Alejandro Rebolledo Serna

Expediente 775/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
775/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Rebolledo Serna

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    CITATORIO: RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL MEDIANTE LISTA QUE FIJO EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUEJOSO..., DEL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Rebolledo Serna, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 775/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda se advierte que el quejoso reclama por esta instancia del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, la integración de una carpeta de investigación iniciada en su contra. Precisado lo anterior, se determina que el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6 de la citada ley de la materia; atento a lo siguiente: Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de su Ley Reglamentaria, en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, el cual en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto . En efecto, la integración de una carpeta de investigación iniciada en contra del quejoso, no afecta la esfera jurídica de éste, pues el artículo 21 de la Constitución General de la República faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad del inculpado en la comisión de hechos que la ley señale como delito, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que se limitaría esa función, con graves consecuencias como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. Por ende, si a dicha institución, por disposición constitucional le está permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir algún hecho, en relación con la comisión de un ilícito y del responsable del mismo. De ese modo, se concluye que los actos del Ministerio Público relativos a "la integración de una carpeta de investigación" no pueden producir agravio personal y directo en contra del quejoso, ni lesión a su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del Ministerio Público. Así las cosas, resulta improcedente la solicitud de un particular para que a través del juicio de amparo se analice la integración de una carpeta de investigación, pues las diligencias ahí practicadas en ningún caso podrán llegar a afectarle si no es que una vez consignada un juez las tome en cuenta para emitir una orden de captura, de ahí que la demanda que se analiza resulta notoriamente improcedente en cuanto al acto reclamado de que se trata, pues se insiste, esa sola circunstancia en modo alguno no afecta el interés jurídico del quejoso. Consecuentemente, al actualizare la causal de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Pablo Cesar Solís Nava y Adrián Rodríguez Pérez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Luis Juárez Hernández, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. LO QUE NOTIFICO POR ESTA VIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

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