Alejandro Rangel Arregin
Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Rangel Arregin
- Alejandro Rangel Arregin y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguense las razones de imposibilidad asentadas por el Actuario Judicial adscrito, de las que se advierte que no le fue posible notificar los oficios 15333/2022 y 17333/2022 dirigidas a "Maricela Lira Mancilla, Agente del Ministerio Público, que intervino en la Carpeta de Investigación TLA/TLA/TLA/104/001973/22/01, Causa de Control 14/2022 de la que provienen los actos reclamados, Adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México", por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que se constituya en las instalaciones del inmueble que ocupa dicha dependencia, para hacer la entrega de los oficios de mérito, con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación, con independencia del turno que se encuentre, y SI ÉSTE SE NEGARE A RECIBIRLO, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido. En el entendido que tendrá que recabarle los datos como nombre y cargo que ostente en la dependencia, y deberá apercibirle que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Por lo que el fedatario comisionado para tal efecto, deberá levantar constancia pormenorizada donde se desprenda el cumplimiento dado a esta determinación. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, devuélvase el disco versátil digital, al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 101/2022-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el tres de febrero siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Alejandro Rangel Arreguin, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, por el acto que se indicará en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 101/2022-III, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se inició en términos del acta de treinta de marzo de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso impugna actos de autoridad penal jurisdiccional residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: - El auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en su contra en la carpeta administrativa 14/2022, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por su probable intervención en el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción IV, 290 fracción I, inciso b) y fracción V, en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México, en agravio de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda y del patrimonio de Leonardo Vincze Nagmias. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al momento de rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se le atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por el Juez referido en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Sustancialmente, la parte disconforme aduce que se violan en su perjuicio los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las líneas argumentativas siguientes: -La responsable no cumplió las formalidades esenciales del procedimiento, pues dictó el auto de vinculación a proceso sin que se determine correctamente el reconocimiento y participación del quejoso en los hechos, pues la diligencia de reconocimiento es nula e ilícita. -La responsable no fundó ni motivó debidamente el auto de término constitucional reclamado, pues no tomó en cuenta la ilicitud de la prueba de reconocimiento de persona. -Se hizo una valoración errónea y anticipada de los elementos del tipo penal, pues el juez se basó en presunciones, sin que se actualicen los elementos del tipo penal ni la probable responsabilidad, pues los testimonios de los aprehensores resultan incongruentes y carentes de congruencia lógica. -El juez omitió valorar los datos de prueba ofertados, admitidos y desahogados en su favor, con los cuales se acreditaba que los hechos no ocurrieron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar sostenidas por el Agente del Ministerio Público, sin tomar en cuenta las manifestaciones de la defensa y sin que se reuniera los requisitos del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, resulta necesario verificar si el auto de vinculación a proceso satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se precisa que por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultánea a los conceptos de violación que así lo ameriten. El marco jurídico que rige el auto de término constitucional se encuentra en los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la interpretación sistémica de los preceptos invocados se desprende que los requisitos procesales para dictar un auto de vinculación a proceso son: I. Que el Ministerio Público haya formulado imputación, en la que haga del conocimiento del imputado el hecho delictivo que le atribuye, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; II. Que el indiciado esté asistido de defensor y se le hagan saber sus derechos; III. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, IV. Que la decisión sea emitida dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, para el caso que la defensa haya solicitado la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de incorporar algún dato o medio de prueba ante el Juez de Control, verificando que éste se haya desahogado. En tanto que los requisitos formales son los siguientes: I. Que el auto de vinculación contenga los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos de fondo para su dictado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, además de que sea emitido tanto de manera oral como escrita. Y, por último, como requisitos de fondo es necesario: I. Que los antecedentes de la investigación realizada aporten datos suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, II. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Comprobación de requisitos procesales. A fin de determinar si se reúnen los requisitos procesales indicados, es necesario resaltar que, de las constancias remitidas por la responsable ordenadora, se aprecia que el siete de enero de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial para formulación de imputación, en la que la juez primigenia recabó los datos personales del imputado, corroboró que conociera y entendiera los derechos que la ley le otorga a su favor; además, en esa diligencia el acusado designó como defensoras particulares a las licenciadas en derecho Abigail Nogal García y Diana Reséndiz Barajas, quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido. Además, corroboró que a la defensora se le haya corrido traslado con copia de la carpeta de investigación, por lo que procedió a calificar la detención. Una vez hecho eso, previo receso decretado con motivos técnicos, hizo del conocimiento del agraviado el motivo de la diligencia siguiente y le explicó en qué consistía. Subsecuentemente, en términos de los numerales 307, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente del Ministerio Público investigador formuló imputación contra ********************, por considerar que existe la probabilidad de que cometió o participó en el hecho que la ley señala como delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción IV, 290 fracción I, inciso b) y fracción V, en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda y del patrimonio de Leonardo Vincze Nagmias. Además, en esa audiencia se precisó el hecho delictuoso que se le atribuye, el cual sucedió al tenor de la siguiente narrativa: El tres de enero de dos mil veintidós, aproximadamente a las veintiún horas, la víctima circulaba a bordo de la motocicleta marca Yamaha, tipo YZF-R1, color gris, rines amarillos, placas de circulación 99DBS3, del Estado de México, sobre calle Zafiro a la altura del número siete, colonia Lomas Lindas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México (circunstancias de tiempo y lugar). En ese momento, fue interceptado por el imputado que iba de copiloto a bordo de una motocicleta marca pulsar, color negro con rojo, de la cual el conductor era el sujeto de nombre Felipe Flores Santiago, así como por otra motocicleta color amarillo, la cual era abordada por dos sujetos más de identidad desconocida, quienes cerraron el paso a la víctima y señor Felipe le solicitó que se bajara y entregara la moto (circunstancias de modo). Luego, el imputado Alejandro Rangel, le dijo que se apurara, que rápido, que le entregara la moto, al mismo que sacó de entre sus ropas un arma de fuego color plata, calibre veintidós con la cual le apuntó a la cara, motivo por el cual el copiloto de la otra motocicleta (amarilla), se baja y empuja la motocicleta de la víctima, quien quitó las llaves de ésta para tratar de salir corriendo del lugar, sin embargo, el imputado le hace el reclamo diciéndole "no te hagas pendejo, entrega las llaves" persistiendo el amago con el arma de fuego, por lo que enseguida se las entregó (circunstancias de modo). Posteriormente, el sujeto de identidad desconocida abordó la motocicleta de la víctima mientras éste corrió hacia la esquina de calle Zafiro con calle Esmeralda, en la colonia Lomas Lindas, procediendo el imputado y los demás sujetos a abordar las motocicletas, no obstante, el imputado se acercó a la víctima y le dijo que le entregara su casco, por lo cual lo desapoderó de éste -casco color negro, con vivos en color azul y naranja, marca motocor-, para enseguida emprender la huida a bordo de las motocicletas (circunstancias de modo). En ese momento, circulaban elementos policiacos sobre calle Zafiro, por lo que la víctima se percata de su presencia y les pide apoyo, manifestándoles que el imputado en compañía de otros sujetos lo habían desapoderado de su motocicleta, que lo habían amagado con un arma y también lo habían desapoderado de su casco, por lo que aborda la unidad policiaca y van detrás de los agresores sobre la carretera Atizapán - Nicolás Romero, con dirección a Tlalnepantla, y al llegar a la calle Río San Javier, los sujetos se percatan de que los iban persiguiendo, por lo que, tanto el sujeto de identidad desconocida a bordo de la motocicleta de la víctima como el diverso a bordo de la motocicleta amarilla, dan vuelta sobre la calle Miguel Hidalgo, perdiéndolos de vista. No obstante, los primeros respondientes así como la víctima en ningún momento pierden de vista al imputado, continuando la persecución sobre las calles hasta llegar a Boulevard Adolfo López Mateos, colonia Atizapán Centro, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, siguiendo sobre dicha avenida con dirección a Tlalnepantla. Al llegar al Hospital Herrejón, ya ubicado en la colonia "El Potrero" es que se percatan de que había un retén de policías derivado del apoyo que habían los elementos policiacos, ante dicha situación el imputado y su compañero esquivan el retén, llevando el imputado en su mano derecha el arma con la cual amagó a la víctima y en su mano izquierda el casco propiedad de la víctima. Enseguida se unieron otras unidades en la persecución, pero al llegar a la altura del Palacio Municipal, los perseguidos ingresaron al retorno para incorporarse de nueva cuenta a la Avenida, pero ahora en sentido contrario, por lo que la unidad TMA147 -diversa unidad que se unió a la persecución- avanzó tratando de cerrarles el paso precisamente en el retorno siguiente, empero, el conductor de la motocicleta en la que el justiciable iba, perdió el control y derrapó, lo que ocasionó que el imputado hiciera una detonación con el arma de fuego que llevaba en su mano derecha, lesionando al señor Felipe Flores. Es así, como se acercan los elementos policiacos en auxilio, así como la víctima y solicitan el apoyo de una unidad de protección civil, asimismo, la víctima reconoció al imputado, así como al conductor de la motocicleta como los mismos que momentos previos lo desapoderaron de sus pertenencias y que el arma que el imputado sujetaba en su mano derecha fue la misma con la que lo amagaron, por lo que aproximadamente a las veintiún horas con diez minutos proceden al aseguramiento del imputado y del diverso sujeto de nombre Felipe Flores Santiago, así como de la motocicleta, el arma mencionada, los cascos que portaban, siendo el imputado quien portaba un casco en color verde fluorescente, con vivos en color azul marino, marca agu, talla ML, mientras el diverso sujeto portaba un casco color rojo con negro, así como el casco de la víctima, para posteriormente arribar una unidad de protección civil quien le brinda atención médica al señor Felipe, quien fue trasladado al hospital, siendo puesto a disposición el imputado de la autoridad correspondiente a las veintiún horas con treinta minutos. De igual forma, se le hizo saber que la forma de intervención que se le atribuye, lo es como coautor material del hecho, en relación con la fracción I, inciso d), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México, así como los nombres de las personas que le acusan. Después, la juez dio la voz a las partes intervinientes a efecto de que realizaran aclaraciones, quienes no adicionaron nada al respecto. Continuamente, la juez del proceso hizo saber al imputado la prerrogativa consignada a su favor en el sentido de rendir declaración o abstenerse, por lo que habiendo ya tenido tiempo para tener comunicación con su defensora con motivo del receso decretado previamente, el imputado respondió afirmativamente, por lo que rindió su declaración, la cual fue en los siguientes términos: ".yo niego los hechos que me imputan y solo le puedo decir que yo iba circulando sobre la avenida, al momento que pasamos el retén, la policía nos empezó a disparar por lo que yo y mi compañero, este, nos asustamos y justamente en el retén de enfrente de el palacio de Atizapán, nos cruzamos la calle por lo mismo, ya cuando veíamos que nos venían persiguiendo, en el retén, a la altura de el local "La Prensa", la patrulla nos envistió diciéndonos que traíamos un arma, pero pues yo en ningún momento traíamos algún arma de fuego, y bueno, eso fue lo que pasó, la verdad no entiendo el por qué nos empezaron a seguir, eso es todo." Declaración que se tuvo por rendida por la juez de la causa, preguntando a los intervinientes si era su deseo formular preguntas, sin que lo hayan realizado. Concluido lo anterior, la juez responsable preguntó a la defensa sobre el término para resolver la situación jurídica de su representado, quien manifestó que, habiendo platicado ya con su defensa, decidieron acogerse a la duplicidad del término constitucional -ciento cuarenta y cuatro horas-, lo que fue confirmado por el propio imputado y autorizado por la juzgadora. Así, la defensora ofreció un medio de prueba para desahogar en la duplicidad, el cual fue debidamente gestionado; reservándose el derecho de ofertar mayores datos, por lo que, tomando en consideración que el imputado fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social a las quince horas del cinco de enero de dos mil veintidós, señaló las catorce horas del diez de enero de ese año, para la continuación de la audiencia inicial. Luego de diversas solicitudes relacionadas con la salud del imputado, la agente del ministerio público solicitó hacer sus argumentos vinculatorios, no obstante, la defensa manifestó que en primer término se desahogaran los medios de convicción ofertados y, posterior a ello, se vertieran los argumentos vinculatorios y no vinculatorios. Por ello, la representación social solicitó pronunciarse respecto de la medida cautelar, solicitando que se impusiera la medida consistente en prisión preventiva oficiosa, exponiendo los motivos para ello, sin que la defensa manifestara oposición, por lo cual, la juzgadora autorizó dicha medida, con lo que concluyó la audiencia. Una vez llegada la fecha de la audiencia de prórroga de plazo constitucional de diez de enero de dos mil veintidós, previa identificación de los intervinientes, se tuvo por recibido el dato de prueba ofrecido por la defensa consistente en grabaciones de cámaras pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza (C-4), sin embargo, la defensa se desistió de dicho medio de prueba por no ser posible la reproducción de los archivos, no obstante, ofertó como pruebas diversos videos contenidos en una memoria USB. Posterior a su reproducción, dichos datos de prueba fueron incorporados a la carpeta, y se concedió el uso de la voz a la fiscalía, quien solicitó que se vinculara a proceso a la parte imputada, teniendo por reproducidos los datos de prueba al tenor de los expuestos al momento de la calificación de la detención, sin que hubiese objeción por parte del imputado o su defensa ni adición alguna de su parte. Es así, que la representación social, vertió sus argumentos vinculatorios, luego, la defensa formuló sus alegaciones no vinculatorias, lo que dio lugar a la réplica ministerial, y finalmente a la contestación de la defensa; por lo que una vez concluido el ejercicio contradictorio, la rectora del proceso concluyó el debate y vinculó a proceso al aquí quejoso ******************** (resolución reclamada). Con lo anterior, se tiene por satisfecho el primer requisito procesal atinente a la formulación de la imputación, a través de la cual se hizo del conocimiento del imputado el hecho delictivo que se le atribuye, la forma de participación, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución. Lo que también acontece por lo que se refiere a la segunda exigencia procesal, toda vez que de la citada grabación se observa que, durante la audiencia de formulación de imputación, el sujeto activo estuvo asistido de sus defensoras y que la juez de control se cercioró de que conociera sus derechos. Por lo que se refiere al tercer requisito procesal, se obtiene que ******************** rindió declaración por así ser su deseo, y también solicitó se resolviera su situación jurídica dentro de ciento cuarenta y cuatro horas; y, en cuanto al cuarto requisito procesal, también se encuentra colmado, porque el auto de vinculación a proceso reclamado fue emitido dentro del plazo constitucional, ya que si el referido imputado quedó a disposición de la juez de control a las quince horas del cinco de enero de dos mil veintidós y el auto de vinculación a proceso impugnado se dictó a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del diez de enero siguiente, es evidente que se resolvió oportunamente su situación jurídica. Comprobación de requisitos formales y de fondo. Una vez señalado lo anterior, procede abordar el estudio de la resolución de vinculación a proceso aquí impugnada, para corroborar si se observaron en su emisión los requisitos formales y de fondo exigidos para ello. Como quedó apuntado en párrafos que anteceden, tanto el artículo 19 de la Constitucional Federal, como el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los requisitos ya señalados y cubiertos, requieren que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan (1) que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; (2) la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, (3) que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una causa de exclusión del delito. Ahora, el auto de vinculación a proceso fue dictado contra el impetrante por su probable comisión o participación en el hecho que la ley señala como delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción IV , 290 fracción I, inciso b), y fracción V, en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda y del patrimonio de Leonardo Vincze Nagmias. Asimismo, la forma de intervención que se le atribuye, lo es como coautor material del hecho, en relación con la fracción I, inciso d), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México. En ese contexto, la juez responsable, después de dar lectura al cuadro fáctico, determinó que para tener por acreditada la conducta típica por la cual se investiga al imputado, así como los elementos que la configuran y la probable participación en el hecho delictivo, resultan elementales los siguientes datos de prueba: Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, por ser quien resintió directamente el hecho delictivo, y establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, asimismo, se desprende que señala al imputado como una de las personas que lo desapodera de la motocicleta que tenía bajo su dominio, (apoderamiento de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley). Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya, así como del elemento captor Isaac Ramírez Anaya, quienes son coincidentes en señalar que se les solicitó el apoyo para detener a diversas personas que habían desapoderado previamente a la víctima del vehículo automotor que tenía bajo su propiedad, iniciando la persecución y solicitando apoyo a diversas unidades, no obstante, perdieron de vista a los sujetos que conducían la moto robada, así como a la moto amarilla que les acompañaba, sin perder de vista al imputado y su acompañante, hasta su detención. Entrevista del propietario del vehículo Leonardo Vincze Nagmias, quien acredita la propiedad del automotor Yamaha tipo R1, con número de identificación vehicular y número de placas de circulación 99DBS3, del Estado de Guerrero, con endoso a su favor. Inspecciones en el lugar de los hechos, así como en el lugar de la detención lo que acredita la existencia de la calle Zafiro, casi esquina con calle Esmeralda, colonia Lomas Lindas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así como sus características, así como la existencia del boulevard Adolfo López Mateos, colonia El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México y su descripción. Dictamen pericial en materia de criminalística suscrito por José Luis Alzate Flores, del que se advierte que corresponde con la dinámica expuesta, pues encontró a nivel de piso, sobre boulevard Adolfo López Mateos, frente al inmueble con razón social Servicios y Suspensiones "Tronado", localizó un casquillo percutido con la leyenda en su base "Aguila", calibre .32, así como una maculación rojiza, al parecer mancha hemática, quien concluye que por lo observado en el lugar, se advierte que corresponde al lugar en que se desarrollaron los hechos y en base a los elementos balísticos localizados, se establece que se accionó por lo menos en una ocasión un arma de fuego, lo que guarda congruencia con lo narrado por la víctima, así por los primeros respondientes. Inspección sobre motocicleta, lo que permite tener por cierta la existencia del objeto del delito consistente en una motocicleta marca pulsar, color negro con rojo, sin placas de circulación, en la cual se describe el VIN, la cual presenta daños en su salpicadera derecha, así como en el faro derecho delantero. Inspección sobre motocicleta propiedad de la víctima de la marca Yamaha, tipo R1, color blanca con gris y rines amarillos, modelo dos mil cuatro, con placas de circulación 99DBS3, que presenta daños en su salpicadera derecha. Inspección de un arma de fuego color plata, calibre .32, abastecida con cartucho útil marca "Aguila", con leyenda de frente "Prebete", con las iniciales SGDDG. Inspección de los cascos que portaban los imputados y la víctima. Inspección sobre las ropas que vestía el imputado al momento de ser presentado ante el Agente del Ministerio Público, usaba una playera de manga larga color gris, sudadera negra, pants color negro y tenis rojos y se localiza en la pierna un brazalete electrónico de preliberación en el tobillo derecho. Entrevista del elemento Hugo Enrique García Ramos, a quien le reportan vía radio la localización de la motocicleta robada de la marca Yamaha, color gris con blanco y rines amarillos, se traslada a la calle Adolfo López Mateos, casi esquina Morelos en el número doce, colonia Morelos, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya que la ciudadanía reportaba una motocicleta abandonada. Informe en materia de identificación vehicular y valuación automotriz, para tal efecto establece que la motocicleta Yamaha, tipo R1, modelo dos mil cuatro, color blanca, no presenta alteraciones en sus dígitos y caracteres, no presenta alteración de dígitos en carrocería, el motor no presenta alteraciones y que tiene un valor intrínseco de $50,750.00 (cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Dictamen en materia de balística, que establece que el arma de fuego es calibre .22 en donde concluyó que se comprobó mediante un disparo de prueba que el mecanismo se encuentra en condiciones operativas para realizar disparo, así como la correspondencia con los elementos balísticos localizados. En ese contexto, los datos probatorios, analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como lo sostuvo la juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer: - Que el día tres de enero de dos mil veintidós, aproximadamente a las veintiún horas, la víctima circulaba a bordo de la motocicleta marca Yamaha, tipo YZF-R1, color gris, rines amarillos, placas de circulación 99DBS3, del Estado de México, sobre calle Zafiro a la altura del número siete, colonia Lomas Lindas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México (circunstancias de tiempo y lugar- se acreditan con (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, (11) Entrevista del elemento Hugo Enrique García Ramos, a quien le reportan vía radio la localización de la motocicleta robada, (7) inspección de motocicleta Yamaha (robada) y (3) la entrevista de su propietario -existencia del automotor despojado- y (4) Inspección en el lugar de los hechos). Que en ese momento, fue interceptado por el imputado que iba como copiloto a bordo de una motocicleta marca pulsar, color negro con rojo, de la cual el conductor era el sujeto de nombre Felipe Flores Santiago, así como por otra motocicleta color amarillo, la cual era abordada por dos sujetos más de identidad desconocida, quienes cerraron el paso a la víctima y el señor Felipe le solicitó que se bajara y entregara la moto (circunstancias de modo- se apoyan en (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, (6) inspección de motocicleta pulsar -instrumento del delito-). Luego, el imputado Alejandro Rangel, le dijo que se apurara, que rápido, que le entregara la moto, al mismo que sacó de entre sus ropas un arma de fuego color plata, calibre veintidós con la cual le apuntó a la cara, motivo por el cual el copiloto de la otra motocicleta (amarilla), se baja y empuja la motocicleta de la víctima, quien quitó las llaves de ésta para tratar de salir corriendo del lugar, sin embargo, el imputado le hace el reclamo diciéndole "no te hagas pendejo, entrega las llaves" persistiendo el amago con el arma de fuego, por lo que enseguida se las entregó (circunstancias de modo- se sustentan con (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, (8) Inspección de un arma de fuego (13) Dictamen en materia de balística que da cuenta de la existencia del arma, así como de su funcionalidad y abastecimiento). Posteriormente, el sujeto de identidad desconocida abordó la motocicleta de la víctima mientras éste corrió hacia la esquina de calle Zafiro con calle Esmeralda, en la colonia Lomas Lindas, procediendo el imputado y los demás sujetos a abordar las motocicletas, no obstante, el imputado se acercó a la víctima y le dijo que le entregara su casco, por lo cual lo desapoderó de éste -casco color negro, con vivos en color azul y naranja, marca motocor-, para enseguida emprender la huida a bordo de las motocicletas (circunstancias de modo- se acreditan con (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, (9) Inspección de los cascos, (2) Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya, así como del elemento captor Isaac Ramírez Anaya, quienes señalaron que al momento de ser detenido, el ahora quejoso tenía en su poder el casco señalado). En ese momento, circulaban elementos policiacos sobre calle Zafiro, por lo que la víctima se percata de su presencia y les pide apoyo, manifestándoles que el imputado en compañía de otros sujetos lo habían desapoderado de su motocicleta, que lo habían amagado con un arma y también lo habían desapoderado de su casco, por lo que aborda la unidad policiaca y van detrás de los agresores sobre la carretera Atizapán - Nicolás Romero, con dirección a Tlalnepantla, y al llegar a la calle Río San Javier, los sujetos se percatan de que los iban persiguiendo, por lo que, tanto el sujeto de identidad desconocida a bordo de la motocicleta de la víctima como el diverso a bordo de la motocicleta amarilla, dan vuelta sobre la calle Miguel Hidalgo, perdiéndolos de vista. (Se corroboran con (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda y (2) Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya). No obstante, los primeros respondientes así como la víctima en ningún momento pierden de vista al imputado, continuando la persecución sobre las calles hasta llegar a Boulevard Adolfo López Mateos, colonia Atizapán Centro, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, siguiendo sobre dicha avenida con dirección a Tlalnepantla. (Se apoyan con (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda y (2) Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya). Al llegar al Hospital Herrejón, ya ubicado en la colonia "El Potrero" es que se percatan de que había un retén de policías derivado del apoyo que habían los elementos policiacos, ante dicha situación el imputado y su compañero esquivan el retén, llevando el imputado en su mano derecha el arma con la cual amagó a la víctima y en su mano izquierda el casco propiedad de la víctima (se sustentan con (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, (2) Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya, así como del elemento captor Isaac Ramírez Anaya). Enseguida se unieron otras unidades en la persecución, pero al llegar a la altura del Palacio Municipal, los perseguidos ingresaron al retorno para incorporarse de nueva cuenta a la Avenida, pero ahora en sentido contrario, por lo que la unidad TMA147 -diversa unidad que se unió a la persecución- avanzó tratando de cerrarles el paso precisamente en el retorno siguiente, por lo que el conductor de la motocicleta en la que el justiciable iba, cayó (se apoyan en (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda, (2) Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya, así como del elemento captor Isaac Ramírez Anaya, (4) Inspección en el lugar de la detención y (13) Dictamen en materia de balística). Es así, como se acercan los elementos policiacos en auxilio, así como la víctima y solicitan el apoyo de una unidad de protección civil, asimismo, la víctima reconoció al imputado, así como al conductor de la motocicleta como los mismos que momentos previos lo desapoderaron de sus pertenencias y que el arma que el imputado sujetaba en su mano derecha fue la misma con la que lo amagaron, por lo que aproximadamente a las veintiún horas con diez minutos proceden al aseguramiento del imputado y del diverso sujeto de nombre Felipe Flores Santiago, así como de la motocicleta, el arma mencionada, los cascos que portaban, siendo el imputado quien portaba un casco en color verde fluorescente, con vivos en color azul marino, marca agu, talla ML, mientras el diverso sujeto portaba un casco color rojo con negro, así como el casco de la víctima, para posteriormente arribar una unidad de protección civil quien le brinda atención médica al señor Felipe, quien fue trasladado al hospital, siendo puesto a disposición el imputado de la autoridad correspondiente a las veintiún horas con treinta minutos (se apoyan en la (1) Declaración de la víctima Alejandro de Jesús Rubio Miranda con las (2) Entrevistas de los primeros respondientes Israel Rocha López y Francisco García Anaya, así como del elemento captor Isaac Ramírez Anaya, (4) Inspección en el lugar de la detención, (5) Dictamen pericial en materia de criminalística suscrito por José Luis Alzate Flores, (13) Dictamen en materia de balística, (9) Inspección de los cascos, así como con los certificados médicos del imputado, así como de Felipe Flores Santiago). Con ello, se estima que fue correcto que la juez responsable tuviera por conculcado el bien jurídicamente protegido por la ley, así como por actualizadas las calificativas agravantes de la conducta y la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso y otras personas, intervinieron en los hechos delictuosos en examen. Siendo infundado el argumento en el sentido de que la juez se basó únicamente en presunciones y realizó una valoración anticipada errónea, en virtud que no se actualizaron los elementos del tipo ni la probable responsabilidad del imputado; pues, en efecto los datos probatorios son suficientes, al menos hasta este momento, para acreditar el tipo, la dinámica de hechos y la participación del imputado. Es así, dado que tal como lo señaló la responsable, se advierte que: La víctima fue desapoderada de un bien ajeno mueble por parte de los sujetos activos sin su consentimiento ni de quien legalmente pudiera disponer de él (artículo 287). Que en dicho acto hicieron uso de violencia sobre la persona de la víctima, esto es, amagándole con un arma de fuego, y además, excediéndole en número, intimidándole y amenazándolo con el fin de que les hiciera entrega del automotor (290, fracción I, inciso b). Que el bien mueble del que desapoderaron a la víctima lo fue un automotor, el cual, de acuerdo al informe en materia de identificación vehicular y valuación automotriz, tiene un valor intrínseco de $50,750.00 (cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) (290 fracción V y 289, fracción IV). Que en el hecho ilícito se advierte la intervención de dos o más personas, quienes se distribuyeron las acciones delictivas, pues el imputado es reconocido por ser la persona que portaba un arma de fuego y que amagó de manera directa a la víctima, teniendo dominio del hecho ya que había un acuerdo previo entre los activos que permitió llevar a éxito el delito (artículo 11, fracción I, inciso d). Que el quejoso tenía conciencia y voluntad al momento de llevar a cabo el hecho, lo que permite establecer que su conducta es dolosa (6, 7, 8 fracciones I y III). Que no fue hecha valer ni se advierte probada causa de justificación, de extinción de la acción penal o una de exclusión del delito, lo que incluso se robustece de las propias manifestaciones del quejoso al momento de proporcionar sus generales. Lo que guarda armonía con los datos de prueba que tomó en cuenta la juez responsable para dictar el auto de vinculación a proceso, de los que se advierte la posible participación, entre otros, del hoy quejoso en el hecho delictuoso; pues de un examen de los datos de prueba relatados conforme a un grado de razonabilidad, analizados por la juez responsable atento a la narración que de ellos le expuso la fiscal, permiten arribar a la conclusión que, como lo dijo, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para justificar (1) la actualización de un hecho circunstanciado delictivo, (2) la actualización de circunstancias que agravan dicha conducta, (3) la calidad del quejoso como coautor material para llegar al resultado de la conducta atribuida, consistente en desapoderar del automotor a la víctima con uso de violencia y sobre un vehículo automotor, datos que, en efecto, son jurídicamente suficientes y eficaces para considerar demostrado el hecho delictuoso imputado al impetrante. De ahí que en concepto de este juzgador, la resolución en estudio satisface las formalidades exigidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se verá enseguida. Cabe hacer mención de que, contrario a lo manifestado por el quejoso, atinadamente la juez de la causa fundamentó y motivó cada momento procesal de la diligencia, pues refirió los preceptos aplicables y explicó al imputado los requisitos que debía colmar el auto de plazo constitucional, por lo cual, no se desprende falta de fundamentación ni motivación en la determinación reclamada. Sin que le asista razón en el sentido de que la autoridad violó los lineamientos necesarios para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues -dice- no atendió a las pruebas ofrecidas en su favor consistentes en dos videos ofertados en la dilación constitucional, los cuales acreditan que los hechos no ocurrieron con las circunstancias de modo tiempo y lugar sostenidas por el órgano investigador; sin embargo, debe decirse que los videos ofertados por su defensa fueron valorados por la juez del conocimiento los cuales, fueron puestos en contexto con el resto de pruebas ofrecidas, por lo cual, sí fueron valorados, haciendo énfasis en que la defensa no controvirtió en ningún momento la hora de su detención, por lo cual, les dio el valor probatorio de indicios, los cuales carecieron de fuerza probatoria suficiente para controvertir el resto del caudal probatorio y, por consiguiente, tener por no probada la dinámica expuesta. A mayor abundamiento, debe decirse que, si bien del primero de los videos ofertados por la defensa, se advierte el momento de la detención del quejoso y como hora de grabación las veintiún horas con cuarenta y dos minutos del tres de enero de dos mil veintidós, fue correcta la determinación de la Juez del conocimiento, al no considerar suficiente dicha circunstancia para derrotar los diversos medios de prueba, principalmente los relativos a la declaración de la víctima del delito, así como de los primeros respondientes, circunstancias que no fueron atacadas, y mucho menos desvirtuadas, por lo que el carácter aislado de dicha prueba únicamente le permitió otorgar a los videos un carácter indiciario, esto es, sin la entidad suficiente para variar o destruir el peso probatorio de los testimonios señalados. Además de lo anterior, los videos ofertados en su favor, son relativos presuntamente al lugar de la detención, no así al lugar y modo en que se desarrolló la conducta delictiva, por lo cual, estos no desacreditan en medida alguna la conducta delictiva de que se le acusa, y por tanto, a través de ellos no es dable concluir la no participación del quejoso en el hecho ilícito, sino en todo caso y, en su caso, en conjunto con diversos medios de prueba, para verificar las circunstancias de su detención, lo que, como señaló la juez de control, no fue llevado a cabo por la defensa. Misma circunstancia se actualiza en lo que respecta a la prueba de rodizonato de sodio, pues si bien el quejoso manifiesta que ésta no le fue practicada, ni se recabó en ningún momento constancia alguna de la que se desprendiera su negativa a que le fuera practicada, lo cierto es que la acreditación de la participación del imputado en el hecho delictivo no depende de esa circunstancia para tenerse por acreditada, pues el hecho de comprobar quién llevó a cabo detonaciones al momento de la detención, no se encuentra vinculado con el estudio de la vinculación a proceso, es decir, con la existencia de una conducta ilícita o la probable participación del indiciado en su comisión, sino sobre circunstancias de la detención que, como se dijo, no fueron hechas valer ni combatidas por la defensa. En diverso aspecto, tampoco tiene sustento el motivo de disenso propuesto por el impetrante relativo a que la prueba de reconocimiento de persona es nula e ilícita, pues de la revisión de las constancias allegadas a este órgano jurisdiccional, no se advierte que dicha probanza haya sido ofertada y desahogada, o bien, que haya sido tomada en cuenta como dato de prueba para la emisión del acto reclamado, por lo cual, dicho concepto de violación debe calificarse como inoperante. Asimismo, respecto a que en el auto de vinculación a proceso no se determinó correctamente el reconocimiento y participación del quejoso en los hechos, como se ha señalado antes, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar el auto de vinculación a proceso puede ser dictado si de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, siendo que debe efectuarse dicho análisis de forma razonable. De lo que se obtiene que el auto de vinculación no exige que se acredite fehacientemente la participación y responsabilidad, sino únicamente que existan datos que hagan razonablemente probable la participación del investigado, lo que en el caso acontece al tenor de lo establecido en párrafos precedentes, pues, de los datos de prueba que ofreció la fiscalía, se desprende que el auto de vinculación a proceso se encuentra suficientemente apoyado en los datos aportados, sobrepasando así el estándar probatorio establecido por el numeral citado, sin que el quejoso o su defensa hayan incorporado diversos medios de prueba en la audiencia inicial o su continuación, solicitado el auxilio judicial para llevar a cabo diligencia alguna o bien de los datos de pruebas y argumentos incorporados en la audiencia, se desprenda algún dato que desvanezca los ofertados, por lo cual el auto de vinculación fue dictado con los elementos que le fueron aportados a la juez responsable, sin que se desprenda una determinación arbitraria o irracional, por los motivos que se han razonado a lo largo de la sentencia. Ilustra en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En congruencia con lo anterior, como se dijo, es evidente que la decisión reclamada se ajusta a la garantía de legalidad, pues la autoridad responsable invocó los preceptos normativos aplicables al caso y expuso pormenorizadamente las razones y motivos que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado; además, cabe destacar que en el caso se configuran las hipótesis normativas; razón por la cual, como se dijo, el acto reclamado satisface la garantía de legalidad en términos de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expresa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Lo anterior, sin soslayar que, de igual forma, los datos de prueba reseñados son jurídicamente aptos y eficaces para sustentar un auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 19 constitucional. Así, ante la ausencia de datos de prueba que desvirtúen los expuestos por el agente del Ministerio Público ante el juez de control, es obvio que éstos deben prevalecer. En ese tenor, como quedó demostrado en el contexto de esta sentencia, contrario a lo afirmado por el impetrante del amparo, al dictarse el auto de vinculación a proceso la juez de control atendió a los datos de prueba que fueron referidos por el fiscal investigador, así como los ofertados por la defensa, sin que se advirtieran datos objetivos en contrario, por lo cual consideró que hasta ese momento se cumplía con los requisitos establecidos para tal efecto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo expuesto se tiene, como se dijo, que ese cuadro procesal permite, objetiva y fundadamente, desprender datos, que por ahora, involucran al hoy quejoso como probable interventor en los hechos que la ley señala como ilícitos y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarlo, de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos probatorios que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores elementos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos convictivos expuestos sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga y exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieron o participaron en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias de autos, se actualiza. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, contra el auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta administrativa ******************** Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta resolución. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, así como a la representación social de la adscripción, por lista a los terceros interesados y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público tercero interesada.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que no se ha practicado el emplazamiento de los terceros interesados: *****, en términos de lo ordenado mediante proveído de quince de febrero de este año; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, se comisiona a la sección de Actuaría para que de manera inmediata se constriña a realizar las diligencias conforme a lo ordenado en el citado acuerdo. Asimismo, de autos se advierte que en la citada fecha se ordenó girar el oficio número 3445/2022, para realizar el emplazamiento de la tercera interesada; *****, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE INTERVINO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ****, CAUSA DE CONTROL 14/2022 DE LA QUE PROVIENEN LOS ACTOS RECLAMADOS, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO; sin embargo, aún no se cuenta físicamente con la constancia de notificación, no obstante que se encuentra digitalizada en el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo cual se instruye a la sección de Actuaría para que realice la entrega del oficio de mérito a esta mesa de amparo. Por tanto, a efecto de integrar debidamente la Litis en el presente sumario, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.
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