Alejandro Pineda Cordero
Expediente 1022/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/06/2016
Partes del expediente
- Alejandro Pineda Cordero
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se tiene al tercero interesado señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el proporcionado en escrito de veintiuno de octubre de dos mil quince foja 134 a 136. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andy de Jesús Sánchez García y Alberto Mendoza Torres, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Pérez Cid e Itzel Andrew Sánchez, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el citado sistema computarizado. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Andy de Jesús Sánchez García, autorizado del tercero interesado José Daniel Miguel Mimari, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra de la interlocutoria dictada el quince de junio de dos mil dieciséis, así como señala las constancias con las cuales deberá de remitirse a la superioridad el presente medio de impugnación; lo anterior en virtud de que, aun cuando de su escrito de cuenta se advierte que comparece como apoderado general del tercero interesado, lo cierto es que de las constancias de autos es posible advertir que tiene el carácter de autorizado del tercero interesado. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso f), y 101 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Colegiado que deba resolver, y una vez transcurrido dicho término, previa certificación de su desglose, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno, del Sexto Circuito el escrito del recurso, copia del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las que se consideren pertinentes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE RECURRENTE, Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Alejandro Pineda Cordero, contra actos de Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1022/2016; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, al advertirse que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO.-De las autoridades señaladas como responsables, les reclamo el ilegal cobro del servicio de agua potable que pretenden realizar en mi contra y como consecuencia del ilegal cobro pretenden privarme de manera ilegal en mi domicilio el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, violando con esto mis Derechos Humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 27 y 115 Constitucionales." Atento a lo anterior, debe señalarse que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la afirmación de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, encuentra su fundamento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tomos 103-108, de la Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL. El juicio de amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Y ese instrumento no sólo debe ser motivo académico de satisfacción, sino que también en la vida real y concreta debe otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible para sus derechos más fundamentales, independientemente del nivel de educación de esos ciudadanos, e independientemente de que tengan o no, abundantes recursos económicos, así como del nivel de su asesoría legal. Esto es importante, porque la protección que el Poder Judicial Federal hace de las garantías constitucionales de los gobernados debe funcionar como un amortiguador entre el poder del Estado y los intereses legales de los individuos, y en la medida en que ese amortiguador funcione, en vez de sentirse un poder opresivo, se respirará un clima de derecho. Luego los Jueces de amparo no deben hacer de la técnica de ese juicio un monstruo del cual se pueda hablar académicamente, pero que resulte muy limitado en la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales real y concretamente conculcados. De donde se desprende que las normas que regulan el procedimiento constitucional deben interpretarse con espíritu generoso, que facilite el acceso del amparo al pueblo gobernado. En un régimen de derecho, lo importante no es desechar las demandas de amparo que no están perfectamente estructuradas, sino obtener la composición de los conflictos que surgen entre gobernados y gobernantes, y resolver judicialmente sobre el fondo de las pretensiones de éstos". Bajo este orden de ideas, tratándose de amparo promovido contra actos de la persona moral denominada Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla o Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, debe decirse que ésta carece del carácter de autoridad, en atención a que en el presente caso entre las partes existe una relación de coordinación regulada por el derecho privado, ya que se actualiza un vínculo prestador de servicios-usuario; y por tanto, se denota que la relación existente entre funcionarios de la referida persona moral y la parte promovente del amparo es una relación derivada de actos entre particulares, actualizándose una relación de coordinación regulada por el derecho privado en donde el ente público actúa como particular. En efecto, el acto del que se duele el promovente no es un acto atribuible a una autoridad investida con imperio para efectos del juicio de amparo, dado que tiene su origen en un contrato celebrado entre las partes. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 92/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, página 693, que es del tenor siguiente: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Bajo estas apreciaciones sostenidas por el máximo órgano constitucional, en concordancia con los numerales de la Ley de Amparo que quedaron transcritos, resulta incuestionable que la relación jurídica entablada con motivo de la celebración de un contrato del que deriva el acto aquí reclamado a la persona moral denominada Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla o Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, no es un acto de autoridad para efectos del amparo. Cabe precisar que a juicio de esta Potestad Federal, el criterio sostenido por el máximo tribunal del país, no pugna con las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por lo que es aplicable en el presente caso, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto transitorio de la citada legislación, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará vigente en lo que no se oponga a dicha ley. Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: a) Realice actos equivalentes a los de autoridad. b) Que se afecten derechos. c) Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora, en el acto atribuido a la persona moral denominada Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla o Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que dicho acto queda comprendido en una relación contractual, derivada del contrato de prestación de servicios celebrado entre una persona física ahora quejoso con la referida persona moral, relación regulada por el derecho privado, en la cual el ente público actúa como particular, es decir, en un plano de igualdad y no como autoridad. Ello, porque como ya se señaló y así lo estimó el más alto tribunal del país, los contratos administrativos de adhesión para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, se suscriben, al igual que cualquier contrato entre particulares, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que implica que el incumplimiento de alguna de ellas otorga la facultad a la otra de no cumplir con la obligación co-respectiva, durante todo el tiempo que subsista la falta al cumplimiento de pacto de voluntades. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia P./J.20/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, página 6, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD. NO LO ES, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. Si bien la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco se erige en autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, como lo estableció este Alto Tribunal en la tesis P. XLVIII/91, publicada en la página 6 del Tomo VIII, del mes de octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD, LO ES PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, AL PODER HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COERCITIVAMENTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.", dado que a través de la Dirección General de Hacienda puede lograr el cobro de los derechos por consumo de agua, por la vía económico-coactiva, de ello no se sigue que el director general de la citada comisión tenga facultades de decisión e imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que en tal hipótesis resulta improcedente el juicio de amparo en su contra, ya que no se encuentra investido de los atributos que, conforme a la interpretación de esta Suprema Corte, caracterizan a una autoridad para efectos del juicio de amparo." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de mérito. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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