Alejandro Rafael Espinosa Ayala

Expediente 156/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
156/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Rafael Espinosa Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de mayo de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    .Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinticinco de abril del año en curso, dictado en el expediente del juicio de amparo 156/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia; Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 156/2019 promovido por Alejandro Rafael Espinosa Ayala, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Diputado José Antonio Salas Valencia, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Alejandra Zavala Aguilera, Subdirectora de Asuntos Constitucionales y Amparos, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. Lic. Sandra Olivares Ruíz, Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. EL JUEZ: Ténganse por relacionados los informes de referencia rendidos con antelación y que ya obran en autos. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda; así como las constancias que la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán, adjuntó como sustento de su informe justificado,. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de dictar la correspondiente resolución. V I S T O S para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo número VIII-156/2019, promovido por Alejandro Rafael Espinosa Ayala, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Alejandro Rafael Espinosa Ayala, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. El promovente del amparo señaló los antecedentes de los actos reclamados y estimó violatorios en perjuicio de su representada los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 31, 73 y 124 de la Constitución General de la República. TERCERO. Admisión de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, quien en auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, desechó la demanda de garantías únicamente por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; asimismo, admitió a trámite la demanda por lo que ve a las restantes autoridades responsables, Congreso del estado, Gobernador y Secretario de Finanzas y Administración, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quienes se les solicitó su respectivo informe justificado; se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos que constan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNCO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades, en que se reclama la inconstitucionalidad de normas cuya aplicación se concreta en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". De acuerdo con lo anterior, en el caso deben de tenerse como actos reclamados los siguientes: Al Congreso del Estado de Michoacán. La discusión, aprobación y emisión del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo V, artículos del 34 al 39, relativos al denominado "Impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales"; así como la discusión, aprobación y emisión del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente sus artículos del 1 y 11. Al Gobernador del Estado. La promulgación y publicación del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo específicamente las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo V, artículos del 34 al 39, relativos al denominado "Impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales""; así como la promulgación y publicación del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente sus artículos 1 y 11. Del Secretario de Gobierno del Estado. La promulgación, refrendo y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con relación a las normas antes mencionadas. Del Secretario de Administración y Finanzas del Estado. Los actos de ejecución y aplicación de las disposiciones reclamadas. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido del informe rendido en representación del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que se niega el acto reclamado consistente en la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales. Lo anterior es así, en razón de que la aplicación de las normas en comento consiste en el pago del impuesto tildado de inconstitucional, y por ende es una autoliquidación que realiza la parte quejosa, razón por la cual, es evidente que dicho acto no puede ser considerado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de la citada responsable. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del citado acto y la referida autoridad, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los decretos por los cuales se expiden la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente lo relativo al Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales, previsto en los artículos del 34 al 39, así como de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente sus artículos 1 y 11. Lo anterior es así, ya que la certeza en el actuar de las autoridades responsables se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.". SEXTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. El suscrito juzgador considera que, respecto de los artículos 34 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5 y 6 de la Ley de Amparo. Uno de los principios rectores del juicio de amparo consiste en el principio de parte agraviada el cual radica en que el medio de control constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien afecte la emisión y/o ejecución de una norma general o de un acto reclamado y, por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, es decir, que la norma o el acto reclamado cause perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Por lo que, el interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que vulnere ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: La titularidad de un derecho a favor del gobernado. La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es decir, el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, por lo que en esa tesitura la carga procesal corresponde a la parte quejosa. Ahora, en lo relativo al interés legítimo, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la constitucionalidad de determinados actos de autoridad. Por lo que las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple; por tanto, el interés legítimo requiere de la existencia de una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. El parámetro de razonabilidad se refiere a que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación, en tanto que debe existir el vínculo entre la persona y la afectación aducida, de modo que una eventual sentencia protectora implicaría la obtención de un beneficio determinado, derivado del resultado inmediato de la resolución concesoria que en su caso llegue a dictarse. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales normas, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada, causa una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por virtud de encontrarse y actualizarse los supuestos previstos en la norma o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Establecido lo anterior, debe señalarse que en el presente se actualiza la causal de improcedencia señalada, porque la parte quejosa no demostró ubicarse en las hipótesis legales previstas en los artículos 34 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y, por ende, se concluye que los preceptos tildados como inconstitucionales no le ocasionan afectación y/o perjuicio a su interés jurídico. Dichos numerales prevén el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, cuyo objeto es la extracción del suelo y subsuelo -por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio de esta entidad federativa-, de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, quedando exceptuado los minerales o sustancias a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Minera. Este impuesto deberá ser enterado por las personas físicas y morales o unidades económicas que en el territorio del Estado de Michoacán realicen precisamente actividades de extracción del suelo y subsuelo, de materiales que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los componentes del terreno, quienes deberán efectuar los pagos relativos al impuesto, el día diecisiete del mes siguiente a que realicen u ocurran estas actividades. Derivado de ello, debe considerarse que la naturaleza de los señalados artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, es de carácter autoaplicativo, porque la obligación de enterar el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, a cargo de las personas físicas y morales o unidades económicas que se dedican a extraer materiales del suelo y subsuelo, que constituyen depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, mediante trabajos a cielo abierto en el territorio estatal, nace con el inicio de vigencia del Decreto relativo, pues sin requerir un acto de aplicación, trastocan la esfera jurídica de estas personas o unidades económicas quienes venían operando dichas actividades de extracción, añadiendo ahora una carga impositiva de contribuir conforme a la base y cuotas ahí establecidas. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En el caso particular, la parte quejosa impugna los citados numerales con motivo de su inicio de vigencia, pues no invoca acto de aplicación alguno. A fin de determinar si una norma causa perjuicio a la parte quejosa, es indispensable verificar si ésta se encuentra, o no, en el supuesto hipotético de la disposición jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, lo que amerita el examen jurisdiccional de los medios de convicción que, en su caso, se hayan aportado. Como quedó precisado en líneas precedentes, los numerales tildados como inconstitucionales están dirigidos a las personas físicas, morales o unidades económicas que realizan actividades de extracción de materiales del suelo y subsuelo, que constituyen depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, mediante trabajos a cielo abierto realizados en el territorio del Estado de Michoacán. En relación con lo anterior, cabe señalar que la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, en los artículos 103, 104 y 105, establece el requisito de contar con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, mediante la expedición de una licencia, para efectuar el aprovechamiento de minerales y de sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos. La licencia de aprovechamiento deberá ser solicitada por el particular ante la secretaría en mención; de ser el caso, tendrá vigencia máxima de un año a partir de su expedición; y, podrá ser renovada cuando se cumpla con las condicionantes en materia de impago y riesgo ambiental. De lo expuesto se obtiene que, para que una persona, quede comprendida en el supuesto legal previsto en las normas impugnadas, será necesario que tenga licencia de aprovechamiento vigente, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, mediante la cual se le autorice extraer, en el territorio de esta entidad federativa, materiales del suelo y subsuelo, que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, mediante trabajos a cielo abierto. En lo que se refiere al asunto en estudio, el amparista manifestó dedicarse a la explotación de materiales pétreos (tepetate, arena, grava, bases, carpetas, etc) en el inmueble ubicado en la carretera federal Morelia-Guadalajara kilómetro 13.5 de esta ciudad capital, respecto del cual es poseedor virtud al contrato de arrendamiento celebrado el uno de enero de dos mil dieciocho. Para lo cual anexó como medios de convicción, las siguientes documentales: Copia simple de ola copia cotejada del contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil dieciocho, respecto del bien inmueble señalado con antelación. Constancia de situación fiscal del quejoso. Sin embargo, dichos medios de convicción son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, ello en razón de que la primera fue exhibida copia simple y por lo tanto carece de valor probatorio pleno, por lo que únicamente constituye un indicio de conformidad con lo expuesto en el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN.". En lo que respecta a la segunda documental, si bien de su contenido se aprecia que el quejoso tiene registrada como su actividad económica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la de Minería de arena y grava para la construcción, así como la fabricación de concreto, dicho medio de convicción no es el idóneo para el fin pretendido, esto es, para tener por demostrado el interés jurídico del quejoso, ello en razón de que no se acredita que el quejoso posea licencia de aprovechamiento vigente para el año dos mil diecinueve, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para extraer, en el territorio de esta entidad federativa, materiales del suelo y subsuelo, que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, mediante trabajos a cielo abierto, ámbito temporal en el cual tiene vigencia el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, cuya inconstitucionalidad pretende combatir el quejoso en el presente juicio de amparo. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para impugnar los artículos 34 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que no acreditó estar comprendido en las hipótesis legales de los artículos combatidos a fin de considerar que está obligado a enterar el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, pues no demostró tener licencia vigente emitida por la autoridad competente para extraer materiales del suelo y subsuelo, que constituyen depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, mediante trabajos a cielo abierto en el territorio estatal; toda vez que las documentales que allegó como prueba al presente juicio de amparo no resultaron aptas para acreditar su interés jurídico, máxime que no se acredita que la quejosa haya contado con la referida licencia a su nombre. Orienta lo anterior, la jurisprudencia: 3a./J. 9/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS." En consecuencia, lo procedente y al actualizarse la causal de improcedencia invocada se sobresee el presente juicio, respecto de los artículos 34 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por falta de interés jurídico de la parte quejosa. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los artículos reclamados de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en razón de que se impugnaron por como un sistema normativo. Máxime si se tiene en consideración que el suscrito juzgador considera que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, del informe rendido por la autoridad Congreso del Estado de Michoacán (foja 71 a 80), se advierte que dicha autoridad señala lo siguiente: ".la legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene facultad para establecer el impuesto de mérito, al tener la competencia derivada para ello y, no es posible admitir que exista invasión de las esferas de la Federación por parte de las autoridades responsables, cuando legisla en el renglón impositivo ya referido, es decir, cuando en uso de esas facultades establece el Impuesto que se impugna, por lo que, el citado impuesto es constitucional, porque los impuestos son contribuciones que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos. En ese sentido el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, con fecha 12 doce de febrero de 2019 dos mil diecinueve, emitió el DECRETO POR EL QUE SE OTORGA EL SUBSIDIO DEL PAGO DE IMPUESTOS CONTENIDO EN EL CAPITULO V, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el cual se publicó el pasado 14 catorce de febrero de 2019 dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado." (foja 77). De lo expuesto podemos colegir, que es cierto que se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, con las cuales, a decir de la moral quejosa, se afectaron los derechos fundamentales contenidos en la Constitución General de la República. Sin embargo, de la página electrónica del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/, la cual se tiene a la vista por hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°, además de la copia simple de la propia publicación, que el Congreso del Estado adjuntó a su informe justificado, también se advierte que el Poder Ejecutivo del Estado, emitió el Decreto por el que se otorga el Subsidio de Pago de Impuestos Contenidos en el Capítulo V, del Título Segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, Séptima Sección, Tomo CLXXI, número 86, bajo la consideración que la problemática económica y social que en la actualidad se presenta en el Estado, ha alterado los patrones de consumo de la población aunado al impacto directo en los contribuyentes y en la preservación de las fuentes de empleo, ocasionando graves daños a la economía de Michoacán, por lo que a fin de apoyar la economía del Estado, resultaba necesario otorgar a los contribuyentes base, un beneficio fiscal sobre los impuestos ecológicos mismos que no se encuentran afectos como garantía o fuente de pago de alguna obligación del Estado, de ahí que el aludido decreto se emitió bajo siguiente texto: "Artículo Único. Se otorga el subsidio del 100% del pago de los impuestos contenidos en el Capítulo V, del Título Segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo a todas las personas físicas y morales sujetas de dichas contribuciones". TRANSITORIOS "ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y concluirá su vigencia al momento en que la Secretaría de Finanzas y Administración emita y publique los lineamientos y/o disposiciones de carácter general." "ARTÍCULO SEGUNDO. El beneficio fiscal al que se refiere el Artículo Único del presente Decreto, será aplicable desde el 1º de enero de 2019 y hasta que concluya la vigencia del mismo." De lo que se sigue que, si los actos emitidos por las responsables trajeron como consecuencia que a decir de la parte quejosa, se afectaran sus derechos fundamentales, es inconcuso que al otorgarse el subsidio del cien por ciento del pago de los impuestos contenidos en el Capítulo Quinto del Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, a los sujetos obligados hasta que concluyera la vigencia de los mismos; entonces, cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, pues la afectación reclamada (obligación impositiva de pago), fue destruida ante la emisión del Decreto publicado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, ya que dicha situación jurídica terminó con todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, virtud al otorgamiento del subsidio, que como se anticipó, corresponde al cien por ciento en el pago del impuesto relativo. Por consiguiente, al actualizarse también la citada la causal de improcedencia, sería ocioso examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no generan ese estado de incertidumbre a la parte quejosa, pues al haberse subsidiado al cien por ciento el pago del tributo de referencia, a las sujetos obligados, el acto reclamado ya no deja huella alguna en la esfera jurídica de aquélla que amerite ser borrada mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, porque en el caso de concederse el amparo, los efectos de tal concesión serían los mismos que ahora prevalecen. En mérito de lo expuesto, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Rafael Espinosa Ayala, respecto de los actos y por las autoridades que precisadas quedaron en términos de los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil diecinueve. OFRECE MEDIOS DE CONVICCIÓN. Visto el oficio suscrito por la Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, en representación de la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, ofrece como medios de convicción de su parte, los autos del juicio de amparo que cita en su oficio, a fin de acreditar que el acto aquí reclamado ya ha sido materia de análisis y resolución por tribunales de este circuito. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, únicamente por lo que hace a la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que señala, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Sin que se estime necesario solicitar copia certificada de la citada resolución judicial, pues al tratarse de diversos juicios de amparo, de ser el caso, las sentencias ahí pronunciadas, podrán consultarse a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. PRUEBA DOCUMENTAL Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, la documental pública a que hace alusión, sin perjuicio de que esta sea relacionada en la audiencia próxima. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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