Alejandro Ramírez Martínez
Expediente 208/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/06/2018
Partes del expediente
- Alejandro Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, a quince de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 208/2018, promovido por Alejandro Ramírez Martínez, contra el acto del Juez Vigésimo Tercero Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia (fojas 2 a 18). II. El demandante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos en su perjuicio, los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de veintidós de marzo del presente año, se admitió la demanda bajo el orden 208/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que en su oportunidad, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", en principio debe hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Por tanto, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Vigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, es el siguiente: El acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 244/2006, que determinó improcedente la solicitud formulada por el quejoso, consistente en que: "...vengo a promover incidente no especificado para que se me aplique la reindividualización de la pena impuesta y anulando y sin considerar como un factor para ello el estudio de personalidad, que me fue practicado durante el proceso.". Por tanto, será tal acto el que constituya la materia de análisis en este juicio constitucional; estimación que se determina del estudio y relación de las constancias que conforman el sumario, en que destaca el citado acuerdo por el que la responsable se pronunció respecto a la referida solicitud formulada por el quejoso. Determinación que en forma alguna significa que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis; sobre todo cuando al dictar sentencia, corresponde al juzgado de amparo apreciar la totalidad de las constancias y no únicamente lo que en apariencia dijo la parte quejosa, a fin de resolver sobre el proceder de la autoridad que estima transgrede sus derechos fundamentales. Sin que obste a lo anterior que por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se hubiese precisado como acto reclamado la resolución en que se desechó el incidente no especificado, relacionado con la causa penal 244/2006, pues es al dictar sentencia que corresponde a este juzgado armonizar los elementos que conforman el expediente, para una debida administración de justicia. TERCERO. La Juez Vigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (foja 29), negó el acto reclamado; sin embargo, esa negativa se desvirtúa con las diversas manifestaciones que realizó consistentes en: ".hago de su conocimiento que mediante escrito presentado en oficialía de partes del juzgado el día 9 de febrero del año en curso, el quejoso vía incidental solicitó la reindividualización de la pena impuesta dentro de la causa penal 244/2006; por lo que mediante proveído de fecha 14 de febrero del mismo año, le fue notificado de forma personal, que no era procedente pronunciarse en torno a su petición." y con la copia certificada de la determinación impugnada que remitió dicha autoridad responsable (fojas 70 y 71); documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las cuales se advierte que fue aquella autoridad quien emitió el acuerdo reclamado y, por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Sustenta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Julio 1994, Tomo XIV, Octava Época, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida, se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, conforme lo establece el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de Justicia, con el orden 228, consultable en la página 186, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS", así como la diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, en el Semanario Judicial de la Federación, Mayo 1991, Tomo VII, Materia Común, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En principio, es necesario establecer que los antecedentes del acto reclamado, consisten en que: a) Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes del Juzgado Vigésimo Tercero Penal en esta ciudad, en la causa penal 244/2006 (fojas 61 a 66), el quejoso promovió incidente no especificado y formuló diversas solicitudes. b) El trece de febrero siguiente la juez responsable ordenó girar oficio a efecto de que el quejoso asistido por su defensor público, ratificara el referido escrito (foja 67). c) Por auto de catorce de febrero del año en curso, se tuvo al quejoso ratificando el citado ocurso. Asimismo, en dicho acuerdo la juez responsable se pronunció en torno al incidente y peticiones del amparista. d) Determinación que se notificó personalmente al quejoso el catorce de febrero del citado año (fojas 70 y 71). En el caso, a consideración de este juzgado, en relación con el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la citada legislación, dado que el quejoso lo consintió al no haber promovido el juicio que ahora se resuelve dentro de los términos establecidos para ello. El primer numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el citado artículo 17 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Séptima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Expuesto lo anterior, si el quejoso fue notificado del acto reclamado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en tanto que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, es evidente que resulta extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la ley de la materia. Ello es así, pues la ley que rige el acto reclamado, en el caso, es el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que señala en su artículo 57, lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". De ahí que el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional respecto del acuerdo combatido, inició el quince de febrero y feneció el siete de marzo, ambos del dos mil dieciocho; por lo que es inconcuso que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta, ya que la demanda se presentó el veintiuno de marzo de este año. Es aplicable por identidad jurídica el criterio aislado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, en razón de que el artículo 71 que se menciona en dicha tesis es de igual contenido al numeral 57 del código adjetivo de la materia, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte del numeral 17, fracción IV, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto impugnado, es decir, el acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, emitido por la Juez Vigésimo Tercero Penal en esta ciudad, en la causa penal 244/2006, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 17 de la ley de la materia. No pasa inadvertido para este juzgado, que el quejoso en su demanda refirió haber tenido conocimiento del acto reclamado hasta el catorce de marzo de dos mil dieciocho, sin embargo, esa afirmación fue desvirtuada con las constancias que remitió la autoridad responsable, de las que se advierte que la fecha en que el quejoso fue notificado del acto reclamado fue el catorce de febrero del año en curso, sin que dicha documental haya sido controvertida por la parte quejosa, o bien, se hubiera ofrecido prueba alguna para acreditar lo contrario. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en la diversa V del numeral 63 de dicho ordenamiento, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 244/2006, que se atribuyó a la Juez Vigésimo Tercero Penal en esta ciudad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Ramírez Martínez, contra el acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 244/2006, por la Juez Vigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho a las once horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el comunicado y anexo de cuenta, provenientes de la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de tres de los actuales. Por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad señalada, la documental que adjunta al oficio que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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