Alejandro Ramírez Rivera
Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marlon Geovani Martínez Mendoza
- Alejandro Ramírez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, contados a partir de este acuerdo, se realizará el proceso de depuración de dicho cuaderno original y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma agréguesele copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite dos oficios signados por el Comisario de la Policía Municipal Preventiva (dirigido al juicio de amparo 256/2022 del índice de este Juzgado) y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, ambos con sede en esta ciudad y en cuanto a su contenido se provee: En principio, agréguese a los presentes autos el oficio signado por Comisario de la Policía Municipal Preventiva, con sede en Papantla, Veracruz, y con copia certificada del mismo, dese cuanta al juicio de amparo 256/2022 del índice de este juzgado, para proveer lo que a derecho corresponda. Por otra parte, visto el oficio y anexo del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, al informar que el cuatro de mayo del presente año, se llevó a cabo la audiencia de sobreseimiento dentro del proceso penal J30/2021, instruido en contra de ******, así como que se ordenó la inmediata libertad de los ahora quejosos por cuanto hace al Delito de ultrajes a la autoridad, toda vez que el artículo 331 del Código Penal de la Entidad quedó invalidado. Asimismo, se tiene un DVD que contiene la audiencia celebrada en el aludido proceso; por lo tanto, regístrese el disco que remite la juez responsable en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS En virtud de lo anterior y tomando en consideración que del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante diverso oficio 849/2022 el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, informó que en fecha cuatro de mayo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de sobreseimiento, pronunciada en los autos del proceso penal J-30/2021 de su índice, en donde se ordenó la inmediata libertad del quejoso Marlon Geovani Martínez Mendoza, por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad, y atendiendo al oficio que se provee en el que se advierte que a los diversos quejosos Geovany Hernández Velazco y Alejandro Ramírez Rivera, también se les dictó auto de sobreseimiento en esa propia audiencia, dejándolos en inmediata libertad, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, toda vez que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De acuerdo al numeral en comento el sobreseimiento del juicio de amparo cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Al respecto, cabe mencionar que los aquí quejosos Marlon Geovani Martínez Mendoza, Alejandro Ramírez Rivera y Giovani Hernández Velazco, por propio derecho, presentaron ante esta instancia constitucional demanda de amparo, reclamando el auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se determinó que no había lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que se resolviera respecto del sobreseimiento en el proceso penal 30/2021 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; que se les instruye a los aquí quejosos, por el delito de ultrajes a la autoridad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad; se advierte que se llevó a cabo la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que se les dictó sobreseimiento en favor de los quejosos, por el delito de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 327 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del proceso penal número J30/2022, y se les dejó en libertad a los quejosos únicamente y exclusivamente por el delito antes citado. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme con lo establecido en el precepto 2° de la Ley de Amparo; advirtiéndose así, una posible causa de improcedencia, y toda vez que éstas son de estudio preferente y de orden público, se atiende de la siguiente manera: Relatado lo anterior, resulta evidente que se han desvanecido las violaciones alegadas por la disconforme, como si se hubiera dictado una sentencia de amparo a su favor, pues los efectos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, devolviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, actualizándose así la causa de improcedencia del juicio por cesación de efectos. Al respecto debe decirse que los efectos de un acto reclamado cesan cuando se revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho que estimó violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En tal sentido, el presente juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia al actualizarse la referida causa de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Dicho de otro modo, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, el acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Robustece lo anterior la tesis 2a XLVIII/98, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Esta misma razón opera por mayoría de criterio, cuando existe una causa directa de sobreseimiento de las previstas en el numeral 63 de la Ley de Amparo, pues si la improcedencia contemplada en el arábigo 61 de la misma norma genera el sobreseimiento, éste también puede declararse fuera de audiencia cuando sobreviene una causa directa del citado precepto 63, como muerte del quejoso, desistimiento, o bien, como en el caso, la cesación de efectos. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio 849/2022 de la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que en fecha cuatro de mayo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de sobreseimiento, pronunciada en los autos del proceso penal J-30/2021 de su índice, en donde se ordenó la inmediata libertad de los quejosos Marlon Geovani Martínez Mendoza, por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad. Asimismo, informa que por cuanto al delito de detención de vehículo instruido en contra de Marlon Geovani Martínez Mendoza, varió la medida cautelar quedando como tal la firma periódica ante el juzgado responsable cada quince días y garantía de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), y la prohibición de salir del país. Empero, no informa la situación jurídica de los diversos quejosos Alejandro Ramírez Rivera y Giovani Hernández Velazco, para estar en condiciones de acordar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de qué se le notifique el presente proveído remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias con las que acredite la situación jurídica de Alejandro Ramírez Rivera y Giovani Hernández Velazco, esto es, si también dictó auto de sobreseimiento a su favor, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello. Del mismo modo, deberá remitir copia certificada de la audiencia de sobreseimiento de cuatro de mayo de dos mil veintidós, pronunciada en los autos del proceso penal J-30/2021 de su índice. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por ******, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero, en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria.
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