Alejandro Ramírez Solís
Expediente 130/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/02/2019
Partes del expediente
- Alejandro Ramírez Solís
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 220 y 221), el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por autos de siete de noviembre de dos mil dieciocho y diecisiete de enero del año en curso (fojas 223 y 229, respectivamente), se dio vista a la parte agraviada y tercero interesado con el referido cumplimiento, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que hubieran realizado manifestación al respecto en el lapso concedido, como se desprende de la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 194 a 204), se determinó conceder a la quejosa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ** Sentencia que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 223). De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 206/2012 con posterioridad al auto de treinta de abril de dos mil doce, en que se avocó al conocimiento del asunto, incluso el laudo y sus actos de ejecución; además, la concesión del amparo debía hacerse extensiva a la persona física o moral que resultara ser propietario o representante legal de la fuente de trabajo denominada comercialmente "GIRRSA" y a Juan Carlos Castro Almaguer, dado el carácter de codemandados de la quejosa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, a través del oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 220 y 221), el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector; es decir, mediante proveído dictado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 206/2012, se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral en cita, a partir del auto de avocamiento de treinta de abril de dos mil doce; asimismo, la concesión se hizo extensiva a la persona física o moral que resultara ser propietario o representante legal de la fuente de trabajo denominada comercialmente "GIRRSA" y a Juan Carlos Castro Almaguer, dado el carácter de codemandados de la aquí quejosa. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por *** mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de acatar el fallo protector, y refiere que es necesario que la parte quejosa se presente ante el licenciado Elías Moisés Rosas Ríos en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, en un horario comprendido entre las once y las catorce treinta horas de lunes a viernes, para que le sea expedido el cheque por las cantidades a restituir o para que proporciones el número de cuenta bancaria, para tal fin; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el líbelo de cuenta, en vías de cumplimiento al fallo protector. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable aludida se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, como lo es, notificar a la parte solicitante del amparo a efecto de que ésta comparezca ante dicha dependencia a fin de concluir el trámite aludido. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. En ese tenor, previo a determinar lo conducente respecto a la imposición de las medidas de apremio, así como la remisión al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, de este sumario constitucional en inejecución de sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega del cheque o la transferencia bancaria por el monto correspondiente a las cantidades a devolver. En la inteligencia de que, esa autoridad cuenta con personal a su cargo para que comuniquen lo aquí informado, pues por anexo recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, comprobó haber efectuado la notificación correspondiente a la parte quejosa (fojas 233 a 236), en relación con su determinación. De ahí que, de insistir en que este órgano jurisdiccional le releve de la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo y no acate el fallo concedido, se harán efectivas las multas decretadas y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la inejecución de sentencia; ello, ante las discrepancias de la oficiante destacadas en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 242 a 243). Con independencia de lo anterior, se le apercibe que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le reitera que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. Independientemente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo establecido, comparezca ante la responsable a efecto de que le haga la devolución respectiva y hecho lo anterior, informe de esa diligencia a este juzgado. **
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