Alejandro Peralta Jiménez
Expediente 25/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/06/2019
Partes del expediente
- Alejandro Peralta Jiménez
- Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de *****, parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, se provee: Como lo solicita el promovente, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que señala, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado en día hábil, preferentemente dentro del horario de diez a trece horas. Devuélvase al archivo este expediente. Notifíquese.
- Incidental
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5.- Asimismo, devuélvase al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, las constancias consistentes en copias certificadas del expediente administrativo SSPC/CHJ/PAD/101/2013 (un tomo); tomando en cuenta que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido; solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5.- Asimismo, devuélvase al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, las constancias consistentes en copias certificadas del expediente administrativo SSPC/CHJ/PAD/101/2013 (un tomo); tomando en cuenta que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido; solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrado con los folios 6365 y 7863 (fojas 1090 a 1100 y 1120-1131), la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, entre otros, al Secretario de Seguridad y Protección ciudadana con residencia en esta ciudad, de quien reclamó esencialmente lo siguiente: La audiencia de trece de agosto de dos mil catorce, llevada a cabo en el procedimiento administrativo ********************, en la que se dio a conocer al aquí quejoso la separación definitiva de su cargo como Policía adscrito a la División de la Policía Estatal de Caminos dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora bien, mediante resolución de quince de diciembre de dos mil catorce (fojas 423-460, tomo I), pronunciada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Mediante oficio presentado el veintiséis de enero de dos mil quince (fojas 475-482, tomo I) el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad confirmó la sentencia en la que se concedió el amparo en el presente asunto, por lo que por auto de siete de agosto de dos mil quince (fojas 577-578 tomo I), se requirió a las responsables que acreditaran el cumplimiento respectivo, otorgándoles el término de tres días, para efectos de que realizara lo siguiente: "a) .dejar insubsistente la resolución emitida el trece de agosto de dos mil catorce, entendida éste, en todas sus etapas, esto es, desde su inicio hasta su conclusión, de pruebas, alegatos y resolución; dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ********************, en la que se determinó que ********************, adscrito a la División de la Policía Operativa, perteneciente a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos, no cumple con los requisitos de permanencia, porque de acuerdo a lo determinado por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, no aprobó los exámenes de permanencia, lo que contraviene lo previsto por los artículos 88 B. De permanencia fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Segundad Publica; 52 Septies. De permanencia fracción VI de la Ley Estatal de Seguridad Publica y 26 de permanencia: fracción VI de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas y, como consecuencia, se decretó su remoción definitiva del cargo que venía desempeñando (fojas 164 a 166 y 178 a 190, del anexo). b) Hecho lo anterior, en el supuesto de que persista en sancionar al hoy quejoso, deberá establecer en forma concreta y detallada cuáles y cuántos son los exámenes que le fueron practicados al quejoso así como los resultados de cada uno de ellos a fin de que dicho quejoso esté en aptitud legal de ejercer su derecho de defensa. c) En su caso, deberá citar el fundamento legal aplicable al caso y exponer las razones, motivos y circunstancias que faculten a las autoridades responsables a proceder a sancionar al quejoso con los exámenes y sus resultados. En el propio auto, se les apercibió que de no cumplir, se les impondría multa por el equivalente de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, aunado a lo cual, se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para el trámite correspondiente. Es pertinente precisar que en la parte considerativa de ejecutoria de que se habla se estableció en lo que interesa lo siguiente: "Como se aprecia, la razón substancial en que se funda la resolución reclamada consiste en que ******************** no cumple con los requisitos de permanencia, porque de acuerdo a lo determinado por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, no aprobó los exámenes de permanencia, lo que contraviene lo previsto por los artículos 88 B. De permanencia fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Segundad Publica; 52 Septies. De permanencia fracción VI de la Ley Estatal de Seguridad Publica y 26 de permanencia: fracción VI de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. El contenido de las normas que las autoridades responsables estiman infringidas con la conducta del hoy quejoso son: (.) De las disposiciones en que las autoridades responsables fundaron el acto reclamado, se desprende, primero, del artículo 88, apartado B, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en esa misma legislación para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales, y que son requisitos de permanencia en las Instituciones Policiales, aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. Por su parte, el artículo 52 Septies, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica -en la época de las evaluaciones, mayo de dos mil once, era inexistente-, la disposición que estaba vigente era el 52 de dicha legislación, el cual establecía, que la ley del Estado establecería la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes: Comisarios; Inspectores; Oficiales; y, Escala Básica; además, que en las policías ministeriales se establecerían al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones de ese mismo artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley. En efecto, el artículo 52 Septies, fue adicionado mediante reforma publicada en el Periódico Oficial el veintitrés de noviembre de dos mil once, esto es, ante el cuestionamiento proceso de evaluación. Asimismo, el artículo 26 de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, vigente en la época de las evaluaciones, establece los requisitos de ingreso y permanencia para el personal perteneciente a la Secretaría; los de permanencia son: aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplique el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría. En tanto que el artículo 44 de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, estatuye que los integrantes de las Policías Preventivas del Estado podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes o por procedimiento disciplinario ante el consejo de honor y justicia que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización así como el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. Finalmente, el artículo 45 de la misma Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, dispone que las Policías Preventivas del Estado, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las funciones de investigación, prevención y reacción. Ahora bien, si la razón toral para decretar la remoción definitiva del cargo que venía desempeñando el hoy quejoso fue que no aprobó las evaluaciones de permanencia, entonces debió precisar cuáles son esos exámenes, pues como en forma acertada lo expone el quejoso en sus conceptos de violación, de las copias certificadas constante de setenta fojas que corresponden al proceso de evaluación de Control de Confianza practicado a ********************, en el año dos mil doce (fojas 70 a 139, del anexo), no obra ningún examen que se le hubiera realizado a dicho quejoso, sino lo único que obra en tales constancias es: - El resultado integral de la evaluación para "promoción" y no de permanencia en el cargo, con resultado también integral de "no aprueba", que supuestamente le fue realizada al enjuiciado; documento en el que no se especifica la fecha de tal evaluación, tampoco la de la documental que la contiene (foja 71 del anexo). - Obra además en la referida constancia un documento que no ostenta signante ni fecha, en el que se asienta "RESULTADO INTEGRAL NO APROBADO" del examen tipo "PROMOCIÓN", realizado al aquí inconforme el diez de mayo de dos mil once (foja 72). - Documentos denominados "AUTORIZACIÓN AL EXAMEN", "AUTORIZACIÓN DE ÁREA", ambos de doce de mayo de dos mil once, firmados por el impetrante de amparo (fojas 77 y 78, del anexo). Las anteriores documentales, por una parte, revelan la inexistencia real, clara, transparente, como lo exige el artículo 16 de la Constitución Federal, de un proceso de evaluación practicado al quejoso, con lo cual, como el propio inconforme lo afirma, se le dejó en estado de indefensión, al no saber en forma precisa, diáfana y concreta cuál fue el examen o exámenes que se le aplicaron y, por lo mismo, menos cuáles fueron los resultados; si éstos en realidad fueron aprobatorios o no aprobatorios, lo que de suyo transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutela en numeral de la Ley Fundamental en cita, que exige que todo acto que emitan los entes que gozan de imperio sea claro, tanto en su fundamentación como en su motivación, a fin de dar certeza jurídica de que ese acto fue emitido con estricto apego a esa disposición constitucional, y con ello evitar la arbitrariedad y el despotismo. En efecto, del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito. En ese sentido, a fin de que el acto reclamado diera cabal cumplimiento al derecho fundamental destacado, era necesario que las autoridades responsables tuvieran a la vista al momento de resolver los exámenes que se dice le fueron practicados al probable infractor a fin de constatar su efectiva existencia y no partir de simple afirmaciones sin sustento alguno, pues como quedó en evidencia en párrafos que anteceden, en los dos documentos detallados se dice que al enjuiciado se le realizaron exámenes de "promoción" y no de permanencia. Por otra parte, la normatividad que invoca la autoridad responsable en apoyo a su resolución, exige como requisitos de permanencia (artículo 88 apartado B fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, asimismo, el artículo 26 -de permanencia-, fracción VI de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, preceptúa como requisito de permanencia aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplique el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría; en tanto que, como así lo destaca el quejoso, según las autoridades, lo que supuestamente le aplicaron fue un examen para "promoción"; y de acuerdo con lo que dispone el artículo 94 de la legislación citada, para que sea causa de terminación del nombramiento o la cesación de sus efectos, es requisito que el funcionario de que se trate hubiera sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción y no hubiere participado en los mismos o, habiendo participado en ellos, no hubiere obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él. Lo expuesto revela que asiste la razón al quejoso porque del examen de las pruebas documentales presentadas por las autoridades responsables no se desprende que, efectivamente, existan los exámenes practicados al quejoso ni los resultados que se derivan de los mismos. Luego, si el acuerdo de inicio de procedimiento tiene como antecedente el Reporte Integral de Evaluación emitido por la Dirección General de Control de Confianza, el cual, a su vez, se sustenta en los exámenes de permanencia practicados al quejoso y de las constancias que integran el expediente, por una parte, lo que supuestamente se le practicó al quejoso fue examen o exámenes de promoción, y por otra parte, de no se desprende la existencia de ninguno de tales exámenes ni de los resultados obtenidos por el quejoso; entonces, debe concluirse que la resolución reclamada transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que se consagran en el artículo 16 de la Ley Fundamental, en detrimento del solicitante de amparo." (sic.) ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por las razones expuestas en proveídos de quince de septiembre y veinticuatro de diciembre de dos mil quince y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo en vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo y se otorgó respectivamente un plazo de veinte y cinco días, para que las autoridades responsables pudieran cumplir con tal sentencia (fojas 654-655, 862-872, tomo I y 1012-1020, tomo II). Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1101-1102), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las actuaciones que fueron remitidas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, consistentes en: Oficio ********************, de veinte de mayo de dos mil dieciséis, firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, en el que remitió copias certificadas de las actuaciones siguientes: Escrito suscrito por el aquí quejoso, ********************, dirigido al Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sello de recibo de doce de mayo del año en curso. Auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ********************, mediante el cual la responsable dejó insubsistente la hora y fecha señalada para el veinticinco de mayo y en su lugar, fijó las diez horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis para que tuviera verificativo la audiencia de ley en el citado procedimiento administrativo. Cedula de notificación al aquí quejoso de trece de mayo del actual. Audiencia de Ley de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; y, Oficio ********************, dirigido al Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (fojas 1090-1100). Asimismo, en auto de ocho de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Jefe de la Unidad de apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, por el que remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario ********************; en virtud de lo cual, en auto de esa propia fecha se regularizó el procedimiento y se dio vista a las partes con dicha documental (fojas 1132-1133, tomo II). Documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. ANÁLISIS EVALUATIVO Del examen de las citadas constancias y particularmente de la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se advierte que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado informó que las evaluaciones practicadas al aquí quejoso eran de permanencia. No obstante lo cual, agregó que existía una incongruencia en la expedición de las evaluaciones, porque de las constancias de autos que analizó se desprendía que los requisitos con los que no cumplió el agente comisor -hoy quejoso- era los de promoción y no de permanencia. Por lo que atento a ello, con plenitud de jurisdicción, con fundamento en los artículos 34, fracción I, del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Policías Preventivas en el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos en relación con el artículo 36 inciso b), de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vigente en la época que sucedieron los hechos(sic.), resolvió de la siguiente manera: "...se sanciona al Policía Alejandro Peralta Jiménez, con la suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo a partir del 15 quince de agosto de 2013 dos mil trece al 31 treinta y uno de diciembre de 2014 dos mil catorce. En esa tesitura se ordena liberar los sueldos y demás prestaciones a que tenga derecho a partir del 01 uno de enero de 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de mayo de 2016 dos mil dieciséis, así mismo se ordena al Área de Recursos Humanos le haga el pago de los cheques que tenga en custodia y que aún se encuentran en esta Secretaría, mismos que están a disposición de la Dirección a que pertenece el agente comisor, y realice los trámites ante la Secretaria de Hacienda del Estado, para realizar el pago de los sueldos restantes previo calculo aritmético que realice a la brevedad, para estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 25/2016, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, antes radico en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, bajo el número 1283/2014; en ese tenor al agente comisor deberá presentarse el día 18 dieciocho de mayo del presente año, ante el Director de la Policía Estatal de Turismo y Caminos de esta Secretaría, para que le asigne las actividades a realizar de acuerdo a las necesidades del servicio. Se le apercibe que en caso de no presentarse a recibir instrucciones en la fecha antes señalada se le impondrá sanción por falta grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 fracción XXXII, del Reglamento de la Ética y Disciplina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se la dará vista al Órgano Prosecutor para que inicie las investigaciones correspondientes. Con el apercibimiento que en caso de reincidir en este tipo de faltas se le aplicará una sanción mayor. Sin que la presente sanción exima al servidor público de la obligación de aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplica el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado; en caso de que no haya sido evaluado deberá ser programado en forma inmediata por el Área de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 26 De Permanencia: fracción VI de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana..." (Sic.) Bajo esa perspectiva, si la responsable determinó que los exámenes que no aprobó el hoy quejoso fueron los de "promoción" y no de "permanencia", decretando en consecuencia; entre otras cosas: La suspensión temporal de sus funciones sin goce de sueldo del periodo comprendido del quince de agosto de dos mil trece al uno de diciembre de dos mil catorce. La liberación de los sueldos y demás prestaciones a que tiene derecho el aquí quejoso del uno de enero de dos mil quince al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; y finalmente, La presentación de ******************** ante el Director de la Policía Estatal de Turismo y Caminos de esta Secretaría, para que se le asignaran las actividades a realizar de acuerdo a las necesidades del servicio, con el apercibimiento que en caso de no presentarse a recibir instrucciones en la fecha antes señalada se le impondría al aquí quejoso una sanción por falta grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 fracción XXXII, del Reglamento de la Ética y Disciplina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se daría vista al Órgano Prosecutor para que iniciara las investigaciones correspondientes. Respecto de todo lo cual, el hoy quejoso expresó su conformidad en escritos de treinta de mayo y catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 1117-1118 y 1138-1139); es inconcuso que la nueva determinación cumple con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por lo que se DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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- Alejandro Oseguera Vela628/2021
- Alejandro Ovando Rodríguez1515/2018
- Alejandro Ovando Rodríguez242/2018
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