Alejandro Quezada Guzmán

Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
982/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Quezada Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ..EJECUTORIA. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Quezada Guzmán, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente, así como el duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, son destruibles. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 14 y 18, fracción I inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es depurable...M-I

  2. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con tres minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 982/2020-I, promovido por Alejandro Quezada Guzmán, ante Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con la secretaria Lucía Flores Miranda, sin la asistencia personal de las partes o de persona alguna que las represente; situación que no les depara perjuicio, ya que si bien, de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; a fin no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente la celebración de la presente de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en la presente audiencia, el presente asunto no está referido a ninguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o en el artículo 22 constitucional, en los que los alegatos pueden hacerse de manera verbal, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución. Habida cuenta que el artículo 5, fracción III, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, establece que las audiencias constitucionales puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Por lo que, se declara abierta la audiencia. Relación de constancias y pruebas. Acto seguido, la secretaria hace una relación de las constancias destacadas de autos entre las que se encuentran el escrito de demanda e informes justificados. La suscrita acordó: ténganse por relacionadas las constancias de este juicio para los efectos legales conducentes. Se abre el período probatorio. En la fase de referencia, se hizo constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. Se cierra el período. Etapa de alegatos. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. La jueza cierra este periodo. Acto continuo, procede a dictar la siguiente resolución. SENTENCIA. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 982/2020-I, promovido por Alejandro Quezada Guzmán contra actos de la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Procurador, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, Comandante del Grupo Aprehensiones I de la Policía Investigadora, y Comandante de la Policía Investigadora con sede en Actopan, estos cuatro de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Hidalgo. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERA. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, porque se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son la orden de aprehensión, presentación, búsqueda, detención o citación dictadas en contra del quejoso y su ejecución. TERCERA. Sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Procurador, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, Comandante del Grupo Aprehensiones I de la Policía Investigadora, y Comandante de la Policía Investigadora con sede en Actopan, estos cuatro de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Hidalgo, consistentes en la orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención ya que al rendir sus informes justificados así lo manifestaron. Aunado a lo anterior, el quejoso no ofreció prueba idónea para demostrar lo contrario. En tales condiciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. CUARTA. Es cierta la orden de citación atribuida al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. QUINTA. Improcedencia del juicio de amparo. Respecto del acto consistente en citación para recabar entrevista indagatoria se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 y 6 de dicho ordenamiento, y en correspondencia con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de amparo, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En ese sentido, de los artículos transcritos se desglosa uno de los principios que rigen el juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva entonces que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el transcrito artículo 21 de la Constitución Federal, al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. Ante ello, evidentemente el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación; de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración, al ser de orden público, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por lo que no procede el amparo en su contra, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación; ello siempre que dichas actuaciones no transgredan derechos fundamentales del gobernado. Además, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del imputado pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Dentro de los actos que la autoridad ministerial puede dictar en la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación para que el imputado acuda a rendir entrevista1 . 1 Pues así se deduce del contenido de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. [.] Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. [.] La citación no contiene un apercibimiento restrictivo de la libertad, sino que solo constituye un mandato emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. En ese tenor, los actos reclamados del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número I de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, consistentes en la orden de citación emitida en la carpeta de investigación con número único de caso 1-2020-1435, no conlleva, por sí, afectación a la libertad personal del impetrante de amparo. En efecto, de la orden de citación que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que el quejoso fue citado para que el veinticinco de noviembre se presentara a la diligencia de peritaje en materia de identificación vehicular y a que le fuera recabada su entrevista indagatoria, con relación a los hechos que se investigan dentro de dicha carpeta de investigación. Se advierte, que el aludido citatorio no constituye un imperativo tendente a privar de la libertad al quejoso, más bien se trata de una comunicación para que se presente ante el representante social para efecto de llevar a cabo la diligencia de peritaje en materia de identificación vehicular y una entrevista indagatoria; y por ello, como se dijo, la citación por sí misma no afecta a la libertad personal del promovente, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del impetrante del amparo; es decir, no es una orden de detención, medida cautelar u algún acto restrictivo de la libertad como lo refiere el impetrante. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la página 239 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Diciembre de 2018, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, al igual que la citación a audiencia inicial, la citación para comparecer a la indagatoria no es un acto que afecte la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación en el sentido de que se requiere su presencia para desahogar el peritaje en materia de identificación vehicular y entrevista indagatoria. En esa medida, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la cita a la audiencia inicial no afecta la libertad ambulatoria del individuo, a pesar de que ese acto invariablemente implicará una restricción física temporal en el espacio al que debe asistir obligadamente, entonces, por la misma razón, debe considerarse que el citatorio que emite el Ministerio Público para que el quejoso rinda su entrevista en la carpeta de investigación tampoco conlleva, por sí, una afectación a su libertad personal, precisamente porque tal acto únicamente consiste en una diligencia más que podrá o no considerar el fiscal al momento en que determine si ejerce o no la acción penal respectiva y, por tanto, no irroga perjuicio alguno al garante. Afirmación que puede sostenerse incluso en el caso de que el citatorio respectivo contenga algún apercibimiento, pues es incierta y futura la determinación que podría adoptar el Ministerio Público ante la incomparecencia del imputado, precisamente en virtud de que su entrevista no es indispensable para integrar la carpeta de investigación, así como tampoco lo es su presencia en la diligencia de peritaje en materia de identificación vehicular. En consecuencia, al acreditarse la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 y 6 de dicho ordenamiento, y en correspondencia con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Quezada Guzmán, por las razones expuestas en las consideraciones jurídicas tercera y quinta...M-I

  3. Principal

    SE PROGRAMA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de la reanudación de plazos y términos decretada mediante la Circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, cuya vigencia fue prorrogada por el diverso Acuerdo General 37/2020, se señalan las nueve horas con tres minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional...M-I

  4. Incidental

    SE TIENE AL AUTORIZADO DE LA TERCERA INTERESADA SOLICITANDO ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Glósese a los autos el escrito presentado por Fernando Ramírez Godínez, autorizado de la tercera interesada Beenae Zuleika López Plasencia; en atención a su contenido, se autoriza el acceso al expediente electrónico para su consulta, a través del nombre de usuario fherramirezg. NOTIFICACIÓN ESCALONADA UNA VEZ QUE SE NORMALICEN LAS LABORES. Con fundamento en los artículos 10 y 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud derivado del virus COVID-19, al que remite la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", contenida en la Circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, toda vez que en el presente asunto no corren los términos ya que no tiene el carácter de urgente, conforme lo establecido en el numeral 4 del acuerdo de referencia, notifíquese el presente acuerdo una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, en el entendido de que tal diligencia se hará de manera escalonada, es decir, según lo permitan las labores de este juzgado federal...M-VI

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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