Alejandro Perez Paredones

Expediente 1244/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1244/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • FRANCISCO ORTIZ OSUNA y Otros.
  • MARINA SALGADO SANCHEZ y Otros.
  • Martha Dalia Flores Hernandez
  • Alejandro Perez Paredones
  • ALEJANDRO PEREZ PAREDONES y Otros.
  • Joan Rene Jattar Colio, Subdirector General de Pretaciones Economicas Y Sociales del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali)
  • ALMA ROSA ESPARZA SANCHEZ y Otros.
  • MARIA NORMA ALICIA BELLOSO GONZALEZ y Otros.
  • MARTHA DALIA FLORES HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de enero de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se determinó sobreseer y por otra conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a 1) Alejandro Pérez Paredones, 2) María Trinidad Paco Lugo, 3) Héctor Abel Varela Bernal, 4) Martha Dalia Flores Hernández, 5) Alma Rosa Esparza Sánchez, 6) María Norma Alicia Belloso González, 7) Cirina Valdez Mendoza, 8) José María García Cota, 9) Marina Salgado Sánchez, 10) Francisco Ortiz Osuna, 11) José Gustavo Haro Veyna, 12) Teresa Rodríguez Martínez, 13) Martha Alicia González Olivas, 14) Blanca Estela Angulo Palomares, 15) Martha Rochín Salgado, 16) Guillermina Aguilar Quiroz, 17) Angélica Castañeda Meza, 18) Lázaro Pacheco Montes y 19) María Micaela Jiménez Camacho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambos en la ciudad de Mexicali, a efecto que realizará lo siguiente: Octavo. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1º constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a los quejosos, en cuanto a los pagos retrasados de septiembre y octubre de dos mil diecinueve, que ya se efectuaron según lo señalado en el considerando tercero, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a los quejosos, se realicen en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de las pensiones de los quejosos. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de los agraviados, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto mencionado, particularmente el Jefe del Departamento de Nómina de Pensiones y Jubilaciones, realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de las pensiones, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encabezado y sinopsis siguientes: PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo. Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria, tomando como base también, lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en el ya citado amparo en revisión número 309/2019. Para ello, debe considerarse que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, no se podría tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, se estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, se podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida." II. Inconforme con dicha determinación, el ocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, desechó por extemporáneo dicho recurso de revisión, auto que quedó firme el quince de julio de dos mil veintidós. III. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios con folios 11861 , 12968 , 13847 , 14418, 15858 , 16570 , 17096 , 18212 y 18536 anexos remitidos por la delegada de las autoridades responsables con los cuales estimó dar cumplimiento a la sentencia amparatoria. Documentales a la que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: Mediante oficio registrado con folio 11861 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de julio de dos mil veintidós. Mediante oficios registrados con folios 12968 y 13847 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de agosto de dos mil veintidós. 2.- Acta de defunción de la quejosa Normina Belloso González. Mediante oficios registrados con folios 14418 y 15858 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de septiembre de dos mil veintidós. Mediante oficios registrados con folios 16570, 17096 y 18212 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de octubre de dos mil veintidós. Mediante oficio registrado con folio 18536 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de noviembre de dos mil veintidós. De lo que se desprende que las autoridades responsables, realizaron el pago de las pensiones a los quejosos 1) Alejandro Pérez Paredones, 2) María Trinidad Paco Lugo, 3) Héctor Abel Varela Bernal, 4) Martha Dalia Flores Hernández, 5) Alma Rosa Esparza Sánchez, 6) Cirina Valdez Mendoza, 7) José María García Cota, 8) Marina Salgado Sánchez, 9) Francisco Ortiz Osuna, 10) José Gustavo Haro Veyna, 11) Teresa Rodríguez Martínez, 12) Martha Alicia González Olivas, 13) Blanca Estela Angulo Palomares, 14) Martha Rochín Salgado, 15) Guillermina Aguilar Quiroz, 16) Angélica Castañeda Meza, 17) Lázaro Pacheco Montes y 18) María Micaela Jiménez Camacho del período de julio a noviembre de dos mil veintidós, excepción de María Norma Alicia Belloso González, también conocida como Normina Belloso González, quien falleció el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que no existía obligación de pagar la pensión a la referida quejosa, sin que el autorizado hiciera manifestación alguna. Documentales que obran en autos y que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en ellas. Se declara cumplida. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las autoridades responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión provisional y definitiva fue concedida y la definitiva se concedió y únicamente por lo que hace a Alejandro Pérez Paredones, se negó la suspensión definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la apoderada legal de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad, mediante el cual remite la constancia que acredita el pago de la pensión a la quejosa ********************, relativa al mes de octubre de dos mil veintidós; en atención a ello, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngaseles informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, informe si realizó el pago de las pensiones de los aquí quejosos relativo al mes de noviembre, y, en caso afirmativo, remita copia debidamente certificada de manera física de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que mediante proveídos de diez y veinticuatro de noviembre del año en curso, se tuvo a la delegada y apoderada legal de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo las constancias de pago de las pensiones de los aquí quejosos 10/09/23 12:57:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c1.a7 AARON ABRAHAM RODRIGUEZ AGUNDEZ relativas al mes de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales, de dicho instituto, para que en el plazo de tres días, informe que realizó el pago de las pensiones a los aquí quejosos relativo al mes de noviembre, y remita copia debidamente certificada de manera física de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO 10/09/23 12:57:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c1.a7 AARON ABRAHAM RODRIGUEZ AGUNDEZ Juicio de amparo 1244/2019-IV ??????????????? DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Por otra parte, visto el contenido de la certificación secretarial que antecede y el estado de autos se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, se requirió a la quejosa Teresa Rodríguez Martínez, para que acudiera a las instalaciones de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de recibir la nómina correspondiente al mes de octubre, y lo hiciera del conocimiento de este juzgado, sin que a la fecha haya remitido la información correspondiente, no obstante que ya feneció el plazo de tres días otorgado para ello, toda vez que le fue notificado el veintinueve de noviembre del año en curso. En ese sentido, requiérase nuevamente a la quejosa Teresa Rodríguez Martínez, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acuda a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de recibir la nómina correspondiente al mes de octubre, y lo haga del conocimiento de este juzgado o bien, dentro del citado plazo manifieste la imposibilidad que tenga para ello; bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) lo cual es relativo a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 10/09/23 12:57:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c1.a7 AARON ABRAHAM RODRIGUEZ AGUNDEZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que mediante proveídos de diez y veinticuatro de noviembre del año en curso, se tuvo a la delegada y apoderada legal de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo las constancias de pago de las pensiones de los aquí quejosos 10/09/23 12:57:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c1.a7 AARON ABRAHAM RODRIGUEZ AGUNDEZ relativas al mes de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales, de dicho instituto, para que en el plazo de tres días, informe que realizó el pago de las pensiones a los aquí quejosos relativo al mes de noviembre, y remita copia debidamente certificada de manera física de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO 10/09/23 12:57:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c1.a7 AARON ABRAHAM RODRIGUEZ AGUNDEZ Juicio de amparo 1244/2019-IV ??????????????? DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Por otra parte, visto el contenido de la certificación secretarial que antecede y el estado de autos se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, se requirió a la quejosa Teresa Rodríguez Martínez, para que acudiera a las instalaciones de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de recibir la nómina correspondiente al mes de octubre, y lo hiciera del conocimiento de este juzgado, sin que a la fecha haya remitido la información correspondiente, no obstante que ya feneció el plazo de tres días otorgado para ello, toda vez que le fue notificado el veintinueve de noviembre del año en curso. En ese sentido, requiérase nuevamente a la quejosa Teresa Rodríguez Martínez, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acuda a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de recibir la nómina correspondiente al mes de octubre, y lo haga del conocimiento de este juzgado o bien, dentro del citado plazo manifieste la imposibilidad que tenga para ello; bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) lo cual es relativo a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 10/09/23 12:57:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c1.a7 AARON ABRAHAM RODRIGUEZ AGUNDEZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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