Alejandro Reyes Mejía
Expediente 238/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2019
Partes del expediente
- Alejandro Reyes Mejía
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por la Ley de Amparo, para impugnar el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió para la parte quejosa, sin que haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE OCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de garantías; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 238/2019. Uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada; por ello, la representación de quien acude a la vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos previamente anotados. En la especie, del análisis del ocurso de que se trata no se advierte que se dé alguno de los supuestos a que aluden los citados preceptos, para la procedencia de la interposición de la demanda a través de un tercero, pues si bien el arábigo 6° dispone que el juicio podrá ser promovido por conducto de representante, ello no debe entenderse de manera aislada, sino vinculada con el arábigo 15 de la ley de la materia, y toda vez que en el presente caso no se desprende que el quejoso se halle impedido para hacer valer la acción constitucional por sí mismo, es inconcuso que para efectos de su tramitación, quien suscribe el escrito no está legitimada para efectuarlo a nombre de *. Así es, del contenido íntegro del libelo inicial no se desprende que el directo inconforme tenga alguna imposibilidad para hacer valer la acción de amparo, ya que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal; circunstancias que efectivamente le permitirían que fuera diversa persona quien, en su representación, promoviera el presente juicio, esto, en apego irrestricto de los preceptos legales que se citaron en los párrafos que preceden, por lo que al no encontrarse impedido para redactar, firmar y hacer llegar a este órgano de control, por conducto de algún tercero, el escrito mediante el cual solicita la protección constitucional, es inconcuso que no se actualizan los extremos contemplados en el dispositivo 15 de la legislación de la materia. Máxime que la promovente tampoco acredita ser apoderada, representante legal, o bien, tener reconocida tal calidad ante la responsable, respecto de *, ya que en dichas hipótesis sí sería factible la promoción del juicio en su nombre. Consecuentemente, con fundamento en los preceptos 112 y 113, en relación con los arábigos 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO el ocurso de garantías de que se trata. En ese sentido, las personas privadas de su libertad ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones con la finalidad de hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, así como un sistema de recursos de índole jurisdiccional para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades. Por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo contra la omisión o negativa de atención médica adecuada deben de agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
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