Alejandro Reyna García
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Reyna García
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido en exceso el término de dos años que se concedió a la parte quejosa por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, para que compareciera a recoger el billete de depósito N 838259, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de $602.17 pesos (seiscientos dos pesos 17/100 moneda nacional); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se declara prescrito a favor del erario federal el aludido billete de depósito, el cual deberá ser remitido debidamente endosado a favor de la Tesorería de la Federación, lo anterior con sustento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Solicítese el acuse de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de valores de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. JUZGADO OCTAVO EXP. 907/2018
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Alejandro Reyna García, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Devolución de constancias. Devuélvanse a la autoridad responsable Magistrados de la Primera Sala Colegiada Civil de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, las constancias que anexó al momento de rendir su informe justificado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a ENRIQUE CAMACHO FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 30/07/23 18:30:39 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 994/2022 Amparo indirecto 994/2022 ??A???????????? recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite a este Juzgado, el juicio de amparo directo 478/2022, del índice de su adscripción, promovido por Alejandro Reyna García, por los motivos expuestos en el proveído de doce de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, este juzgador acepta la competencia planteada, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexa la autoridad responsable al oficio de cuenta, fórmese legajo de pruebas, por separado en tres tomos. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Reyna García, contra actos que reclama de los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Civil de la Región de Tlalnepantla, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 994/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. EL ACTO QUE SE RECLAMA. Es la sentencia dictada en el Toca número 210/2022, por la que resuelve el recurso de apelación promovido por ALEJANDRO REYNA GARCÍA, en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada en el expediente del juicio ordinario mercantil número 496/2020, promovido por el que suscribe ante el Juez Tercero Mercantil de la Región de Tlalnepantla, en contra de EDUARDO RICARDO REYNA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL Y SOCIO, JERÓNIMO VILLASANA EN SU CARÁCTER DE COMISARIO y por regularización del procedimiento EXCELENCIA EN SERVICIOS ALED, S. DE R.L. DE C.V." Causal de improcedencia. En mérito de lo anterior, quien esto juzga, advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; ." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "Es la sentencia dictada en el Toca número 210/2022, por la que resuelve el recurso de apelación promovido por ALEJANDRO REYNA GARCÍA, en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada en el expediente del juicio ordinario mercantil número 496/2020, promovido por el que suscribe ante el Juez Tercero Mercantil de la Región de Tlalnepantla, en contra de EDUARDO RICARDO REYNA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL Y SOCIO, JERÓNIMO VILLASANA EN SU CARÁCTER DE COMISARIO y por regularización del procedimiento EXCELENCIA EN SERVICIOS ALED, S. DE R.L. DE C.V." Ahora bien, de la lectura del acto reclamado, así como de los antecedentes del mismo y de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el hoy quejoso demandó en la vía ordenaría mercantil a Eduardo Ricardo Reyna García en su carácter de gerente general y socio de la moral Excelencia en servicios ALED, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y a Jerónimo Cervantes Villasana en su carácter de comisario de la citada empresa; juicio que fue radicado bajo el expediente 496/2020, ante el Juzgado Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México. Una vez llevada a cabo la secuela procesal, el veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, dictó sentencia definitiva; sin embargo, el cuatro de mayo de la presente anualidad el quejoso presentó recurso de apelación en contra de dicha sentencia, ante la autoridad responsable Magistrados de la Primera Sala Colegiada Civil de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, radicado bajo el Toca número 210/2022, de su índice. Mediante sentencia de nueve de junio de la presente anualidad, dictada en el Toca número 210/2022, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, se resolvió: "PRIMERO. Ante la existencia de una violación procesal relativa a la omisión de calificar las posiciones exhibidas oportunamente para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Eduardo Ricardo Reyna García tanto en su carácter de gerente general como de socio de EXCELENCIA EN SERVICIOS ALED, S. DE R.L. DE C.V., no se entra al estudio de los diversos agravios expresados en las diversas apelaciones en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, y se deja sin efectos la sentencia definitiva dictada en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, ordenándose la reposición del proceso de primera instancia a efecto de que la Juez natural, subsane la omisión de calificar y en su caso formular al absolvente las posiciones respectivas, hecho lo cual, deberá emitir nuevamente la sentencia definitiva que en derecho corresponda considerando también el desahogo de ese medio convictivo. SEGUNDO. En virtud de lo anterior, resultan inatendibles los agravios expresados por la parte actora ALEJANDRO REYNA GARCÍA, por su propio derecho y en su carácter de socio de EXCELENCIA EN SERVICIOS ALED, S. DE R.L. DE C.V., y por la parte demandada EDUARDO RICARDO REYNA GARCÍA y JERÓNIMO CERVANTES VILLASANA, en su carácter de gerente y comisario respectivamente de EXCELENCIA EN SERVICIOS ALED, S. DE R.L. DE C.V., a través de DANIEL RUIZ RAMÍREZ, en contra de la sentencia definitiva emitida en el proceso de origen. TERCERO. No se condena al pago de costas en esta segunda instancia. CUARTO. NOTIFÍQUESE." En principio, es de considerar que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En consecuencia, la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, emitida en el Toca 210/2022, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, donde se dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, por la Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México en el expediente 496/2020, de su índice y se ordenó la reposición del proceso, como consecuencia de la omisión de calificar las posiciones exhibidas oportunamente para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Eduardo Ricardo Reyna García, tanto en su carácter de gerente general como de socio de Excelencia en servicios ALED, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad haya ordenado dejar sin efectos la sentencia definitiva dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, por la Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México en el expediente 496/2020, de su índice y ordenar la reposición del mismo y será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en el juicio de primera instancia y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de violaciones al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con la sentencia correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, se estima que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales del hoy amparista, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí, tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Se desecha demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Alejandro Reyna García. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente autoriza el usuario "DESPACHO_AGL", el cual se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le faculta para promover, tener acceso y consultar vía electrónica, así como para oír y recibir notificaciones de las determinaciones emitidas en el presente juicio, en términos de los CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 994/2022 artículos 14, 34, 35, 48 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Por lo que, se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que proceda a habilitar el acceso al expediente electrónico; asimismo, la sección de Actuaría, deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa a través del usuario mencionado con anterioridad. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa1. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado Notifíquese.
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