Alejandro Ramón Ferreira Tostado

Expediente 884/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
884/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Ramón Ferreira Tostado

Actuaciones

  1. Principal

    De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase recibido el oficio 352/2023, firmado autógrafamente por la Jueza y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio, Sinaloa, residente en esa ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe un legajo de copias certificadas relativas al juicio de origen; memorial y anexos que se ordena glosar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con lo cual se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias, se obtiene la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. Para arribara la citada conclusión, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado no es factible examinarlo si no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis CL/1997 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al igual que la jurisprudencia 2ª./J. 9/98 sustentada por la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal. En el caso particular, el quejoso Alejandro Ramón Ferreira Tostado, reclamó del Juzgado de Primera Instancia de San Ignacio Sinaloa, con sede en esa ciudad, la falta de atención al escrito de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, presentado ante dicha autoridad, dentro del juicio sucesorio intestamentario 10/2023 de su índice, en el cual interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de ocho de agosto del año en curso, ahí emitida. Ahora bien, de las constancias remitidas en copia certificada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio, Sinaloa, residente en esa ciudad, relativas al juicio sucesorio intestamentario 10/2023, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el treinta de octubre del año en curso, se acordó el escrito presentado por el procurador judicial del aquí quejoso con numero 669 (cuya falta de atención reclama en esta instancia constitucional), a saber, se le tuvo por interpuesto el recurso de apelación que ahí refiere. Lo que se hizo de su conocimiento mediante notificación por instructivo de uno de noviembre de la presente anualidad. Por consiguiente, es patente que cesaron en sus efectos los actos que reclamó el quejoso de la autoridad que señaló como responsable. De ahí que resulte innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó y de conformidad con 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    PRA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA ALEJANDRO RAMON FERRERIRA TOSTADO De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase recibido el oficio 352/2023, firmado autógrafamente por la Jueza y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio, Sinaloa, residente en esa ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe un legajo de copias certificadas relativas al juicio de origen; memorial y anexos que se ordena glosar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con lo cual se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias, se obtiene la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. Para arribara la citada conclusión, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado no es factible examinarlo si no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis CL/1997 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al igual que la jurisprudencia 2ª./J. 9/98 sustentada por la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal. En el caso particular, el quejoso Alejandro Ramón Ferreira Tostado, reclamó del Juzgado de Primera Instancia de San Ignacio Sinaloa, con sede en esa ciudad, la falta de atención al escrito de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, presentado ante dicha autoridad, dentro del juicio sucesorio intestamentario 10/2023 de su índice, en el cual interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de ocho de agosto del año en curso, ahí emitida. Ahora bien, de las constancias remitidas en copia certificada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio, Sinaloa, residente en esa ciudad, relativas al juicio sucesorio intestamentario 10/2023, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el treinta de octubre del año en curso, se acordó el escrito presentado por el procurador judicial del aquí quejoso con numero 669 (cuya falta de atención reclama en esta instancia constitucional), a saber, se le tuvo por interpuesto el recurso de apelación que ahí refiere. Lo que se hizo de su conocimiento mediante notificación por instructivo de uno de noviembre de la presente anualidad. Por consiguiente, es patente que cesaron en sus efectos los actos que reclamó el quejoso de la autoridad que señaló como responsable. De ahí que resulte innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó y de conformidad con 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Alejandro Ramón Ferreira Tostado, contra actos del Juez de Primera Instancia de San Ignacio, Sinaloa, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 884/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de emitir pronunciamiento respecto del escrito de veintitrés de agosto del año en curso, por medio del cual interpuso recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria de ocho del mes y año citados, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Francisco Ferreira Knapp, radicado bajo el número 10/2023. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado de manera formal. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá a multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. No fue señalado. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida la prueba documental que anexa al escrito de demanda, y que consiste en el original del acuse de recibo del escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en el despacho jurídico marcado con el número 412, esquina con Mar de Japón, colonia Lázaro Cárdenas, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados José Ramón Larrañaga Benítez y Guillermo Rubio García, quienes tienen sus cédulas profesionales 4454777 y 2520122, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se les tiene proporcionando el correo electrónico larragaramon15@gmail.com, como medio de comunicación no procesal. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.

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