Alejandro Quiroz Munguía

Expediente 968/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
968/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Quiroz Munguía

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, ..., aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado.... Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito de ********************, quien se ostenta como administrador único del ********************, mediante el cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso. Atento a su contenido, con sustento en los normativos 112 y 113 de la ley de la materia, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, como se expone. Para así evidenciarlo, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse por las expresiones "manifiesta" e "indudable" para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, y en qué momento deben analizarse. Al hacerlo, puntualizó al primer vocablo como lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara; y precisó que el segundo significa, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Dichas consideraciones pueden consultarse en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 297/2011, de donde deriva jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro X, julio de dos mil doce, tomo II, página novecientos noventa y nueve, materias común y administrativa, Décima Época, con número de registro digital 2001071, de título: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado se analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. Así las cosas, la interpretación del ordinal 113 de la invocada legislación, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en el caso que nos ocupa es importante señalar que mediante oficio 416, de once de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, hizo saber a este órgano de control constitucional la medida cautelar que concedió el trece de julio de esta anualidad, en el expediente ********************, promovida por la administradora y apoderad legal del Condominio Torre Continental Bugambilias, en contra de ******************** y otros, en el que, entre otras cosas, solicitó a este juzgado la abstención de admitir cualquier tipo de demanda de amparo, recurso y otro medio legal de su competencia y/o acordar cualquier tipo de escrito signado por el nombrado ********************, en el que promueva en su carácter de administrador y/o apoderado legal del Condominio Torre Continental Bugambilias, y para tal efecto remitió copia certificada de la resolución correspondiente. Tal circunstancia constituye un hecho notorio, por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo I, página diez, materia común, Décima Época, con número de registro digital 2017123, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, motivo por el cual no es necesario integrar copia certificada de tales documentales, a efecto de sustentar tales aseveraciones, en virtud de que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan. En ese orden, es aplicable la jurisprudencia XXII J/12, que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y siete, tomo V, página doscientos noventa y cinco, materia común, Novena Época, con número de registro digital 199531, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese orden de ideas, al tener en consideración que en el presente juicio ********************, acude ostentándose con el carácter de administrador único del ********************; sin embargo, atendiendo a la medida cautelar que otorgó la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente ********************, a efecto de no admitir y/o acordar cualquier tipo de petición por parte del promovente del amparo, es legalmente válido concluir que el nombrado ********************, carece de legitimación para promover con la calidad que refiere, pues como se obtiene de la copia certificada que remitió la juez natural, actualmente carece de la citada representación. Por los motivos expuestos con antelación, debe decirse que en el presente juicio surte efectos la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos arábigos 5, fracción I, y 6, de la legislación que rige el sumario, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En principio, debe tenerse presente que conforme al precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por quien perjudique la norma general, acto u omisión de autoridad, debiéndose entender por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una afectación indebida derivada de una ley, acto u omisión de autoridad. Luego, la procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, acto u omisión de autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; esto es, la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. El interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona e implica la existencia de dos presupuestos, que son la titularidad de un derecho subjetivo; y, que este derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Por tanto, existe cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a un individuo, quien tiene la protección frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido; es decir, el interés jurídico consiste en la titularidad de la prerrogativa que estima violada por el acto de autoridad. En otras palabras, éste resulta de la unión de: a. Un interés exclusivo, actual y directo; b. Que sea reconocido y tutelado por la ley; y, c. Que esta protección legal, se resuelva en aptitud de su titular, para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. Consideraciones que encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de dos mil diecinueve, tomo II, página mil quinientos noventa y ocho, materia común, Décima Época, con número de registro digital 2019456, que a la letra impone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ademas, resulta aplicable la jurisprudencia que pronunció la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, séptima parte, página cincuenta y cinco, materia común, Séptima Época, con número de registro digital 245886, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así las cosas, desde un plano objetivo, este órgano de control constitucional cuenta con información suficiente para advertir que ********************, carece de legitimación para promover el presente juicio constitucional, debido a que actualmente no tiene la representación del ********************. Por lo que se encuentra justificada de manera manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio, pues aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los dispositivos 112 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al operar la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación en los diversos normativos 5, fracción I, y 6, todos de la ley de la materia. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el numeral Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En consecuencia, con apoyo en lo previsto en el numeral 114 de la citada ley, se requiere al quejoso para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días hábiles, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, y con las copias necesarias del escrito para correr traslado a las partes, aclare la demanda de amparo, en los puntos que se precisarán más adelante... Notifíquese personalmente.

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