Alejandro Reyes Estrada
Expediente 1446/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Alejandro Reyes Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se notifica al tercer interesado Verónica Yadira Fernández Martínez. Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de febrero de dos mil veintidós. Oficios. Por recibidos los oficios signados por la autoridad responsable Juez Relator del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, por el cual, en el primero de ellos, hace del conocimiento de este juzgado federal, que en los autos de la carpeta de juicio oral 35/2021/JO-2116/2019, instruida contra el imputado, aquí quejoso Alejandro Reyes Estrada, por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con ventaja, alevosía y retribución, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la individualización de sanciones y reparación del daño, en la que se le impuso al sentenciado la pena treinta y cinco años de prisión, y la imposición de una multa, sin concederle beneficio alguno; y anexó las constancias correspondientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". De lo antes transcrito se advierte que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo expuesto, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página 1702, que señala los siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes". Sobre el particular, debe señalarse que del análisis de las constancias enviadas por la autoridad judicial responsable, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, en los autos de la carpeta de juicio oral 35/2021/JO-2116/2019, el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, le impuso al sentenciado, aquí quejoso Alejandro Reyes Estrada, la pena treinta y cinco años de prisión, y la imposición de una multa, sin concederle beneficio alguno, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con ventaja, alevosía y retribución. Esas constancias cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. De lo expuesto se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse dictado el fallo definitivo en contra del quejoso, resulta evidente que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a la autoridad judicial responsable de juzgar al quejoso en el término de un año, así como su ejecución material atribuida a la autoridad penitenciaria responsable. Es así, toda vez que las violaciones alegadas por el peticionario del amparo, respecto de la omisión reclamada, deben considerarse de tal manera, consumadas y sustituidas procesalmente, que no puede decidirse respecto de ellas sin alterar la nueva situación jurídica, creada a partir del dictado del fallo definitivo condenatorio dictado en su contra. De modo que, de ello se deduce la improcedencia de la acción constitucional, al haber operado, en la especie, un cambio de situación jurídica que actualiza la causal invocada. Sirve de apoyo, la tesis II.4o.P.10 P, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, junio de 2011, página 1188, que señala lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde deriva el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, bajo el principio proteccionista que rige el juicio de garantías, el análisis de la reclamación de tales actos debe regirse por el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, mientras no sea ajustado en su contenido respecto de dicho procedimiento; de ahí que el cambio de una etapa a otra en el juicio oral acusatorio adversarial en la entidad no actualiza un cambio de situación jurídica para efectos de la improcedencia del amparo, ya que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Por último, se agrega sin mayor proveído el segundo de los ocursos de cuenta, lo anterior, toda vez que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un oficio en el mismo sentido y se acordó lo conducente; además de lo determinado en líneas precedentes. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de febrero de dos mil veintidós. Oficios. Por recibidos los oficios signados por la autoridad responsable Juez Relator del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, por el cual, en el primero de ellos, hace del conocimiento de este juzgado federal, que en los autos de la carpeta de juicio oral 35/2021/JO-2116/2019, instruida contra el imputado, aquí quejoso Alejandro Reyes Estrada, por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con ventaja, alevosía y retribución, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la individualización de sanciones y reparación del daño, en la que se le impuso al sentenciado la pena treinta y cinco años de prisión, y la imposición de una multa, sin concederle beneficio alguno; y anexó las constancias correspondientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". De lo antes transcrito se advierte que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo expuesto, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página 1702, que señala los siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes". Sobre el particular, debe señalarse que del análisis de las constancias enviadas por la autoridad judicial responsable, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, en los autos de la carpeta de juicio oral 35/2021/JO-2116/2019, el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, le impuso al sentenciado, aquí quejoso Alejandro Reyes Estrada, la pena treinta y cinco años de prisión, y la imposición de una multa, sin concederle beneficio alguno, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con ventaja, alevosía y retribución. Esas constancias cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. De lo expuesto se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse dictado el fallo definitivo en contra del quejoso, resulta evidente que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a la autoridad judicial responsable de juzgar al quejoso en el término de un año, así como su ejecución material atribuida a la autoridad penitenciaria responsable. Es así, toda vez que las violaciones alegadas por el peticionario del amparo, respecto de la omisión reclamada, deben considerarse de tal manera, consumadas y sustituidas procesalmente, que no puede decidirse respecto de ellas sin alterar la nueva situación jurídica, creada a partir del dictado del fallo definitivo condenatorio dictado en su contra. De modo que, de ello se deduce la improcedencia de la acción constitucional, al haber operado, en la especie, un cambio de situación jurídica que actualiza la causal invocada. Sirve de apoyo, la tesis II.4o.P.10 P, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, junio de 2011, página 1188, que señala lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde deriva el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, bajo el principio proteccionista que rige el juicio de garantías, el análisis de la reclamación de tales actos debe regirse por el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, mientras no sea ajustado en su contenido respecto de dicho procedimiento; de ahí que el cambio de una etapa a otra en el juicio oral acusatorio adversarial en la entidad no actualiza un cambio de situación jurídica para efectos de la improcedencia del amparo, ya que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Por último, se agrega sin mayor proveído el segundo de los ocursos de cuenta, lo anterior, toda vez que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un oficio en el mismo sentido y se acordó lo conducente; además de lo determinado en líneas precedentes. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días, para que los terceros interesados Verónica Yadira Fernández Martínez y el agente del Ministerio Público del Área de Litigación de Feminicidios Región Laguna de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, se impongan del presente juicio de amparo, como motivos de la notificación que les fue realizada. Diferimiento. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Se notifica al tercer interesado Tres Dimensiones Sistemas Constructivos, Sociedad Anónima de capital Variable por conducto de quien legalmente lo represente. Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda Acuerdo. Acuerdo. Atento a su contenido, como lo solicita se le remite copia de la factura de depósito que contiene los oficios 13714/2021 y 13715/2021, dirigidos a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, a fin de que dé cumplimiento a lo solicitado por este juzgado. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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