Alejandro Perez Contreras

Expediente 720/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
720/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Perez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. La parte quejosa no recurrió el proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Anotaciones. archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el exhorto de cuenta, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el diverso 101/2023-VI, con número de orden 101/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, que se envió para notificar al quejoso ***********, el proveído de doce de mayo del presente año. Atento a lo anterior, téngase por notificada a la parte citada en el párrafo que precede.

  3. Principal

    Desechamiento. este órgano de control constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Esta hipótesis legal de improcedencia del juicio de amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento; resolución que debe ser entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso trascendiendo al resultado de la resolución. Así las cosas, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia transcrita, señalan que cuando se está en el periodo de ejecución de una sentencia, el juicio de amparo debe promoverse solamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, para evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure un nuevo juicio constitucional, lo que conllevaría a que los procedimientos fueran interminables, con el consecuente retraso en el cumplimiento de la sentencia definitiva, y que por ende, se infringiera lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que consagra el principio de una justicia pronta y expedita, así como la garantía a la plena ejecución de las sentencias. Por otra parte, también debe indicarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Esto es, la regla de procedencia en mención admite excepciones, de modo que el amparo es procedente cuando el acto reclamado, aun cuando no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución, afecta derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En este orden de ideas, es inconcuso que si bien el acto que en esta instancia se reclama, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; por tanto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Sin embargo, si bien del auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, que adjunta el quejoso a la demanda, se advierte que su contenido se refiere a una cuestión intermedia dictada en el procedimiento de ejecución, la cual es ajena a la cosa juzgada en el procedimiento 335/2023-III-EC (ejecución del convenio celebrado entre las partes), pues se trata de la defensa y representación del quejoso en dicho procedimiento, no menos lo es que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos, que hagan procedente el presente juicio de amparo indirecto. Por el contrario, se trata de un acto con el cual se pretende garantizar su defensa y representación en el procedimiento de ejecución. Por tanto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Segunda causal de improcedencia Por otra parte, esta juzgadora advierte que de la misma manera se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Conforme a las normas transcritas, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, en los términos que dispone el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; esto es, que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley, los cuales deben producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, la parte quejosa debe acreditar como ya se dijo su interés jurídico y que dicho interés se vea agraviado, aunado a que de conformidad con el cuarto párrafo de la primera norma en comento, cuando los actos reclamados provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Se considera que el acuerdo dictado el tres de mayo de dos mil veintitrés, por el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en esta ciudad, en el expediente de ejecución 335/2023-III-EC, mediante el cual se requirió al quejoso para que en el término de tres días, exhibiera su cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho; o bien nombrara un apoderado a efecto de garantizar su debida defensa y representación, apercibiéndolo que de no hacerlo en el plazo concedido, se ordenaría girar oficio al Titular de la Delegación Estado de México del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que se le asignara un representante, no provoca un agravio real, actual, personal y directo en la esfera jurídica de derechos de la persona quejosa **************, en los términos que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en esta ciudad, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio. se tiene para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, toda vez que el domicilio proporcionado por la persona quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano. Sin embargo, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, por única ocasión, notifíquesele la presente determinación por medio de exhorto. Autorizados. Se tienen por autorizadas a las personas que señala, en los términos que refiere, dada la naturaleza del presente asunto. Correo electrónico. Respecto al correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dichos medios electrónicos se tendrán para establecer comunicaciones no procesales, en los casos que se estime necesario. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 3°, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información.

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