Alejandro Reyes Retana

Expediente 315/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
315/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Reyes Retana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 315/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 315/2018-ll-B, promovido por Adrián Román Hernández como apoderado legal de Alejandro Reyes Retana; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida el veintitrés siguiente en este Juzgado, Adrián Román Hernández apoderado legal de Alejandro Reyes Retana, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite, se requirió a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que informara si dentro del juicio de origen el promovente tiene reconocida la calidad que ostenta, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercero interesado (fojas 15 a 20). El carácter de Adrián Román Hernández como apoderado legal del quejoso, se acreditó con actuación de seis de junio de dos mil siete (fojas 37 a 38), remitida por la responsable en copia certificada. Seguida la secuela procesal, por auto de trece de abril de dos mil dieciocho se fijaron las once horas con doce minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciocho para celebrar la audiencia constitucional (foja 96). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, este es el acto reclamado: La omisión de girar el exhorto para requerir de pago y/o embargo a la parte demandada ordenado por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 01/763/06-l. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 34 y 35), quien exhibió como prueba copia certificada de la actuación de siete de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el expediente 01/763/06-l; la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La Junta responsable, arguyó que el acto reclamado no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; además, que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende la parte quejosa, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. El argumento relativo a que el acto reclamado está justificado y no afecta a la parte quejosa, debe desestimarse porque está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Además, el argumento de la autoridad responsable de que sea decretado el sobreseimiento en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desestima porque no constituye causa de sobreseimiento de obvia y objetiva constatación, en virtud de que no indicó, cuál causa de las que dicho numeral prevé en sus fracciones I a V, opera y actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo sustentado en este considerando se apoya en las siguientes jurisprudencias: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pág. 5 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Tesis: 2a./J. 137/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174086 20 de 38 Segunda Sala Tomo XXIV, Octubre de 2006 Pág. 365 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pág. 209 Jurisprudencia(Constitucional) ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Así, la impartición de justicia ciertamente es una obligación de la autoridad; empero, la ley le otorga plazos para llevar a cabo los actos inherentes tanto a la fase de instrucción como a la de juicio y ejecución. En esas condiciones, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de girar el exhorto ordenado por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete a efecto de desahogar el requerimiento de pago y en su caso, se proceda al embargo sobre bienes de la parte demandada, por tanto alega que dicha omisión es violatoria de su derecho a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. Así, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo, en la que compete al vencedor impulsar para incorporar el derecho declarado en su favor, so pena de prescripción. El concepto de violación es infundado por las siguientes razones: La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, al respecto exhibió copia certificada de diversas documentales que obran dictadas en el juicio de origen. De las citadas documentales se desprende que el ocho de mayo de dos mil diecisiete la autoridad recibió solicitud de la parte quejosa, por la que pidió se dictara auto de requerimiento de pago y en su caso embargo en contra de la parte condenada. En atención a dicha petición, emitió acuerdo el siete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 86 a 88) en el que preciso lo siguiente: 1.-Decretó auto de requerimiento de pago y en su caso, embargo de bienes del demandado José Luis Ossio Rivera; 2.-Ordenó girar exhorto a su homóloga en la Ciudad de México para desahogar la citada diligencia; 3.-Requirió a la parte actora para que acudiera a las instalaciones que ocupa la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos para obtener cita, toda vez que para el desahogo de la diligencia decretada es necesaria la presencia de la parte trabajadora; 4.-Asimismo, ordenó la notificación personal de dicho auto a la parte actora. Ha de precisarse, que de las documentales remitidas por la autoridad responsable no se desprende constancia alguna de la que se aprecie que la parte actora acudió ante la responsable para agendar cita a efecto de llevar a cabo el requerimiento de pago ordenado el siete de noviembre de dos mil diecisiete mediante exhorto, y en su caso, señalar bienes de la parte demandada para el embargo correspondiente. Antes de continuar, se precisa que la Ley aplicable al conflicto de origen 01/763/06-l es la Ley Federal del Trabajo reformada el diecisiete de enero de dos mil seis, toda vez que el conflicto de origen se inició el cuatro de mayo de dos mil seis, como lo refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Al respecto, el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Por su parte, el artículo 950 de la Ley Federal del trabajo refiere lo siguiente: "(ADICIONADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." En el caso de proceder al embargo de bienes de la parte condenada, el ordenamiento legal en su artículo 954 establece: "(ADICIONADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se aprecia que es necesaria la presencia de la parte trabajadora en la diligencia de requerimiento de pago, para que pueda señalar bienes para embargo en caso de negativa de pago por parte de la parte condenada y en su caso, designar depositario de los posibles bienes embargados, según lo dispone el artículo 957 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. En las condiciones apuntadas, es claro que a la fecha de presentación de la demanda, veintidós de febrero de dos mil dieciocho, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la parte actora no había acudido ante la responsable a agendar cita para practicar el requerimiento de pago ordenado mediante exhorto en autos del juicio laboral 01/763/06-l. Consecuentemente, se evidencia que para que la autoridad responsable se encuentre en condiciones de girar el exhorto ordenado por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, la parte trabajadora aquí quejosa debería acudir a agendar cita para que junto con el fedatario de la adscripción de la exhortada, procediera a desahogar la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo de bienes de la condenada, lo cual, no ha acontecido. Por tanto, la omisión atribuida a la responsable consistente en girar el exhorto ordenado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se debe a una causa imputable a la parte actora, y no a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues como se precisó en el acuerdo de referencia, la presencia de la parte que obtuvo es requisito sine qua non para que se ejecute el auto de requerimiento de pago y en su caso embargo de bienes; por lo que, de girar el exhorto de mérito sin la certeza de que la parte actora comparecerá a dicha diligencia, únicamente propiciaría que dicha comunicación oficial no pueda diligenciarse, contraviniéndose así, los principios de justicia pronta y expedita, al generar la actuación no solo de la responsable sino también de la exhortante, que se encontraría imposibilitada per se, ante la ausencia de la vencedora, para llevar a cabo la encomienda. En las narradas circunstancias, es claro que si bien la autoridad responsable no ha girado el exhorto ordenado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, dicha circunstancia se debe a la incomparecencia de la parte trabajadora para agendar cita y llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo que como requisito previo se impuso el dictado de dicha determinación al margen que resulta apegado a lo dispuesto en el artículo 950 y 954 de la Ley Federal del Trabajo. A mayor abundamiento, como se advirtió de las copias certificadas que del juicio de origen aportó la autoridad responsable, la última actuación que puede calificarse de relativa al procedimiento de ejecución, es precisamente el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en la que decretó auto de requerimiento de pago y en su caso embargo de bienes de la parte condenada. Así, toda vez que el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo, en la que compete al vencedor impulsar para incorporar el derecho declarado en su favor, so pena de prescripción, y dicha parte no ha comparecido a las instalaciones de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje a agendar cita para que en compañía del actuario respectivo proceda a desahogar el requerimiento de pago decretado mediante exhorto ordenado que al efecto se libre una vez acaecido lo anterior. No pasa inadvertido para quien resuelve que de las constancias que remitió la autoridad responsable no se advierte que la parte quejosa haya sido notificada personalmente del acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio 01/763/06-l; sin embargo, al margen que no se combate en esta vía dicha omisión, aunado a que tampoco se aduce argumento alguno del que pudiera estimarse válidamente que al impetrante se le impidió por motivos de la autoridad imponerse de los autos del juicio de origen; por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso (foja 96) se ordenó dar vista a la promovente con el informe justificado rendido por la responsable en autos del amparo indirecto 315/2018-ll-B, a efecto de imponerse de su contenido y que manifestara lo que a sus intereses convenía y, con dicha circunstancia la parte quejosa queda enterada de la determinación aludida. Además de que esta vía no es la procedente para impugnar la nulidad de la notificación referida, habida cuenta que ello corresponde en primer lugar ante las autoridades ordinarias, a más que la pretensión de amparo tampoco se enderezó para combatirla. Lo anterior, en virtud de que la suplencia de la deficiencia de la queja no llega al extremo de modificar la litis y resolver respecto de actos que no fueron señalados en la demanda de garantías, sino que debe estarse al planteamiento que sobre el particular haga la parte quejosa; consecuentemente el juez de Distrito debe sujetarse estrictamente al señalamiento de los actos reclamados hechos por la quejosa y no modificar la litis y resolver respecto de actos que no fueron señalados expresamente en la demanda de garantías. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE MODIFICAR LA LITIS NI RESOLVER RESPECTO DE ACTOS NO SEÑALADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO". De igual forma se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Ante lo infundado del concepto de violación procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. No obsta a la determinación anterior la falta de emplazamiento del tercero interesado, toda vez que la sentencia no finca obligación alguna a dicha parte, ni sujeta a la autoridad responsable a hacerlo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Reyes Retana, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy veintiséis de abril de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/362/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción de citado órgano, en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, designándolo como Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.ISA*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa la ENCARGADA DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS; y, EN REPRESENTACIÓN DEL PLENO DE LA MISMA, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, fijándose en su lugar las DOCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe. YARIGH*

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