Alejandro Pérez Allue
Expediente 1040/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Alejandro Pérez Allue
- Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 1040/2022-E El cuatro de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al secretario encargado del despacho, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del aludido acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el nueve de enero de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a los promoventes para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la constancia de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de quince de los actuales, por las razones que expone. Acceso expediente electrónico Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este asunto. En ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada de la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que permita el acceso en dicho sistema al usuario que se indica en el escrito de demanda, únicamente por lo que hace al juicio de que se trata. Notificaciones vía electrónica Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la de la materia, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa señalando la vía electrónica para oír y recibir notificaciones. Así, surge la obligación de ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días hábiles a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. Por otra parte, agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando la observancia dada a la suspensión de plano, asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio procesal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que los directamente agraviados Alejandro Pérez Allue y Yonder Raudel Feria Castellanos, no cuentan con registro de ingreso en las instalaciones del instituto responsable, de conformidad con las manifestaciones realizadas al fedatario judicial, así como de la revisión de los archivos de las personas que tienen resguardadas en la estación migratoria. Por ende, al no existir los actos materia de reclamo, pues los impetrantes no están retenidos ni alojados contra su voluntad en la referida estación, con independencia de la calidad migratoria que tengan o tendrán en definitiva en el Estado mexicano, lo cual no forma parte de la litis constitucional, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata, quedando sin efectos las providencias dictadas al decretarse la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida en favor de Alejandro Pérez Allue y Yonder Raudel Feria Castellanos, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en perjuicio de los agraviados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 11, 14, 16, 17, 18 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 1040/2022-E. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice son objeto los directamente agraviados, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. Respecto del acto consistente en la inminente deportación, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. Respecto del acto consistente en la ilegal detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Alejandro Pérez Allue y Yonder Raudel Feria Castellanos, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito, deberán ser puestos en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tienen los aquí impetrantes, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tengan en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional." En ese contexto, toda vez que el promovente solicita se dicten las medidas necesarias para que los impetrantes gocen de su libertad, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que los impetrantes quedan a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que encuentren los quejosos. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de demanda Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a los agraviados Alejandro Pérez Allue y Yonder Raudel Feria Castellanos, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de los referidos agraviados en el domicilio de las autoridades responsables. Finalmente, en el supuesto de que el diligenciario judicial no localice a los directamente agraviados en las instalaciones de las responsables, se le faculta para que les requiera las constancias en las que se advierta la situación jurídica de los extranjeros, en relación con su estatus migratorio, así como, el derecho a la libertad y tránsito en este país; lo anterior, para que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Autorizado y medios de comunicación no procesal Respecto a la designación de autorizado y medios de comunicación no procesal, se reserva el acuerdo conducente hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo. No obstante, por única ocasión se ordena la notificación personal del presente acuerdo en el lugar donde se dice se encuentran resguardados los agraviados. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias Expídase al promovente fotocopia certificada de este proveído previa constancia que por su recibo obre en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
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