dicha determinación la responsable no tomó como punto de partida el interés superior del menor, pues mediante las visitas y convivencias se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, aspecto que se debió privilegiar sobre el término otorgado al quejoso para dar contestación a la demanda reconvencional planteada por la contraparte en el juicio natural de origen. Se concluyó que no se justifica la determinación de la responsable de reservar el fijar un régimen provisional de visitas y convivencias entre el menor y su progenitor, al transgredir el derecho fundamental del menor previsto en los artículos 9.3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintitrés. A fin de informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 2823, el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de la Ciudad de México, hizo del conocimiento de este juzgado de distrito que el diez de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************; y por oficio sin número, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca de marras por la que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Juez Interina Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, seguido por el aquí quejoso contra ********************, por el que, entre otras cosas, se decretó un régimen de visitas y convivencias provisional un fin de semana de cada quince días, entre el aquí quejoso con su menor hijo. Así por oficio 2796/2023, la Juez Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia del orden familiar, guarda y custodia ********************, por el que, en su carácter de autoridad ejecutora dijo que acataría en sus términos la resolución dictada por la sala responsable, por lo que requirió mediante notificación personal a las partes para que en el término de tres días, manifiesten la forma en que se está llevando el régimen de visitas y convivencias provisional, decretado en la plática de veinte de junio del año próximo pasado y apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor, con independencia de que se daría vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción por la posible comisión del delito a que hace referencia el artículo 173 del Código Penal Vigente en la Ciudad de México. De los antecedentes descritos se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la sala responsable se limitó a dejar insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en el que declaró infundados los agravios esgrimidos por el apelante y confirmó el auto dictado en audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós y el juez responsable, acataría dicha determinación por lo que apercibió a ********************, para que en el caso de no permitir las convivencias ordenadas, se efectuará el cambio de guarda y custodia a cargo de su progenitor. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia definitiva autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo al quejoso, la cual causó ejecutoria el treinta de marzo del año en curso, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en el presente asunto y el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y resolución interlocutoria uno de diciembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por el quejoso, por lo anterior, el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a), del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica al quejoso y personalmente a la tercera interesada." NOTIFIQUESE
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