Alejandro Ramírez Gómez
Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Alejandro Ramírez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en contra del auto dictado el veintisiete de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Nitzshia Coral Cruz Islas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/NCCI/jkgt
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra agregada al presente expediente físico ni en el expediente electrónico la constancia de notificación de la parte quejosa del proveído de veintisiete de junio del año en curso, en donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. En consecuencia, túrnense los autos al Actuario de la adscripción a fin de que realice la notificación de referencia o, en el supuesto de ya haberla realizado, de inmediato proceda a integrar la constancia respectiva tanto al expediente físico como al electrónico. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Nitzshia Coral Cruz Islas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/NCCI/jkgt
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS: Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que el quejoso reclama del Juez de Control Sala 17 del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de proveer y notificar en tiempo y forma respecto de la audiencia preliminar solicitada con la finalidad de que el Fiscal justificara la falta de judicialización del número único de caso 0204-2019-17288 y como consecuencia, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de judicializar el número único de caso 0204-2019-17288. Por su parte, el tercero interesado Antonio Martínez Fonseca, en su carácter de Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, mediante oficio con fecha de recepción en este Juzgado de veintiuno de abril de dos mil veintidós, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que dentro de la carpeta con número único de caso 0204-2019- 17288 el veinte de abril de dos mil veintidós, se acordó el no ejercicio de la acción penal a favor del imputado Jaime Alonso Chávez Medina, al no haberse actualizado los delitos de fraude y fraude especifico, en los siguientes términos: "RESUELVE: MARLENE HERNANDEZ PIMENTEL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.08.0e 16/08/23 16:56:57 Se decreta el no ejercicio de la acción penal a favor del Imutado (sic) JAIME ALONSO CHAVEZ MEDINA, por la comisión del delito de FRAUDE Y FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado en los numerales 218 Fracción II en relación con el 219 Fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Baja California, ordenando se remita la presente carpeta de investigación al Archivo Definitivo como asunto total y definitivamente concluido, debiéndose notificar a la víctima o el ofendido en la presente carpeta de investigación la resolución respectiva."1 Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. En ese tenor, existe un cambio en la situación jurídica en que se encontraba el acto reclamado; esto es, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea 1 El texto se ha transcrito fielmente y la reproducción es literal. MARLENE HERNANDEZ PIMENTEL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.08.0e 16/08/23 16:56:57 ??????????????? notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" (Énfasis añadido). Del precepto antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, el quejoso Alejandro Ramírez Gómez, reclamó por esta vía de control constitucional, del Juez de Control Sala 17 del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de proveer y notificar en tiempo y forma respecto de la audiencia preliminar solicitada con la finalidad de que el Fiscal justificara la falta de judicialización del número único de caso 0204-2019-17288 y como consecuencia, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de judicializar el número único de caso 0204-2019-17288, advirtiéndose de las constancias que allegó el tercero interesado Antonio Martínez Fonseca, en su carácter de Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, que existe un cambio en la situación jurídica del quejoso, al haberse acordado el no ejercicio de la acción penal a favor del imputado. De ahí que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen de la omisión de proveer y notificar en tiempo y forma respecto de la audiencia preliminar solicitada con la finalidad de que el Fiscal justificara la falta de judicialización del número único de caso 0204- 2019-17288 y como consecuencia, la omisión de judicializar el número único de caso 0204-2019- 17288, sin afectar la nueva situación derivada del no ejercicio de la acción penal, antes descrita, de tal modo que las violaciones reclamadas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional señalada en autos, esto es, las doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena??? Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, materia penal, con número de registro 169410, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/Mhp
- Principal
trece de septiembre de dos mil veintidós, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Alejandro Ramírez Gómez, el acuerdo dictado (a) el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que el quejoso reclama del Juez de Control Sala 17 del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de proveer y notificar en tiempo y forma respecto de la audiencia preliminar solicitada con la finalidad de que el Fiscal justificara la falta de judicialización del número único de caso 0204-2019-17288 y como consecuencia, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de judicializar el número único de caso 0204-2019-17288. Por su parte, el tercero interesado Antonio Martínez Fonseca, en su carácter de Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, mediante oficio con fecha de recepción en este Juzgado de veintiuno de abril de dos mil veintidós, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que dentro de la carpeta con número único de caso 0204-2019- 17288 el veinte de abril de dos mil veintidós, se acordó el no ejercicio de la acción penal a favor del imputado Jaime Alonso Chávez Medina, al no haberse actualizado los delitos de fraude y fraude especifico, en los siguientes términos: "RESUELVE: Se decreta el no ejercicio de la acción penal a favor del Imutado (sic) JAIME ALONSO CHAVEZ MEDINA, por la comisión del delito de FRAUDE Y FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado en los numerales 218 Fracción II en relación con el 219 Fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Baja California, ordenando se remita la presente carpeta de investigación al Archivo Definitivo como asunto total y definitivamente concluido, debiéndose notificar a la víctima o el ofendido en la presente carpeta de investigación la resolución respectiva."1 Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. En ese tenor, existe un cambio en la situación jurídica en que se encontraba el acto reclamado; esto es, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" (Énfasis añadido). Del precepto antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, el quejoso Alejandro Ramírez Gómez, reclamó por esta vía de control constitucional, del Juez de Control Sala 17 del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de proveer y notificar en tiempo y forma respecto de la audiencia preliminar solicitada con la finalidad de que el Fiscal justificara la falta de judicialización del número único de caso 0204-2019-17288 y como consecuencia, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de judicializar el número único de caso 0204-2019-17288, advirtiéndose de las constancias que allegó el tercero interesado Antonio Martínez Fonseca, en su carácter de Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, que existe un cambio en la situación jurídica del quejoso, al haberse acordado el no ejercicio de la acción penal a favor del imputado. De ahí que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen de la omisión de proveer y notificar en tiempo y forma respecto de la audiencia preliminar solicitada con la finalidad de que el Fiscal justificara la falta de judicialización del número único de caso 0204- 2019-17288 y como consecuencia, la omisión de judicializar el número único de caso 0204-2019- 17288, sin afectar la nueva situación derivada del no ejercicio de la acción penal, antes descrita, de tal modo que las violaciones reclamadas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional señalada en autos, esto es, las doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, materia penal, con número de registro 169410, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Notifíquese personalmente.
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