Alejandro Pluma Verde

Expediente 518/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
518/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • Alejandro Pluma Verde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 518/2016-I, promovido por Alejandro Pluma Verde, contra actos del Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, remitido al día siguiente a este juzgado, Alejandro Pluma Verde solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: A) JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS AUTORIDADES. B) C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. C) COMISARIO DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. D) JEFE DEL GRUPO DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. De todas ellas, a quienes atribuyo el carácter de ordenadoras y/o ejecutoras, en virtud de desconocer la naturaleza de la(sic), al parecer supuesta orden de detención e incomunicación de mi persona, sin mediar orden de aprehensión, ni haber cometido delito alguno y menos aún existir flagrancia en relación a la comisión de un hecho delictuoso en el que la suscrita haya participado, por ende, reclamo tanto la orden como la detención que pretenden realizar en mi entero perjuicio. Ahora bien, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo multicitada y toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III inciso a) de dicho dispositivo legal, solicito se supla la deficiencia que pueda incurrir en la denominación de las autoridades señaladas." ACTO RECLAMADO. La inminente y violatoria LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O LA ORDEN DE ARRESTO, Y/O LA ORDEN DE ARRAIGO Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O LA ORDEN DE RESTRICCIÓN DE MI LIBERTAD, que se dictó o se pretende dictar en mi contra, sin haber cometido acto u omisión que amerite dicha medida, vulnerando de esta forma mis derechos humanos y garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales y 7°. del Pacto de San José, respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, al no existir derecho ni motivación legal para ello, se pretende realizar por parte de las autoridades señaladas como responsables, ya sea en conjunto o individualmente, sin que medie orden judicial o mandamiento debidamente fundado e inmotivado en tal sentido y sin que exista supuesto jurídico de procedencia alguno." La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y que forma parte de la presente sentencia. TERCERO. La presente determinación no se ocupará de los actos reclamados a la autoridad responsable señalada por el quejoso como "JEFE DEL GRUPO DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO", pues mediante proveído veinticinco de abril pasado, se hizo efectivo el apercibimiento al agraviado y dejó de tener como tal en el presente asunto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: El dictado de alguna orden relativa a la orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, y/o restricción de la libertad, emitidas en contra del quejoso, así como su ejecución. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, se precisa lo siguiente: Las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y el Procurador General de Justicia del Estado de México y el Comisario General de la Policía Ministerial, por conducto del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, negaron la existencia de los actos que les atribuye el impetrante de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se impone sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Alejandro Pluma Verde en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe y Titular del Registro Agrario Nacional, solicita una prórroga a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado por este juzgado en proveído de cinco de abril anterior, atento a ello de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concede a la oficiante una prórroga por el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a fin de que esté en posibilidad de remitir las constancias solicitadas; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de referencia. En otro orden de ideas, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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