Alejandro Parra Sánchez

Expediente 973/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
973/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Parra Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...-III

  2. Principal

    Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las siguientes autoridades señaladas como responsables: Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno en representación del Gobernador del Estado de Querétaro; y, Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Con el contenido de éstos, dese vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 118 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase anunciando como pruebas de la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, autoridad responsable, las que ofrece en su informe, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio....III

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director der Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, autoridad señalada como responsable y con el contenido de éste, dese vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 118 de la Ley de Amparo....III

  4. Principal

    gréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento decretado en autos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del escrito de que se trata, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en el presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO PARCIAL. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar del análisis integral de la demanda de amparo, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y, Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Asimismo, que los actos reclamados los hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales; La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en los recibos de pago que acompañó a su demanda. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa hipótesis, por lo que hace a los actos reclamados al Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; consistentes en el cobro de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por lo que atañe a los actos atribuidos al Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Además, debe destacarse que esta decisión no causa agravio jurídico alguno a la autoridad ejecutora, toda vez que no se afecta acto alguno que hayan emitido y en términos del artículo 87 de la Ley Reglamentaria, tratándose de juicios de amparo contra leyes, sólo las autoridades encargadas de la promulgación de la norma están facultadas para defender su constitucionalidad, ya que la autoridad recaudadora sólo está facultada para interponer el recurso de revisión cuando controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA." (2a./J. 11/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1243); ya que tampoco tiene legitimación cuando aduzca causales de improcedencia, como deriva del diverso criterio del Tribunal Pleno, de rubro "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." (Tesis: 2517, Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia Constitucional, página 1750). De ahí que si no se le reconoce legitimación a la autoridad recaudadora en todos los casos para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, tratándose de proveídos de trámite impugnables en queja, no se materializa acto alguno que le cause un perjuicio actual y cierto en su esfera jurídica. Por tanto, la eventual afectación al erario con el dictado de la sentencia concesoria, es un acto futuro e incierto, razón por la cual es innecesario tenerlas en este juicio como autoridades responsables, pues no se les ocasiona agravio jurídico alguno hasta este momento. Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." (2a./J. 128/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 235), así como la de diversa de epígrafe "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (2a./J. 11/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 659); sin embargo, la primera se emitió con anterioridad a la expedición de la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; en tanto que la segunda de las invocadas, se refiere al supuesto en que no se reclame la norma por vicios propios sino sólo el acto de aplicación, caso en el que debe llamarse a la ejecutora para que haga valer lo que a su interés convenga, esto es, también para combatir los efectos del fallo de amparo, supuesto que no es el de la especie pues sí se controvirtió la constitucionalidad de las normas impugnadas, y se está en el supuesto de la afectación futura e incierta, no inminente. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, por cumplir con los requisitos que establece la ley de Amparo; por lo que hace a la diversas autoridades señaladas como responsables. Se precisa que en el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el numeral 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que en el caso sea necesario formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 116 y 118 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley, lo anterior, por que como se especificó en párrafos previos, las normas combatidas ya fueron declaradas inconstitucionales por jurisprudencia en este caso, y la Ley de Amparo autoriza el trámite del juicio de manera sumaria. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la autoridad llamada a este juicio y a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En el entendido de que subsisten los autorizados y el domicilio para oír y recibir notificaciones, precisados en el auto inicial. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa, las que refiere en su escrito inicial de demanda. Sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. OTRAS CONSIDERACIONES. Hágase saber a la parte agraviada que, en el evento de obtener sentencia favorable en el presente asunto, y con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de este expediente, desde este momento, se encuentra en aptitud de solicitar ante este órgano jurisdiccional que el reintegro de la cantidad que pudiera serle devuelta, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito y bajo protesta de decir verdad elevar expresamente su petición, proporcionando su clabe interbancaria, la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, acompañando además el documento que lo avale; a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente. En el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este órgano jurisdiccional se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida....III

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