Alejandro Ramírez Torres

Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
547/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Ramírez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. ..., se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiséis de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo ..., se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, ... De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.

  2. Principal

    MESA II Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo presentada por ***, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 16, 18 y 133 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN - ..., fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 547/2020-II-B. DESECHAMIENTO . Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: . El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ...: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ... Ahora bien, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ... La fracción transcrita alude a uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad, el cual atañe a la obligación asignada al quejoso de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, lo anterior antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es medio extraordinario de defensa. Así, por disposición legal expresa en la norma preindicada, el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con el mismo alcance que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Como excepción a dicho principio, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento y sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: ? La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur a un centro diverso dentro del Territorio Mexicano, sin justificación legal alguna para ello. Acto reclamado a autoridades administrativas. En esa tesitura, los artículos 49, 50 a 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contienen las formalidades que se deben observar para efectuar el traslado de un sentenciado y, al efecto tales dispositivos son del tenor siguiente: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." De la interpretación sistemática de los citados artículos, se desprenden las formalidades que se deben cumplir para que una orden de traslado esté ajustada a derecho, esto es, que debe ser autorizada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales o el Juez instructor de la causa, previa audiencia del afectado y solicitud del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con excepción de los casos en que se trate de un traslado como medida urgente por cuestiones de seguridad de los Centros Penitenciarios, del sentenciado y por premura médica, en donde la autoridad penitenciaria será quien lo ordene, limitándose a notificar tal acontecimiento a la autoridad judicial que lo tenga a su disposición, o bien, al Juez de Ejecución correspondiente, en el que se expresarán los motivos de tal acción, a fin de que éste califique la legalidad de la medida decretada. Cabe precisar, que el procedimiento del traslado por excepción está compuesto por dos fases; la administrativa en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado, y la judicial, en la que el juez convalida o revoca el traslado. ...: "TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA." En el caso, el procedimiento de traslado del quejoso no ha concluido formalmente, al no existir la resolución judicial que lo convalide o revoque, ya que como se advierte del escrito de demanda, la orden de traslado que reclama, únicamente la atribuye a autoridades de naturaleza administrativa. Por consiguiente, el traslado reclamado por el impetrante de amparo se encuentra en fase administrativa y dicha determinación no constituye la resolución final, pues como se dijo, de acuerdo al procedimiento de traslado por excepción, establecido en el numera 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe ser revisado de oficio por el juez competente, para calificar si la determinación administrativa se ajustó a los supuestos que establece la citada Ley. Luego, la determinación judicial que califique la legalidad del traslado será la que constituya la resolución definitiva, contra la cual, sí procede el juicio de amparo. Además, el numeral citado establece que, en el caso de que el juez sea omiso en pronunciarse sobre la legalidad del acto, la persona privada de la libertad puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, por virtud de la cual puede ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que, si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional. Cabe mencionar que el acto reclamado cuyo examen de improcedencia se aborda, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción del aludido principio de definitividad, señalados en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la revisión oficiosa no se encuentra prevista en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, ya que está contemplada en una ley formal y materialmente válida, como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su numeral 52. De igual manera, en el caso, hasta en tanto se dicte la resolución judicial, el acto ejecutado por la autoridad administrativa carece de efecto jurídico para suspender de oficio. Pues como se ha precisado, el mecanismo excepcional previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un procedimiento administrativo jurisdiccional, en el cual la autoridad ejecuta previamente el traslado con el fin de mitigar una cuestión urgente, con la consecuente obligación de informarlo al juez de ejecución o de control, según corresponda, quien se pronunciará sobre su convalidación, modificación o revocación. En esta tesitura, se concluye que, si una orden de traslado involuntaria excepcional se emite y ejecuta durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se trata de un acto emitido fuera de procedimiento porque el legislador secundario estableció los procedimientos previstos en los numerales 50, 51, y 52 de esa legislación, en los que reglamentó la manera en la que operará la facultad exclusiva del Poder Judicial de decidir sobre la modificación de las penas en materia de traslado de reos, en términos de los artículos 18 y 21 Constitucionales. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5°, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Por otro lado, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "martha.arguello", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, licenciada Martha Araceli Arguello Zepeda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta Ciudad. DEFENSOR Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no nombró a algún licenciado en derecho que lo asesore dentro de este juicio de amparo; en consecuencia, requiérase al quejoso para que en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días siguientes, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, designe a un licenciado en derecho para que lo represente en este juicio con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho; apercibido que de incumplir con lo anterior, este juzgador le nombrará a un defensor público. Cobra aplicación la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicarse, cuyo rubro indica: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXHORTO A LAS PARTES. Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO... CAPTURA SISE...

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